Además, en aquello que no esté previsto por las partes, se atenderá a la norma que rige actualmente las relaciones arrendaticias en los locales de negocio, esto es, la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 de 24 de noviembre –en adelante LAU- y, en su defecto, el Código Civil.

A partir de la entrada en vigor del contrato de arrendamiento de local de negocio, podemos distinguir tres tipos de contratos:

1) Contratos de arrendamiento de fecha anterior al 9 de mayo de 1985.

Se rigen por la antigua L.A.U., Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos* en lo referente al contrato de arrendamiento de local de negocio, salvo las modificaciones que se apuntan en la Disposición Transitoria Tercera de la vigente.**

Nos hallamos ante dos situaciones arrendaticias a analizar en fecha 1 de enero de 1995:

• Caso A: contratos en los que a fecha 1 de enero de 1995, se encuentren en situación de prórroga legal.

• Caso B: contratos en los que a fecha 1 de enero de 1995,  no se hubieren extinguido y por tanto se estará a la duración fijada en ellos. En este caso, si la duración es inferior a la que resultaría de la aplicación de las reglas que se dirán, el arrendatario farmacéutico podrá hacer durar el arriendo conforme a esa aplicación.

En cualquiera de ambos, a la situación de tácita reconducción -artículo 1566 del Código Civil-, para los contratos renovados, se aplicará la Ley de Arrendamientos Urbanos de 29 de noviembre de 1994. 

• Caso A: Situación de prórroga legal del inquilino farmacéutico, en fecha 1 de enero de 1995.

Se extinguen por la jubilación o fallecimiento del farmacéutico arrendatario.

1. En ese momento puede subrogarse el cónyuge, si realiza la misma actividad, hasta su fallecimiento o jubilación.

Esta subrogación no puede tener lugar si ya se hubieren producido dos transmisiones según el artículo 60 del Texto Refundido de Arrendamientos Urbanos de 1964.*

2. A la muerte o jubilación del titular farmacéutico, sin existir cónyuge supérstite que continúe la actividad o a la muerte o jubilación de su cónyuge subrogado puede continuar en el contrato un descendiente que realice la misma actividad, pero sólo hasta el 1 de enero de 2015.

Esta subrogación no puede tener lugar si ya se hubiere producido una transmisión según el artículo 60 del Texto Refundido de Arrendamientos Urbanos de 1964.*

El plazo de extinción puede incrementarse en cinco años si el farmacéutico-arrendatario ha revisado y por tanto, opta por actualizar la renta a partir del requerimiento efectuado por el arrendador o a iniciativa propia, -según dicha Disposición Transitoria Tercera, en concreto, reglas 1, 5, y 6 que hacen referencia a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo anual o interanual, teniendo en consideración las cantidades asimiladas a renta, y abonando el importe resultante-, o si la renta que estuviese pagando éste, a la entrada en vigor de la ley fuera mayor que la que resulte de dicha actualización.

En caso de que el farmacéutico-arrendatario o su cónyuge traspasaran el local, el contrato durará un mínimo de diez años a contar desde su realización, tomando como fecha la de la escritura del traspaso a que se refiere el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964*, o por los años que resten y hasta el plazo máximo de 1 de enero de 2015.

Siguiendo con la casuística normativa, la condición de persona jurídica del arrendatario conllevará que el contrato quede extinguido, por mandato legal, el 1 de enero de 2015, siempre que desarrolle una actividad comercial. Para determinar el tipo de actividad, la norma remite a la clasificación establecida en la norma reguladora del Impuesto de Actividades Económicas y por ende, según la citada Disposición Transitoria Tercera, apartado 12, a los contratos de arrendamiento de local de negocio para oficina de farmacia celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y que subsistan el 31 de diciembre de 1999**.

• Caso B: Contratos de arrendamiento celebrados entre 9 de mayo de 1985 y 31 de diciembre de 1994.

Los contratos de arrendamiento celebrados después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de abril –Decreto Boyer- y antes de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 29/1994 de 24 de noviembre, al no estar sujetos a prórroga forzosa, les es aplicable la tácita reconducción mensual o anual, de conformidad con el artículo 1566 del Código Civil.

Se entiende, por tanto, que las partes aplicarán la prórroga forzosa si así lo han concertado en el contrato, o en su defecto estarán a la duración que hayan fijado en él.

Instar la resolución del contrato por extinción de plazo si consta la prórroga forzosa en el contrato, vulneraría la normativa de base civil que comprende el pacto entre partes.

En la ley no se hace mención alguna a la prórroga no legal y estaremos a la interpretación contractual jurisdiccional, en su caso.

• Caso B: Especial mención de los contratos de arrendamiento con duración indefinida.

Analizamos contratos de arrendamiento que no establecen plazo de duración, o que disponen expresamente que son “de duración indefinida”.

Si atendemos a la intencionalidad de las partes acerca de la duración del mismo, en especial es necesario diferenciar el contrato de arrendamiento a perpetuidad, que devendría con causa ilícita y adolecería de nulidad, del contrato de arrendamiento por tiempo indefinido o indeterminado, cuando el mismo carece de pacto alguno de vigencia temporal o lo que es igual, cuando no contiene pauta contractual alguna que permita conocer la verdadera intención de las partes sobre su duración.

En este sentido se estará a la norma de aplicación y en especial al artículo 1.581 del Código Civil, por el que si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, o por días cuando es diario. En estos supuestos, cesa el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término.

Entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala dicha interpretación de la duración en los contratos, hallamos la STS de 26 de octubre de 1998, STS de 19 de diciembre de 1985, 3 de julio de 1986, 22 de marzo de 1988 y 16 de febrero de 1990, entre otras.

Ello no obsta para las prórrogas legales que fueren de aplicación, exactamente igual que en un contrato de duración determinada. De este modo, un contrato sujeto a la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos*, si es anterior al RDL 2/1985, tendrá derecho a la prórroga forzosa.

En cuanto a los arrendamientos concertados con posterioridad al RDL 2/1985 (Decreto Boyer), y con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU, decir que ya no estaban sujetos a la prórroga forzosa, por lo que hasta la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos **, estuvieron en tácita reconducción mensual o anual.

A partir de esta Ley**, a tenor de la Disposición Transitoria 1ª.1, la tácita reconducción lo fue por un plazo de 3 años.

En la actualidad, las prórrogas legales a que han sido sometidos estarían extinguidas y en cuanto a la duración en este tipo de contratos, a pesar de las tesis doctrinales y la jurisprudencia a que su interpretación ha dado lugar, estaríamos en tácita reconducción mensual o anual, que podría ser interrumpida en cualquier momento por el arrendador con un simple requerimiento al arrendatario farmacéutico.

• Caso B: Contratos de arrendamiento celebrados a partir del  1 de enero de 1995.

Estos contratos se rigen, además de por la voluntad de las partes, y aunque se utilice subsidiariamente el Código Civil, por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994**, en la que no se hace referencia a un plazo mínimo de duración.

El contrato de arrendamiento, por tanto, se extingue en el plazo convenido,

Al tratarse de una actividad comercial de venta al público, ejercitada así durante los últimos 5 años, aunque haya transcurrido dicho plazo de duración del contrato, si el farmacéutico-arrendatario notifica fehacientemente con 4 meses de antelación, su voluntad de renovar su relación durante 5 años más, abonando una renta de mercado, el arrendador vendrá obligado a indemnizar, en los términos que prevé la norma, si no acepta la prórroga.

Por defecto, además, la norma prevé la resolución del contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento de una serie de obligaciones del arrendatario y el derecho al tanteo, retracto, cesión y la adquisición preferente. Derechos éstos que, dada su importancia, deberán consensuarse entre las partes.

* Decreto 4104/1964 de 24 de diciembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, vigente hasta el 1 de enero de 1995. (el artículo 60 hace referencia a transmisión mortis causa a heredero e inter-vivos a socio)

Así el valor de la Oficina de farmacia como base de la obligación tributaria, en un acto de disposición gratuito u oneroso, puede ser comprobado por la Administración Tribut aria, entre otros, mediante los siguientes medios:

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale.

b) Precios medios en el mercado.

c) Dictamen de peritos de la Administración.

d) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.

e) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.

La tasación pericial contradictoria podrá utilizarse para confirmar o corregir en cada caso las valoraciones resultantes de la aplicación de los citados medios.

Las normas de cada tributo regularán la aplicación de los medios de comprobación señalados.

Además por extensión a las escrituras –documentos públicos notariales- donde conste la transmisión de la Oficina de farmacia a título oneroso,  y por ende, relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles se identificarán, cuando la contraprestación consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes.

A tal fin, el Notariado está obligado a identificar si el precio se recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria.

Igualmente, en las escrituras públicas citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa del movimiento de los medios de pago aportadas por los comparecientes cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la legislación de prevención del blanqueo de capitales.

Si no se aportase dicha declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar esta circunstancia en la escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado.

En dichas escrituras públicas referidas el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración tributaria, la información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago.

Estos datos deberán constar en los índices informatizados que periódicamente son facilitados a la Agencia Tributaria.

Si como resultado de la comprobación practicada por la Agencia Tributaria, se obtuviese un nuevo valor calculado que fuera superior al declarado por el contribuyente, la Administración podría hacer esta comprobación contradictoría.

Sin embargo, en todo caso la Administración Tributaria a la hora de efectuar una comprobación de valores ha de seguir el método de valoración que mejor se adapte al bien que se valora, justificando y motivando en todo momento su aplicación, así como el resultado que de la misma se derive, pues en ningún caso se puede dejar al arbitrio del órgano comprobador la práctica de una valoración.

[1] Ley 58/2003 de 17 de diciembre (ex artículo 57) General Tributaria

Ley 36/2006 de 29 de noviembre, Medidas para la prevención del fraude fiscal

·  Artículo 5 modifica artículo 57 de la Ley 58/2003

·  Artículo 6 modifica artículo 24 de la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado

 ]]> Thu, 16 Apr 2009 +0200 Hay que tener en cuenta que de cada diez operaciones de traspaso de oficinas de farmacia, dos no llegan a materializarse, a pesar de haber firmado el precontrato, (ya sea porque finalmente el Banco no concede el crédito, el comprador encuentra otra oficina de farmacia, o el vendedor deshace la operación). Por ello, nos daremos cuenta de la importancia de esta figura jurídica, por lo que resulta fundamental dominar estas fases preparatorias.

El concepto y estudio de las arras, resulta apasionante, y es toda una ciencia, que podría ocupar un libro entero, ya que la casuística, y la particularidad de los casos que se han producido en traspasos de oficinas de farmacia es muy variada.

Aparte de los principios generales de buena fe (lealtad en la negociación) que se imponen a todo contratante, pueden derivarse, de estos tratos preparatorios, unas consecuencias indemnizatorias por ruptura o soslayamiento del trato preliminar.

Inicialmente, en la doctrina no se consideraba posible obtener una pretensión indemnizatoria como consecuencia de la ruptura de los tratos preliminares, pero a partir del Siglo XIX, Ihering introdujo la tesis de la posibilidad de reclamar ciertas consecuencias jurídicas; esta tesis fue aceptada, y hoy se encuentra extendida en nuestra Jurisprudencia, ya que los tratos preliminares se pueden encuandrar en la construcción jurídica del precontrato, y por ello, la responsabilidad que se derive de su incumplimiento derivará una indemnización extracontractual o aquiliniana del art. 1902 del Código Civil, que prevé: "El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Es decir, si no existe culpa o negligencia, no hay posibilidad indemnizatoria.

Los tratos preliminares, que están constituidos por:

• La oferta.

• La promesa de contrato

• El precontrato.

Son tres figuras jurídicas de gran importancia en la gestión del traspaso de una oficina de farmacia, antes de llevar a cabo el contrato definitivo, mediante escritura pública ante Notario.

Sin embargo, los tratos preliminares, son actos jurídicos en los que el asesor especializado en gestión de traspasos de farmacias, ha de intervenir, participar, negociar y finalmente, plasmar en un documento, que ambas partes deben encontrar a plena satisfacción..

Hay que tener en cuenta que la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, y la Ley de 19 de julio de 1984 para la Defensa de Consumidores y Usuarios, establecen los supuestos y condiciones en que pueden ser declaradas nulos los contratos entre particulares, situación que es frecuente en las operaciones que estamos estudiando.

Los tratos preliminares

El contrato preparatorio o de promesa, equivale a lo que el Derecho Romano llamó "pactum de contrahendo", actualmente denominado también contrato preliminar, previo o precontrato.

Los tratos preliminares, han sido definidos como aquellos actos que los interesados y sus auxiliares llevan a cabo con el fin de discutir, elaborar y concretar un contrato futuro; tales tratos se constituyen en negociaciones, conversaciones, proyectos, borradores etc.. Todos ellos por sí mismos no constituyen contrato alguno, ni precontrato de ningún tipo, son simplemente negociaciones previas entre las partes, que podrán concluir con la firma del precontrato para la oficina de farmacia, o bien, con la ruptura de negociaciones.

Ni el Código Civil ni las demás legislaciones civiles existentes en nuestro país, regulan los tratos preparatorios, que se encuentran fuera del precontrato o de la misma oferta de venta, si bien, pese a su no reglamentación, del desarrollo de los mismos, se desprenden consecuencias jurídicas y efectos que deben ser tutelados y salvaguardados. Asimismo, el principio general de buena fe, recogido en el artículo 7.1 del Código Civil, no afecta sólo a las relaciones contractuales, sino a cualquier relación jurídica o social.

El importe de la indemnización derivada por la ruptura de un trato preliminar, no podrá alcanzar nunca la naturaleza e importe que se derivaría de la interrupción de un precontrato, o contrato definitivo. La doctrina ha definido este daño como una ofensa a la confianza de obtener un contrato con un tercero. Esta cantidad por resarcimiento solamente se entenderá sujeto a los gastos y desembolsos llevados a cabo en vistas a la ejecución del contrato proyectado, y no incluirá nunca la perdida por una oferta más favorable que le hubiese sido formulada al contratante. Recuérdese que estamos en presencia de un trato preliminar, no de un precontrato firmado inter partes, ni de una oferta manifestada con los requisitos a que más adelante me referiré.

La oferta contractual

Es una declaración de voluntad emitida por una persona y dirigida a otra, u otras, proponiéndoles la celebración de un determinado contrato. Para que esta declaración de voluntad tenga fuerza y eficacia, ha de efectuarse integrada de todos los elementos necesarios para la existencia del contrato proyectado, es decir, que si se produce una aceptación, no sea precisa una nueva negociación de las condiciones del contrato, sino que las mismas vayan ya publicadas en la oferta.

Debemos distinguir entre la oferta contractual, y la invitación a realizar ofertas o de iniciación de negociaciones, que se pueden recibir a través de la publicidad. Para hallarnos ante una oferta contractual válida, deberá reunir todos los elementos necesarios para la consumación del contrato, de forma que el comprador únicamente se limite a aceptar, sin negociar, las condiciones propuestas.

Requisitos que debe cumplir la oferta contractual: La oferta contractual debe ser emitida con intención seria de obligarse por el ofertante, circunstancia que excluye la inclusión en la misma de expresiones tales como "salvo confirmación", "salvo aprobación" etc. Si existe aceptación, el ofertante, lógicamente, debe cumplir las condiciones de la oferta efectuada.

La vigencia temporal de la oferta contractual y su caducidad: La oferta contractual debe efectuarse y mantenerse durante un periodo de tiempo suficiente para permitir al aceptante expresar su conformidad con la misma. En ocasiones me encuentro con compradores de oficinas de farmacia que cuando entregan una oferta al farmacéutico vendedor, pretenden que en 48 ó 72 horas les conteste; como comprenderá el lector, en una operación de esta magnitud, el farmacéutico vendedor precisa la opinión de su entorno (asesores, familia etc...) precisando un cierto tiempo de reflexión y análisis.

En una oferta contractual deberá hacerse constar el periodo de tiempo durante el cual, dicha oferta mantendrá su vigencia. Para el caso de que la oferta no contenga plazo de duración, la misma deberá ser mantenida y el ofertante cumplirla por el tiempo razonable que los usos del comercio o la naturaleza jurídica del negocio ofertado, exijan. Serán los Tribunales de Justicia quienes, en última instancia, determinen la suficiencia o no del tiempo transcurrido.

El ofertante es libre de retirar la oferta en el momento que estime oportuno, siempre que no hubiere recaído ya aceptación por parte del contratante. La revocación no precisa una forma especial de realización, pero si será necesario que se de a ésta la misma publicidad que se le otorgó a la oferta.

Es igualmente factible que se efectúe, para la oficina de farmacia, una oferta con carácter irrevocable, en cuyo caso, se hará constar en la publicidad que se haga de la oferta, y el ofertante no podrá retirar la misma durante el plazo en que se mantenga como irrevocable.

La adaptación de la oferta contractual

La aceptación contractual perfecciona el contrato y lo hace variar de régimen jurídico, ya que a partir de la declaración de voluntad recepticia manifestada por el aceptante, nos hallamos en presencia de un compromiso perfeccionado, con todos sus elementos y requisitos. Veamos las circunstancias que ha de presentar la declaración de aceptación de la oferta:

Identidad de la aceptación: Esta aceptación debe coincidir con la oferta en todos sus términos, ya que si el aceptante modificase en algún punto la oferta inicial o introdujese nuevos elementos o circunstancias en la misma, no nos encontraríamos ya en el contrato ofertado y, por ende, estaríamos ante una situación jurídica distinta a la de la oferta contractual (seguramente tratos preliminares de un futuro convenio).

Aceptación pura y simple: La voluntad de aceptar debe ser pura y simple, sin que sea posible la introducción de condiciones, cláusulas o reservas que modifiquen la oferta y aplacen la prestación del consentimiento del ofertante. Es decir, la oferta se toma o se deja, pero en ningún caso se modifica.

Aceptación recepticia: La aceptación de compra de la oficina de farmacia debe ser manifestada como una declaración de voluntad de carácter recepticio, es decir, dirigida al proponente y empleando los medios adecuados para que la misma llegue a su conocimiento.

Forma de llevar a cabo la declaración de aceptación: La declaración de voluntad aceptando la oferta puede ser llevada a cabo por cualquier medio, ya sea expresa (en forma escrita o verbal), tácita o por silencio, (sistema empleado en contrataciones prolongadas entre comerciantes, en las que la falta de protesta o contestación implica aceptar la oferta); es difícil, sin embargo, que este sistema sea admitido entre desconocidos.

La promesa de contrato

Es una figura jurídica distinta a la oferta contractual. Nos encontramos aquí ante la situación de que una persona se ha comprometido con un tercero a la celebración de un contrato. Este compromiso suele encuadrarse dentro de un precontrato firmado y pactado, ya que para que exista la promesa de contrato, ambas partes deben estar conformes con las condiciones de adquisición y precio de la oficina de farmacia. El art. 1451 de Código Civil prevé al respecto que "la promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato. Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos".

Efectos del incumplimiento de la promesa de contrato: La Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene entendiendo desde 1950, que la promesa de venta cristalizada en un precontrato da derecho a las partes contratantes a exigirse el cumplimiento de las prestaciones pactadas. Caso de efectuarse la reclamación de ejecución del contrato, y no ser atendida por una de las partes, la otra podrá acudir a los Tribunales de Justicia reclamando la ejecución del pacto efectuado; de ahí la importancia de que las partes hayan concretado los elementos integrantes de la misma en la promesa pactada.

El precontrato

La elaboración del acuerdo preparatorio, puede producirse de manera compleja, iniciándose con la celebración de un borrador preparatorio, para posteriormente llevar a cabo el precontrato final.

Debemos tener muy claro en todo momento, (y que no nos engañe la terminología empleada), que el llamado precontrato es, en si mismo, un contrato, puesto que tiene los requisitos del mismo. Lo que ocurre es que las partes deciden asignarle una función preliminar a falta de concretar algunos datos, documentos, permisos, derechos de tanteo, retracto, adquisición preferente, situación del personal etc., asegurando así la efectividad de su conclusión para un tiempo posterior y más oportuno.

Ha sido muy dificultoso construir dogmáticamente la figura del precontrato. Un primer paso lo dio la doctrina clásica, entendiendo por tal aquel que tenía por objeto la celebración de un convenio posterior: es un contrato que promete otro contrato. Si bien, lo que caracteriza al precontrato es que en él, se deja al arbitrio de una o ambas partes, la posibilidad de determinar a su voluntad el momento de la exigibilidad o de la puesta en vigor del pacto prometido o proyectado. Por el precontrato, pues, se crea inmediatamente un vínculo obligatorio entre las partes, del que nace la peculiar facultad, de uno o ambos interesados, de poner en vigor y en funcionamiento el proyectado contrato.

Requisitos que debe contener el precontrato: Para celebrar el precontato se necesita la misma capacidad que requiere el contrato definitivo, debiendo igualmente concurrir los mismos requisitos de objeto y forma exigidos para la perfección de éste.

Así, definido el precontrato como una fase más del proceso negociador que supone la cesión de la oficina de farmacia, y entendiendo el mismo como una parte integrante de aquél, debemos afirmar la aplicación al precontrato de las normas que nos indica el Código Civil para los compromisos definitivos, además de las generales de elaboración del precontrato, y valorando las condiciones especiales de responsabilidad por incumplimiento. En todo caso, nuestro Ordenamiento Jurídico permite gran flexibilidad en las condiciones que impongan los contratantes, siempre que sean claras y no se puedan considerar como abusivas, que podrían determinar su nulidad.

Según la Sentencia de la Audiencia de Pontevedra de 30-6-96: "...hay una referencia literal al traspaso de la titularidad de una oficina de farmacia, con la descripción de todos los elementos que la conforman, ofreciéndose con tal claridad el texto del contrato, que la norma no puede ser otra que el art. 1281 del Código Civil, a cuyo tenor, si los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. A partir de tal exposición, es inaceptable concurra alguna causa de posible nulidad del contrato..."

¿Cómo nos aseguraremos que efectivamente nos pagarán la cantidad adeudada por la oficina de farmacia, caso de que medien cantidades aplazadas?

Es norma frecuente en otras áreas de actividad (menos solventes que el sector farmacéutico), que cuando el comprador no puede hacer frente a los pagos acordados, recurran a judicializar el proceso, de cara a ganar tiempo.

Lo que sí ocurre es que en ocasiones, no se cierran los traspasos de las oficinas de farmacia con todos los extremos clarificados, por lo que pueden surgir dudas reales sobre las cantidades realmente adeudadas:

"La cuestión litigiosa se concreta en determinar cual es la cantidad que adeuda, la parte demandada, como parte del precio convenido por la cesión de un negocio de farmacia y existencias, ascendiendo el precio a 21.990.000 ptas., a los que habría de añadirse el importe de los réditos de las cantidades aplazadas, a un 12% anual, que es lo convenido por las partes. La cesionaria entregó al cedente el precio fijado, por un total de 24.957.296, de las cuales ha dejado de pagar 3.489.324 ptas. Además, entre las partes ahora litigantes, se estipularon tres préstamos, por los que el demandado reconoce adeudar 2.400.912 ptas., cantidad que habrá de sumar a la anterior y arroja una cantidad de 5.890.236 ptas." (Sentencia del Tribunal Supremo RJ 24261995).

Entiendo, que estas situaciones puntuales, se producen por no haber aclarado suficientemente los detalles durante la negociación; por ello, se precisa, dotarse de un asesoramiento profesional de primera calidad.

Las Arras o Señal: Cantidades a Cuenta

Las arras constituyen una pieza clave de los contratos de traspaso de oficina de farmacia, el concepto "arras" ha sido muy prostituido, y se le ha dado un alcance que no tiene.

La palabra "arra" procede del término fenicio "arrha", que lleva implícita una connotación de garantía o fianza. Además tiene un concepto vulgar procedente de aquella costumbre histórica (aún mantenida hoy), en la que el esposo entregaba unas monedas (arras) a la esposa en el momento de celebración del matrimonio y como prueba del mismo.

El concepto legal aparece en el art. 1454 del Código Civil: "si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas"también en el art. 343 del Código de Comercio, al establecer que: "las cantidades que, por vía de señal, se entreguen en las ventas mercantiles, se reputarán siempre dadas a cuenta del precio, y en prueba de la ratificación del contrato, salvo pacto en contrario", son los artículos que regulan las arras.

Sin embargo, en ellos se expresa únicamente un concepto estrecho que se refiere sólo a una modalidad de arras, las penitenciales en el Código Civil y las confirmatorias en el Código de Comercio.

Por ello, resulta más exacto definir las arras como un objeto tangible, casi siempre una suma de dinero, que un contratante entrega a otro con el fin de asegurar una promesa, garantizando su cumplimiento o facultando para poder rescindirlo libremente, consistiendo en perder la cantidad entregada; pero siempre se hacen efectivas en el momento de la celebración del contrato. Existen tres tipos de arras: 

• Confirmatorias.

• Penitenciales.

• Penales.

Las consecuencias jurídicas que se desprenden de los tres tipos de arras son completamente diferentes, y se aconsejará, en función de la operación, y de los fines pretendidos, un tipo u otro, según a la parte que se asesore; de tal forma que el cliente quede en una posición lo más ventajosa posible en caso de incumplimiento; y que si éste se produce, la indemnización sea favorable para el farmacéutico que esté mejor asesorado.

Las arras confirmatorias tienen un concepto de "paga y señal", su finalidad es probar la existencia de un contrato entre las partes. Las penitenciales se llaman también de desistimiento, aparecen en el art. 1454 del Código Civil. Por tanto se prevé que las partes puedan libremente desligarse de un contrato ya perfeccionado. Aunque este artículo se refiere sólo al contrato de compraventa, las arras pueden ser extensibles a cualquier otro. El plazo durante el cual pueden las partes rescindirlo no está cuantificado legalmente, y será el que prudencialmente se estime correcto según los usos del lugar y siempre antes de la consumación del contrato.

Por el contrario las arras penales desempeñan una función de pena y resarcimiento de daños en caso de incumplimiento; de forma que en algunos casos se puede exigir judicialmente la ejecución del contrato, siempre a criterio del Juez. Me he encontrado, en ocasiones, que el precontrato no indicaba plazo, y por tanto si el comprador ya no deseaba adquirir la oficina de farmacia, alegaba que la escritura se firmaría "el día del juicio final". En la actualidad, las corrientes jurisprudenciales dan una inmediatez manifiesta a aquellos documentos en los que se incluye una duración "indeterminada", que es distinta a "indefinida". Recordemos que en este sentido, cuando en un contrato de alquiler indica vigencia "indefinida", los Jueces entienden que la duración será un día o un mes (en función de cómo se pague la renta), el Código Civil no acepta la duración infinita de los documentos.

Las arras penales no actúan sólo como entrega de señal o parte del precio a cuenta (lo que en principio sería común a todas ellas), pero tampoco conceden la posibilidad de liberarse de la obligación: ambas partes deben cumplir y en caso contrario, las arras se pierden, pero no porque faculten (como las penitenciales) para resolver el contrato, sino en virtud del mismo incumplimiento, por vía de pena y como resarcimiento del daño; pero la Jurisprudencia no es unánime, en algunas Sentencias se aboga por entender que es posible exigir el cumplimiento forzoso de la obligación (por ejemplo la del 26.6.1995), en otra se entiende que las arras fijadas se convierten en penales (la de 9.9.1989) En suma, la doctrina jurisprudencial, concibe las penitenciales a manera de multa correlativa al derecho de las partes de desistir a su arbitrio del contrato, las penales actúan como una cláusula punitiva, compulsiva del cumplimiento del mismo, de ahí que cumplan una función equivalente a la cláusula penal, lo que legitima y fundamenta, en cuanto a sus consecuencias y eficacia, la aplicación analógica de la normativa comprendida en los arts. 1152 y siguientes del Código Civil. Dentro de las arras penales, existen dos subtipos, las puras o cumulativas y las sustitutorias. 

Veamos el típico caso en el que tras la firma del precontrato, el comprador posteriormente no puede llevar a cabo la compra de la oficina de farmacia.

"...la cláusula litigiosa es la siguiente: el precio convenido es de 55.000.000 de ptas, que se pagarán así: 5.000.000 de ptas., como señal, se dan por recibidas en este acto, y el resto se abonarán en el plazo máximo de veinte días de esta fecha, o se perderá la señal y la opción de compra.", "...siendo un periodo de tiempo tan sumario y perentorio para satisfacer una suma tan importante, la intención de los vendedores apunta, no a que se facultare al comprador libremente a rescindir el contrato, consintiendo en perder la cantidad entregada, sino, y más razonablemente a insertar un medio coactivo o de presión para evitar el incumplimiento, y se afirma "entendiendo, a su petición, que, por no cumplir el contrato, queda rescindido con las consecuencias en el mismo acordadas..." "...el incumplimiento provino de la imposibilidad de conseguir el numerario en el breve espacio de tiempo, y teniendo en cuenta la escasísima entidad del perjuicio causado a los vendedores de la oficina de farmacia, ya que poco tiempo después la traspasaron, por precio presumiblemente superior al pactado (si hubiese sido inferior lo habrían hecho saber los demandados), en aplicación de los principios de buena fe y equidad, interpretados de acuerdo con los criterios objetivos de justicia socialmente admitidos, procede la moderación de la pena..."Aranzadi AC 19931279.

Con frecuencia, en los precontratos llevados a cabo por profesionales poco cualificados se intenta pactar unas arras entre las partes, pero por desconocimiento, no se utilizan los términos legales expuestos a la hora de redactar los contratos; está generalizado el empleo de las palabras "señal" o "parte de precio" para referirse a las arras. Estas expresiones no son correctas, y se deben sustituir por los conceptos antes aludidos de arras confirmatorias, penales o penitenciales, según las necesidades del caso concreto y en función del interés que nos manifieste el farmacéutico a que estemos asesorando.

Dada la generalización de estas expresiones en los contratos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado las mismas y ha llegado a la conclusión (no unánime) de que ante frases de este tipo, debe considerarse que existen arras penales, de forma que no es posible rescindir el contrato para el caso de incumplimiento, perdiendo las arras el comprador o devolviéndolas dobladas; con el consiguiente perjuicio patrimonial.

Tal vez, esta circunstancia, por la frecuencia en que se producen los desestimientos tras un precontrato, es de las más importantes en cualquier compraventa; la legislación y jurisprudencia es variadísima; he estudiado muchos precontratos de traspasos de oficinas de farmacia que finalmente no se llevaron a cabo, con las consecuencias de toda índole que llevan aparejadas (en algunos casos hasta penales), y para no aburrir al lector, sólo puedo conminar al farmacéutico que a la hora de traspasar su oficina de farmacia, o cualquier operación que tenga una trascendencia similar en el ámbito patrimonial, se dote de un asesoramiento de primera línea.

Los "Contratos Simulados"

No debo terminar este capítulo sin hacer una mención sobre lo que la legislación llama "contratos simulados", y que han originado no pocos litigios en los traspasos de oficinas de farmacia, con estos, se pretendía distintos objetivos: ser propietario de más de una oficina de farmacia, utilizar un testaferro o un fiduciario hasta que el descendiente termina los estudios y para hacerse cargo de la oficina de farmacia, o en casos en que a un farmacéutico instalado le concedían la autorización para la apertura de otra oficina de farmacia etc. Pero en estos casos, el farmacéutico se vería obligado a someterse a los dictados del no profesional, incluso he llegado a leer en la revista Acofar "Se vende farmacéutica". 

"la sentencia de instancia expone claramente que el señor M. Compró la farmacia, simulando que la compraba el sólo, pero que su voluntad real y su verdadera intención era que fuese propiedad de los dos cónyuges, y no la puso a nombre de ella por razón del contencioso que la señora... mantenía contra la sanción administrativa. El contrato contenía, pues, por parte del comprador, una simulación relativa que no puede invalidarlo, sino que, por el contrario, tiene que darse por buena la voluntad real" (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña RJ 19977662).

Estos comportamientos defraudatorios no suelen alcanzar el objetivo previsto por los que lo llevan a cabo, sino, que muy frecuentemente, termina en un litigio judicial. El utilizar personas interpuestas que se hagan cargo temporalmente de una oficina de farmacia es una operación además de irregular, compleja desde el punto de vista de su diseño y ejecución; ya que se debe tener presente los distintos ámbitos en que tiene incidencia un traspaso de estas características, así, será necesario estudiar, sopesar y encardinar perfectamente el tema económico, de garantías, fiscal (a efectos de IRPF, IVA y Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), así como el tema laboral, colegial, sanitario etc. También resulta problemático la rendición de cuentas, así es la Sentencia del Tribunal Supremo RJ 1997143 la sociedad irregular también resultó problemática.

"... se ocultaba la apariencia de un contrato de compraventa otro por el que aquella pasaba a regentar la oficina de farmacia de la localidad de ... asumiendo la titularidad formal de la misma por un salario mensual a detraer de los beneficios, mientras aquél se reservaba la propiedad de la farmacia, compraventa que puede englobarse en lo que la doctrina ha venido denominando contrato simulado. Hay que entender que hay un comportamiento simulador absoluto, cuando según las reglas del criterio humano, se evidencia que el contrato no ha tenido la causa expresada, y por las grandes dificultades que encierra la prueba plena de simulación, por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación, siendo los 2.000.000 de ptas., una cantidad escasa que no corresponde con el precio real de una oficina de farmacia.(Audiencia Provincial de Teruel. Ar. AC 19961829).]]> Fri, 18 Jan 2008 +0200

Esto supuso para el colectivo farmacéutico entre otros, una novedad importantísima en el devenir de los traspasos de oficina de farmacia, ya que es precisamente desde el año 1996, cuando se han podido deducir fiscalmente las dotaciones contables a la amortización de las concesiones administrativas, Fondo de Comercio, Marcas, Derechos de Traspaso, siempre que las mismas hayan sido adquiridas a título oneroso entre personas o entidades no vinculadas. 

La entrada en vigor de la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable con base en la normativa de la Unión Europea a mediados del año 2007 y el Nuevo Plan General de Contabilidad con efectos 1 de enero de 2008, por el que no se admite la amortización contable que no fiscal, del fondo de comercio, es la que ha provocado un cisma entre la contabilidad y la fiscalidad de la amortización del fondo de comercio:

• A pesar de  no estar condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros cambios de cuentas y dotaciones*

• Fiscalmente, a la hora de calcular la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se permite seguir deduciendo la amortización del fondo de comercio con el límite anual máximo de la veinteava parte del importe del fondo de comercio, esto es un 5%. Dichas cantidades deducidas minoran a efectos fiscales, el valor del fondo.

Los requisitos, para el caso de las farmacias, son:

1. Que se haya adquirido a título oneroso
2. Que se haya dotado una reserva indisponible de al menos el 5% anual, en el Activo del Balance de Situación, con cargo a beneficios del ejercicio, salvo que no hubiera o fueren insuficientes, con lo cual se emplearán reservas de libre disposición o se dotará la misma con cargo a los primeros beneficios de ejercicios siguientes.
3. El valor del fondo de comercio deberá estar específicamente determinado en la escritura de compraventa. Debemos advertir que en caso de indeterminación, todo se reduce a la existencia de medios documentales suficientes que prueben el valor de existencias comerciales y otros activos transmitidos conjuntamente, ya que, en cualquier caso, la competencia para la comprobación y valoración de las pruebas aportadas la tienen atribuida los órganos de comprobación de la Administración Tributaria.

*Las Oficinas de farmacia que tenían registrado un fondo de comercio al cierre del ejercicio 2007 deben tener en cuenta que además de comprobar al cierre del ejercicio 2008 si ha existido pérdida de valor y por tanto, registrar la corrección del mismo con carácter irreversible, deben derivar la amortización acumulada, hasta ahora en la cuenta 2813, a la cuenta 1143 (Reserva por fondo de comercio) y por supuesto, modificar la cuenta de activo del balance donde figuraba el fondo de comercio: de la 213 a la ahora 204.

RD 1643/1990 de 20 de diciembre vigente hasta 1 de enero de 2008

RD 1514/2007 de 16 de noviembre

Ley 16/2007 de 4 de julio

RDLegislativo 3/2004 TRLIRPF, artículo 26.1

RDLegislativo 4/2004 TRLIS, artículos 11.3, 11.4, 12.6

Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V2168-05 de 24 de octubre]]> Sun, 03 Feb 2008 +0200

Las inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias, así como los elementos del inmovilizado intangible que figuran en tablas, pueden amortizarse, a efectos fiscales, al porcentaje que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización.

Igualmente, para el traslado de la oficina de farmacia, también se requiere la aprobación de ambos. Pero la gestión directa recae sobre el titular.

Individualización de rendimientos de la actividad económica de farmacia

En este sentido, nos planteamos si es posible atribuir por mitad los rendimientos derivados de la explotación de una farmacia a los dos cónyuges, aunque sólo uno de ellos sea el titular de la misma y si tiene trascendencia fiscal el hecho de que el cónyuge no titular de la farmacia sea o no farmacéutico, a los efectos de la individualización de los rendimientos.

La Dirección General de Tributos en numerosas consultas ha señalado que los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales, deben imputarse al contribuyente que realice de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a la actividad.

En el caso de actividades regladas, como la farmacéutica, para que se puedan repartir las rentas entre los dos cónyuges es preciso que la actividad sea desarrollada por los dos y que se cumpla la normativa reguladora de la actividad, es decir, que los dos cónyuges sean farmacéuticos y desarrollen conjuntamente la actividad.

Por tanto, según la Dirección General de Tributos, los rendimientos obtenidos en la explotación de la farmacia deben imputarse al titular de la misma.

Así también la jurisprudencia ha considerado que en los rendimientos de actividad de farmacia la individualización se hace en el cónyuge con título académico que habilite.

Atribución del incremento patrimonial generado por la venta de la farmacia

Dicho esto, se atribuye por mitades el incremento generado por la cesión de oficina de farmacia adquirida con bienes gananciales aunque el titular fuera sólo un cónyuge.

Así el Tribunal Económico Administrativo Central ha refrendado el criterio en Resoluciones como la siguiente:

(…) “En base a lo expuesto y del examen del expediente se deduce que si bien es lo cierto, que la autorización administrativa que permite tener abierta una oficina de farmacia, correspondía a la interesada, sin embargo, ya que, desde la perspectiva de la legislación civil, la titularidad jurídica de los bienes y derechos integrantes del patrimonio afecto a la actividad o explotación económica puede ser atribuibles a ambos en función del régimen económico del matrimonio, que en este supuesto es el de gananciales, según se desprende del expediente, en concreto en diligencia extendida por la Inspección de Tributos de 2 de abril de 1996 y de que, en la escritura anteriormente referenciada de cesión de la oficina de farmacia se indica en su cláusula primera, en lo referente al título en virtud del cual se adquirió el derecho que se cede que: “ Título.-Adquirió la cedente dicha oficina de farmacia, por haberla instalado a expensas de su sociedad conyugal, habiendo satisfecho su importe a los respectivos proveedores….” Es conclusión obligada declarar ajustada a Derecho la regularización practicada en el sentido de atribuir por mitad a ambos cónyuges el citado incremento generado por dicha venta.(…) Resolución nº 00/4079/1998 TEAC 11.05.01

Por lo tanto, la normativa de que el farmacéutico debe ser el único titular debe interpretarse de una manera laxa, siempre que la intervención de la segunda persona no suponga la intromisión en la gestión de la farmacia y teniendo en cuenta otros aspectos jurídicos, sobre todo civiles.

Normativa interpretativa

Resoluciones de la Dirección General de Tributos: 0594-99, 1730-97, 1290-99, V0334-07, V0532-07, V1858-08.

AN 10 de noviembre de 2005, TSJ Aragón 6 de octubre de 2004, TSJ Castilla y León 23 de octubre de 1995, TEAC 25.02.00, TEAC 09.03.00, TEAC 11.05.01 y STJ País Vasco 14.06.99]]> Sun, 16 May 2010 +0200 El Tribunal Supremo considera que en una localidad donde haya Centro de Salud ha de haber una farmacia de guardía permanentemente. El Tribunal considera que su situación les permite obtener mayores beneficios que las oficinas de farmacia ubicadas en poblaciones donde no exista un Centro de Salud.

Con fecha de 16 de Febrero de 2010, el Alto Tribunal no admitió el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad, de 7 de abril de 2008, a instancia de la Federación de Empresarios Farmacéuticos.

La propia existencia de un centro de salud en la localidad en la que radican las farmacias, justifica o amortigua, según la Sala, la molestia que pueden sufrir sus titulares, por los mayores ingresos que se perciben, aún cuando supongan más gasto de personal, y tal y como reseña en los fundamentos de derecho: “el carácter de servicio público de las Oficinas de Farmacia y la intervención que en el actual sistema normativo se establece a favor de la Administración, imponen una tolerancia, o un deber de soportar, medidas justificadas aún cuando supongan, como puede ser este caso, disminución en sus ingresos.”

Se alude en la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a que desde el Gobierno regional se ha apostado decididamente para que la dispersión poblacional no sea un obstáculo para que cualquier ciudadano acceda a la prestación del servicio farmacéutico.

Y eso, independientemente del lugar de residencia y para que los ciudadanos, residan donde residan, puedan contar con una atención igual. Esto exige una organización distinta en una zona que cuenta con menos oficinas que en otra que cuente con más. 

Entiende la mencionada sentencia que son los ciudadanos a los que la norma legal coloca como titulares de interés supremo de la organización farmacéutica. Por ello, una mayor carga de trabajo o mayor obligación para unas oficinas que para otras, está plenamente justificada por la existencia de un centro de salud.

De manera que,  a los eventuales beneficios que pueden derivarse de la existencia del centro, se deba asumir la carga de soportar una mayor atención pública. 

SÍNTESIS

El supuesto de hecho se ubica en la provincia de Guadalajara. Se justifica que una de las 2 Oficinas de las poblaciones donde exista centro de salud tenga que estar permanentemente de guardia ya que no es la misma situación en la que se encuentran las Oficinas de Farmacia de poblaciones que cuentan con centro de salud que la de farmacias que radican en poblaciones donde no exista tal.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha-Sala de lo Contencioso de 7 de Abril de 2008, a instancia de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, recurrida en casación por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no admitido el recurso por Sentencia del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 de Febrero de 2010, nº de recurso 3006/08. (*Cendoj) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se alude en la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a que desde el Gobierno regional se ha apostado decididamente para que la dispersión poblacional no sea un obstáculo para que cualquier ciudadano acceda a la prestación del servicio farmacéutico independientemente del lugar de residencia y para que los ciudadanos residan donde residan, puedan contar con que la atención deba ser igual, motivo que exige una organización distinta en una zona que cuenta con menos oficinas que otra que cuente con más.

De conformidad con los fundamentos jurídicos, la propia existencia de un centro de salud en la localidad en la que radican las farmacias, entiende la Sala que justifica o amortigua la molestia que pueden sufrir sus titulares, por los mayores ingresos que se perciben, aún cuando supongan más gasto de personal y tal y como reseña el Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho Cuarto, debido a que:

“el carácter de servicio público de las Oficinas de Farmacia y la intervención que en el actual sistema normativo se establece a favor de la Administración imponen una tolerancia, o un deber de soportar, medidas justificadas aún cuando supongan como puede ser este caso, disminución en sus ingresos.”

En este sentido, resulta evidente que, si se quiere asegurar un servicio básico del ciudadano por el que el principio que preside la actuación administrativa es la voluntad de que exista una proximidad entre el servicio de urgencias farmacéutico y el ciudadano sin distinción donde éste resida, deba poder establecerse un sistema de turnos apropiado a la realidad física y geográfica de cada zona o comarca.

Son, en definitiva, los ciudadanos los que, en cuanto demandantes de asistencia farmacéutica, la norma legal coloca como titulares de interés supremo de la organización farmacéutica y justifica que si bien es cierto que ello supone una mayor carga de trabajo o mayor obligación para unas oficinas que para otras, ello aparece a juicio de la Sala plenamente justificada por la existencia de un centro de salud.

De manera que, a los eventuales beneficios que pueden derivarse de la existencia del centro, se deba asumir la carga de soportar una mayor atención pública

La fundamentación normativa, además de las alusiones a la regulación autonómica se hace eco de la legislación básica y, en concreto del artículo 6 de la Ley 16/1997 de 25 de Abril, de regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios.]]> Wed, 09 Jun 2010 +0200 Un farmacéutico que pretenda tener una doble titularidad de farmacia, infringe la ley. Por lo tanto, cualquier acto de disposición, incluida la compraventa, es nula.

El Ordenamiento Jurídico español no permite tener dos farmacias, y todas las acciones encaminadas a obviar esta regulación, vulnerarán la Ley.

Incluso si obtuviese una presunta segunda titularidad por herencia, un farmacéutico que ya tenga una farmacia, si se nombrase una regencia, obligatoria cuando fallece el farmacéutico titular, también sería nula y el regente no estaría obligado a devolver los beneficios obtenidos. 

Si se produjese una venta simulada de la segunda farmacia, sería nula porque existe ilicitud de causa al no haber voluntad real de vender.

Un caso similar, viene recogido por la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 2 de Abril de 2002. La Sala confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que rechazó la venta simulada de la farmacia, que fue de su padre, realizada por un farmacéutico de Alcañiz, y la reclamación de los beneficios pactados con la regente de dicha farmacia.

El farmacéutico en cuestión quería reservar la titularidad de la farmacia heredada de su padre, para su hijo, estudiante de farmacia.  Un conflicto surgido con la farmacéutica regente, dio lugar al pleito que se falló en su contra.

Por ello, desde Gabinete López-Santiago desaconsejamos aquellas acciones encaminadas a burlar el Ordenamiento Farmacéutico, que es muy claro en este sentido.

SÍNTESIS

El Farmacéutico titular de una farmacia a la muerte de su padre también Farmacéutico y titular de otra farmacia en distinta población, acumuló dos titularidades de farmacia. Se trataba de proteger el hecho de que su hijo hubiese concluido sus estudios de licenciatura en farmacia. En el año 1989,  fecha del primero de los contratos de venta de Oficina de Farmacia, todavía no había finalizado la carrera, por lo que el actor se encontraba en situación de doble titularidad, hecho que no está permitido. Con el objetivo de obviar la situación y hasta que su hijo alcanzase la titulación universitaria debida, suscribió un contrato simulado de compraventa.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 2 de Abril de 2002.(*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se trata de un supuesto de nulidad por ilicitud de causa en el contrato de compraventa que no constituye delito ni falta y por el que se desestima el recurso de casación interpuesto.

Respecto al contrato de venta, es inexistente, porque no hay acuerdo de voluntad para la celebración de la compraventa entre las partes, ni causa y para éste no es aplicable el artículo 1306 del Código Civil según jurisprudencia y cita el Fundamento de Derecho Tercero  de la Sentencia, la de la Sala de lo Civil de 26 de Junio de 1903.

Como consecuencia de lo anterior y respecto al segundo contrato de regencia de la farmacia –en el que mediaba un pacto acerca de los beneficios-, la regente no está obligada a devolver éstos, ya que el contrato querido por los contratantes, es nulo. Se trata de un contrato prohibido por una ley administrativa, cuya existencia se encubrió, con otro de apariencia legítima pero inexistente, la compraventa. A este contrato último, el de regencia, es al que se ha aplicado por la sentencia impugnada el principio consagrado en el artículo 1306.1 de acuerdo con los principios mantenidos por la jurisprudencia, ya que en este supuesto no se trata de un contrato inexistente, sino nulo por estar prohibido por la ley.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Recomendamos extremar la precaución en los pactos verbales que se efectúen en toda la fase de compraventa de una farmacia, tanto en los tratos preliminares, como en la negociación de precontratos, como en la tramitación final.

Estos compromisos verbales pueden asimilarse a un auténtico contrato, como ha ocurrido en muchas ocasiones en transmisiones de oficinas de farmacia, ya que prueba constituir una prueba en una contienda judicial.

Lo determinante para decidir acerca de si ha existido o no el contrato de compraventa de la farmacia, es examinar si se ha producido el consentimiento tanto sobre el objeto como sobre el precio.

La Sentencia estima que el acuerdo entre las partes litigantes fue completo, por lo que carece de toda trascendencia que no llegara a firmarse el documento privado. Este requisito formal no integra la esencia del contrato de compraventa, sólo sirve como prueba, indica la Sala. 

La Audiencia Provincial recoge en el relato de los hechos, que los farmacéuticos llegaron al acuerdo de compraventa de una oficina de farmacia en Espronceda; que el comprador entregó como adelanto un importe pactado y solicitó un préstamo bancario. Pero al relajarse los requisitos de instalación y apertura de farmacias en Navarra, renunció a firmar el contrato, porque las farmacias ya no tenían el mismo valor y ante la nueva situación consideró que el precio solicitado era excesivo.

Por ello, aconsejamos que se dote de un asesoramiento profesional para llevar a cabo las negociaciones previas, promesas de contrato y demás ofertas contractuales.

SÍNTESIS

Cuestión litigiosa que versa de si entre las partes litigantes se convino o no en su día un contrato de compraventa que tenía por objeto una oficina de farmacia en la localidad navarra de Espronceda. No existe documento firmado. Valor probatorio.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 1 de Febrero de 2002. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Estima la Audiencia en sentencia, que el acuerdo entre las partes litigantes se perfeccionó. Carece de toda trascendencia que no llegara a firmarse el documento privado que obra en los autos, ya que tal como indica la Sala, este requisito formal no integra la esencia del contrato de compraventa, teniendo un carácter meramente probatorio.

Las disposiciones normativas forales y por ende el Código Civil, establecen que la compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes sobre sus elementos esenciales. Así se señala que la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.

En su virtud, abstracción hecha de la documentación del acuerdo entre las partes, que no es sustancial en el contrato, lo determinante para decidir acerca de si ha existido o no un contrato de compraventa –a juicio de la Sala- es examinar si ha producido el consentimiento aludido tanto sobre el objeto como sobre el precio.

El Juzgado de Primera Instancia estimó que no se produjo dicha confluencia de voluntades, habiendo existido tan solo unas conversaciones preliminares.

La Audiencia Provincial tras el nuevo análisis de la prueba practicada, no compartió dicha conclusión. En el Acta vertida en el juicio oral se recogen como manifestaciones que “llegaron al acuerdo de comprar la farmacia; que le entregó-la parte compradora- la fianza de 400.000 pesetas como adelanto para comprar la farmacia; solicitó préstamo bancario; que al liberalizarse las farmacias se “echó” atrás de firmar el contrato porque las farmacias ya no valen lo mismo y ante la nueva situación el precio pedido era excesivo”.

De dichas manifestaciones se desprende, -dice la Sala-, inequívocamente, que el acuerdo entre las partes se perfeccionó por cuanto no ofreciendo dudas que el objeto de la compraventa era la Oficina de Farmacia, quedaba acreditada también la existencia de un acuerdo sobre el precio.

Lo que al parecer ocurrió fue que en fechas próximas a haberse alcanzado el acuerdo de la compraventa entró en vigor una ley foral en cuya virtud se flexibilizó la apertura de oficinas de farmacia, lo que determinó, consecuentemente, una reducción en el precio de traspaso de dichas oficinas.

Así la parte compradora quiso resolver el contrato –como señala en la Sentencia según sus propias manifestaciones- pero obviamente la resolución implica un acuerdo perfecto anterior.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Por ejemplo, a raíz de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Aragón, el Tribunal Supremo se pronunció en varias ocasiones en este sentido, entre junio de 2008 y octubre de 2009.

El Alto Tribunal resolvió recursos de sentencias que afectaban a muchos botiquines de municipios aragoneses, que ha generado una importante litigiosidad.

En todos los recursos, el Tribunal ratificó la Ley Autonómica de Ordenación Farmacéutica que cambió radicalmente el criterio de asignación de botiquines existente. A partir de la ley, se vincularon a la farmacia más próxima o accesible y, preferiblemente, en la misma zona de salud.

Las sentencias  dejaron meridianamente clara la diferencia entre la oficina de farmacia, establecimiento privado de servicio público y el botiquín farmacéutico, público en su totalidad.

Por ello, en Gabinete López-Santiago somos muy rigurosos en la intermediación de farmacias con botiquines adscritos, para dotar de seguridad jurídica a la transmisión.

SÍNTESIS

Aragón. vinculación de botiquines a farmacias tras la Ley 4/1999 de 25 de marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón.

El criterio jurisprudencial imperante insiste en que los botiquines no constituyen anejos de las oficinas de farmacia a la que estén vinculados, ni activo patrimonial de las mismas.

Entre otra jurisprudencia se analiza:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 6 de Junio de 2008. (*Cendoj)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 19 de Junio de 2008. (*Cendoj)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 18 de Julio de 2008. (*Cendoj)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 23 de Julio de 2008. (*Cendoj)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 de Enero de 2009. (*Cendoj)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 27 de Octubre de 2009. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Tras la Ley 4/1999 de 25 de Marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón, se cambia radicalmente el criterio de asignación de botiquines, vinculándose a la Oficina de Farmacia:

a)    Más próxima o accesible

b)    Preferiblemente en la misma Zona de Salud conforme al artículo 27

Así su Disposición Transitoria Quinta encomienda al Gobierno de Aragón la reasignación de botiquines existentes de acuerdo a esos criterios.

El criterio jurisprudencial imperante insiste en que los botiquines no constituyen anejos de las oficinas de farmacia a la que estén vinculados, ni activo patrimonial de las mismas.

En la Sentencia de 6 de Junio de 2008, son objeto de impugnación las Órdenes de la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 29 y 30 de Mayo de 2001, que, a su vez, desestimaron los recursos de reposición contra la Orden de 12 de Marzo de 2001, por la que se vinculó el Botiquín de Monterde a la Oficina de Farmacia de Nuévalos y el Botiquín de Olvés a la Oficina de Farmacia de Maluenda.

En la Sentencia de 19 de Junio de 2008, son objeto de impugnación la Orden del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fecha 5 de Julio de 2001, por la que se estimó el recurso de reposición contra la Orden de dicho Departamento de 12 de Marzo de 2001, que vinculó el Botiquín de Pueyo de Santa Cruz a la Oficina de Farmacia de Binaced y en su consecuencia, se estableció una nueva vinculación de dicho botiquín con la Oficina de Farmacia de Almunia de San Juan.

En la Sentencia de 18 de Julio de 2008, son objeto de impugnación cuatro Órdenes del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Diputación General de Aragón de fechas 24 y 31 de Mayo y 5 de Julio de 2001, por las que se desestimaron los recursos de reposición interpuestos contra la Orden de dicho Departamento de 12 de Marzo de 2001, que vinculó el Botiquín de Malanquilla y Clarés de Ribota a la Oficina de Farmacia de Villarroya de la Sierra, el Botiquín de Calcena a la Oficina de Farmacia de Jarque de Moncayo y el de Trasobares a la Oficina de Farmacia de Gotor.

En la Sentencia de 23 de Julio de 2008, son objeto de impugnación dos Órdenes del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fecha 21 de Mayo de 2001 por las que se desestimaron los recursos de reposición interpuestos contra la Orden de dicho Departamento de 12 de Marzo de 2001, que vinculó el Botiquín de San Agustín a la Oficina de Farmacia de Albentosa y el Botiquín de Torrijas a la Oficina de Farmacia de Arcos de las Salinas.

En la Sentencia de 20 de Enero de 2009, son objeto de impugnación la Orden del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fecha 12 de Marzo de 2001, que vinculó el Botiquín de Biel a la Oficina de Farmacia de Luesia. 

En la Sentencia de 27 de Octubre de 2009, son objeto de impugnación siete Órdenes del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fecha 18 de Mayo de 2001, por las que se desestimaron los recursos de reposición interpuestos contra la Orden de dicho Departamento de 12 de Marzo de 2001, que vinculó el Botiquín de Adahuesca, Alberuela de Laliena, Azara, Colungo, Alquezar, Bierge y Radiquero a la Oficina de Farmacia de Abiego.

En ellas se alude a la Sentencia del Tribunal Superior de Aragón de 22 de Diciembre de 2004 que devino firme tras declararse desierto el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Farmacéuticos Comunitarios Rurales de Aragón contra la meritada sentencia por Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 18 de Mayo de 2005.

Se instaba por entonces a la diferencia entre la Oficina de Farmacia, como establecimiento privado, aunque realizara un servicio público y el botiquín farmacéutico, público en su totalidad.

El carácter público del botiquín vinculado al Farmacéutico Titular con plaza en propiedad resultaba inequívoco de la Orden de 20 de Febrero de 1962, relativa a los botiquines farmacéuticos en núcleos rurales.

La citada norma atribuía su administración a los Farmacéuticos con plaza en propiedad en los respectivos partidos si bien el Médico Titular del distrito custodiaba el botiquín y velaba por su buen funcionamiento percibiendo por ello una gratificación asignada por el Ayuntamiento que era quien facilitaba el local para su instalación. Función pública subrayada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 1992. Del mismo modo Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Septiembre de 1995, 11 de Octubre de 1995 y 25 de Mayo de 1994.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Tue, 03 Aug 2010 +0200 El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) declaró en unificación criterio, el 23 de junio de 2010*, que la transmisión global de una farmacia que no se encuentre sujeta a IVA, tampoco está sujeta a ITP, salvo los bienes inmuebles afectos a la actividad. Por este motivo, aquellos farmacéuticos que adquirieron una farmacia, y que indebidamente se les exigió el ingreso del I.T.P,  entre el 1 de enero de 1992 y el 23 de junio de 2010, pueden reclamarlo, con las excepciones de prescripción o caducidad de acción. Estos cobros se debieron a una errónea interpretación de varias sentencias del Supremo.

La resolución del TEAC ratifica consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos y fundamentos jurídicos de varios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Asturias. Al tiempo, rechaza los argumentos del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla-La Mancha que en resolución de 26 de junio de 2009, utilizaba indebidamente los fundamentos jurídicos de varias sentencias del Tribunal Supremo.

La norma a aplicar a partir del 1 de enero de 1992 no puede ser la que estuvo en vigor entre el 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre del 1991, como pretendió fundamentar el citado  TEAR.

Desde Gabinete López-Santiago defendimos en todo momento esta postura, que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), como se venía aplicando en otras Comunidades.

Por ello, animamos a reclamar estos importes indebidamente ingresados, a aquellos farmacéuticos que aún no lo hayan hecho. 

SÍNTESIS

Transmisión de una oficina de farmacia en Sitges (Barcelona) para su clausura y amortización por heredera no farmacéutica del farmacéutico titular, a la cual le caducó el beneficio de reserva de titularidad por estar cursando estudios de farmacia. La transmisión realizada no estaba sujeta a IVA, sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 22 de Enero de 2004. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La Sala estima que el problema fundamental que en el recurso se plantea consiste en determinar si la transmisión de la Oficina de Farmacia por la heredera del Farmacéutico Titular fallecido, cuando le había caducado la reserva de titularidad por estudios de Farmacia y con objeto de proceder a su clausura y amortización, puede ser incluida entre las operaciones no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido por considerarla como transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional continuando el adquirente el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.

El artículo 5.2 del Real Decreto 909/1978 disponía que “cuando una Oficina de Farmacia se encuentre a menos de doscientos cincuenta metros de otra u otras, los Farmacéuticos colindantes podrán optar previamente a su adquisición con objeto de proceder a su clausura y amortización y sin que pueda dar lugar ni posibilidad a otra solicitud de autorización y apertura en la misma zona.”

La norma transcrita creaba a favor de los Farmacéuticos que se encontrasen en la situación en ella prevista un derecho de adquisición preferente con una única y exclusiva finalidad: la de proceder a la clausura y amortización de la Oficina de Farmacia que se adquiriese como consecuencia de su ejercicio, desapareciendo esta actividad del local y cerrando para el futuro toda posibilidad de apertura de otra farmacia en la misma zona.

En principio la Sala esgrime el criterio de que la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial o profesional devengaría IVA. Sin embargo, en el caso de continuar el adquirente en el ejercicio de la misma actividad, la transmisión deja de estar sujeta a IVA. La idea fundamental que subyace en el precepto es que el patrimonio transmitido no se desafecte de la actividad.

No puede decirse pues, que los Farmacéuticos adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad empresarial o profesional del transmitente, cuando la Oficina de Farmacia/empresa que aquel les enajena es adquirida no para continuar en la actividad profesional o empresarial de la misma, sino para cerrarla y amortizarla.

A la transmisión que se trata no podía aplicársele, en la época en que se realizó, el artículo 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en la redacción que estuvo en vigor desde el 1 de Enero de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1991. Pues bien, decía la Sentencia de 23 de Abril de 1996, dictada en un recurso de casación en interés de la Ley, que la transmisión de Oficina de Farmacia realizada durante el lapso temporal comprendido entre el 1 de Enero de 1987 y el 31 de Diciembre de 1991, como es el caso que nos ocupa, está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por la pura y simple razón de que tal transmisión no supone el ejercicio de una actividad comercial del Farmacéutico, antes al contrario, tal transmisión supone la conclusión de su actividad comercial que, en todo caso, queda circunscrita a la dispensación de preparados farmacéuticos y demás productos que legalmente se pueden vender en las Oficinas de Farmacia.

La transmisión, que es la última de las operaciones del titular anterior, no puede considerarse, por tanto, como una operación de la actividad empresarial, pues con dicha transmisión se opera una especie de novación subjetiva, que no genera un volumen determinado de ganancias, y se agota la actividad de farmacia.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial y Tribunal Económico Administrativo Central.

La Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, de 1998, contempla tres causas de traslado forzoso de una farmacia: el derribo del edificio sin posibilidad de retorno; la expropiación que impida su reubicación; y la imposibilidad de reacondicionamiento.

Una farmacia de Madrid, solicitó el traslado forzoso porque tenía un local lleno de humedades, filtraciones de aguas fecales en el servicio, carencia de agua caliente, de calefacción, de climatización, de ventilación y el local sólo tenía 29 metros cuadrados. Además, las condiciones de acceso impedían la supresión de barreras arquitectónicas. Las condiciones del arrendamiento del local le obligaban a pagar al farmacéutico cualquier obra de rehabilitación del inmueble.

Aún así, los Tribunales denegaron el traslado forzoso, al no cumplirse las condiciones de la Ley Autonómica de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los propios Tribunales pusieron de manifiesto que el farmacéutico podía optar por el traslado voluntario, respetando las distancias mínimas entre farmacias colindantes.

Desde el Gabinete consideramos una buena opción dejar la farmacia en un estado de abandono, para incoar un traslado forzoso. Lo único que conseguiremos es que nos clausuren la farmacia por no cumplir las condiciones higiénico-sanitarias, pero nunca nos servirá de estrategía para presionar y obtener un traslado forzoso.

SÍNTESIS

Se desestima el traslado forzoso de oficina de farmacia de Madrid. Posibilidad de reacondicionamiento del inmueble. No existe pérdida del derecho al uso del local y no se priva al titular de instar el traslado voluntario.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso de 14 de Junio de 2010. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

El local por lo visto-según argumenta el Titular Farmacéutico- presentaba diversas deficiencias, como son humedades, tanto exteriores como interiores, consecuencia de capilaridad: filtraciones de aguas fecales en el servicio; carencia de agua caliente, calefacción o climatización y ventilación adecuada; una superficie útil de 29,80 m2, insuficiente para las distintas áreas del local y unas condiciones de acceso que impiden la adaptación del establecimiento a la Ley 8/1993 de 22 de Junio, sobre promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Alude además a la situación arrendaticia del local, diciendo que no se puede imponer al Farmacéutico arrendatario la carga de costear las obras de rehabilitación del inmueble y destaca la finalidad que late en la normativa aplicada de procurar un mejor servicio farmacéutico.

El cambio fue solicitado y autorizado como traslado forzoso al amparo del artículo 36 de la Ley 19/1998 de 25 de Noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. El carácter forzoso conlleva la facultad de ubicar la nueva Oficina de Farmacia a una distancia inferior a los 250 metros de las farmacias más cercanas, distancia ésta que no es exigida con carácter general por el artículo 33 de la misma Ley.

La norma admite tres causas de traslado forzoso: el derribo del edificio sin posibilidad de retorno, la expropiación que impida la reubicación de la oficina y por último, la imposibilidad de reacondicionamiento.

Incluso el informe del inspector farmacéutico indica que “esta inspección considera que el local, en las actuales circunstancias no es idóneo para la actividad sanitaria que se ejerce. Habiendo gran humedad por todas las paredes y siendo el local pequeño, inferior a 40 m2, para el fin sanitario”.

No obstante lo anterior, la Sentencia se hace eco de la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, objeto de recurso de casación por el que Falla y al que no ha lugar, conforme a la cual:

En relación a las humedades, uno de los informes de los actores sostiene que son reparables por procedimientos al uso en construcción y el perito incluso cuantifica el importe de las reparaciones.

En relación a las deficiencia de las instalaciones de electricidad, temperatura y ventilación subsanable mediante la dotación de las conducciones y aparatos necesarios.

En relación a la insuficiencia de espacio, se considera no acreditado el hecho de que sea materialmente impracticable el ejercicio de las actividades propias de una farmacia en la superficie con que cuenta el inmueble. Por el contrario, el local fue adquirido en Julio de 1996 mediante traspaso de una antigua oficina de farmacia y resultó autorizada la actividad que ha venido desarrollándose en ella. Nada justifica que entre esa fecha y en la que fue formulada la petición de traslado forzoso -Enero de 1999- hayan aumentado las necesidades de espacio para la práctica de la actividad farmacéutica hasta el punto de determinar la notoria insuficiencia del local. La Ley 19/1998 de 25 de Noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, permite la existencia de oficinas de farmacia con dimensiones inferiores a los 75 m2 que se exigen para las nuevas oficinas.

Se alega además que no hay constancia de elemento alguno que prive al solicitante de acudir al procedimiento de traslado voluntario y situar el establecimiento a más de 250 metros de las farmacias cercanas.

Por el tema relativo al arrendamiento, entiende la Sentencia, que los preceptos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se traen a colación son los que pueden justificar una resolución del contrato. Por lo que mientras esa resolución no se haya producido, no es posible hablar de la pérdida del derecho al uso del local y por tanto, una causa objetivable bajo la que autorizar el traslado forzoso y que la mejora de las condiciones del local para adecuarlo a las necesidades de un establecimiento farmacéutico eran posibles con los medios que las leyes arrendaticias utilizan para dirimir las cuestiones que puedan surgir entre propietario y arrendatario de un inmueble, en este supuesto, un local de negocio.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios.]]> Wed, 08 Oct 2008 +0200 Los rendimientos de la actividad de farmacia, en tanto que empresariales, se consideran obtenidos  por el titular de la misma. Con independencia del régimen económico matrimonial aplicable a los cónyuges; en todo caso, la determinación de la renta tendrá en cuenta su origen. Este tema quedó zanjado con la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 26 de julio de 2004. 

Conforme a la legislación tributaria vigente en ese momento, la Audiencia resolvió que la colaboración de la esposa en la farmacia podría dar lugar a desgravar su retribución; pero no a la atribución de rendimientos por mitad de la actividad de la farmacia. 

Un farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife, inspeccionado por la Agencia Tributaria, se defendió de la imputación de mayores ingresos íntegros, alegando que él había hecho declarar a su cónyuge.

La Sentencia dice que la comunidad de gananciales no convierte en gananciales los beneficios de los bienes comunes. Por ello, según la Audiencia, no puede hablarse de imputación de las rentas obtenidas por uno de los cónyuges a favor del otro, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En los informes ampliatorios de la inspección, se indica que es el farmacéutico quien obtiene el rendimiento de la actividad empresarial y no conjuntamente con su esposa.

SÍNTESIS

Individualización de los rendimientos de la actividad empresarial de farmacia.

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso de 26 de Julio de 2004. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

El Farmacéutico, obligado tributario desarrolló durante los ejercicios comprobados por la Inspección, la actividad de Farmacia, estando dado de alta en el epígrafe correspondiente de la Licencia Fiscal. 

Según las comprobaciones efectuadas procede incrementar el rendimiento neto de esta actividad por los siguientes conceptos:

*Mayores ingresos íntegros que deben ser imputados al contribuyente por ser quien realiza de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de los recursos humanos afectos a la actividad y que fueron declarados por su cónyuge.

*Mayores gastos deducibles imputables al obligado tributario y que igualmente habían sido computados por su cónyuge.

*Menores gastos deducibles que corresponden, en unos casos, a gastos declarados que no se justifican documentalmente, entre otros, a gastos que se justifican con facturas que no reúnen todos los requisitos reglamentarios y finalmente, existen desembolsos que no constituyen gastos corriente, sino compra de inmovilizados. 

*Asimismo procede acumular la parte de los pagos fraccionados que fueron consignados por la cónyuge del obligado tributario en sus correspondientes declaraciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Así en relación con la imputación de los rendimientos la Audiencia Nacional viene declarando que el matrimonio como institución, además de crear vínculos de naturaleza personal, genera una serie de relaciones de carácter económico que se derivan de lo establecido en los artículos 67 y 68 del Código Civil.

Estos efectos obligacionales del contenido económico se producen desde la existencia del matrimonio, siendo indiferente el régimen económico matrimonial que los cónyuges estipulen o que legalmente se le atribuya, pues la finalidad de su establecimiento es la indicada en el artículo 1318 del Código Civil, es decir, la del “levantamiento de las cargas del matrimonio”,  a cuyo fin, “están sujetos” los bienes de los cónyuges.

La sociedad de gananciales es uno de los sistemas reguladores del régimen económico matrimonial y mientras subsista el matrimonio o los cónyuges no adopten otro sistema “se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos”, ganancias o beneficios que “serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla” (artículo 1344 del Código Civil).

Por otra parte, la calificación ganancial de un bien viene determinada por el propio Texto legal (artículo 1347) sin perjuicio de la “facultad compartida”, reconocida en el artículo 1355.

Es cierto que el artículo 1347.1 del Código Civil, establece que son bienes gananciales “los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de os cónyuges”, pero ese “hacer común” no supone difuminar la titularidad ni el origen de la renta obtenida y aportada puesto que “se hacen comunes” para cumplir un fin que se prolonga mientras subsista ese sistema de régimen económico matrimonial.

Los razonamientos de la Audiencia Nacional postulan la aplicación de las siguientes reglas:

1)    Determinación de la renta de los sujetos pasivos. Cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio aplicable a los cónyuges, la determinación de la renta de los sujetos pasivos tendrá en cuenta el origen o fuente de la misma, conforme a los criterios siguientes (…) los rendimientos  de actividades empresariales, profesionales o artísticas se consideran obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa, la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades empresariales, profesionales o artísticas.

2)    En la base imponible se integrarán exclusivamente las rentas obtenidas por cada sujeto pasivo.

Ya los criterios de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989 apuntan a que la renta se entenderá obtenida por los sujetos pasivos en función del origen o fuente de la misma, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio, por tanto, se habrá de estar al carácter personal o real de la renta obtenida, además de lo contemplado en las reglas de “individualización” que la Ley del impuesto contenga, sin que esto suponga confusión o difusión entre los titulares del rendimiento o entre los sujetos pasivos.

Se dice también en dicha Sentencia que mientras exista la comunidad de gananciales no puede hablarse de atribución legal de ganancias o beneficios de los bienes comunes y por ello, de imputación a efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las rentas obtenidas por uno de los cónyuges a favor del otro, pues no existe una remisión absoluta e incondicional de la norma tributaria a la civil.

En los informes ampliatorios de la inspección, se indica que es el obligado tributario, quien realiza la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos afectos a la actividad de forma habitual, personal y directa. Él es quien obtiene el rendimiento de la actividad empresarial y no conjuntamente con su esposa.

Conforme a la legislación sobre la Renta vigente en ese momento, la Audiencia resuelve que la colaboración de la referida esposa en la farmacia podría dar lugar a la declaración como gastos de la retribución satisfecha –en el caso de que así se hubiera producido- pero no a la atribución de rendimientos por mitad de la referida actividad.

Así también, el carácter ganancial, dice la Audiencia que no se desvirtúa:

1.-Porque el título universitario de Farmacéutico sea un bien privativo pues ello no impide que el negocio de farmacia, explotado por su titular, no pueda ser común.

2.-La autorización administrativa es determinante para la valoración de la Oficina de Farmacia, dado que no es sólo una autorización para ejercer la actividad, sino para ejercerla en un local porque se cumplen en él una serie de requisitos, pero el hecho de que sea una actividad reglamentada por razones de interés no desvirtúa su condición de empresa comercial susceptible de tráfico.

3.-La legitimación farmacéutica, en virtud del principio de indivisibilidad propiedad-explotación de la farmacia a favor de su titular autorizada, atribuye la titularidad dominical al farmacéutico, pero la propia legislación sanitaria recoge algunas excepciones a este principio de individualidad, como es el caso del derecho que se otorga durante un tiempo a los herederos y cónyuge del farmacéutico fallecido.

En cambio no regula la situación del farmacéutico casado en régimen de gananciales, que no es sino indiferencia, pues el hecho de que sea o no ganancial es una situación de interés particular o privado que en nada afecta a la titularidad efectiva de la salud pública. 

Se aduce además que los actos dispositivos sobre la farmacia ganancial, sometidos por el Código Civil a la regla de gestión conjunta de los esposos no contradicen la regla administrativa de la indivisibilidad de la propiedad; explotación de la farmacia a cargo de su titular, pues no entran en su ámbito de aplicación, citando para ello varios supuestos:

a) Transmisión de la farmacia ganancial

b) Cambio de actividad a otro lugar

c) Decisión de vender productos de parafarmacia

d) Renuncia a la oficina ganancial

En ellos se precisaría la decisión conjunta de ambos cónyuges.]]> Mon, 26 Jan 2009 +0200 La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2008, reconoce que en el precio en una escritura pública de compraventa de farmacia, de no ser cerrado, deben determinarse expresamente todas las condiciones del traspaso.

Asi, en algún caso en que el precio de farmacia se establecía en función de las ventas, surge la duda de si toma como cifra de ventas el importe facturado a la Seguridad Social, o bien, el importe realmente cobrado. 

Recientemente, unos farmacéuticos de Cádiz planteaban, más allá de los términos literales del contrato de compraventa, que la “facturación” indicada, como tal, en el contrato, se interpretase como “facturación”, es decir, la suma realmente entregada por la farmacia a la Seguridad Social en recetas, más la venta libre, sin contabilizar los descuentos.

Así, se pactó un precio global en la escritura de compraventa y además, las partes acordaron un incremento del mismo, para el caso de que se diera la siguiente condición: que en el plazo de cuatro años, contados a partir del momento de firma de la escritura pública de transmisión, se procediese a la apertura de un nuevo centro de salud en las inmediaciones de la oficina de farmacia. A consecuencia de lo anterior y en un período determinado de tiempo, debía producirse un incremento en la facturación de la oficina de farmacia a la Seguridad Social, equivalente, al menos, a un 50% sobre el volumen de ventas que existiese hasta ese momento.

La Audiencia Provincial –en segunda instancia- realizó una interpretación distinta de la del Juzgador de instancia y consideró que, pese a la condición de farmacéuticos de las partes, no se hizo constar más término que “facturaciones a la Seguridad Social”. Ello a pesar de que se sabía que, a efectos contables, una cosa es el precio de venta al público y otra lo que realmente se obtiene de una receta de la Seguridad Social. Apoyó su argumentación en la testifical del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz que calificó de facturación a la Seguridad Social los listados en los que aparece el precio de venta al público. 

El Tribunal Supremo también consideró que no se había infringido el Código Civil, pues el contrato hablaba de “facturación a la Seguridad Social” y se aplican estrictamente los períodos temporales fijados para computar la facturación.

SÍNTESIS 

Precio determinable en la compraventa. Interpretación literal de los contratos de compraventa. Cádiz

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 26 de Noviembre de 2008. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

El precio global de la operación –Escritura de compraventa de Oficina de Farmacia de Noviembre de 2000- incluido mobiliario, demás enseres y existencias, se estipula en más de 800.000 Euros (…).

“Las partes acuerdan el incremento del precio mencionado, en la cantidad de 150.000 euros, para el caso de que se diera la siguiente condición: que en el plazo de cuatro años contados a partir del momento de firma de la escritura pública de transmisión, se procediese a la apertura de un nuevo centro de salud en las inmediaciones de la Oficina de Farmacia, entre su actual ubicación y la actual localización de un cine próximo, en la misma calle, a consecuencia de lo cual, y tomando como referencia los últimos doce meses anteriores a la apertura del citado centro de salud, y respecto a los doce meses siguientes a esa apertura, se produjera un incremento en la facturación de la Oficina de Farmacia a la Seguridad Social equivalente al menos en un 50% sobre el volumen de ventas que existiese hasta ese momento.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La Audiencia Provincial realiza una interpretación distinta de la del Juzgador de instancia considerando que, pese a la condición de Farmacéuticos de las partes, no se hizo constar más término que “facturaciones a la Seguridad Social”, sabiendo que a efectos contables una cosa es el precio de venta al público y otra lo que realmente se obtiene de una receta de la Seguridad Social, sin que se hiciera precisión alguna a este respecto. Apoya su argumentación en la testifical del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz que califica de facturación a la Seguridad Social los listados en los que aparece el precio de venta al público. 

Considera el Alto Tribunal que no se ha infringido el artículo 1281.1 del Código Civil. Se corresponde con los términos literales del a estipulación pues habla de “facturación a la Seguridad Social” y se aplican estrictamente los períodos temporales fijados en la estipulación para computar la facturación.

La interpretación realizada por la parte recurrente, pues, va más allá de los términos literales del contrato y para poder ser aplicada hubiera necesitado, tal y como señala la Audiencia, que se hubiera recogido expresamente que la facturación debía entenderse como facturación contable, la ganancia realmente percibida por la farmacia una vez realizado el pago al Estado.]]> Thu, 05 Jun 2008 +0200 La Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia del 7 de febrero de 2008 declaró nula la compraventa de una farmacia, al no demostrarse que la farmacéutica, que otorgó poderes a sus hermanos, consintiera, o siquiera conociera la decisión de celebrar la compraventa.

En el proceso se alegó la enfermedad mental y la falta de plena capacidad de la farmacéutica titular. Por ello, en la sentencia se duda de que, en el momento de la compraventa, la titular dispusiera de plena capacidad legal sobre los poderes otorgados con anterioridad. 

La Audiencia señaló que lo correcto hubiera sido instar judicialmente la declaración total o parcial de incapacidad. De esa manera se hubiera suplido dicho déficit por medio de tutor, pero en todo caso, mediante la oportuna supervisión judicial.

La sentencia recogió en sus fundamentos que, con la excusa de dar protección a la farmacéutica y evitar que tomase decisiones contrarias a sus intereses, por razón de su enfermedad, se justificara su despatrimonialización a través de una contraprestación meramente simbólica, no percibida por la farmacéutica hasta el momento de la sentencia.

Si los demandados o su familia eran sus acreedores, lo oportuno hubiera sido reclamarle lo que les debía, no acudir a vías indirectas para obtener su satisfacción, sin la voluntad aquiescente de la titular, concluyó la Audiencia.

Por ello, en el Gabinete visamos y valoramos, la capacidad jurídica de las partes, ya que el uso incorrecto de unos poderes pueden derivar en la nulidad del contrato de compraventa y del traspaso de la farmacia.

Esto tiene especial relevancia, para el tercero que compra de buena fe, la oficina de farmacia.

SÍNTESIS

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 7 de Febrero de 2008. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Se trata la nulidad de la escritura pública de compraventa de Oficina de Farmacia, situada en la provincia de Valencia. 

La declara el Juzgado de 1ª Instancia y la ratifica la Audiencia Provincial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La Audiencia discrepa sobre la distinción entre mandato y representación, como figuras ajenas entre sí, puesto que el mandato puede serlo representativo. 

Se produce un uso incorrecto del mandato general concedido puesto que los actos que se realizan empleando tales poderes no obedecen a la voluntad conforme de la parte vendedora en el momento en que se plasma la compraventa, con independencia de que no sea hasta pocos días después que resulten revocados los poderes otorgados a sus hermanos.

Como señala la doctrina jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Enero de 2000) se produce un uso incorrecto del mandato en el supuesto de extralimitación en el ejercicio del mismo conforme al artículo 1714 del Código Civil, ya que las facultades concedidas a los mandatarios para realizar negocios jurídicos por cuenta del mandante tienen su origen en la conforme declaración de voluntad que proviene del mismo, a la que deben ajustarse, sin autorizar al mandatario a excederse para llevar a cabo negocios con terceros que no eran los previstos, no queridos y por tanto autorizados por quien otorgó el poder. 

No se demuestra en los autos que el poderdante consintiera, o siquiera conociera la decisión de celebrar el contrato de compraventa de la farmacia.

Si además se alega la enfermedad mental y la no disposición de plena capacidad, en modo alguno se podía considerar que en el momento de la compraventa se disponía de la voluntad capaz implícita de los poderes otorgados con anterioridad, esto es, que tales poderes siguieran desplegando sus efectos en la consideración que quien los otorgó disponía de capacidad para facultar a los apoderados en las decisiones adoptadas. Siendo que lo correcto hubiera sido instar judicialmente desde que se conocía dicha situación la declaración total o parcial de incapacidad,  suplir dicho déficit por medio de tutor o curador, o en su caso provisionalmente mediante guardador de hecho, pero en todo caso mediante la oportuna supervisión judicial, puesto que a partir de encontrarse la persona incapacitada para decidir, los mecanismos de representación voluntaria dejan de resultar plenamente operativos. 

Fundamenta la Sentencia, “sin que con la excusa de dar protección sui generis a la parte actora fuera de los anteriores cauces, en evitación de adopción por ésta de decisiones contrarias a sus intereses por razón de su enfermedad, se justifique  la situación producida en la práctica, mediante la compraventa realizada, de despatrimonialización del Titular de la farmacia que le pertenecía hasta ese momento, a través de una contraprestación, que, se insiste y se reconoce, era meramente simbólica y por lo demás, no percibida hasta el momento por aquél. 

Y si los demandados o su familia eran acreedores del Titular lo oportuno era reclamarle lo que les debía, pero no acudir a vías indirectas para obtener su satisfacción sin la voluntad aquiesciente del mismo.]]> Tue, 02 Jun 2009 +0200 El traspaso de una oficina de farmacia sin haber respetado el antiguo derecho de los farmacéuticos colindantes conllevará una indemnización para la parte compradora. Así lo dispone la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Junio de 2007, sobre una farmacia traspasada en Burgos.

Según la Sentencia, la parte vendedora no había respetado el derecho de adquisición preferente para la amortización de la farmacia prevista en la normativa de ordenación farmacéutica del Real Decreto 909/78.

Para el Alto Tribunal, la parte vendedora manifestó que, en el momento de suscribir el contrato, gozaba de plena disponibilidad de la farmacia. Esto pudo llevar a la compradora a entender que la obligación administrativa de comunicación acerca de su futura enajenación, había sido cumplida previamente.

El Tribunal Supremo estimó que la indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la compradora debía quedar reducida al cumplimiento de la cláusula penal que se estipuló en el contrato de arras penales.

Recomendamos extremar la diligencia de la parte vendedora, para cumplir con todos los requisitos que establece la legislación farmacéutica.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Junio de 2007. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Los Farmacéuticos colindantes ejercieron el derecho que les confería el artículo 5 del RD 909/1978 de 14 de Abril en relación con los artículos 12 y 13 de la Orden Ministerial de 21 de Noviembre de 1979, que lo desarrolla y adquirieron la farmacia que era titularidad del Farmacéutico Titular, para su amortización.

El Alto Tribunal razona que si bien eran conocidas por ambas partes la normas reglamentarias de las que se desprende un derecho de adquisición preferente por parte de los Farmacéuticos colindantes, la parte vendedora manifestó en el momento de suscribir el contrato, gozar de plena disponibilidad de la farmacia, lo que sin duda pudo llevar a la compradora a entender que la obligación administrativa de comunicación acerca de su futura enajenación había sido cumplida previamente por el demandado Farmacéutico Titular.

Para ello también resultaba determinante la intervención en el contrato de una entidad especializada en la compraventa de farmacias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Según el Tribunal Supremo, constituye una contravención de las obligaciones del vendedor en orden a poner en conocimiento del comprador todas las circunstancias que pueden influir en la eficacia del contrato y supone una actuación, al menos negligente, por parte de aquél que, en consecuencia, habrá de responder de tal incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Civil sin que por el contrato quepa atribuir a la compradora contribución alguna de carácter culposo en tal incumplimiento.

Dicho incumplimiento del vendedor hace surgir en la compradora la facultad resolutoria prevista en el artículo 1124 del Código Civil, con los efectos de poder instar junto con la resolución contractual el resarcimiento de daños y abono de intereses. 

Por un lado, se infiere claramente que la indemnización de daños y perjuicios correspondiente a la compradora ha de quedar reducida al cumplimiento de la cláusula penal que se estipuló en el contrato de arras penales con entrega a la misma de la cantidad de 8 millones de pesetas por todos los conceptos –además de la devolución de sus 8 millones de pesetas-.

Respecto a la entidad especializada en compraventas de farmacia faltó a sus obligaciones contractuales derivadas del arrendamiento de servicios que había concertado con la actora pero por ausencia de la cuantificación de la cuantía de la indemnización en la pretensión y no una formulación de peticiones de cantidad de carácter genérico, concluye el Alto Tribunal que genera falta de claridad y precisión en la demanda que impide al tribunal el dictado de una sentencia igualmente clara y precisa –artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- lo que ha de llevar a la desestimación de la pretensión incorrectamente formulada.]]> Fri, 25 Jan 2008 +0200 El incumplimiento de un contrato de compraventa de farmacia conlleva una indemnización, cuando no se puede obligar a su cumplimiento si la farmacia ya ha sido vendida a un tercero, que actuó de buena fe. Así lo decidió el Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala de lo Civil de 4 de julio de 2005.

El Supremo falló a favor de la vendedora, en un contrato de traspaso de farmacia de la provincia de Segovia. La farmacéutica lo incumplió al venderla a un tercero. Pero le obligó a indemnizar a la farmacéutica compradora con la que había acordado la venta de dicha farmacia.

El Alto Tribunal no pudo obligar a la farmacéutica vendedora al cumplimiento del contrato, por haberse vendido y entregado la posesión de la oficina de farmacia a un tercero, que obró de buena fe. En su lugar, fue condenada a la indemnización por daños y perjuicios.

En ocasiones, se firma un contrato privado entre las partes, que no es respetado, ante la aparición de una oferta mejor. En estos casos, los Tribunales entienden que nace un derecho indemnizatorio a la parte que ha resultado perjudicado.

SÍNTESIS 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 4 de Julio de 2005. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Se debate el cumplimiento del contrato de compraventa de Oficina de Farmacia o en su caso la nulidad  o resolución, en relación al pago aplazado convenido, entrega de la posesión de la farmacia y abonar daños y perjuicios ocasionados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Ante la imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo tales actos, por haberse vendido el mismo bien –la Oficina de Farmacia- a un tercero, parece ser que de buena fe, al que se le entregó la posesión dicha, el órgano judicial sustituyó en su sentencia, la realización de esas declaraciones y de su correspondiente condena, por devenir imposible, por la de la “indemnización sustitutoria”.

La Sala, (por pérdida del objeto o imposibilidad física o jurídica de entregar el mismo), acordó, en aplicación del artículo 1101 del Código Civil, que tal indemnización, por falta de datos en la fase declarativa del proceso, y sin poder sentar las bases para su cuantificación, se llevara a cabo en ejecución de sentencia.]]> Tue, 27 Jan 2009 +0200 La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2008 ratificó que se había respetado el derecho de adquisición preferente de la regente. Sucedió al juzgar el caso de una farmacia de la Comunidad Autónoma de Asturias heredada, que fue vendida a otra farmacéutica, respetando el precio ofrecido a la regente, ante su falta respuesta.

La regente defendió que fueron los herederos de la farmacéutica fallecida los que una y otra vez trataron de hacer inoperante ese derecho e impedir a toda costa que la farmacia le pudiera ser traspasada. Según el Alto Tribunal se  acreditaron los diversos requerimientos notariales efectuados por los herederos a la regente, comprobando la falta de aportación de depósito, aval o garantía bancaria por ésta.

Según el Supremo, en el procedimiento seguido para el traspaso de la farmacia, se satisficieron las garantías establecidas por la normativa farmacéutica. Tampoco se acreditó –a juicio del Tribunal Supremo- que hipotéticos defectos hubieran colocado a la regente en una situación de indefensión.

Aconsejamos no intentar burlar los derechos de adquisición preferente de los regentes, dado que ello no beneficia al vendedor, pero pueden surgir contingencias jurídicas.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, 15 de Julio de 2008. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Desde finales de Abril de 1997 se podía enajenar la Oficina de Farmacia, cumpliendo el orden preferencial previsto en el artículo 6.1b) del Real Decreto 909/1978 de 14 de Abril y en el plazo de 18 meses, pues transcurrido el mismo caducaría la autorización de la Oficina de Farmacia, procediéndose a su clausura, como previene el citado precepto reglamentario.

Quedan acreditados y aportados a los autos los diversos requerimientos notariales realizados por la propiedad a la Regente:

*fijando día para su transmisión

*con designación de Notario por la Regente

*con aportación incluso de minuta de la escritura pública a otorgar

*con remisión de telegrama Septiembre de 1999

No aportándose por ella depósito, aval o garantía bancaria, no pudiéndose producir la transmisión dentro del plazo de 18 de meses a la Regente, verificándose el traspaso a otra Farmacéutica en escritura pública autorizada en Oviedo en Septiembre de 1999 si bien previamente se intentó un último requerimiento notarial en Septiembre de 1999, a fin de acreditar por la Regente la disposición del dinero para efectuar la transmisión y el otorgamiento de la compraventa al día siguiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

No se niega que en el supuesto enjuiciado hubiera de respetarse el orden de prelación que establece el artículo 6.1 de aquel Real Decreto 909/1978. Más en concreto, no niega que la Regente ocupara en él la posición y situación a que se refiere la letra b) de ese artículo 6.1. Lo que se afirma, teniéndolo por acreditado,, es que la propiedad, esto es, los herederos de la Farmacéutica fallecida, realizó diversos requerimientos notariales a la Regente a fin de que ésta ejercitara su derecho, sin que pese a ello aportara depósito, aval o garantía bancaria, y sin que pudiera producirse la transmisión a su favor dentro del plazo de 18 meses de que aquélla disponía para no ver caducada la autorización de la Oficina de Farmacia.

Nota normativa.-Artículo 6, RD 909/1978

1. En los casos de fallecimiento del farmacéutico, no será de aplicación el plazo que señala el artículo 5.1, y la adquisición, cesión, traspaso o venta podrá realizarse en la siguiente forma:

1. 1.     Si el heredero reúne los títulos necesarios para continuar al frente de la misma, puede seguir su explotación o enajenarla. Si al tiempo de fallecer el farmacéutico titular de la farmacia su cónyuge o hijos estuvieran ya cursando estudios de farmacia y pretendan continuar el ejercicio profesional con la oficina de farmacia, podrá autorizarse la continuidad en el funcionamiento de la misma hasta que los expresados herederos terminen su carrera, cesando esta reserva la titularidad con la pérdida de dos cursos consecutivos o tres alternos.
2. 2.     A favor del farmacéutico o farmacéuticos agregados o participes de la propia oficina de farmacia, a que se refiere el artículo primero, tres.
3. 3.     A favor del farmacéutico o farmacéuticos colindantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.2, y reserva, en su caso, al hijo estudiante de farmacia, de la condición de farmacéutico agregado o participe.
4. 4.     Y a favor de cualesquiera otro u otros farmacéuticos, siendo entonces de aplicación la oferta de opción o tanteo prevista en el artículo 5.2.

2. Alguna de las anteriores decisiones habrá de adoptarse por los herederos y formalizarse antes de transcurridos dieciocho meses, caducando en otro caso la autorización de la oficina de farmacia, procediéndose a su clausura. Durante el mencionado plazo, así como mientras dure la reserva de titularidad por estudios de farmacia del cónyuge o hijos, la oficina de farmacia podrá seguir funcionando siempre que, a su frente, figure un farmacéutico.

La Oficina de Farmacia se vendió finalmente a otra Farmacéutica respetando el precio ofrecido en todo momento a la Regente (según se afirma, igualmente en el informe)y no deviene posible alcanzar la conclusión de que en el procedimiento seguido para el traspaso no se hubieran satisfecho las garantías que laten en las previsiones de los artículos 12 y 13 de la Orden de 21 de Noviembre de 1979, ni la de que sus hipotéticos defectos hubieran colocado a la Regente en una situación de indefensión.

La tesis central de la Regente, expresada al hilo de discrepar del contenido del informe y sintetizada en la idea de que su conducta no puede entenderse como de renuncia a su derecho de adquisición preferente, habiendo sido los herederos de la Farmacéutica fallecida los que una y otra vez trataron de hacer inoperante ese derecho e impedir a toda costa que la farmacia le pudiera ser traspasada, sin vacilar en ocultar, negar o, eventualmente, falsear datos e informaciones indispensables para ultimar el traspaso, no se concilia con aquella situación de hecho que la Sala de instancia tuvo por acreditada al referirse a los diversos requerimientos notariales, a la falta de aportación de depósito, aval o garantía bancaria, y a que el traspaso no pudo producirse a favor de la Regente dentro del plazo de 18 meses en que debía efectuarse.]]> Sat, 12 Mar 2011 +0200 El nombramiento testamentario del tutor no lo legitima para representar al menor de edad ni para administrar sus bienes. La representación debe constituirse judicialmente en la forma establecida en el Código Civil, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.

Asistimos a un caso, en que tras el fallecimiento de un farmacéutico titular de una farmacia de la provincia de Valencia, viudo y con una hija menor, en su última disposición testamentaria instituyó heredera universal a su única hija y nombró tutor a su hermano, tío de la niña.

Éste, en representación de la menor, vendió la farmacia a un tercero. La Sala determinó que el contrato de esa compraventa era ineficaz, ya que la tutoría legal de la menor había recaído en otra persona. Por este motivo no conllevaba ninguna obligación para su patrimonio.

El contrato –a juicio de la Audiencia- era una auténtica compraventa formalizada por quien no tenía la representación legal de la menor ni podía administrar sus bienes. No puede designarse un tutor simplemente estableciéndolo en el testamento.

La institución tutelar tiene una dimensión pública y queda supeditada a la preceptiva intervención judicial. Cualquier contravención al carácter imperativo de las normas que regulan la administración y los actos de disposición de los bienes del menor sujeto a tutela, conllevan su nulidad absoluta.

En estos casos, en el Gabinete recomendamos al designar un albacea, como una persona querida y respetada dentro de la familia, para administrar el patrimonio del testador; pero que difiere de la figura del tutor.

SÍNTESIS

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de Junio de 2003. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

El 27 de Julio de 1997 falleció el Farmacéutico Titular, viudo y con hija menor.

En su última disposición testamentaria instituye heredera universal a su única hija y nombra tutor a su hermano con la facultad de administrar los bienes que la titulada herede hasta alcanzar la mayoría de edad.

El hermano, ante el fallecimiento del Farmacéutico Titular, gestionó ante el Colegio de Farmacéuticos la continuidad de la explotación a través del sistema de regencia, situación provisional hasta que pudiera traspasarse la licencia y administró la farmacia, abriendo en Septiembre de 1997 una cuenta corriente de la que era titular, vinculada a la explotación de la farmacia. 

En Septiembre de 1997, en nombre y representación de la menor vende a un tercero la Oficina de Farmacia por precio de 85 millones de pesetas, cobrando a cuenta 5 millones de pesetas. Y el resto, cuando obtuviera el nombramiento de tutor y la autorización judicial, conviniendo una cláusula de resolución (la tercera) para el supuesto de que no se obtuvieran las autorizaciones judiciales pertinentes; El importe recibido se ingresa en la cuenta corriente citada.

A finales de Octubre de 1997 se promueve expediente de jurisdicción voluntaria para nombramiento de tutor y constitución de tutela de la menor por la que el hermano debía abstenerse de efectuar actos de administración de los bienes de la menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La primera cuestión para la Sala es si se puede instar la nulidad del contrato de compraventa de la Oficina de Farmacia de Septiembre de 1997. 

El nombramiento testamentario del tutor no legitima al designado para representar a la menor de edad ni para administrar sus bienes por cuanto la misma debe constituirse judicialmente en la forma establecida en los artículos 229 y 231 del Código Civil y una vez constituida se da posesión de su cargo al tutor nombrado –artículo 259 del Código Civil- iniciándose “de iure” la administración y representación. Determina la Sala que el contrato de Septiembre de 1997 es ineficaz  -ya que fue otra persona la designada tutora de la menor- y por tanto, sin contenido obligacional para el patrimonio de la menor.

Además no resulta probado que el importe de los 5 millones de pesetas haya redundado en beneficio del patrimonio de la menor.

El contrato es una auténtica compraventa formalizada por quien no tenía la representación legal de la menor ni podía administrar sus bienes. No podía considerarse al hermano como tutor de la menor.

Con independencia de su falta de representación, el contrato suscrito, al afectar a una enajenación de un establecimiento mercantil, estaba sujeto a la preceptiva autorización judicial, limitándose, en el mejor de los supuestos, a formalizar un precontrato condicionado a la obtención de la misma, que es muy diferente a la formalización de un contrato de compraventa.

La institución tutelar tiene una dimensión pública y queda supeditada a la preceptiva intervención judicial, sancionándose con la nulidad absoluta o radical cualquier contravención al carácter imperativo de las normas que regulan la administración y los actos de disposición de los bienes del menor sujeto a tutela. 

No se acredita que el importe de los 5 millones de pesetas haya redundado en beneficio de la menor, no solo por la falta de justificación del contenido obligacional del préstamo, supuestamente concedido al Farmacéutico fallecido, sino porque no se justifica el destino de un importe superior a 3 millones de pesetas y que constituía uno de los presupuestos de una posible transacción que debía someterse a la preceptiva autorización judicial.

Porque la prueba practicada demuestra que el contrato de Septiembre de 1997 por el que se vendía el establecimiento de farmacia por 85 millones de pesetas ha sido mejorado en cuanto al precio en el contrato de venta formalizada en Noviembre de 1998 por el tutor y defensor judicial de la menor, bajo el control de la autoridad judicial, prueba inequívoca de que se persigue el interés y beneficio de la menor.]]> Tue, 11 Nov 2008 +0200 El silencio administrativo positivo no es de aplicación en los procedimientos cuyo objeto es decidir sobre solicitudes de autorización de oficinas de farmacia. Así lo dispone la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, el auto de la Sala de lo Contencioso de 12 de Diciembre de 2008.

Los procedimientos de autorización de oficinas de farmacia son de concurrencia selectiva. La obligación de resolver no surge con la petición unilateral de los solicitantes, sino que se requiere la tramitación necesaria para que otros posibles interesados puedan optar a la autorización si acreditan mayores méritos.

El Alto Tribunal entiende que estas autorizaciones transfieren, a quien las obtiene, facultades relativas al servicio público. Los establecimientos de farmacia, aunque no constituyan un servicio público en sentido estricto, sí son instrumentos necesarios e insustituibles para la adecuada y eficaz prestación del servicio público sanitario.

Sobre el régimen jurídico al que debe sujetarse la apertura de oficinas de farmacia, el Supremo señala que están sujetas a un régimen de autorización y no de concesión. Entiende también que han de tomarse en consideración la preexistencia del derecho al libre ejercicio profesional, la libertad de empresa, los valores de libertad y justicia social y la proscripción de situaciones de discriminación.

Por lo tanto, no podemos considerar el silencio administrativo como una autorización de una oficina de farmacia.

SÍNTESIS

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso de 12 de Diciembre de 2008. (Fuente de información:Centro de Documentación Judicial).

El Tribunal Supremo transcribe que “los procedimientos de autorización de Oficinas de Farmacia son procedimientos de concurrencia selectiva, en los que la obligación de resolver no surge con la petición unilateral de los solicitantes, sino que se requiere la tramitación necesaria para que otros posibles interesados puedan formular sus peticiones a fin de que la Administración, en su caso, otorgue la autorización a quien acredite tener mayores méritos”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Es jurisprudencia reiterada la que considera que el silencio administrativo positivo no es de aplicación en los procedimientos cuyo objeto es decidir sobre solicitudes de autorización de Oficinas de Farmacia. 

Estas autorizaciones no dejan de transferir a quien las obtiene facultades relativas al servicio público, pues los establecimientos de farmacia, aunque no constituyan un servicio público en sentido estricto, sí son instrumentos necesarios e insustituibles para la adecuada y eficaz prestación del servicio público sanitario.

Sobre el régimen jurídico al que debe sujetarse la apertura de Oficinas de Farmacia:

1)    las Oficinas de Farmacia están sujetas a un régimen de autorización y no de concesión

2)    las Oficinas de Farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público y no servicios públicos

3)    Lo contrario, no se ajusta a la CE en concreto a su artículo 128.2 ni a la racionalidad del sistema económico; que también han de tomarse en consideración la preexistencia del derecho al libre ejercicio profesional, la libertad de empresa, los valores de libertad y justicia social y la proscripción de  situaciones de discriminación

4)    En fin, que por todo ello, la recta interpretación del artículo 43.2 de la Ley 30/1992 abona la conclusión que se sostiene.

Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado. 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

4.-En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

5.-En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Lógicamente, la autorización administrativa decae, si decae el traspaso.

Así, por ejemplo, el contrato de compraventa de una oficina de farmacia de Valencia de Alcántara (Cáceres) fue declarado nulo por la jurisdicción civil.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de marzo de 2009 que ratificó una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, concluyó que, al declararse dicha compraventa nula y no llegar a existir, la Administración pudo dejar la autorización sin efecto, tras el procedimiento oportuno, con retroacción al momento inicial.

Según la sentencia, el comprador carecía de un requisito o condición esencial, de conformidad con la normativa administrativa, que considera nulo de pleno derecho el acto por el que se adquieran facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Para no incurrir en desviación procesal, el Supremo dejó fuera del ámbito del recurso todo lo referente a la nulidad o subsidiaria anulabilidad de la resolución relativa al nombramiento de una farmacéutica regente. Esta resolución que fue objeto de impugnación independiente en alzada y desestimada por silencio administrativo.

Resulta vital antes de llevar a cabo la compraventa, que el comprador cumpla con todos los requisitos objetivos y subjetivos que exige nuestro Ordenamiento Jurídico para ser propietario de una oficina de farmacia.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de Marzo de 2009. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Por ella no ha lugar el recurso de casación. Por tanto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso de 20 de Febrero de 2007 deviene firme. Oficina de Farmacia de Valencia de Alcántara.

El contrato de compraventa fue declarado por jurisdicción civil nulo por simulación absoluta, siendo ese contrato el título utilizado para obtener la autorización de traspaso. Ésta se concedió al Farmacéutico compradro en el año 1996 porque en apariencia cumplía el requisito esencial de la adquisición del bien por compraventa. Si ésta es nula y no llegó a existir, puede la Administración tras el procedimiento oportuno dejar aquella sin efecto, con retroacción al momento inicial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La Sala de Instancia incluye en el fallo de su sentencia 2 pronunciamientos distintos:

1.-Desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Consejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura de 9 de Febrero de 2005 que decidiendo un procedimiento de revisión de oficio y por apreciar que concurría la causa de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 3071992 declaró nulo el acuerdo de 26 de Junio de 1996 del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres que había autorizado el traspaso de la Oficina de Farmacia  sita en Valencia de Alcántara.

2.-Declara la inadmisibilidad de las pretensiones deducidas.

Del contenido de la Sentencia por lo que se afirma y razona se aducen algunos razonamientos: 

a)    De cara a no incurrir en desviación procesal, por ser un acto no integrado en el procedimiento de revisión de oficio, que trata de una situación independiente y autónoma de él, queda fuera del ámbito del recurso lo referente a la nulidad o subsidiaria anulabilidad de la resolución relativa al nombramiento de una Farmacéutica regente –resolución que fue objeto de impugnación independiente en alzada y desestimada por silencio administrativo.

b)    El contrato de compraventa fue declarado por jurisdicción civil nulo por simulación absoluta, siendo ese contrato el título utilizado para obtener la autorización de traspaso. Ésta se concedió al Farmacéutico comprador en el año 1996 porque en apariencia cumplía el requisito esencial de la adquisición del bien por compraventa.

Si ésta es nula y no llegó a existir, puede la Administración tras el procedimiento oportuno dejar aquella sin efecto, con retroacción al momento inicial. El artículo 62.1f) de la Ley 30/1992 considera nulo de pleno derecho el acto por el que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Ello es lo que ocurre en el caso de autos, pues el beneficiario del traspaso carecía de un requisito o condición esencial. ]]> Mon, 16 Feb 2009 +0200 El requisito de permanencia en su ubicación de cómo mínimo tres años, necesario para instar un traslado de farmacia, conforme a la Ley de Ordenación Farmacéutica valenciana de 1998, se refiere exclusivamente a la oficina de farmacia.

Así lo declaró una sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de Noviembre de 2008, que confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 20 de febrero de 2006.

A criterio de la Sala, de la lectura de la norma se deduce que la permanencia viene referida a la oficina de farmacia: “traslado de la misma dentro del mismo municipio y, en su caso, núcleo de población para el que fue autorizada, cuando hayan permanecido al menos tres años en su ubicación”. En cambio, no afecta a su titular.

La sentencia del Supremo se originó a raíz de la compraventa de la farmacia. La farmacéutica titular solicitó el traslado ese mismo año. Ella no cumplía los tres años de permanencia, pero la farmacia comprada, sí, por lo que se le autorizó.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de Noviembre de 2008. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

TRASLADO FARMACIAS. Resoluciones de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, sobre la autorización solicitada por la Titular Farmacéutica para el traslado voluntario de su Oficina de Farmacia desde su actual emplazamiento a un nuevo local de destino, del mismo municipio de Alicante. Y sobre la denegación de la autorización de traslado de su Oficina de Farmacia, desde su actual emplazamiento de origen, en el municipio de Alicante, a un nuevo local de destino,  en el mismo municipio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se debate, entre otros argumentos, si la Farmacéutica –adquirente en una compraventa de farmacia (25.05.2001)-cuya solicitud de traslado tuvo lugar el 26.05.2001, no cumplía con los 3 años de permanencia estipulados en el artículo 27 de la Ley 6/1998 puesto que acababa de adquirir la farmacia respecto a la cual se autorizó el traslado; en relación a ello la Sala debe significar que de la lectura del citado precepto, se infiere que la permanencia viene referida a la Oficina de Farmacia (“traslado de la misma dentro del mismo municipio y, en su caso, núcleo de población para el que fue autorizada, cuando hayan permanecido al menos tres años en su ubicación”) y no a la del Farmacéutico/a, pero es más, dicha circunstancia viene corroborada por el Decreto 187/01 de 27 de Noviembre del Gobierno Valenciano, que desarrolla la Ley 6/1998 de 22 de Junio de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 9, dispone lo siguiente:

El mero hecho de contar con el permiso de los colindantes no es suficiente para autorizar un traslado o una nueva apertura de farmacia.

A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo denegó el traslado forzoso de una farmacia de Tudela (Navarra), pedido por segunda vez, ya que el caso estaba juzgado y no se cumplían las condiciones de ese tipo de traslado. Así lo decidió la Sala de lo Contencioso, en sentencia de 15 de octubre de 2009.

La farmacéutica intentó cambiar la ubicación de su farmacia por traslado forzoso, y las farmacias cercanas se opusieron. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón a las colindantes. Al cabo de 4 años pidió otra vez el traslado forzoso, esta vez con el consentimiento de las farmacias colindantes. Pero el Supremo, confirmando la sentencia del Tribunal Superior, volvió a denegarlo porque era el mismo caso que la vez anterior.  Y seguían sin cumplirse los requisitos del traslado forzoso.

La cronología de los hechos, fue la siguiente, según la Sala:

En febrero de 2001 la farmacéutica titular solicito el traslado de un número a otro de la misma calle de Tudela. Se acompañó escrito de la entidad financiera propietaria de los locales, en el que se manifestaba su voluntad de dar por finalizado el contrato de arrendamiento.

El farmacéutico colindante se opuso al traslado por entender que no respondía a fuerza mayor y que no se respetaban las distancias.

Por resolución el Director General del Departamento de Salud de 2001, se autorizó el traslado.

Contra esta resolución, varios farmacéuticos colindantes interpusieron recurso de alzada y por desestimación, interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que los tribunales resolvieron a su favor.

En noviembre de 2004, la farmacéutica titular realizó una nueva petición para el traslado en el mismo sentido. En dicha petición se adujo tanto la desaparición del contrato de arrendamiento anterior por causa legal no imputable a su voluntad, como el derribo físico del edificio en donde se ubicaba el anterior local. Incluso, se aportó la conformidad de los farmacéuticos que en su día impugnaron el traslado inicialmente concedido y posteriormente anulado judicialmente. Pero el Supremo no aceptó que esto supusiese un traslado forzoso.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 15 de Octubre de 2009. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial). 

TRASLADO OFICINA DE FARMACIA. Resolución 2142 de 24 de Diciembre de 2004 que deniega el traslado de la Oficina de Farmacia desde el local de origen de la ciudad de Tudela al local existente en otro número de la misma calle. Se articulan el traslado definitivo y el traslado provisional de la Oficina de Farmacia. El Tribunal Supremo entiende que no ha lugar al recurso de casación y confirman la denegación de traslado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Íter cronológico según la Sala:

1.-Se solicita por la Titular Farmacéutica, en fecha 28 de Febrero de 2001 el traslado. Se acompaña escrito de fecha 28 de Febrero de 2001 de la entidad financiera, propietaria de los locales, en el que se manifiesta su voluntad de dar por finalizado el contrato de arrendamiento.

2.-El Farmacéutico colindante se opuso al traslado por entender que no respondía a fuerza mayor y que no se respetaban las distancias.

3.-Por Resolución 1902/2001 de 24 de Diciembre el Director General del Departamento de Salud, se autoriza el traslado.

3.-Contra esta resolución, otros Farmacéuticos colindantes, interpusieron recurso de alzada y por desestimación, interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, de los que se obtiene sentencia firme estimatoria. 

4.-Con fecha 22 de Noviembre de 2004, la Farmacéutica Titular realiza una nueva petición para el traslado. En dicha petición se aduce:

*desaparición del contrato de arrendamiento anterior por causa legal no imputable a su voluntad

*el derribo físico del edificio en donde se ubicaba el anterior local y el hecho de que los Farmacéuticos que en su día impugnaron el traslado inicialmente concedido y posteriormente judicialmente anulado, manifiestan su consentimiento expreso al solicitado ahora en 2004.

No se discute la firmeza tanto de la sentencia de 31 de Octubre de 2003, en cuyo recurso no compareció la Titular Farmacéutica, como de la posterior de 5 de Marzo de 2004 en la que sí lo hizo.

El acto en cuestión en ambas sentencias era el mismo que el que se debate en el Tribunal Supremo, el traslado de la farmacia a otro local, el mismo en todos los supuestos y en las 2 sentencias se hablaba que se trataba además de un traslado forzoso.

Y por último, en todos los casos, el demandado era el Gobierno de Navarra, como en el litigio ante el Tribunal Supremo.

Con fecha 9 de Diciembre de 1997, la farmacéutica interpuso escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios personales y económicos sufridos durante aproximadamente 10 años. Durante ese período, fue privada injustamente por la Comunidad Autónoma de Madrid, de la autorización para abrir una oficina de farmacia en un barrio de Navalcarnero.

El período abarcaba desde el 8 de Mayo de 1987, cuando se denegó su solicitud de apertura hasta el 2 de Junio de 1997. En esta última fecha, la Administración dictó resolución por la que autorizaba a la farmacéutica a la apertura de oficina de farmacia, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de Diciembre de 1996.

Al parecer, el farmacéutico a quien le fue concedida la autorización de apertura de farmacia y la citada farmacéutica, habían solicitado autorización para la instalación de farmacia de núcleo en el municipio de Navalcarnero. Se solicitaron en dos núcleos distintos. Pero con la particularidad de que, la zona propuesta por la farmacéutica se encontraba comprendida dentro de la zona más amplia propuesta por el farmacéutico. La solicitud de éste fue anterior y ostentaba prioridad.

SÍNTESIS

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE ANULACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO: APERTURA DE OFICINA DE FARMACIA

El Farmacéutico a quien le fue concedida la autorización de apertura de farmacia y la Farmacéutica actora, habían solicitado la autorización para la instalación de farmacia al amparo del artículo 3.1.b) del Real Decreto 909/78 de 14 de Abril en el municipio de Navalcarnero (Madrid) en dos núcleos distintos con la particularidad de que la zona propuesta por la actora se encontraba comprendida dentro de la zona más amplia propuesta por aquél, cuya solicitud ostentaba prioridad sobre la de la Farmacéutica (10 de Enero de 1986 y 13 de Enero de 1986).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 16 de Septiembre de 2009. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y  NORMATIVA

A finales de 1997, la farmacéutica interpuso escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios personales y económicos sufridos durante aproximadamente 10 años por haber sido privada injustamente por la Comunidad Autónoma de Madrid de la autorización para abrir una Oficina de Farmacia en un barrio de Navalcarnero, concretamente entre el 8 de Mayo de 1987, en que se denegó su solicitud de apertura y el 2 de Junio de 1997, en que en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de Diciembre de 1996, la Administración dictó resolución autorizando a la farmacéutica a la apertura de Oficina de Farmacia.

La sentencia dicta que no ha lugar al recurso de casación e impone las costas a dicha farmacéutica.

La Sala se pronuncia y alude a que teniendo en cuenta que la simple anulación en vía judicial del acto administrativo que concedió la autorización de apertura de farmacia al farmacéutico y la denegó a la farmacéutica no determinaba, como apreció el Tribunal sentenciador de instancia, de forma automática e ineludible la concesión a ésta última, sino que para ello resultaba necesario que la norma se integrara con la apreciación de conceptos jurídicos determinados en que, como reconoce la doctrina jurisprudencial de esta Sala, antes mencionada, es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración, la resolución administrativa denegatoria de la autorización de apertura de farmacia no puede estimarse, conforme a los criterios anteriores, como no razonada o irrazonable, aún cuando resultara disconforme con el ordenamiento jurídico, ya que las circunstancias concurrentes permiten valorar con un margen de apreciación razonable, los requisitos reglamentarios exigidos para apreciar la existencia de un núcleo de población, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1b) del Real Decreto 909/78 de 14 de Abril.  

El Alto Tribunal desgrana los argumentos de dos hermanos Farmacéuticos recurrentes. Estima, entre otros aspectos, que la cuantía de los asuntos en los que se debate la apertura de una nueva Oficina de Farmacia debe calificarse como indeterminada. Esto significa que no procede la “treta”, en muchas ocasiones utilizada en casación, conforme a la cual, para que pueda admitirse el recurso de casación es preciso que de conformidad con lo que expresa la Ley de la Jurisdicción, en la sentencia recaída, cualquiera que fuere la materia, se ventile o resuelva una cuestión cuya cuantía exceda de ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros.

Según los Farmacéuticos, más de dos años después de haber acudido al Juzgado para obtener el reconocimiento jurídico de su derecho de apertura de farmacia, la Dirección general de Aseguramiento de Sevilla, que había contestado la demanda insistiendo en que no existían habitantes suficientes para otorgar la apertura, cambió radicalmente de signo. Dictó una resolución pretendiendo estimar en parte el recurso, cuando lo que realmente hizo es anular la resolución de la Delegación de Granada y retrotraer el expediente a la fase anterior a la publicación, con una única finalidad; perjudicar el derecho legítimo de ambos Farmacéuticos –según éstos- con más puntos en el expediente y que así perdieran su legítima expectativa de derecho de apertura, obtenida por haberse seguido escrupulosamente con corrección los trámites establecidos en la legislación farmacéutica. 

Así también como ya ha ocurrido en otras sentencias, el tema de fondo aludido, o sea, si los recurrentes tienen derecho o no, a aperturar la farmacia, es una materia fáctica-a criterio del Tribunal, que no se puede plantear en los recursos de casación. 

Decidimos en Gabinete López-Santiago traer a colación esta sentencia porque hace referencia a la suspensión de la tramitación de un expediente de apertura de farmacia en tanto no recaiga resolución sobre otros de análoga naturaleza referentes al mismo núcleo, siempre y cuando ello sea necesario para determinar la prioridad temporal determinante del mejor derecho para obtener dicha autorización. Estos motivos son citados en otras, como la del Tribunal Supremo de 23 de Marzo de 2005, 6 de Octubre de 2003 y 16 de Julio de 2001.

El Tribunal Supremo aludió a que en la fecha de resolución de estos expedientes, habían concluido en vía administrativa (matizó el Tribunal, que en el momento de la sentencia, también en vía judicial) y que la posibilidad de suspensión de expedientes hasta tanto finalizasen en vía judicial paralizaría indefinidamente la actividad administrativa, además de no encontrarse reflejada esta posibilidad en la Ley 30/92-artículo 111-que establece que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, y que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

Así para que proceda la suspensión habrá de concurrir alguna de estas dos circunstancias:

a)    que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b)    que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la Ley.

A juicio del Tribunal, no constaba que los solicitantes anteriores hubieran peticionado la suspensión de los acuerdos que les denegaron las farmacias en vía administrativa a los efectos de que se paralizasen los posibles expedientes posteriores. No constaba tampoco que en dichos dos expedientes pudiera haber razones de interés público que aconsejasen su inmediata ejecutividad. La suspensión se podría prolongar después de agotada la vía administrativa cuando existiera medida cautelar y los efectos de ésta se extendieran a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendría la suspensión hasta que se produjera el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. En este caso, tal eventualidad no se había producido.

Según el Alto Tribunal, la suspensión resultaba improcedente y no ajustada a derecho, siendo en este caso procedente la decisión de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en este aspecto concreto. Según aquél la representante de la Junta de Andalucía trataba de alargar indefinidamente la ejecución de una resolución por la que se acordaba la autorización de una farmacia en la UTF DE Albolote porque suponía interferir en la Ley de Ordenación Farmacéutica que recientemente tras más de diez años de “falsas intentonas” acababan de publicar. 

El Tribunal Supremo procedió a casar la sentencia recurrida en el particular en que consideró que debía acordar que se procediera de inmediato a alzar la suspensión del trámite del expediente administrativo procediendo a la sustanciación del mismo, hasta dictarse la resolución que procediera en derecho, declarándola nula en ese extremo y sin ningún valor ni efecto.]]> Sat, 25 Apr 2009 +0200

Gabinete López-Santiago ya había analizado la sentencia de instancia del Tribunal Superior de Justicia de Septiembre de 2005. A nuestro parecer profesional, la utilización de la vía del traslado forzoso, en un expediente administrativo, debe ser responsable y cumplir las exigencias normativas y jurisprudenciales de forma estricta, ya que no da lugar a vaguedades interpretativas.

Aludió la Sala a que el traslado forzoso en Madrid admite tres causas: el derribo del edificio sin posibilidad de retorno, la expropiación que impida la reubicación de la farmacia y por último la imposibilidad de reacondicionamiento.

Entendió el Alto Tribunal que no era razonable dotar de unas condiciones más laxas al tercer supuesto. En este sentido, es más adecuado asimilar la imposibilidad de reacondicionar el local con la pérdida definitiva de sus aptitud para el desarrollo de las funciones en una farmacia y no con la mayor o menor dificultad para el ejercicio de éstas.

La función de las normas sobre distancias –reseñó el Tribunal- no es ajena al interés público. De esa forma, la separación de 250 metros, ya tradicional en el regulación, trata de evitar la concentración de farmacias en los lugares más comerciales de las poblaciones, promoviendo así una distribución que acerque los establecimientos a los usuarios.

Si bien es cierto como se indicaba en la Resolución de la Consejería de Sanidad de Madrid de 2000, que era de interés público, la prestación del servicio farmacéutico en un local dotado de mejores condiciones, también entendió el Tribunal que ese interés quedaría más satisfecho aún si la nueva ubicación de la farmacia se ajustara a las reglas generales de distancia. Según el Supremo no había constancia de elemento alguno que privara al solicitante de acudir al procedimiento de traslado voluntario y situar el establecimiento a más de 250 metros de las farmacias más cercanas. 

El Tribunal Supremo aprovechó para discurrir jurídicamente por su jurisprudencia con el fin de tratar las causas de resolución de los contratos de arrendamiento al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

Entendió como tales la pérdida o destrucción del local de negocio. Se equiparaba a la destrucción la reconstrucción del local de negocio por siniestro de tal forma que hiciera preciso la ejecución de obras. Éstas deberían tener un coste que excediera del 50 por 100 de su valor real al tiempo de ocurrir dicho siniestro, sin que para esta valoración se tuviera en cuenta el suelo.

La citada jurisprudencia ha precisado que se trata de una pérdida técnica distinta a la ruina. Además para determinar el valor hay que atenerse a la tasación de los técnicos sin tener en cuenta la renta, ni las fluctuaciones del mercado, una vez deducido el valor del solar. En cuanto al siniestro se equipara y se hace extensivo a averías, deterioros, cualquiera que sea la causa que los origine, la acción del tiempo, la calidad de los materiales o negligencias. En este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 1970, 12 de Mayo y 17 de Junio de 1972 y 13 de Mayo de 1974 entre otras. 

El Supremo reconoció que el Superior de Justicia de Madrid resolvió perfectamente en el sentido conocido de que las mejoras de las condiciones del local para adecuarlo a las necesidades del establecimiento farmacéutico eran posibles con los medios que las leyes arrendaticias utilizan para dirimir las cuestiones que pudieren surgir entre propietario y arrendatario de un local de negocio.]]> Wed, 14 Sep 2011 +0200  

Al expediente de defensa aportó la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 23 de Junio de 2010 que defiende estos argumentos, como ya hemos comentado en Gabinete López-Santiago a través de otros artículos.

Sin embargo, dicha tesis no es compartida por el Tribunal de Castilla-La Mancha, conforme a su sentencia de 9 de Septiembre de 2010*. En ella se aludió a los fundamentos del Tribunal Supremo, acaso fuera de contexto, de conformidad con los cuales la transmisión de la Oficina de Farmacia no supone el ejercicio de una actividad comercial del farmacéutico. Al contrario, supone la conclusión de su actividad comercial. Según el Superior de Justicia, es la última de las operaciones del titular anterior y por tanto, no puede considerarse como una operación de la actividad empresarial, pues con dicha transmisión opera una especie de novación subjetiva, que no genera un volumen determinado de ganancias y se agota la actividad de farmacia. 

En definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha no siguió la línea argumental de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 23 de Junio de 2010 que había centrado el debate. 

Es decir, en los fundamentos del Económico Central se había aclarado que la situación resuelta por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de Octubre de 2002 y 22 de Enero de 2004 hacía referencia a la redacción del artículo 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que estuvo en vigor desde el 1 de Enero de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1991. 

El Superior de Justicia, era consciente de que el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y el Tribunal Económico Central habían resuelto todo lo contrario.

Pero no obstante, concluyó que mantenía su tesis de que la farmacia pagara por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya que el Tribunal Supremo había sentado doctrina con la citada jurisprudencia, y no existían pronunciamientos posteriores que la variasen. Con este criterio también se había pronunciado en sus sentencias de 26 de Febrero y 26 de Marzo de 2009.

Esta situación tributaria es del todo impopular para los farmacéuticos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Tribunal Superior de Justicia ha abierto una brecha impositiva en las compraventas de farmacia y parece ser que se mantendrá, como ha comprobado Gabinete López-Santiago, hasta su impugnación y resolución a instancias del Tribunal Supremo, de tal forma que éste pueda variar la citada doctrina. Desde este foro, siguiendo la tónica de todo el Estado, se insta al recurso tal y como hemos ido argumentando, a raíz de las resoluciones analizadas y citadas.]]> Fri, 14 Jan 2011 +0200

Por consiguiente no existía constancia de que no cumpliesen los requisitos exigidos por las disposiciones normativas aplicables para autorizar la transmisión, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse sobre caducidad de la licencia. La Sala estimó ajustada al ordenamiento jurídico la actuación administrativa y procedió a desestimar el recurso.

El acto impugnado fue el Acuerdo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel y la Resolución de la Diputación General de Aragón que confirmó la autorización de la transmisión de una farmacia en un municipio de la provincia. Así lo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso de 18 de Diciembre de 2001*. 

El Tribunal razonó que la autorización para la venta de una Oficina de Farmacia se trata de una actividad reglada. En aquél momento la normativa de aplicación establecía que la cesión, traspaso o venta de una Oficina de Farmacia solamente podía realizarse a favor de otro farmacéutico y siempre que hubiera permanecido abierta al público, al menos seis años. Además el farmacéutico propietario de la Oficina de Farmacia que se propusiera cederla, traspasarla o venderla debía comunicarlo con antelación suficiente al Colegio Provincial de Farmacéuticos correspondiente, el cual lo hacía público en su tablón de anuncios y realizaba las pertinentes comprobaciones en relación con la situación y circunstancias de la Oficina de Farmacia de que se tratara.

Entendió el Tribunal que la queja relativa a la caducidad de la licencia no podía ser resuelta en ese recurso ni aún con carácter subsidiario, ya que formaba parte de otro procedimiento. Por tanto, la única queja que le quedaba a la farmacéutica recurrente era que el transmitente farmacéutico no fuera el titular de la farmacia por otro motivo distinto del de la caducidad. 

El impuesto afectado es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Muchas veces existe un exceso de adjudicación a favor de uno de los cónyuges. 

La exención en el pago sólo afecta a la sociedad de gananciales

El Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estarán exentas las adjudicaciones que hagan a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a la disolución del matrimonio y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales. 

Es decir, la exención incluye tres supuestos, las aportaciones de los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones de bienes que se hagan a los cónyuges en pago de las aportaciones que se hicieron y las transmisiones de bienes que por tal causa se hagan los cónyuges en pago de su haber de gananciales.

La exención no se aplica a los bienes privativos que el cónyuge aporte a la sociedad de gananciales

Así, la tributación de las aportaciones de bienes privativos a la sociedad de gananciales ha sido analizada por la Dirección General de Tributos a través de diversas contestaciones a consultas planteadas en relación con esta cuestión. 

Entre otras, en la Resolución de 21 de marzo de 1995 se indicaba que la exención establecida en el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no es aplicable a las aportaciones que un cónyuge realice de sus bienes propios a la sociedad de gananciales con el resultado de que los bienes aportados se conviertan en bienes gananciales de la sociedad conyugal. 

Por tanto, una vez determinado que las referidas aportaciones no quedan incluidas en el ámbito de la exención prevista en el Texto Refundido y su Reglamento, éstas deberán tributar: 

• bien por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en concepto de negocio jurídico "inter vivos" y gratuito equiparable a la donación, si no media precio 

• o bien por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como "transmisión patrimonial onerosa", si media precio 

Es decir, tributará en función de la naturaleza gratuita u onerosa que para el cónyuge que no realiza la aportación tenga la adquisición del incremento de patrimonio a que da lugar la conversión del bien propio del otro cónyuge en bien ganancial del matrimonio.

La exención no se aplica al régimen de separación de bienes

En una de sus Resoluciones vinculantes, la de 4 de Julio de 2005, la Dirección General de Tributos concluye que la exención regulada en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto no puede aplicarse a comunidades de bienes de cónyuges en régimen de separación de bienes, ya que se refiere a la sociedad de gananciales. 

La existencia de una comunidad de bienes cuyos comuneros sean cónyuges en régimen de separación de bienes es ajena al régimen matrimonial y tanto su constitución como su disolución deben tratarse en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como cualquier otra comunidad de bienes. 

Así pues, en el régimen económico de separación de bienes no existe sino una comunidad ordinaria, en la que aunque no hay propiamente una puesta en común de bienes, es obvio que se entremezclan las relaciones personales y económicas del matrimonio, pudiendo existir una comunicación entre las cargas y derechos propios de la relación matrimonial, exigiendo la disolución una liquidación.

Ahora bien, la regla contenida en la exención citada a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se refiere a la sociedad conyugal, que es una figura propia del régimen económico matrimonial de gananciales, y que está relacionada con el patrimonio ganancial independiente de los patrimonios privativos de cada uno de los cónyuges y las compensaciones económicas entre los mismos, por lo que hay que entender que solo afecta a las aportaciones de bienes de los cónyuges a la sociedad de gananciales y a las adjudicaciones y transmisiones de bienes que se efectúen a consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales a favor de los cónyuges, sin que pueda aplicarse al régimen de separación de bienes porque en dicho régimen no existen bienes comunes.

Así lo ha señalado en la sentencia de 22 de Enero de 2004, el Tribunal Supremo*. Se trata de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 10/1998 de 13 de Enero. 

El Supremo mantuvo que esta solución debió aplicarse en el caso de autos, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia debió fallar en el sentido de que en vía administrativa resultaba obligado otorgarle la autorización de apertura de farmacia aplicando el baremo de méritos, aunque no se tratase de uno de los recurrentes.

A pesar de lo anterior, se encontró vinculado por las reglas propias del recurso de casación y por ello desestimó el recurso del mismo nombre, entre otros razonamientos, porque el farmacéutico recurrente no había alegado la citada doctrina ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así respecto a los hechos, diversos Licenciados solicitaron del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante la apertura de Oficina de Farmacia para el mismo municipio. 

El Colegio Provincial acumuló expedientes y los resolvió denegando la apertura ya que apreció que el cupo de población estaba cubierto y conforme al baremo y concurso de méritos. 

Contra dicha resolución se interpuso recurso ordinario por algunos interesados ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Valenciana. Ésta desestimó algunos de ellos por extemporáneos, estimó los demás y declaró que procedía la apertura de dos nuevas Oficinas de Farmacia en la población.

Contra esta última resolución interpuso recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, uno de los peticionarios que no había recurrido en vía administrativa y al que, en consecuencia no se le otorgó autorización de apertura de farmacia a diferencia de lo que sucedió respecto a quienes interpusieron el ordinario.

Gabinete López-Santiago ha aconsejado en numerosas ocasiones, recurrir en vía contenciosa si la resolución errónea es corregida por obra de un recurso interpuesto por terceros ya que este concursante se ve favorecido por la obligación de la Administración de dispensar un trato igual a todos –según doctrina del Constitucional-.

La Ley 3/2011 de 8 de Junio** introduce la bonificación del 99 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones con efectos desde el 1 de Enero de 2011, con especial incidencia en la herencia de farmacias.

Se benefician el cónyuge, ascendientes o descendientes no hermanos, tíos-sobrinos, primos hermanos ni terceros(…).

Sólo afecta a las herencias incluidas las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos que integran la masa hereditaria.

No se aplica la bonificación a las donaciones.

**Modifica la Ley 19/2010 de 7 de Junio de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.]]> Mon, 14 Nov 2011 +0200 se constituye sobre el establecimiento mercantil, esto es, sobre la Oficina de Farmacia, no sobre el local en el que está instalada. Se trata de una hipoteca mobiliaria, no inmobiliaria.

El farmacéutico debe ser propietario de dicho local o ser arrendatario con derecho de cesión. Es decir, en caso de que disfrute de la disponibilidad jurídica del local en virtud de un contrato de arrendamiento, es necesario que pueda cederlo a un tercero.

Dicha cesión puede estar condicionada, por ejemplo, económicamente pero no debe quedar sometida al consentimiento del arrendador.

Disposición para ceder el contrato de arrendamiento por parte del arrendatario. 

El hecho de que el derecho de cesión sea libre o con determinadas condiciones que no limiten su disposición para el arrendatario tiene que ver con el caso de impago de la hipoteca mobiliaria que pesa, como hemos dicho, sobre la farmacia.

La entidad financiera en caso de impago de alguna de las cuotas del préstamo mobiliario, tiene la posibilidad de ejecutar el crédito. Por tanto, llegados a ese extremo, en fase de ejecución y adjudicación en subasta de la farmacia, el adjudicatario adquirirá la cualidad de arrendatario de pleno derecho, subrogándose en los mismos derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento que pese sobre el local, con las salvedades que se pacten en hipoteca.

Activos de la farmacia sobre los que se constituye la hipoteca mobiliaria.

La hipoteca mobiliaria comprenderá los activos materiales de la farmacia: las instalaciones fijas o permanentes además de las máquinas, mobiliario, enseres, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.

Así también los activos inmateriales de la farmacia: el nombre comercial, rótulo del establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual, (pero nunca el local ni la finca), y, en caso de arrendamiento, el derecho de arrendamiento sobre el local. 

Si se acuerda entre la entidad financiera y el farmacéutico, la hipoteca mobiliaria puede extenderse a las mercaderías y materias primas. En definitiva las existencias (especialidades farmacéuticas y publicitarias además de los productos de parafarmacia) destinados a la explotación propia de la actividad.

Asimismo se extenderá dicha hipoteca mobiliaria a las indemnizaciones que debe satisfacer el arrendador del inmueble al arrendatario con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor. 

La escritura pública de hipoteca mobiliaria.

La escritura de constitución de la hipoteca deberá contener las circunstancias relativas a la renta y demás estipulaciones del contrato de arrendamiento.

Respecto al conocimiento y por tanto consentimiento, del propietario del local donde se ubica la farmacia, se notificará por acta notarial en su domicilio o bien comparecerá en el otorgamiento, dándose por enterado. Dicha notificación se hará a instancia de la entidad financiera o del farmacéutico.

Obligaciones del arrendador.

El propietario del local donde se ubica la farmacia, habiéndosele notificado la hipoteca, debe trasladar a la entidad financiera cualquier contingencia que pudiera dar lugar a la resolución de contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si existiese falta de pago de las rentas mensuales. La renuncia del farmacéutico a los derechos derivados del contrato de alquiler, en perjuicio de la entidad financiera, durante la subsistencia de la hipoteca mobiliaria, no surtirá efectos si se hubiere notificado al propietario. 

La sentencia que declarara la resolución del contrato de arrendamiento deberá ser notificada en forma auténtica por el propietario a la entidad financiera, una vez que fuere firme. No será ejecutiva hasta que transcurran treinta días a partir de la notificación. Si la entidad financiera no cumple el plazo y dentro del mismo entabla procedimiento ejecutivo, el propietario recuperará el local objeto del arrendamiento resuelto.

Derechos del arrendador. 

El propietario del inmueble tiene derecho de retracto sobre la adquisición que hiciere el adjudicatario de la farmacia en la subasta que procedería por la ejecución en caso de impago de la hipoteca mobiliaria. Cabe matizar aquí la incidencia de la normativa civil sobre la normativa administrativo-sanitaria. 

La entidad financiera puede dar por vencida la obligación  aunque no haya transcurrido el plazo del contrato, si se extingue el derecho de arrendamiento del local, si se resuelve por sentencia firme el contrato de arrendamiento, o si se le notificare por el propietario la resolución que acuerde la demolición del inmueble.

Como hemos comentado el propietario deberá prestar su conformidad en el otorgamiento ante Notario de la hipoteca mobiliaria o a través del Acta notarial posterior de comunicación. 

Estos derechos deben adaptarse a la relación contractual arrendaticia concreta dado que la normativa de aplicación data de 1954 y se refiere a Leyes de Arrendamientos Urbanas anteriores a la vigente de 1994.

Entidad financiera y farmacéutico.

La entidad financiera además podrá ejercitar los derechos que correspondan al farmacéutico para exigir que cesen las perturbaciones de hecho o de derecho o para que se ejecuten las reparaciones necesarias en el local arrendado, cuando el farmacéutico no las ejercitare, siempre dentro del plazo de ocho días desde que fue requerido para ello por la entidad financiera.

Normativa.

Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. En especial Título II, Capítulo II –de la Hipoteca de establecimientos mercantiles.]]> Mon, 19 Dec 2011 +0200 Bases del concurso.
La nueva ordenación intentará solucionar la inseguridad jurídica que provocó la Ley de Farmacias de Aragón; se planteaban interminables recursos que paralizaban las aperturas de farmacias, por dos conflictos:

a)   Se premiaba a los farmacéuticos de Aragón sobre los del resto del territorio nacional.

b)   No se permitía concursar a los farmacéuticos mayores de 65 años. Ahora lo que se ha prohibido es que se presenten los que tienen farmacia en la misma zona farmacéutica.

En Zaragoza se abrirán farmacias en localidades que crecieron con el boom inmobiliario, y en pueblos de la periferia de Zaragoza:

*La Muela

*Cuarte de Huerva

*La Puebla de Alfidén

*Utebo (a este municipio irán tres farmacias). Utebo ya es la quinta ciudad de Aragón.

En Teruel irán tres farmacias a la capital

*Una farmacia a Villarroya de los Pinares (es una vacante que venia de la renuncia del concurso anterior, hay un botiquín ahora)

*Una farmacia en Calaceite

*Una farmacia en Alcañiz

En Huesca se conceden tres farmacias: Sabiñánigo, Fraga y Huesca rural (pero no se podrá instalar en Loporzano)

Ha sido un concurso de adjudicación de farmacias muy concurrido, se presentaron 400 farmacéuticos para 34 farmacias a concurso. (Menos que en Castilla y León, que se presentaron 11.000 farmacéuticos para 60 farmacias)

La tasa asciende a 80,30 euros, y hay que depositar una fianza de 3.000 euros. En el concurso de farmacias de Aragón se prima la experiencia en pequeños municipios; y se incrementan con un grado de minusvalía del 33%.

Ver listado de admitidos concurso adjudicación de farmacias 2011 Aragón.]]> Mon, 16 Jan 2012 +0200 infracción grave.

A título de ilustrativo, este hecho, que a simple vista y por las vivencias recabadas en Gabinete López-Santiago, se vulnera con bastante asiduidad, puede ser sancionado por la Agencia de Protección de Dataos, con multa de 40.001 a 300.000 Euros.

Es decir, tal y como ocurre en otras áreas empresariales de la farmacia, a ésta en concreto, se le ha de tener respeto. Quizá porque ya viene de 1999, o tal vez por la falta de perspectiva de una pyme como la Oficina de Farmacia.

A pesar de lo anterior, las sanciones son importantes, como hemos comprobado y abarcan otras infracciones –desde leves a muy graves-, consistentes no solo en la falta de consentimiento en el tratamiento de los datos.

Advertimos de lo preocupante de la situación, sobre todo, últimamente cuando las farmacias se están abriendo mercado por la venta libre, en el comercio electrónico on line, y cuando la Agencia de Protección de Datos, en la misma línea que el resto de las administraciones, pretende llevar a cabo un control más férreo de las infracciones.

Así, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), dispone en su artículo 9, la obligación del Responsable del fichero –en este caso el Titular de la Oficina de Farmacia- de adaptar las medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y constituye otra infracción grave ”el mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen”.

Para el Titular de la farmacia, se establece la obligación de elaborar e implantar la normativa de seguridad mediante un documento de obligado cumplimiento por el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal y a los sistemas de información. Estas medidas se adaptan a tres niveles de seguridad, básico, medio y alto, en virtud de la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.

Este y otros extremos son tratados en profundidad por Gabinete López-Santiago con el fin de proporcionar a sus clientes un estudio riguroso de su situación y asesorarles técnicamente en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, evitando sanciones innecesarias.

Normativa.-

Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 43. Responsables.

1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley.

2.  Cuando se trate de ficheros de titularidad pública se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la presente Ley.

Artículo 44. Tipos de infracciones.

1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.

2.  Son infracciones leves:

1. No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo.
2. No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.
3. El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.
4. La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.

3.  Son infracciones graves:

1. Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.
2. Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
3. Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.
4. La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.
5. El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
6. El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado.
7. El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o requerimiento al afectado impuestos por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
8. Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.
9. No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.
10. La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
11. La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave.

4.  Son infracciones muy graves:

1. La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.
2. Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7.
3. No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para ello.
4. La transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos salvo en los supuestos en los que conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo dicha autorización no resulta necesaria.

Artículo 45. Tipo de sanciones.

1.  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

2.  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

3.  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.

4.  La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

1. El carácter continuado de la infracción.
2. El volumen de los tratamientos efectuados.
3. La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
4. El volumen de negocio o actividad del infractor.
5. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
6. El grado de intencionalidad.
7. La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
8. La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
9. La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
10. Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5.  El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:

1. Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
2. Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
3. Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
4. Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
5. Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.

6.  Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2. Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.

7.  En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar.

8.  El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios.]]> Mon, 13 Feb 2012 +0200

Se trata de un despido por absentismo justificado: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Parece paradógico que sólo por estar enfermo el trabajador pierde su empleo.

Esto quiere decir que aquel trabajador que tenga dos bajas en la farmacia que sumen 9 días, se le podrá hacer un despido objetivo procedente con indemnización de 20 días por año trabajado, sin necesidad que la farmacia haya sufrido perjuicio alguno por la ausencia e independientemente de los beneficios que obtenga.

Los constitucionalistas deberán opinar, pero parece que se podría vulnerar el derecho constitucional de protección a la salud (art. 43 de la Constitución), el derecho a trabajo (art. 35) y el derecho a la integridad física (art. 15).

Probablemente en la tramitación de esta Ley en el Parlamento, éste aspecto podría ser modulado.]]> Wed, 22 Feb 2012 +0200  

El traslado de farmacias es un acto reglado que debería ser automático si se cumplen los requisitos, pero la práctica nos demuestra su litigiosidad por la oposición de los farmacéuticos colindantes.

En ocasiones es un procedimiento farragoso, que requiere un asesoramiento profesional, para acceder a un emplazamiento más conveniente, evitando las zancadillas jurídicas.

Algunos ejemplos de traslados de farmacias en Galicia:

Villagarcia de Arousa. (Pontevedra). Traslado de farmacia de la calle Rey Daviña nº 6 a Juan Carlos I nº 4. 

El Colegio autorizó el traslado de la farmacia (cuyo titular era el Secretario del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra). Las farmacias colindantes recurrieron esta decisión, pero el Tribunal lo ratificó dado que el Secretario se abstuvo en la votación. Tampoco se aceptó la pretensión de los recurrentes de hacer la medición teniendo en cuenta los escaparates; sentenciando que el único punto a tener en cuenta es el de la puerta de acceso a la farmacia. (Sentencia 1069/2010. Tribunal Superior de Justicia de Galicia) 

Pontedeume (A Coruña). Traslado de farmacia de la calle Real nº  17 a Ricardo Sánchez nº 15.

La Conselleria de Sanidade autorizó el traslado; que posteriormente fue anulado por el Tribunal, dado que se había solicitado una farmacia de nueva apertura con anterioridad.

Desde el Gabinete López-Santiago nos resulta paradógico que los Tribunales anulen y bloqueen el traslado de una farmacia porque alguien había solicitado una nueva farmacia 13 años antes en la zona. (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia 156/2008) 

Pontevedra. Traslado de farmacia de calle Amadeo Carballo  nº 2 a Avenida Juan Carlos I nº 2. 

Se deniega el traslado dado que era público y notorio que existía un acuerdo municipal para la construcción de un nuevo Centro de Salud, previo a la solicitud del traslado.  El nuevo emplazamiento de la farmacia estaría a menos de 250 metros del Centro de Salud de La Parda, cuya construcción se iba a iniciar en breve. Criterio que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia 648/2008).

A Coruña. Traslado de la farmacia sita en calle Eugenio Carre nº 8 al número 22 de la misma calle. 

Este traslado voluntario se denegó dado que no cumplía con los 250 metros con respecto a las farmacias más próximas. El farmacéutico solicitante argumentaba un “amplio y vago concepto de fachada” para realizar las mediciones. El Tribunal, con la sempiterna filosofía de evitar acumulaciones de farmacias en zonas concretas, concluyó que el punto de referencia era la puerta de acceso y no el concepto más amplio de “fachada” que el solicitante defendía. (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia 1138/2010) 

A Coruña. Traslado de la farmacia de Calle Ramón del Cueto a la Avenida Finisterre nº  8.

Traslado autorizado. Si bien fue impugnado por los colindantes alegando que se trataba de un traslado voluntario y no de un traslado forzoso provisional. El Tribunal desestimó esta impugnación, ya que aunque el local inicial estaba en perfecto estado de conservación, entendieron que el propietario tiene derecho a construir un nuevo edificio, aprovechando todas las posibilidades urbanísticas del solar, siempre que se respeten las distancias mínimas, y que la población de origen quede adecuadamente atendida. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 795/2011)

El Ferrol. Oficina de farmacia sita en Plaza España nº 14.

Con las obras de reacondicionamiento de la farmacia ya comenzadas, los colindantes impugnaron la autorización de estas obras, pretendiendo asimilarlas a un traslado, ya que la farmacia se encontraba a menos de 175 metros de la farmacia del recurrente. Esta demanda fue desestimada, dado que “ninguna disposición del Decreto 54/1987 establece que tenga efectos retroactivos” y la farmacia estaba autorizada desde el año 1961. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 1219/2011)

Ourense. Traslado de farmacia de la calle Tiendas nº 2 a la calle Francisco Moure nº 22.

La Conselleria de Sanidade autorizó este traslado voluntario ya que se cumplían los requisitos legales establecidos. Decisión que la Conselleria ratificó en Recurso de Alzada. Sin embargo el Tribunal anuló el traslado dado que en el momento de la solicitud la peticionaria aún no era la farmacéutica titular de la farmacia. Incluso en tono jocoso sentenció: “no se puede trasladar aquello que no existe” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 795/2010)

Chantada (Lugo). Traslado de farmacia de Calvo Sotelo 27 a Juan XXIII 37.

Este traslado fue autorizado dado que se cumplían los 250 metros de distancia con las demás farmacias el Centro de Salud, así como del resto de criterios subjetivos y objetivos. El recurso interpuesto por un farmacéutico colindante se desestimó, por defectos de forma en la prueba pericial. (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia 59/2005)

Sin embargo, muy raramente los expedientes de traslado de farmacias  en Galicia han llegado al Tribunal Supremo.

Por tanto,  los tipos de traslado de farmacias, según la Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia son:

• Traslado forzoso definitivo: Cuando no existe posibilidad de retorno, ya sea por las condiciones del local o por la pérdida de la disponibilidad jurídica del local.
• Traslado forzoso provisional: Por obras, derrumbe o demolición del edificio, con posibilidad de retorno.
• Traslado voluntario: A instancias de aquel farmacéutico que quiere mejorar su emplazamiento o superficie del local. 

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fijado la doctrina jurisprudencial por la cual se avalan las divisiones de las fincas o segregaciones sin que sea preciso el acuerdo del resto de vecinos y copropietarios.

Hasta ahora, venía siendo habitual que los vecinos solicitasen la nulidad de la división, lo que comprometía decisiones estratégicas del titular farmacéutico en la gestión de su farmacia.

En este concurso de farmacias se abrirán 9 farmacias en Alicante, 4 farmacias en Valencia y 2 oficinas en Castellón.

Las farmacias que se abrirán en Alicante se sitúan en Almoradi, Benissa, Guardamar del Segura, Mutxamiel, Orihuela, Rojales, Sant Vicent del Raspeig, La Via y Los Montesinos.
Las farmacias que se conceden en Valencia se abrirán en Alginet, Burjassot, Paterna y una farmacia en Torrent. Por otro lado, las farmacias concedidas en este concurso en Castellón se conceden en Vall d´Uxo y Almassora.
Este concurso de nuevas aperturas de farmacia se ha demorado dado que el la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana primaba un 15% más el ejercicio profesional en esta Comunidad. Lo que ha sido suprimido siguiendo el artículo 3 de la Constitución, por sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 1 de junio del 2010 en referencia al Dictamen Motivado de la Ordenación Farmacéutica española.

Este concurso de nuevas apertura de farmacias se publica después de que el Tribunal Supremo paralizase las 18 farmacias concedidas en Torrevieja (Alicante), por la problemática de la contabilización de las viviendas turísticas en el módulo poblacional para la apertura de farmacias.

En la Comunidad Valenciana, como en otras, se sigue arrastrando la situación generada por el Real Decreto 909/1978, que permitió que mientras hay farmacias en localidades menores de 100 habitantes, existen a su vez, 40 municipios donde el ratio es mayor de 3.000 habitantes por farmacia.
Situación que ya se va regularizando, ya que se adjudicaron las 16 farmacias del concurso del 2007 y las 15 farmacias ofertadas en el concurso del 2008.]]> Sun, 01 Apr 2012 +0200  

Estas modificaciones no afectan al IVA, pero tienen incidencia directa en el Impuesto de Sociedades, y se pretende aflorar bienes y activos que hasta ahora estaban ocultos a la Agencia Tributaria. El objetivo es claro: recaudar más y antes.

Las más destacable son:

1.- No serán deducibles los gastos financieros que sobrepasen el 30% del beneficio de la farmacia en ese ejercicio. Los gastos financieros que haya soportado la oficina de farmacia y no se hayan podido deducir, podrán aplicarse en años próximos, con un límite de 18 años.

2.- Se elimina la libertad de amortización para grandes empresas. Si bien son muy pocas las farmacias que tienen esta consideración; para las pymes se mantiene la libertad de amortización, pero sólo aquella ligada a la creación de empleo.

3.- Se rebaja el límite de deducciones aplicables del 35% al 25%, incluyendo la reinversión de beneficios extraordinarios.

4.-Se permite la regularización extraordinaria de capitales ocultos a la Agencia Tributaria, hasta el 30 de noviembre de 2.012. Se permite presentar una declaración confidencial, satisfaciendo un 10% de gravamen. Si son participaciones en beneficios que se repatrien de países con reducida tributación, el gravamen será del 8%.

En suma medidas con un único objetivo, incrementar la tributación, adelantar los pagos del sujeto pasivo, eliminar deducciones e intentar que aflore la economía sumergida y que vuelvan los capitales que se encuentran en paraísos fiscales.

Según el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “Unas medidas extraordinarias para una situación extraordinaria”.

Ver Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de Marzo de 2.012, de Medidas Tributarias]]> Sat, 07 Apr 2012 +0200

Una Institución que ha sido regida hasta hace cuatro años por unos Estatutos preconstitucionales, dictados por el Ministerio de la Gobernación del Régimen anterior. Convirtiendo “de facto” al Consejo en un Órgano Estatal, tipo sindicato único vertical al servicio del Movimiento.

Sorprende que hasta el año 2.008 (tuvieron que pasar 30 años desde la promulgación de la Constitución), no se modificasen los Estatutos. Fueron devueltos varias veces a la Administración para verificar su legalidad;  si bien, las modificaciones finales fueron mínimas. En su redacción actual no se fomenta la transparencia ni una democracia real, donde los 64.203 farmacéuticos que financian al Consejo, deberían tener voz y voto directo, dados los avances tecnológicos que hoy disfrutamos.

La Constitución, en el artículo 36 afirma que la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deben ser democráticos. Para algunas corrientes jurisprudenciales y de pensamiento, se cuestionan el hecho de que un grupo de particulares impongan normas y cuotas en determinadas profesiones, recuerda a los gremios medievales o de la nobleza veneciana.

El método de elección, donde sólo los Presidentes votan y de forma secreta, no favorece la transparencia ni la concurrencia de varias candidaturas para contrastar y elegir las diferentes propuestas.

Por el diseño actual, todo el poder recae en el Pleno, no en la Asamblea de Presidentes. Así, la opinión del farmacéutico de base queda muy diluida en un sistema cerrado y jerarquizado. Lamentablemente, voz de los más de 60.000 farmacéuticos no llega al Pleno.

Asimismo, sería deseable una mayor rotación de los cargos. El anterior presidente, Pedro Capilla, ocupó un sillón en el Consejo durante 37 años.]]> Thu, 12 Apr 2012 +0200 En el caso de que se responsabilicen las entidades financieras colaboradoras, será cualquiera de éstas, en la que se presente la solicitud, quien decida si se concede el préstamo. Son las entidades de crédito las encargadas del estudio, tramitación y aprobación o denegación de la operación, ya que en caso de impago son ellas las que asumen el riesgo de la operación. En www.ico.es puede consultarse el listado completo de entidades a las que dirigirse.

Respecto a las líneas de crédito para farmacéuticos, en general se ajustan a la adquisición de la Oficina de Farmacia, inversión en activos o incluso necesidades de liquidez transitorias.

Algunas notas sobre estos principales productos financieros ICO

ICO DIRECTO

Importe máximo hasta 200.000 Euros

Tipo de interés variable: Euribor 6 meses más 4,5%

Plazo de amortización: 

1.-Modalidad "Inversión": 7 años, con 0 o 2 años de carencia del pago del capital inicial.

2.-Modalidad "Liquidez": 5 años, con 0 o 1 año de carencia para el pago del capital inicial.

Sólo se cobrará una comisión de apertura de 0,5% sobre el importe solicitado.

La amortización anticipada que coincida con la fecha de renovación de los intereses no comporta ninguna penalización. Si la amortización anticipada no coincide con esa fecha se aplicará una comisión del 1%. 

¿A quién va dirigida esta línea?

A Farmacéuticos con una antigüedad mínima de un año desde la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La solicitud se podrá presentar hasta el 31 de diciembre de 2012.

Quien lo concede y asume la totalidad del riesgo es el ICO.

Va dirigido a financiar la inversión consistente en:

1.- Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano. Por ejemplo un robot.

2.- Adquisición de vehículos turismo cuyo precio no incluida IVA o IGIC no supere los 30.000 Euros.

3.- Compra de Oficina de Farmacia.

4.- Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto General Indirecto Canario.

O incluso necesidades puntuales de tesorería o liquidez.

No puede ir dirigido a reestructurar pasivo o financiar circulante.

El ICO realizará un análisis de cada solicitud y en función de la solvencia del Farmacéutico y de la viabilidad, determinará las garantías que considere oportunas: hipotecarias, personales o avales solidarios. 

ICO EMPRENDEDORES 2012

Importe máximo a financiar, 100% de la inversión hasta un máximo de 1 millón de Euros por cliente  y año.

A solicitar en las entidades financieras colaboradoras.

Tipo de interés variable:

Euríbor 6 meses más 2,20% para las operaciones sin carencia de principal.

Euríbor 6 meses más 2% para las operaciones con carencia de principal 

Plazo de amortización:

- 3 años sin carencia para el pago del principal.

- 5 años sin carencia para el pago del principal.

- 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal.

- 7 años, sin carencia para el pago del principal.

- 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal.

No se cobran comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad.

La amortización anticipada se realizará en las siguientes condiciones:

- no se imputará penalización si el préstamo es a tipo de interés variable.

- si es a tipo de interés fijo, se imputará un 0,5% flat sobre el importe cancelado si la cancelación se produce durante los 5 primeros años de vida del préstamo.

- 0,25% flat sobre el importe cancelado si la cancelación se produce a partir del 5º año.

- 1% flat sobre el importe cancelado para operaciones que no se encuentren en el ámbito de la Ley 41/2007 de regulación del mercado hipotecario.

En todos los casos si la amortización se produce durante los 2 primeros años de vida de la financiación la entidad podrá aplicar una comisión adicional conforme a un escalado que varía por semestres.

En caso de amortización anticipada el farmacéutico deberá devolver la parte proporcional de los importes recibidos en concepto de bonificación.

A los primeros 135 millones de euros formalizados de esta línea se aplica una bonificación de 43 Euros por cada 1000 Euros de financiación.

¿A quién va dirigida esta línea?

A Farmacéuticos que hayan iniciado su actividad hace menos de 5 años desde la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

La solicitud se podrá presentar hasta el 15 de diciembre de 2012. 

Va dirigido a financiar la inversión consistente en:

1.- Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano. Por ejemplo un robot.

2.- Adquisición de vehículos turismo cuyo precio no incluida IVA o IGIC no supere los 30.000 Euros.

3.- Compra de Oficina de Farmacia.

4.- Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto General Indirecto Canario.

5.- Gastos de circulante con el límite del 10% del importe total de la financiación.

Se podrán financiar las inversiones que se hayan realizado previamente a la firma del contrato de préstamo siempre que éstas no se hayan iniciado antes del 1 de Enero de 2011. Una vez firmado el contrato de préstamo el cliente dispondrá de un año para poder realizar la inversión autorizada.

ICO INVERSIÓN 2012

Importe máximo a financiar, 100% de la inversión hasta un máximo de 10 millones de Euros por cliente  y año.

A solicitar en las entidades financieras colaboradoras.

Tipo de interés variable:

Euríbor 6 meses más diferencial, más hasta 1,80% para las operaciones sin carencia de principal.

Euríbor 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,65% para las operaciones con carencia de principal.

Plazo de amortización:

- 3 años sin carencia para el pago del principal.

- 5 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal.

- 7 años, sin carencia o con 1 año de carencia para el pago del principal.

- 10 años, sin carencia o con 2 años de carencia para el pago del principal.

- 12 años, sin carencia o con 2 años de carencia para el pago del principal.

- 15 años, sin carencia o con 2 años de carencia para el pago del principal.

- 20 años, sin carencia o con 2 años de carencia para el pago del principal.

No se cobran comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad.

La amortización anticipada se realizará en las siguientes condiciones:

- no se imputará penalización si el préstamo es a tipo de interés variable.

- si es a tipo de interés fijo, se imputará un 0,5% flat sobre el importe cancelado si la cancelación se produce durante los 5 primeros años de vida del préstamo.

- 0,25% flat sobre el importe cancelado si la cancelación se produce a partir del 5º año.

- 1% flat sobre el importe cancelado para operaciones que no se encuentren en el ámbito de la Ley 41/2007 de regulación del mercado hipotecario.

En todos los casos si la amortización se produce durante los 2 primeros años de vida de la financiación la entidad podrá aplicar una comisión adicional conforme a un escalado que varía por semestres.

¿A quién va dirigida esta línea?

A Farmacéuticos que realicen inversiones productivas dentro del territorio nacional.

La solicitud se podrá presentar hasta el 15 de diciembre de 2012.

Va dirigido a financiar la inversión consistente en:

1.- Activos fijos productivos: nuevos y de segunda mano. Por ejemplo un robot.

2.- Adquisición de vehículos turismo cuyo precio no incluida IVA o IGIC no supere los 30.000 Euros.

3.- Compra de Oficina de Farmacia.

4.- Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto General Indirecto Canario.

5.- Gastos de circulante con el límite del 10% del importe total de la financiación. 

ICO LIQUIDEZ

Financiación orientada a Oficinas de Farmacia, que sean solventes y viables y que se estén enfrentando a una situación transitoria de restricción de crédito y necesiten capital circulante.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito colaboradoras.

• Importe de la operación: Hasta un máximo de 10 millones € en una o varias operaciones.
• Modalidad: Préstamo.
• Amortización y carencia: 1, 3, 5 ó 7, con la posibilidad de hasta 1 año de carencia.
• Tipo de interés:
• Tramo I, riesgo entidad: Fijo o Variable (Euribor 6 meses) más diferencial, más hasta un margen del 2,30% (sin carencia) o del 2,15% (con carencia).
• Tramo II, riesgo compartido: Fijo o variable (Euribor 6 meses) más diferencial más hasta un margen del 2,00% (con y sin carencia). 
• Comisiones: La entidad aplicará hasta 0,50% en el momento de formalización.
• Garantías: A determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación.
  Se podrán formalizar préstamos al amparo de la Línea hasta el día 15 de diciembre de 2012.

Video: ¿Se puede comprar una farmacia sin dinero?]]> Tue, 01 May 2012 +0200
Hace una década traspasábamos las farmacias de “primera división” por cifras que rondaban los 200 millones de las antiguas pesetas. Era el valor de traspaso de las farmacias situadas en ejes comerciales de primer orden, farmacias cercanas a centros de salud o boticas turísticas. Las farmacias únicas de pequeños municipios, valían 10 veces menos, alrededor de 20 millones de pesetas. Hoy nos movemos en similares magnitudes.

Como predijo el economista Narduzzi en su libro “El fin de las clases medias y el nacimiento de la sociedad de bajo coste”, el desmontar el Estado de Bienestar, irá en detrimento de negocios ligados a la promoción y cuidado de la salud, como la farmacia. 

La sociedad se polariza, la élite cada vez se posiciona mejor, frente a un “magma social” que incluye las antiguas clases medias y bajas, fieles a las empresas low cost, tipo Ikea, Zara o Skype. 

El RD-Ley 16/2012 ha constituido un paso más en esta “Mcdonalizacion” de la farmacia. Se trata de una polarización imparable en todo el planeta. Mejor adaptarse que lamentarse.]]> Mon, 07 May 2012 +0200

Aquellas farmacias que consideran la superficie como una variable estratégica y se lo puedan permitir, ahora surgen oportunidades impensables en otros tiempos por la caída del consumo, los precios también se han contenido.

Una recomendación de cara a evitar un error habitual: Si la superficie inicial es inferior a la exigida (que oscila de 70 a 85 metros cuadrados en función de la CCAA), si tras la ampliación sobrepasamos esa superficie, esta operación ya es irrevocable e irreversible. La disminución implicaría la caducidad de la autorización administrativa, y nos forzaría a realizar un traslado.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el permiso de la Junta de Propietarios: Los permisos necesarios son mínimos si ambos locales pertenecen al mismo edificio, pero puede pedir la anuencia de los vecinos si son edificios diferentes, complicando la ampliación de la farmacia. En este caso se puede aprovechar para ofrecer servicios que no se pueden realizar dentro de la farmacia, por la trasnochada legislación farmacéutica, que exige entradas separadas: consultas, podólogos, cabinas etc…

Una amplia superficie es un activo vital para poder desarrollar la farmacia como un verdadero espacio de salud, en la línea de la tendencia europea.]]> Sat, 07 Apr 2012 +0200
En tiempos de la II Republica y de la dictadura franquista, los cargos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pertenecientes a la Falange, eran condecorados con las medallas al mérito farmacéutico.

Todos conocemos familias falangistas y viudas que fueron premiadas con licencias de farmacia después de que se limitase la libre apertura de boticas en 1941.

Ernesto Marco Cañizares, persona fiel a los Principios del Movimiento de 18 de Julio, se perpetuó en el cargo de presidente del Consejo, posteriormente pasó el testigo a sus delfines: Pedro Capilla y Carmen Peña. 

Pedro Capilla siguió la línea de su antecesor y se mantuvo 37 años con un sillón en el Consejo. Ahora es el turno de Carmen Peña.

Incluso el Sr. Marco Cañizares, que también era Procurador en Cortes por designio de Franco, se permitió firmar el “escrito de los 125”. Documento firmado por la facción más reaccionaria del Régimen que no admitía la apertura a la democracia.

Por ello, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en 1978 mostró su indignación y emitió un comunicado: “Los farmacéuticos de Barcelona no nos sentimos representados por el Señor Marcos Cañizares”.

En los últimos años, a partir de la libertad que aportó internet, las redes sociales se inundan con mensajes progresistas por parte de las nuevas generaciones de farmacéuticos, especialmente con las quejas de los farmacéuticos sin farmacia y de los rurales.

La respuesta política propiciada por la falta de representatividad, las medidas neoliberales y la globalización no son exclusivas de los farmacéuticos españoles, en todos los países periféricos, las políticas de austeridad han llevado a los farmacéuticos a la calle con huelgas y movilizaciones.

El último exponente fue el farmacéutico griego, Dimitris Christoulas, tras varios días en las barricadas quejándose por las políticas que arruinaron su farmacia, decidió suicidarse, convirtiéndose en todo un icono de los costos sociales por la austeridad impuesta por los prestamistas internacionales. Descanse en paz.]]> Thu, 20 Nov 2008 +0200 Tue, 30 Dec 2008 +0200 Sat, 26 Sep 2009 +0200 Thu, 17 Apr 2008 +0200 Wed, 27 Feb 2008 +0200 Mon, 03 Nov 2008 +0200 Sat, 07 Jun 2008 +0200 Wed, 05 Mar 2008 +0200 Thu, 28 Aug 2008 +0200 Thu, 28 Aug 2008 +0200 Thu, 03 Dec 2009 +0200 Thu, 10 Jul 2008 +0200 Thu, 13 Mar 2008 +0200 Thu, 09 Jul 2009 +0200 Tue, 17 Feb 2009 +0200 Tue, 23 Sep 2008 +0200 Fri, 16 May 2008 +0200 Wed, 28 May 2008 +0200 Tue, 19 May 2009 +0200 Thu, 15 Jan 2009 +0200 Thu, 18 Jun 2009 +0200 Mon, 01 Mar 2010 +0200 Tue, 01 Jun 2010 +0200 Wed, 30 Jan 2008 +0200 Fri, 01 Feb 2008 +0200 Thu, 08 Jul 2010 +0200 Mon, 10 Aug 2009 +0200 Mon, 16 Nov 2009 +0200 Wed, 23 Apr 2008 +0200 Tue, 26 Jan 2010 +0200 Wed, 28 May 2008 +0200 Wed, 30 Dec 2009 +0200 Tue, 30 Jun 2009 +0200 Fri, 05 Jun 2009 +0200 Thu, 10 Sep 2009 +0200 Fri, 10 Sep 2010 +0200 Mon, 24 May 2010 +0200 Mon, 24 Jan 2011 +0200 Tue, 08 Feb 2011 +0200 Thu, 17 Jun 2010 +0200 Thu, 22 Jan 2009 +0200 Fri, 08 Feb 2008 +0200 Thu, 08 Jan 2009 +0200 Fri, 25 Jan 2008 +0200 Mon, 02 Feb 2009 +0200 Fri, 12 Feb 2010 +0200 Fri, 18 Dec 2009 +0200 Mon, 05 Jul 2010 +0200 Thu, 17 Apr 2008 +0200 Wed, 01 Sep 2010 +0200 Tue, 15 Feb 2011 +0200 Thu, 20 May 2010 +0200 Thu, 11 Feb 2010 +0200 Fri, 26 Mar 2010 +0200 Fri, 17 Dec 2010 +0200 Fri, 20 May 2011 +0200 Thu, 09 Jun 2011 +0200 Thu, 17 Mar 2011 +0200 Wed, 20 Apr 2011 +0200 Fri, 26 Nov 2010 +0200 Mon, 24 Jan 2011 +0200 Fri, 23 May 2008 +0200 Wed, 23 Mar 2011 +0200 Thu, 07 Apr 2011 +0200 Thu, 13 Mar 2008 +0200 Tue, 28 Dec 2010 +0200 Thu, 08 Apr 2010 +0200 Mon, 06 Apr 2009 +0200 Wed, 02 Feb 2011 +0200 Mon, 16 May 2011 +0200 Mon, 16 May 2011 +0200 Thu, 08 Apr 2010 +0200 Mon, 17 Jan 2011 +0200 Fri, 06 Jun 2008 +0200 Wed, 22 Dec 2010 +0200 Mon, 14 Apr 2008 +0200 Fri, 17 Dec 2010 +0200 Fri, 10 Sep 2010 +0200 Tue, 11 Jan 2011 +0200 Tue, 30 Aug 2011 +0200 Wed, 22 Jun 2011 +0200 Tue, 13 Dec 2011 +0200 Mon, 19 Dec 2011 +0200 Thu, 12 Jan 2012 +0200 Tue, 20 Dec 2011 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Mon, 16 Jan 2012 +0200 Fri, 03 Feb 2012 +0200 Thu, 02 Feb 2012 +0200 Mon, 06 Feb 2012 +0200 Mon, 30 Jan 2012 +0200 Fri, 10 Feb 2012 +0200 Thu, 16 Feb 2012 +0200 Mon, 30 Jan 2012 +0200 Thu, 23 Feb 2012 +0200 Thu, 23 Feb 2012 +0200 Tue, 27 Sep 2011 +0200 Sun, 04 Mar 2012 +0200 Tue, 06 Mar 2012 +0200 Thu, 17 Nov 2011 +0200 Thu, 08 Mar 2012 +0200 Wed, 07 Mar 2012 +0200 Mon, 05 Mar 2012 +0200 Fri, 16 Mar 2012 +0200 Tue, 20 Mar 2012 +0200 Wed, 28 Mar 2012 +0200 Fri, 30 Mar 2012 +0200 Tue, 03 Apr 2012 +0200 Thu, 05 Apr 2012 +0200 Sat, 07 Apr 2012 +0200 Mon, 09 Apr 2012 +0200 Sat, 14 Apr 2012 +0200 Mon, 23 Apr 2012 +0200 Wed, 18 Apr 2012 +0200 Mon, 23 Apr 2012 +0200 Mon, 23 Apr 2012 +0200 Tue, 24 Apr 2012 +0200 Wed, 25 Apr 2012 +0200 Thu, 26 Apr 2012 +0200 Mon, 17 Oct 2011 +0200 Thu, 03 May 2012 +0200 Fri, 04 May 2012 +0200 Sat, 03 Mar 2012 +0200 Wed, 09 May 2012 +0200 Tue, 10 Apr 2012 +0200 Thu, 10 May 2012 +0200 Fri, 04 Dec 2009 +0200
1. En la farmacia española, cada vez más acosada económicamente, con una gestión planificada y profesio nal de las compras, se puede generar una ventaja estratégica respecto a la competencia. Obtendrá rápidamente ahorros importantes y duraderos, sin riesgo técnico, redefiniendo los acuerdos comerciales, deslocalizando e introduciendo nuevos proveedores.

2. Confeccione un plan de compras analizando cual será su política de recomendaciones y sustituciones, analizando precios finales, pedidos mínimos, escalados de bonificaciones, condiciones de pago, canjes, género en depósito, política de sustituciones, descuentos adicionales, fianzas, depósitos sobre consumo, avales, cargos cooperativos, rappels por pronto pago, fidelización por pedidos, compromisos con los proveedores, política de devoluciones masivas, demostradores de producto, ingresos por escaparatismo y merchandiding, etc.

3. Tenga en cuenta que un incremento de tres puntos en el margen de compras (considerando el beneficio final neto, en un 8-10%, después de gastos e impuestos), supone un incremento de rentabilidad de hasta un 40% de su farmacia.

4. Hoy, en las empresas, la función de compras se enfoca como una actividad de beneficio; máxime en las oficinas de farmacia, donde el peso de las compras supone un 65-70% de las ventas de la farmacia. La gestión de aprovisionamiento es la que puede tener una mayor incidencia en la rentabilización de las oficinas de farmacia.

5. ¿Domina la cascada de márgenes? ¿Es usted capaz de evaluar la estructura de precios de las compras realizadas? ¿le facturan los mayoristas con descuentos o cargos?. Si trabaja con cargos ¿le están facturando a P.V.L?. Investigue cual es el margen real con que está comprando.

6. Conozca cual es el plazo máximo de pago que permiten los proveedores sin incurrir en gastos financieros. Acuerde un consumo anual con los proveedores, con relaciones a largo plazo, con unas condiciones prefijadas, satisfactorias para ambas partes. Acuda a las diferentes Ferias del sector para realizar contactos con proveedores que no disponen de red comercial.

7. Determine la política de precios que desea implementar en la farmacia, existen tres opciones:

  a) Precios elevados: Situando la calidad del servicio como variable competitiva.

  b) Precios reducidos sólo en productos “gancho” (gel de baño, profilácticos...): Damos la percepción de que todo está de oferta, pero aplicamos un elevado margen en productos donde existe una baja elasticidad a la demanda (por ejemplo en la cosmética de tratamiento).

  c) E.D.L.P: Every Day Low Prices: Es la opción más honesta, pero requiere una gestión de compras más profesional.

8. Incorpórese a alguna de las centrales de compras ya existentes, a pesar de que algunos proyectos han fracasado y otros se encuentran aún, en un estado incipiente, la tendencia al asociacionismo es un camino imparable de no retorno. Conviene estar posicionado. Aproveche también el telemarketing, y las compras por Internet; es una compra calculada sin presiones, sencilla, rápida, discreta, aséptica y a cualquier hora del día.

9. Reinvierta los beneficios obtenidos con la optimización de las compras actualizando las instalaciones, formando a los colaboradores y mejorando su retribución, ofreciendo atenciones al usuario, es decir,  acciones que dotarán a su farmacia en una posición más competitiva en el mercado.

10. Apueste por aquellos laboratorios que se plantea la relación comercial con la farmacia acercándose a la figura del comaker anglosajón; aquellos que consideran la farmacia como una extensión organizativa del propio laboratorio. Siempre debemos pensar, ¿quién es el cliente del laboratorio? ¿la farmacia o el usuario final?. Huya de aquellos proveedores cuyo objetivo es atiborrar la farmacia con sus productos, tengan salida o no.

11. Analice detenidamente la rentabilidad de productos especiales: pañales de incontinencia, material de ortopedia, leches infantiles, línea blanca, material de cura etc.. y tome una decisión en cuanto a la política de precios especifica a aplicar a este segmento de productos. Analice la rentabilidad de los lineales. Evite adquirir gamas completas de productos invendibles, que es donde, en ocasiones, queda el beneficio.

12. Introduzca en la farmacia “los productos del mañana”, para posicionar a su farmacia a la vanguardia e innovación permanente. Siempre persiguiendo la satisfacción del usuario.

13. Acuda a los proveedores ante desfases transitorios de tesorería o ante inversiones en activo fijo o circulante que sea preciso acometer. Retrasar los pagos a proveedores puede servir de gran utilidad para actualizar la instalaciones, eliminar tensiones financieras o para adquirir una farmacia de mayor envergadura, dada la enorme competencia actualmente existente entre diferentes mayoristas farmacéuticos.

14. Compare fríamente cual es el pacto más ventajoso entre los mayoristas de la zona que ofrecen un buen servicio y un elevado número de repartos diarios, (el disponer de cuatro repartos, además de los habituales, uno a media mañana y otro a media tarde, evitará perder ningún encargo, y por tanto, ofrecer un mejor servicio). El descuento no debe ser una cifra estática. Redefina los pactos a medida que la cifra de negocio con los mayoristas se incremente. Si es preciso, establezca estas condiciones mediante contrato jurídico. Valore, asimismo, la puntualidad de las entregas, las cestas cerradas y la ausencia de incidencias en los pedidos.

15. Provéase de diferentes listados de bonificaciones comparativas de las que circulan por las farmacias, que clasifican estas bonificaciones por familias de productos y por laboratorios. Tenga en cuenta que las bonificaciones son muy heterogéneas en función del grado de cumplimiento de los objetivos del comercial, afinidades personales, etc.

16. Preste especial atención a la gestión de compras de las moléculas cuya patente ha caducado: omeprazol, ciprofloxacina, ranitidina, fluoxetina, etc...donde la competencia es elevada y las condiciones pueden llegar a ser muy ventajosas. Compruebe como estos principios activos hacen una notable aportación a la cuenta de resultados de la farmacia.

17. Dé salida preferente a aquellos productos donde el laboratorio utiliza la estrategia pull como método de comercialización; es decir que se apoyan en el canal de distribución (la farmacia) ; son productos donde el usuario-paciente no tiene sensibilidad al cambio de nombre comercial, donde prima el consejo farmacéutico: antisépticos locales, antigripales, antipiréticos, material de cura, profilácticos, botes de orina, termómetros...Haga acopio de un stock de una cierta entidad (con unas condiciones de aplazamiento en el pago favorables) y procure su salida preferente mediante la recomendación.

18. Mantenga un buen clima, para mantener una negociación hábil, pero evite el “chalaneo” delante de clientes o auxiliares. No siente a los comerciales. Si la farmacia está en un medio urbano, establezca 1 ó 2 días para atender a los comerciales, coloque un pequeño rótulo en la farmacia, y atiéndalos preferiblemente al mediodía, no desatenderá la farmacia, y los comerciales se lo agradecerán. Cuando negocie, tenga claras las cantidades que necesita y márquese una bonificación objetivo a conseguir, de lo contrario, la negociación, se alargará más de lo previsto. No se deje amedrentar por la presión comercial.

19. Rechace contraprestaciones en especie (tales como electrodomésticos, equipos musicales, viajes o automóviles), intente obtener el mejor margen profesional, y no se deje deslumbrar por estos señuelos.

20. Si disfruta de una sólida posición financiera y dispone de una farmacia de cierta envergadura; y teniendo en cuenta  los tipos de interés actuales, la mejor inversión que puede hacer es invertir en incrementar el stock, especialmente en productos sin el PVP marcado, de revalorización permanente. Convierta su farmacia en una “full liner”. Objetivo: Cero faltas. Márquese el reto de la Calidad Total, obtendrá una gran ventaja competitiva sobre las farmacias de su entorno.

21. Analice las faltas que se producen, su estudio nos puede hacer comprender deficiencias de gestión en la organización de los procesos internos de la farmacia. Lleva a cabo una adecuada “gestión de las quejas”.

22. Utilice los transfer: Es una forma de compra muy recomendable ya que combina el tamaño de pedido reducido, un aplazamiento en el pago y una “boni” aceptable.

23. Si su farmacia está situada en una zona estratégica de gran paso peatonal, no se ruborize por “alquilar” sus lineales a los proveedores, al igual que hace la Gran Distribución.

24. No se obsesione con fórmulas mágicas de rotación de stock, la leyenda tradicional de que hay que dar 7 vueltas al stock al año esta totalmente desfasada, cada farmacia es un mundo. Lo realmente vital es dar un servicio de calidad, en un sector cada vez más competitivo, y sometido a cambios permanentes.

25. Elimine, en lo posible, las relaciones comerciales con aquellos laboratorios de parafarmacia que no respetan el PVL como punto de partida (27,9%+9,6%).

26. Sea serio en sus relaciones con los proveedores, mantenga pactos estables a largo plazo, estableciendo una negociación global más ambiciosa, mediante una relación horizontal basada en la confianza y colaboración mutua, beneficiosa para ambos, continua, enfocada a coste, calidad y servicio, mediante acuerdos de colaboración comercial y suma positiva, en lugar de enfrentamiento o abuso de poder. Así, le informarán para que haga sus pedidos antes de las subidas de precios. Dé confianza a los comerciales, pero mantenga la distancia, de lo contrario, le distraerán de la gestión de su farmacia, se creerán en su casa, y en ocasiones podrían llegar a pecar de indiscretos.

27. Base su negociación en descuentos en factura, es más beneficioso para la economía de la farmacia que las bonificaciones (piense que un 30% de descuento en factura sobre el PVL equivale a un 43,78 % de bonificación en género).

28. Apártese de los laboratorios que imponen unas estrictas condiciones de devolución de género caducado o no apto para la venta. Vigile la gestión de las caducidades, un estudio realizado sobre nuestras farmacias clientes, nos demostró que se reducía el margen de la farmacia en un 0,85% por esta vía.

29. En los productos cuyo precio no esta intervenido por la Administración, debemos analizar el beneficio marginal por unidad, para lo cual no sólo analizaremos la bonificación, sino también el precio recomendado y la elasticidad al precio de nuestra clientela, comparando el margen profesional que nos reportan las diferentes marcas del mismo producto, pensemos por ejemplo, en las tiras reactivas para las pruebas de embarazo.

30. Y por supuesto, documente todas sus transacciones. Rechazar factura por razones de índole fiscal, supone una temeridad (sanitaria y administrativa) cuando tratamos con productos con especial incidencia en la Salud Pública de la población. El éxito empresarial es incompatible con conductas irregulares.]]> Fri, 01 Aug 2008 +0200
a) Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad en el trabajo

Estas ausencias deberán ser injustificadas, ya que en otro caso los Tribunales no lo admitirían como despido procedente. "Dicha incorporación no se ha producido, sin justificación alguna por su parte, y ello supone que ha faltado a su puesto de trabajo de la farmacia sita en.... (Madrid) y sin aviso previo los días 21,22,23,24,27,28......" "se declara improcedente el despido efectuado disciplinariamente, al no existir injustificación de las ausencias a la oficina de farmacia: Se condena a la demandada a readmitir a la actora en el mismo puesto, o a abonar la indemnización legal correspondiente"(Tribunal Superior de Justicia de Madrid. AS 1998\5555).

Son injustificadas las faltas de asistencia para las que no existe precepto legal reglamentario o circunstancia de indudable valor, moral o social, que disculpe la asistencia (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de diciembre de 1995).

La falta de asistencia se distingue del abandono del puesto de trabajo porque el abandono se asimila a la baja voluntaria y requiere consentimiento claro e inequívoco por el trabajador. (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero de 1990 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de junio de 1997).

b) Indisciplina y desobediencia a las órdenes del empresario

La indisciplina comprende la actitud de rebeldía abierta y enfrentada contra las órdenes recibidos del titular de la farmacia y el acto de incumplimiento consciente y querido de las obligaciones que el contrato de trabajo entraña para el empleado de farmacia.

c) Ofensas verbales o físicas, ya sea al empresario o a los compañeros de trabajo o a los familiares que convivan con ellos, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa

La libertad de expresión linda con el respeto al honor y la dignidad de las personas. No son causa de despido las ofensas producidas habiendo mediado provocación. (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1990 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 21 de febrero de 2007).

d) La transgresión de la buena fe contractual

e) El abuso de confianza

Se considera que ha existido transgresión de la buena fe contractual así como abuso de confianza:

-Si ha mediado el uso abusivo de poderes

-Si se han producido actos de competencia desleal

-Si se han perseguido beneficios particulares de forma fraudulenta

-Si ha mediado actuación negligente o la realización de trabajos mediante la incapacidad laboral transitoria.

Cabe añadir que el sometimiento a vigilancia especial es discriminatorio y prohibido, y las pruebas obtenidas así, son nulas.

f) Embriaguez o toxicomanía habitual

Deben ser habituales y repercutir negativamente en el trabajo.

g) Disminución del rendimiento habitual, que ha de ser voluntario y continuado

No se podrá argumentar esta causa, cuando se produzca la reducción del rendimiento por causas ajenas a la voluntad del trabajador, se ha de respetar el principio in dubio pro perario, en este caso, resulta difícil probar las imputaciones, pues es siempre, una magnitud muy subjetiva. Los Tribunales de Justicia estiman que ante un panorama o clima propicio a la conducta, será considerado como un atenuante.

"...se declara improcedente el despido por parte de la farmacia... a la demandante, alegando disminución voluntaria y continuada en el rendimiento en el trabajo, por entender que el despido es nulo al haberse basado en el proceso de Incapacidad Temporal de la auxiliar, y no en una disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo:"(Tribunal Superior de Justicia de Galicia. AS 1999\1378).

h) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o al resto de empleados de la farmacia.

Normativa.-Estatuto de los Trabajadores, en especial artículos 49.1k) y 54 modificados por la Ley Orgánica 3/2007 Disposición Adicional 11ª.13.]]> Sat, 09 Aug 2008 +0200 ¿Cuándo los farmacéuticos colindantes hacen uso del derecho de adquisición preferente, y adquieren la oficina de farmacia para clausurarla, deben abonar indemnización al personal?

El art. 5 del Real Decreto 909/1978, de 14 abril, que regula la cesión, traspaso o venta de las oficinas de farmacia, establece en su punto 2 que: “cuando la oficina de farmacia se encuentre a menos de 250 metros de otra u otras, los farmacéuticos colindantes podrán optar previamente a su adquisición, con objeto de proceder a su clausura y amortización y sin que pueda dar lugar ni posibilidad a otra solicitud de autorización y apertura en la misma zona”.

Este derecho de opción que se concede a los farmacéuticos colindantes no faculta a los mismos para, una vez transmitida la oficina de farmacia, proceder por el mismo precio a su clausura, sino que previamente a esta transmisión pueden, abonando el precio previsto, proceder a su cierre y amortización.

"en el supuesto enjuiciado se jubiló un licenciado en farmacia, titular de una oficina de farmacia en Aranda de Duero, suscribiendo con otro farmacéutico un contrato en virtud del cual acordaba transmitirle la oficina de farmacia, lo que hubiera permitido la subsistencia de la relación laboral de autos; Interviniendo otros dos farmacéuticos, titulares de sendas oficinas de farmacia sitas en la misma localidad, quienes abonaron 75.000.000 de pesetas, el precio de la transmisión pactado, a fin de proceder a la clausura y amortización de la oficina de farmacia de autos, con la gravosa consecuencia de la extinción de la relación laboral del demandante; extinción directamente imputable a los ahora recurrentes que con su conducta imposibilitaron la continuidad de la actividad empresarial de autos y la subsistencia de la relación laboral del actor, que de otro modo, hubiera continuado su actividad, con un gravísimo perjuicio para el demandante; debo declarar y declaro improcedente el despido" (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León AS 19974571).

Cuando el titular de una oficina de farmacia piensa jubilarse, ¿puede ejercer al mismo tiempo? ¿Qué ocurre con la pensión de jubilación? 

Régimen especial de Trabajadores autónomos e incompatibilidades

La pensión de jubilación aunque vitalicia, es incompatible con la realización de actividades por cuenta propia o ajena cuando den lugar a la inclusión en algún régimen de la Seguridad Social -en este caso RETA -Régimen Especial de Trabajadores Autónomos- derivada de la titularidad de la oficina de farmacia.

Ex artículo 3 y 4 del Decreto 2530/1970 de 20 de agosto por el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, el trabajador por cuenta propia o autónomo es aquél que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. (...)

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de este Régimen Especial, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo. (...)

Por último, se incluyen en este Régimen Especial de Seguridad Social, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de Empresas individuales o familiares. (...)

En este sentido, el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio , Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en adelante, LGSS.  Así también los artículos 16 y 17 de la Orden de 18 de enero de 1967 que regula el Régimen de la prestación por vejez.

Se prevé el supuesto de que el beneficiario pueda realizar estas actividades, por cuenta propia o ajena, quedando suspendida su pensión de jubilación siempre que antes del inicio del trabajo lo comunique al INSS, con los siguientes efectos:

- se suspende el derecho a percibir la pensión.

- se suspende el derecho a la asistencia sanitaria, inherente a la condición de pensionista.

- si el trabajo se realiza por cuenta propia -como en el presente supuesto- el beneficiario está obligado a ingresar las cotizaciones correspondientes.

La nuevas cotizaciones durante el periodo de suspensión de la pensión la mejoran.

         a) incrementan el porcentaje a aplicar a la base reguladora

         b) se reduce el coeficiente reductor de jubilación anticipada -si se aplicó-

Régimen sancionador

Si incurre en incompatibilidad sin comunicarlo al INSS es infracción grave:

         -dejará de percibir la pensión durante tres meses, como sanción

         -debe reintegrar las prestaciones percibidas en dicha situación indebidamente.

En este sentido, el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y, en concreto su artículo 25 donde aparece tipificada la infracción:

“1) Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente establecida.(...)

3) No comunicar salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes  de la suspensión o extinción del derecho o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación.”

En el artículo 47 aparece la sanción por infracción grave de pérdida de la prestación durante 3 meses.

Existe la posibilidad de compatibilizarlo si se trata de un trabajo a tiempo parcial, minorándose entonces en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo.

Jubilación flexible

Nos referimos a la denominada jubilación flexible.

Real Decreto 1132/2002 de 31 de octubre para el desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002 de 12 de julio de 2002 de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

• Ex artículo 5

1.-Se considera como situación de jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial, dentro de los límites de la jornada a que se refiere el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, más adelante citado, con la consecuente minoración de aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

2.- Fuera de los supuestos señalados en el apartado anterior, la percepción de la pensión de jubilación será incompatible con la realización de actividades, lucrativas o no, que den lugar a la inclusión en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social, así como en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 165 de la LGSS, éstos son: el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público y el desempeño de los altos cargos.

El pensionista de jubilación antes de iniciar las actividades a tiempo parcial debe comunicarlo a la entidad gestora (INSS). La falta de comunicación produce el efecto:

a) de carácter indebido de la pensión en el importe correspondiente al percibido por la actividad realizada a tiempo parcial.

b)la obligación de reintegro de lo indebidamente percibido

c) sanción por infracción grave como apuntábamos.

La pensión de jubilación flexible será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente que pudieran corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen que se causen aquéllas.

El percibo de la pensión de jubilación flexible será compatible con las prestaciones de incapacidad temporal o de maternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.

Las cotizaciones que se efectúen por las actividades realizadas durante la suspensión parcial de la pensión de jubilación, surte efectos para la mejora de la pensión una vez producido el cese en el trabajo.

Una vez producido el cese del trabajo el INSS  restablece el percibo de la pensión modificando su cuantía –calculando de nuevo la base reguladora y el porcentaje aplicable-.

Durante el percibo de la pensión flexible a efectos de las prestaciones sanitarias se mantiene la condición de pensionista.

Las disposiciones previstas en este Real Decreto 1132/2002 de 31 de octubre no serán de aplicación al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Jubilación parcial

No debemos confundirla con la jubilación a tiempo parcial.

Real Decreto 1131/2002 de 31 de octubre.

• Ex artículo 9

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los sesenta años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo de conformidad con lo establecido en los artículos 166 de la LGSS y 12.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Se tendrán en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad que, en su caso, correspondan.

Ex artículo 10 los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, que tengan, como mínimo, la edad establecida en el artículo anterior y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación parcial en los siguientes términos:

El trabajador concertará previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo parcial, reduciendo la jornada de trabajo y el salario, entre un mínimo de  un 25 por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquéllos, en los términos previstos en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a esta modalidad de jubilación y sus requisitos.

Para poder reconocer la pensión de jubilación parcial, cuando el trabajador acceda a la misma a una edad real inferior a los sesenta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que correspondan, la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.

En los supuestos en que se acceda a la jubilación parcial con sesenta y cinco años de edad real, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad de jubilación que correspondan, no será preciso que se celebre simultáneamente un contrato de relevo, siempre que concurran los demás requisitos exigidos.

• Ex artículo 11

El hecho causante de la pensión de jubilación parcial se entenderá producido el día del cese en la jornada de trabajo que se viniese realizando con anterioridad, siempre que, en dicha fecha, se haya suscrito el correspondiente contrato a tiempo parcial y, caso de ser necesario, el contrato de relevo a que se refiere el artículo anterior.

• Ex artículo 14

La pensión de jubilación parcial será compatible:

con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de su jornada.

Asimismo con los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se venían desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre que no aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces.

En los dos supuestos anteriores, en caso de aumentarse la duración de su jornada, la pensión de jubilación parcial quedará en suspenso. (...)

La pensión de jubilación parcial será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, con la pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a la realizada en el contrato de trabajo a tiempo parcial y con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.

Los anteriormente citados tipos de jubilación son incompatibles con la obligatoriedad de la presencia del farmacéutico en la oficina de farmacia, puesto que aunque sea permitida la realización de una actividad por cuenta propia, en el caso de la jubilación flexible, por la vaguedad de la expresión “trabajo a tiempo parcial” ex artículo 5 del RD 1132/2002 de 31 de octubre, y aunque en su artículo 6 nos hable de “contrato a tiempo parcial” –refiriéndose en todo caso a la contratación por cuenta ajena- el farmacéutico titular debería estar presente en la oficina de farmacia.

(En este punto no consideramos la jubilación a tiempo parcial porque sería necesario el contrato a tiempo parcial por cuenta ajena, como tampoco la existencia de una cotitularidad en la oficina de farmacia que no daría pie a las citadas incompatibilidades)

Así se considera Infracción grave : El funcionamiento de los servicios farmacéuticos y oficinas de farmacia sin la presencia y actuación de un farmacéutico responsable. Ley 25/1990 de 20 de diciembre del Medicamento.

Los principios de valoración de empresas universalmente admitidos permiten valorar el fondo de comercio de las siguientes maneras:

Como múltiplo de las ventas, a pesar de que ya hemos expresado nuestras reservas a este tipo de valoración con reiteración.

Fondo de comercio = Ventas x factor (que oscila entre 1 y 2,5).Es un método basado en la estructura de costes de la empresa, pero es incorrecto para valorar farmacias, porque dos farmacias en igual población, calle o acera, pueden tener dos estructuras de gastos completamente distinta. Reitero de nuevo que esta propuesta de estimación del fondo de comercio no es la más aceptable desde el punto de vista del rigor financiero. 

Como múltiplo del beneficio:

Fondo de comercio = Beneficio x número de años. Tampoco es correcto porque el término "beneficio" esta cargado de subjetividad, ya que no tiene en cuenta las amortizaciones.

Como múltiplo del cash-flow:

Fondo de comercio = (Cash-Flow) x (n años). Siendo al cash flow el beneficio más las amortizaciones. Este método tiene la ventaja de que el cash flow sí es una magnitud objetiva, porque depende menos de los criterios contables utilizados en el cálculo de las amortizaciones.

¿Por qué se utilizan estos métodos a pesar de ser incorrectos? Por dos motivos:

Simplicidad: Su facilidad de cálculo y la inmediatez del resultado, elimina cualquier barrera de entrada al proceso de valoración, no se necesita ningún conocimiento para aplicarlos.

Comparabilidad: La homogeneidad de los ratios obtenidos permite comparar los resultados obtenidos con otros casos parecidos, con lo que el método permite incorporar referencias de la realidad de los mercados. Sin embargo, las ventajas de la aplicación de indicadores relativos son precisamente su principal deficiencia. La simplicidad es sinónimo de poco rigor, ya que estos métodos no permiten la inclusión de un análisis del riesgo, las expectativas futuras o el análisis detallados de los estados financieros. Por ello, el único método que debemos aceptar es el descuento de flujos. Estos métodos son usados por simplicidad, pero cuando son vistos a los ojos de profesionales con conocimientos financieros, apenas si pueden creer que en el Siglo XXI, se siga valorando así una empresa, como la farmacia, con el importante volumen económico que llevan aparejadas este tipo de operaciones. Según estos métodos, ¿qué farmacia compraría el lector?

*Nuestro ordenamiento jurídico no permite contratos indefinidos. Pero si sólo valorásemos las oficinas de farmacia por las ventas, sí que llegaríamos a la conclusión de que estas dos farmacias tendrían igual valor de traspaso.

No desaparece pero aplica una bonificación del 100% de la cuota íntegra a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir. Asimismo se deroga la obligación de presentación del impuesto. Siendo la última declaración la del ejercicio 2007.

Se trata de un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas, su conjunto de bienes y derechos, una vez deducidas las cargas y gravámenes, así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

El Impuesto sobre el Patrimonio se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, de las competencias delegadas a las Autonomías y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno en Ceuta y Melilla y sus dependencias.

¿Tributa la posesión de una oficina de farmacia por este impuesto?

Dicho lo anterior y con respecto a la sujección al Impuesto: no, pues siempre han quedado exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, con la condición de que esta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo, y constituya su principal fuente de renta.

Era una locura que prácticamente paralizaba estas operaciones, cuando se impedía la amortización de esta partida, ya que desde el mismo momento de la adquisición de la farmacia, y después de haber abonado una cifra millonaria, el farmacéutico se encontraba con una tributación que llegaba a ser del 56%; obviamente con estas condiciones, se hacía muy difícil emprender una aventura empresarial con un marco fiscal tan desfavorable. Recuerdo hace pocos años, cuando llegaba el momento de hacer la declaración de la renta del primer año de funcionamiento de la farmacia, siempre me hacían la misma pregunta: Sí, este año he ganado dinero pero ¿cómo se considera la inversión tan enorme que hice el año pasado?. La respuesta siempre era la misma; de acuerdo con la legislación vigente, nos hemos de olvidar de ella.

Cuestiones políticas al margen, pretendo que el lector reconozca conmigo, que hacer tributar a un farmacéutico el primer año que adquiere su oficina de farmacia al 56%, era una crueldad y rozaba la confiscación fiscal, claramente denostada por nuestra Carta Magna.

En cuanto a la regulación actual, la entrada en vigor de la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable con base en la normativa de la Unión Europea a mediados del año 2007 y el Nuevo Plan General de Contabilidad con efectos 1 de enero de 2008, por el que no se admite la amortización contable que no fiscal, del fondo de comercio, ha provocado un cisma entre la contabilidad y la fiscalidad de la amortización del fondo de comercio. 

• A pesar de  no estar condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros cambios de cuentas y dotaciones*.

• Fiscalmente, a la hora de calcular la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se permite seguir deduciendo la amortización del fondo de comercio con el límite anual máximo de la veinteava parte del importe del fondo de comercio, esto es un 5%. Dichas cantidades deducidas minoran a efectos fiscales, el valor del fondo.

Los requisitos, para el caso de las farmacias, son:

1. Que se haya adquirido a título oneroso
2. Que se haya dotado una reserva indisponible de al menos el 5% anual, en el Activo del Balance de Situación, con cargo a beneficios del ejercicio, salvo que no hubiera o fueren insuficientes, con lo cual se emplearán reservas de libre disposición o se dotará la misma con cargo a los primeros beneficios de ejercicios siguientes.
3. El valor del fondo de comercio deberá estar específicamente determinado en la escritura de compraventa. Debemos advertir que en caso de indeterminación, todo se reduce a la existencia de medios documentales suficientes que prueben el valor de existencias comerciales y otros activos transmitidos conjuntamente, ya que, en cualquier caso, la competencia para la comprobación y valoración de las pruebas aportadas la tienen atribuida los órganos de comprobación de la Administración Tributaria.

Por ello, desde el Gabinete López-Santiago se concede una extraordinaria importancia a la planificación fiscal, ya que es el instrumento idóneo para optimizar la tributación de las farmacias cumpliendo con el sistema tributario vigente.


 

*Las Oficinas de farmacia que tenían registrado un fondo de comercio al cierre del ejercicio 2007 deben tener en cuenta que además de comprobar al cierre del ejercicio 2008 si ha existido pérdida de valor y por tanto, registrar la corrección del mismo con carácter irreversible, deben derivar la amortización acumulada, hasta ahora en la cuenta 2813, a la cuenta 1143 (Reserva por fondo de comercio) y por supuesto, modificar la cuenta de activo del balance donde figuraba el fondo de comercio: de la 213 a la ahora 204.

RD 1643/1990 de 20 de diciembre vigente hasta 1 de enero de 2008.

RD 1514/2007 de 16 de noviembre.

Ley 16/2007 de 4 de julio.

RDLegislativo 3/2004 TRLIRPF, artículo 26.1

RDLegislativo 4/2004 TRLIS, artículos 11.3, 11.4, 12.6

Si, para ello, deberá presentarse en Hacienda la declaración de comienzo de actividades, ya que si las facturas de hoteles, desplazamientos y otros gastos, tienen fecha anterior a la de comunicación a Hacienda, no serán desgravables.

Estos gastos se incluirán en la partida de gastos de establecimiento, y son inherentes e imprescindibles para la compra de la farmacia. La Ley adopta un concepto muy amplio de "inicio de actividad", y en él se han de introducir todos los gastos previos a la misma.

No es necesario esperar a la generación de ingresos para que la actividad se considere iniciada. Estos gastos deben ir parejos al nivel de renta; tan absurdo es incluir un gasto de un hotel de cinco estrellas para la adquisición en otra ciudad de una farmacia de reducido tamaño, como presentar una factura de una pensión si estamos inmersos en la adquisición de una farmacia de 2 millones de euros.

Por ello, a partir de las transmisiones de oficina de farmacia realizadas, a titulo oneroso, después de la entrada en vigor de la Ley 43/1995, que introdujo esta nueva institución en nuestra legislación, nos podremos amortizar incluso un 10% del valor del traspaso, pero ésta circunstancia dependerá de la cifra de ventas, del número de horas abierta al público al año etc., por consiguiente debe llevarse a cabo un estudio económico y fiscal personalizado; por ejemplo, si la duración del contrato de arrendamiento sólo fuese de ocho años, podrían amortizarse el fondo de comercio adquirido en este tiempo. En todo caso, se podrán acoger a cualquiera de los tres tipos de amortización existentes: Amortización lineal, amortización por porcentaje constante y amortización según números dígitos. 

Regulación actual de la amortización del fondo de comercio

La entrada en vigor de la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable con base en la normativa de la Unión Europea a mediados del año 2007 y el Nuevo Plan General de Contabilidad con efectos 1 de enero de 2008, por el que no se admite la amortización contable que no fiscal, del fondo de comercio, ha provocado un cisma entre la contabilidad y la fiscalidad de la amortización del fondo de comercio:

• A pesar de  no estar condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros cambios de cuentas y dotaciones*

• Fiscalmente, a la hora de calcular la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se permite seguir deduciendo la amortización del fondo de comercio con el límite anual máximo de la veinteava parte del importe del fondo de comercio, esto es un 5%. Dichas cantidades deducidas minoran a efectos fiscales, el valor del fondo.

Los requisitos, para el caso de las farmacias, son:

1. Que se haya adquirido a título oneroso.
2. Que se haya dotado una reserva indisponible de al menos el 5% anual, en el Activo del Balance de Situación, con cargo a beneficios del ejercicio, salvo que no hubiera o fueren insuficientes, con lo cual se emplearán reservas de libre disposición o se dotará la misma con cargo a los primeros beneficios de ejercicios siguientes.
3. El valor del fondo de comercio deberá estar específicamente determinado en la escritura de compraventa. Debemos advertir que en caso de indeterminación, todo se reduce a la existencia de medios documentales suficientes que prueben el valor de existencias comerciales y otros activos transmitidos conjuntamente, ya que, en cualquier caso, la competencia para la comprobación y valoración de las pruebas aportadas la tienen atribuida los órganos de comprobación de la Administración Tributaria.

*Las Oficinas de farmacia que tenían registrado un fondo de comercio al cierre del ejercicio 2007 deben tener en cuenta que además de comprobar al cierre del ejercicio 2008 si ha existido pérdida de valor y por tanto, registrar la corrección del mismo con carácter irreversible, deben derivar la amortización acumulada, hasta ahora en la cuenta 2813, a la cuenta 1143 (Reserva por fondo de comercio) y por supuesto, modificar la cuenta de activo del balance donde figuraba el fondo de comercio: de la 213 a la ahora 204.

RD 1643/1990 de 20 de diciembre vigente hasta 1 de enero de 2008.

RD 1514/2007 de 16 de noviembre,

Ley 16/2007 de 4 de julio.

RDLegislativo 3/2004 TRLIRPF, artículo 26.1, RIS.

RDLegislativo 4/2004 TRLIS, artículos 11.3, 11.4, 12.6.

Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V2168-05 de 24 de octubre.]]> Fri, 25 Jul 2008 +0200

Existencias consumidas = Existencias al final del periodo impositivo anterior + Compras del ejercicio - Existencias finales

Y el beneficio será = Ventas + Existencias finales - Compras del ejercicio - Existencias iniciales

Por tanto, la valoración de las Existencias finales es trascendental de cara al cierre del ejercicio.

Las existencias deben valorarse conforme al precio de adquisición consignado en factura, libre de descuentos, rebajas y bonificaciones y añadiendo los gastos adicionales hasta que llegan al almacén.

En cuanto a las devoluciones de compras se imputarán como menor valor de las existencias objeto de devolución, o en su defecto, como menor valor de las existencias de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas de existencias utilizado por la empresa.

Respecto a las devoluciones de ventas se incorporan por el precio de adquisición que les corresponda de acuerdo con el método de ordenación de entradas y salidas utilizado, salvo que su valor de mercado fuera menor en cuyo caso se registrará por dicho importe (existencias que presenten anomalías, deterioros u otra situación análoga).

En relación a los rappels por compras se imputarán directamente como menor valor de las existencias que los causaron. En todo caso, se registran como ingreso del ejercicio en que se devenguen de acuerdo con su naturaleza.*

*Se contabilizan en la cuenta 609 y se saldan a fin del ejercicio con la cuenta 129 de Pérdidas y Ganancias. Por lo que debe reducirse el valor de las Existencias Finales. En la Memoria de las Cuentas Anuales, en su caso, se indicará la influencia de las devoluciones de compra, las devoluciones de ventas, los rappels por compras y otros descuentos y similares originados, posteriores a la recepción de la factura, relacionándolos todos ellos con la valoración de las existencias. Los descuentos sobre compras por pronto pago se contabilizan en la cuenta 765 y no afectan a la valoración de las existencias, ya que el Plan General Contable y la legislación fiscal los consideran ingresos financieros.

Por lo tanto, jugando con el valor de Existencias en el Balance, y teniendo en cuenta que si por ejemplo tenemos más Existencias finales que iniciales y en su consecuencia un saldo acreedor en la Variación de Existencias (610), podremos optimizar la carga fiscal que soporta la oficina de farmacia.]]> Wed, 11 Mar 2009 +0200 Prohibición del traspaso a los no farmacéuticos.

El traspaso es una figura jurídica consentida en nuestra legislación, por lo que para su eficacia juridico-administrativa, se necesita el consentimiento del Colegio, Consejería o Departamento de Sanidad correspondiente, que solamente tiene un carácter declarativo, ya que si el adquirente es farmacéutico y se dan los requisitos establecidos, el Colegio no puede denegar dicho traspaso.

Esta transmisión se podrá llevar a cabo con cualquier farmacéutico extranjero cuyo titulo venga reconocido en las condiciones que establece el Decreto 1667/1989, que regula el reconocimiento de los Títulos de Farmacia en los Estados miembros de la Unión Europea. Pero el traspaso no podrá otorgarse a un no farmacéutico, la cesión sería declarada nula, y podría ser perseguido penalmente por intrusismo.

Esta disociación entre propietario y farmacéutico ha venido siendo puesta en duda por el Tribunal de Defensa de la Competencia, ya que considera que es como exigirle a un piloto de avión que también sea el propietario del aparato.

"los mismos fundamentos de hecho que se declaran probados muestran la inconsistencia y la improcedencia del razonamiento de la recurrente -que se rechaza-, pues don..., que es el tercero que carecía de la titulación necesaria para ser y actuar como farmacéutico, no aparece únicamente como propietario del local de negocio, sino en una posición irregular –de administrador, según respuesta de doña ..., y de propietario de la farmacia, según doña Amparo- que corrobora la ilicitud de la cesión y la plena adecuación a Derecho de las dos sanciones administrativas de suspensión en el ejercicio profesional, sin perjuicio del resultado de las actuaciones penales. (Aranzadi. 1996\5261).

2. Prohibición de traspaso a sociedades mercantiles o con personalidad jurídica.

Según nuestra normativa vigente, el modelo mediterráneo farmacéutico esta basado en la atención directa y personal del titular de la oficina de farmacia. Esta filosofía choca frontalmente con el Tribunal de Defensa de la Competencia, que propugna que cualquier inversor pueda introducirse en el sector de la distribución minorista de medicamentos (en la mayorista sí esta permitido), para este Tribunal resulta sorprendente que cualquier persona pueda ser propietario de un hospital (con farmacia incluida), pero no de una oficina de farmacia en la calle. Las sociedades cambian, la forma de pensar también, y esta limitación tal vez no sea muy duradera; hoy, como todos sabemos, se intenta despersonalizar, franquiciar y proletarizar al farmacéutico por parte de poderosas Asociaciones.

Llegado este punto, ha de recordarse la ley sólo permite la tenencia de una única oficina de farmacia, muchos de los contratos simulados (intentando burlar esta legislación) han terminado en los Tribunales:

"... no podría poseer al mismo tiempo la titularidad de la farmacia de .. y la de ..., que había recibido por donación de su padre, simulando primero la compraventa con la señora P, y después con la señora A, para que figurara como titular otra persona en tanto su hijo señor R.F acabara sus estudios universitarios que le permitieran ser el titular. El hecho de que el mismo día y ante el mismo notario, la supuesta compradora otorgó un poder a favor del señor R, para que pudiera administrar la farmacia, vender, gravar, hipotecar y enajenar, sin limitación alguna, actos de riguroso dominio en relación a la misma, poder que se otorgó con carácter irrevocable y que en ningún caso puede considerarse como garantía del pago de un precio que en realidad nunca existió. Todos estos indicios no encajan con el argumento esgrimido por el Juzgador de Instancia, de que la señora P. tan sólo tenía voluntad de comprar la oficina de farmacia, sino que tenía conocimiento de la ilicitud de la causa y la aceptó."(Aranzadi. AC 1996\1829).

3. Tiempo mínimo exigido que la oficina de farmacia debe llevar abierta.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1995\7894 declaró la improcendencia de la venta de una farmacia que había estado cerrada más de dos años

El Decreto estatal 909/78 exigía que la oficina de farmacia llevase abierta al público un mínimo de seis años. Hoy con el traspaso a las Comunidades Autónomas cada una ha legislado a su manera. Como veremos más adelante, el espíritu de esta limitación es evitar la especulación, hoy ya tiene menos sentido, debido a la dificultad en la obtención de una nueva autorización de oficina de farmacia. Como norma general, para poder traspasar hay una oficina de farmacia, debe llevar abierta un mínimo de tres años. Pero las legislaciones son muy dispares: 

Una polémica que ha estado siempre presente es ¿estos años se deben considerar a partir de que se solicitó, o desde que se abrió al público?:

"el tema sometido a debate consiste en determinar si una oficina de farmacia solicitada el 24 de noviembre de 1977, y abierta al público en mayo de 1979, pueda o no ser vendida antes de transcurrir seis años. La cuestión planteada ha de resolverse siguiendo el criterio de esta Sala, y ha de decidirse conforme al ordenamiento jurídico a la fecha de iniciarse el expediente" (Sentencia del Tribunal Supremo. RJ 8112\1986).

Se han instado litigios en este sentido, sobre todo por parte de los farmacéuticos Titulares en propiedad, a los que la Ley exige la apertura de la oficina de farmacia, por lo tanto si tenían otra abierta hacía menos de seis años, debían clausurarla, en ningún caso los Tribunales aceptaron el traspaso, en el que los farmacéuticos alegaban fuerza mayor:

"la farmacéutica insiste en el carácter forzoso del traspaso por estar obligada a abrir una nueva farmacia en su nuevo destino, pero la farmacéutica conocía que de obtener la plaza en el mismo, debería cerrar la farmacia que tuviese en ese momento, ya que tendría que optar por una de ellas, y decidió ingresar en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, si no concurrió mediante su voluntad a que se diera la situación actual, sí lo hizo a que se produjera la causa, siendo consciente de sus consecuencias". (Sentencia del Tribunal Supremo. Ar. 909\1996).

4. Prohibición contenida en el contrato de arrendamiento.

Era práctica habitual, a tenor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, y de las legislaciones anteriores que el arrendatario renunciase al derecho de traspaso, por lo que se necesitaría permiso escrito del arrendador.

"el contenido de la cláusula discutida indica que el local será destinado a farmacia, y no podrá el arrendatario traspasarlo sin permiso escrito del arrendador. La redacción es concreta, sencilla y comprensible, suponiendo una renuncia implícita pero inequívoca, terminante e incontrovertible. El derecho de traspaso de local de negocio es susceptible de renuncia por el arrendatario, según el art. 6.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos" (Audiencia Provincial de Pontevedra 8-10-1994).

En el caso de oficinas de farmacia que incluyen una vivienda incorporada, como ocurre en muchas pequeñas localidades, surge el problema de si estamos ante un arrendamiento de vivienda o de local de negocio, ya que las consecuencias que se derivarían de una u otra situación, son radicalmente diferentes:

"la cuestión planteada es si se alquiló una vivienda con un anexo destinado a farmacia, o un local de negocio con una vivienda anexa. Pero cuando el propietario (el Ayuntamiento de Alcalá de la Selva) alquiló el inmueble, no tenía constituida esa unidad orgánica, y alquilo una casa-vivienda para la finalidad de farmacia. Por lo que sentenciamos que la cesión de la oficina de farmacia no respetó los requisitos que se determinan en el art. 32 de la Ley de Arrendamientos, por lo que nos encontramos ante un traspaso irregular" (Sentencia del Tribunal Supremo 10-1-1998).

Con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 de 24 de Noviembre, en que se otorga una total libertad a los pactos entre las partes, este tema se debe tener muy en cuenta a la hora de negociar un nuevo contrato de alquiler.

5. Prohibiciones administrativas.

Cuando la oficina de farmacia se encuentre hipotecada, o bajo suspensión judicial, no podrá ser traspasada.

"es objeto de pronunciamiento la legalidad de la medida cautelar impuesta por la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en la que se resolvía no autorizar ninguna cesión, traspaso o venta de la oficina de farmacia, propiedad de la demandante, hasta tanto no se resolviese el expediente sancionador incoado por supuestas infracciones muy graves que constan en lo actuado y no son objeto de este recurso..." "...el Tribunal entiende que fue bien establecida la medida cautelar, entendiendo que esta medida asegurará la resolución que pudiese recogerse del régimen sancionador" (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, RJCA 1997\785).

6. Prohibición de traspaso de oficinas de farmacia en régimen de usufructo.

El concepto de usufructo se estudiará con todo detalle en el capítulo correspondiente, y veremos la trascendencia de esta figura jurídica. En caso de fallecimiento, la autorización caduca a los dieciocho meses, durante los cuales habrá de figurar un farmacéutico como regente, pero si el heredero está estudiando la licenciatura, o muestra disposición a llevar a cabo estos estudios, el art. 6 del Real Decreto 909/1978 sigue manteniendo el "privilegio de estudios" Este privilegio nace en 1593, como norma favorecedora de las "viudas y pupilos de boticarios" a los que se permitía que continuasen con la farmacia heredada, siempre que cada farmacéutico tuviese sólo una farmacia, y siempre bajo la prohibición de "que ninguna mujer pueda tener botica, aunque tenga en ella oficial examinado", según la Pragmática de Felipe II, del año 1593. La justificación de este régimen se encontraba en la inexistencia de un sistema de pensiones que permitiera sobrevivir en caso de infortunio. Hoy esta situación debería desaparecer, pero se respeta a favor de estudios del cónyuge o hijos del farmacéutico fallecido, hasta que terminen la carrera, permitiendo, incluso, la pérdida de dos cursos consecutivos o tres alternos. El propio Tribunal Supremo ha declarado su extrañeza de esta situación, en su sentencia del 12 de noviembre de 1992, y la valora como una concesión singular y excepcional; un verdadero privilegio, que consideran debería desaparecer.

" Fallecida la señora viuda del farmacéutico causante, conforme al régimen de pervivencia indefinida de «botica abierta», en base al art. 23 de las ordenanzas de 1860, nada puede transmitir en cuanto a la «autorización», pues ésta se agota, se extingue, al desaparecer los hechos determinantes de la «pervivencia indefinida» de la oficina abierta (minoría de edad de los hijos, existencia de viuda en tal estado), que como hemos dicho responde a unas razones específicas, puesto que una cosa es proteger a la viuda y a los hijos menores -asegurándoles una cobertura económica- y otra sería no sólo permitirla disfrutar de la titularidad económica de una farmacia prorrogada más de 50 años, sino permitirle traspasarla o cederla como si ella, de alguna manera fuese cotitular de la autorización, cuando la norma que la ampara sólo la contempla como presupuesto habilitante para que la oficina permanezca abierta mientras viva y permanezca viuda"(Sentencia del Tribunal Supremo 1998\3502).

7. ¿Pueden los Colegios de Farmacéuticos cobrar alguna tasa por la compraventa de una oficina de farmacia?

Algunos Colegios han venido cobrando unas tasas, pero en cualquier caso la supuesta comisión por traspaso goza de una ilegalidad manifiesta:

1. Por cesión gratuita

2. Traspaso mediante precio

3. Constitución de sociedad

1.1 S.C.P: Sociedad Civil Particular.

1.2  Comunidad de Bienes.

En todo caso, no han existido nunca tantas ventajas para la permanencia de la empresa familiar, en los últimos 10 años la legislación ha cambiado seis veces, por lo que estas situaciones puntuales se han de aprovechar.

En este sentido, la doctrina del Partido Socialista es completamente distinta a la del Partido Popular; de hecho el primero prometió al alcanzar el Gobierno modificarían el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), debido a los abusos que se están cometiendo con las sociedades pseudopatrimoniales de mera tendencia de bienes.

¿Cuál es la forma societaria más beneficiosa para el farmacéutico con oficina de farmacia?

Depende. Cada situación es un mundo, realizaremos un estudio jurídico que analice todos los factores que se deben tener en cuenta: voluntad del donante, situación familiar, impacto económico, coste tributario etc... y siempre teniendo en cuenta las peculiaridades legislativas de cada Comunidad Autónoma.

Se puede ir retribuyendo a los descendientes farmacéuticos con una pequeña participación en la propiedad de la oficina de farmacia, por los trabajos efectuados como si fuesen trabajadores por cuenta ajena, remunerándolos de esta manera, en todo caso, no tendremos sólo en cuenta el ISD, sino que nuestra planificación debe ser un poco más ambiciosa, analizando el impacto de esta donación en los siguientes aspectos fiscales:

• Respecto al IVA, se considera operación asimilada a la entrega de bienes a titulo oneroso el autoconsumo de bienes, ente las que se encuentran los bienes corporales que integran el patrimonio profesional del farmacéutico.
• Sobre el IRPF, se originará una disminución patrimonial a título lucrativo, y se atenderá al valor normal del mercado, los bienes que el farmacéutico done a terceros de forma gratuita.
• En cuanto a la repercusión que pudiera tener el hecho de excluir o incluir el inmueble en que se desarrolla la actividad, no tendría efectos, ya que el art. 7 de la Ley 37/1992 no se aplicaría en ningún caso.
• Si se constituye una Comunidad de Bienes, las obligaciones contables y regístrales de la misma, deberán atender a lo previsto en la Ley del 18/1991. ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las entidades en atribución de rentas.
• En cuanto al fondo de comercio, resultará aplicable lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, resultando deducibles las dotaciones del inmovilizado previsto.
• Por lo que respecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el caso de que se constituya una comunidad de bienes, estará sujeta al concepto “operaciones societarias”, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1/1993, siendo el tipo de gravamen del 1%.

Según dicha sentencia, mayoritariamente se acepta que la farmacia pueda ser considerada empresa, y por tanto susceptible de integrar los bienes gananciales. También se acepta que puedan apropiársela los no farmacéuticos en régimen de condominio ordinario. Pero en el caso presente, dado que entre los cónyuges existe separación de bienes, el carácter comunal del bien tiene que probarse, ya que el farmacéutico es exclusivamente el esposo.

Entiende la sentencia que no existe prueba suficiente de que haya existido voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal. Los actos de participación de la esposa, no van más allá de la ordinaria implicación del cónyuge en la colaboración a las actividades del  otro cónyuge y al levantamiento de las cargas familiares, que también existen como elemento común en el régimen de separación de bienes.

Del mismo modo, se alude a que la Audiencia Provincial de Las Palmas considera que no queda acreditado que haya existido una voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal. No lo acredita el hecho de que en determinadas declaraciones, a efectos fiscales, se hiciera constar una titularidad común o que se suscribieran en igual forma determinados préstamos. 

La esposa demandante fundaba su reclamación en que ambos litigantes habían contraído matrimonio canónico en Arenys de Mar (Barcelona) en el 1963. Tras unos años de residencia en Barcelona y Zaragoza, en el año 1967 se trasladaron a vivir definitivamente en Las Palmas de Gran Canaria, donde residieron interrumpidamente. Pese a que el régimen legal del matrimonio era el de separación de bienes, los cónyuges se sometieron voluntariamente, desde un principio, al régimen de gananciales.  Cuando surgió una situación de crisis matrimonial, el esposo pretendió, según ella, mantener como de su propiedad el patrimonio que debía considerarse común.

Un caso más donde vemos la importancia de tener claro la imputación patrimonial de la farmacia, por lo que desde Gabinete López-Santiago recomendamos aclarar dicha imputación mediante convenio prematrimonial en aquellos casos que sea posible. 

SÍNTESIS

Aunque se acepte como criterio mayoritario el que la farmacia pueda ser considerada empresa, y por tanto susceptible de integrar los bienes gananciales o de apropiarse por no farmacéuticos en régimen de condominio ordinario, en el caso presente, dado que entre los cónyuges existe separación de bienes, el carácter comunal del bien tiene que probarse sin estar beneficiado de presunción de comunidad alguna, antes al contrario, ya que el Farmacéutico es exclusivamente el esposo.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de Marzo de 2010 (*Cendoj), por la que se declara no haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. Íter procesal: Audiencia Provincial de Las Palmas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Fundaba la esposa su reclamación en que ambos litigantes habían contraído matrimonio canónico en Arenys de Mar (Barcelona) en el 1963, tras unos años de residencia en Barcelona y Zaragoza, en el año 1967 se trasladaron a vivir definitivamente en Las Palmas de Gran Canaria donde residieron interrumpidamente; y que pese a que el régimen legal del matrimonio dada la vecindad civil catalana del esposo al momento de la celebración, era el de separación de bienes, los cónyuges se sometieron voluntariamente desde un principio al régimen de gananciales, pretendiendo no obstante el esposo, -según ella-, ante el surgimiento de una situación de crisis matrimonial, mantener como de su propiedad el patrimonio que debía considerarse común.

Entiende la Sentencia que no existe prueba suficiente de que haya existido voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal, pues los actos expresados de participación de la esposa no van más allá de la ordinaria implicación del cónyuge en la colaboración a las actividades del cónyuge (sic) y al levantamiento de las cargas familiares, que también existen como elemento común en el régimen de separación de bienes. 

Del mismo modo, se alude en la Sentencia a que la Audiencia considera que no queda acreditado que haya existido una voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal por el hecho de que en determinadas declaraciones, a efectos fiscales, se hiciera constar una titularidad común o que se suscribieran en igual forma determinados préstamos.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios.]]> Sat, 23 May 2009 +0200

Es de sobras conocida para las empresas del sector farmacéutico, que como nosotros tasan la oficina de farmacia, la dificultad que entraña dicha tasación y sobre todo en función del motivo que induzca a la realización de la misma. Valga como ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de Marzo de 2009, en la que se fija la valoración del negocio de farmacia, dentro de una herencia, en la facturación media de los tres últimos años, con el coeficiente multiplicador del 2,5.

No se trata de un tema pacífico. De acuerdo a una primera opción, se abarcaría la suma de todos los elementos valorables, tanto materiales como inmateriales, de la oficina de farmacia. Algunos de estos elementos son de mayor dificultad cuantificable que otros. Para valorarlos adecuadamente, sería necesario un despliegue de operaciones periciales, con el fin de determinar el valor real de tales elementos. En la mayoría de los supuestos, ese valor no coincide con el que figura en el balance de situación, sea por depreciación o por apreciación. La determinación de estos valores debe contar con el acuerdo de las partes en contienda. 

Una segunda opción, sería determinar el valor de la oficina de farmacia por los beneficios que genera.

Ordinariamente se realiza mediante la capitalización de la media de beneficios producidos durante un período de tres años, multiplicándolo por un factor que dependerá de diversos parámetros, como la progresión del beneficio o las expectativas de futuro.

Un ejemplo de esta forma de cálculo del valor de la oficina de farmacia se obtiene mediante la capitalización del denominado EBITDA, (beneficios antes de impuestos, intereses y amortizaciones), que viene a suponer el resultado efectivo y exclusivo de la actividad.

Otro ejemplo trata de utilizar la fórmula de hallar qué capital será necesario para la producción de resultados medios durante una cierto período, considerando que este capital sería el valor de la oficina de farmacia.

En definitiva, cerciórese convenientemente, de los métodos utilizados a la hora de realizar una tasación empresarial como la que se utiliza para determinar el valor de una oficina de farmacia, y contrátela con el mejor y más preparado profesional.

SÍNTESIS

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de Marzo de 2009.(*Cendoj)

La denominada cuarta falcidia en Cataluña, respecto a los derechos sucesorios, constituida por la cuarta parte del activo hereditario líquido que ha de quedar libre para los herederos, se determina por el conjunto de bienes y derechos de la herencia deducidos los gastos, deudas y la legítima.

En dicha sentencia debe concluirse sobre el valor del negocio de farmacia, que constituye uno de los bienes de mayor cuantía a la hora de conformar la masa hereditaria.

Respecto a la valoración del Activo hereditario se trae a colación el negocio de farmacia ubicado en Barcelona, en la Sentencia que hemos analizado, se entiende que el parámetro de valoración más utilizado es el de la facturación anual multiplicada por un coeficiente corrector, tomando la media de facturación de las últimas tres anualidades.

Respecto a los coeficientes correctores para la ciudad de Barcelona, empresas especializadas del sector certificaron que el índice multiplicador aplicado en los traspasos de farmacia efectuados en el año 2006 no fue inferior a 2,5. Se alude a noticias informativas del sector por las que en el año 2005, se considera impertinente la invocación de los criterios relativos a la comunidad foral de Navarra y el régimen legal imperante en la misma, que es frontalmente opuesto al mayoritario del resto de España, de máxima intervención administrativa en la apertura de oficinas de farmacia.

Tampoco se considera lógico hacer una transposición de los criterios utilizados por las entidades financieras para la concesión de préstamos con garantía mobiliaria a farmacéuticos (límite del crédito: ventas a la Seguridad Social más 1,5) a otra operación negocial (compraventa de farmacia) que no guarda identidad alguna de razón con aquélla.

Otra de las empresas especializadas del sector confirma que el índice multiplicador medio de la ciudad de Barcelona es de 2,5 (2,3 en Octubre de 2006 tras un requerimiento de la UE a España para que liberalizara el mercado), expone además de modo convincente –según la Sentencia-, que alguno de los criterios utilizados en el peritaje atiende más a valores fiscales que a establecer el valor de mercado de la oficina de farmacia y demuestra que la facturación anual del negocio de la Titular Farmacéutica en el año 2005 –309.327 Euros- le sitúa en la franja de farmacias más demandadas del mercado.

La conclusión establece como criterio más razonable de valoración el propugnado por el demandante que conduce a un precio de venta de la farmacia de 773.317,95 Euros. Coeficiente corrector aplicado en 2006: 2,5.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Sun, 19 Apr 2009 +0200 Si un farmacéutico falsifica una receta privada y no se demuestra que causa un perjuicio a tercero, no hay delito de falsificación en documento privado. Asimismo, no hay falsificación de documento oficial porque la receta no lo es. Y tampoco la hay por incorporación, ya que la receta no puede ser incluida en el cobro de la Seguridad Social.

Así lo falló la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 2 de enero de 2009, en el caso de un farmacéutico que dispensó anabolizantes con recetas falsificadas del centro médico Teknon.  Dichas recetas no son un documento público al pertenecer a un hospital privado y no fueron cobradas de la Seguridad Social.

La Audiencia no ve delito de falsedad en documento oficial ni tampoco en documento privado. Para ello se requiere de la voluntad de perjudicar a otro, y no encuentra el menor indicio en este caso. 

El Tribunal tampoco ve perjuicios penales por el hecho de que una farmacia despache anabolizantes tras la presentación de una receta médica falsificada.

El farmacéutico tiene obligación de guardar todas las recetas en su oficina de farmacia. Pero la receta privada no puede incorporarse al expediente de cobro de la seguridad social, logicamente.

No obstante, de cara a evitar estas contingencias judiciales, siempre incómodas, desde el Gabinete López-Santiago, recomendamos extremar la diligencia en la dispensación de anabolizantes, psicótropos, estupefacientes y otros productos de estricto control médico. 

SÍNTESIS

Falsificación de recetas. Prueba pericial caligráfica sobre recetas médicas que atribuye falsificación al texto prescriptivo que dice 6 winstrol depot anabolizantes. Absolución del titular de la farmacia de Barcelona del delito de falsedad en documento oficial cometido por particular, art. 392 del código penal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se accede en apelación contra el fallo de primera instancia sobre delito de falsificación de documento oficial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de seis meses con cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, debiendo igualmente asumir las costas originadas por el procedimiento.

Sin embargo por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de Enero de 2009 (*Cendoj) ratificada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Diciembre de 2006, el Farmacéutico queda absuelto.

Se atiende en la Sentencia a que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma reiterada y constante en el sentido de que las falsedades cometidas por el particular en las recetas médicas oficiales o públicas integran el delito de falsedad en documento oficial cometida por particular (así STS de 23 de Marzo de 1993 y 4 de Junio de 2002).

Esta misma calificación venía siendo aplicada asimismo por el Tribunal Supremo a las recetas médicas (aún privadas) en las que se prescriben sustancias psicotrópicas en atención a la especial intervención y control administrativo al que está sometida la dispensación de estas sustancias en la Oficina de Farmacia (SSTS de 5 de Febrero de 1979, 11 de Junio de 1982, 24 de Mayo y 13 de Julio de 1983 y 21 de Marzo de 1988 y 30 de Noviembre de 1991) aunque alguna sentencia más reciente en una línea jurisprudencial más restrictiva a la hora de admitir las llamadas falsedades en documento oficial “por incorporación” rechazó esta calificación y optó por considerar que estas falsedades han de ser conceptuadas como falsedad en documento privado ( en este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Mayo de 1993). 

Se argumenta que las sustancias anabolizantes se incluyen entre los medicamentos que requieren indispensablemente receta médica para su dispensación en la Oficina de Farmacia a tenor de lo establecido en la normativa farmacéutica, bastando señalar a este respecto que, en tales casos, aunque se imponga reglamentariamente una obligación de conservación de la receta en la Oficina de Farmacia tras la dispensación del medicamento, ésta no tiene vocación de incorporarse a ningún expediente administrativo, por lo que ni siquiera cabe apreciar aquí la cuestionable figura de documento oficial “por incorporación”.

Por tanto, no pueden incardinarse los hechos en delito de falsedad de documento oficial descrito en el artículo 392 del Código Penal y tampoco cabe integrar tales hechos en el delito de falsedad en documento privado previsto en el artículo 395 del Código Penal pues este tipo requiere de la voluntad de perjudicar a otro, de cuya concurrencia no existe el menor indicio en el presente caso.

No acierta el Tribunal a identificar qué persona física o jurídica podría verse perjudicada por el mero hecho de que la farmacia despache una sustancia anabolizante como consecuencia de la presentación de una receta médica falsificada.

Las recetas oficiales de la Seguridad Social no solamente cumplen una función estrictamente terapéutica sino que también constituyen el soporte probatorio de un desplazamiento patrimonial: el que fundado en una la fuerza probatoria del documento efectuará la Seguridad Social para sufragar el coste farmacéutico de la atención de un enfermo.

En esos casos se consiguen las recetas de este modo mendaz y se presentan a la farmacia cuyo Titular demanda a la Seguridad Social el importe de los medicamentos expendidos, que dicha institución le abonaba. 

La receta falsificada del Centro médico Teknon no es documento oficial al pertenecer a un hospital privado. 

Tal confección no es subsumible en el delito de falsificación de documento privado al no resultar del relato de hechos probados la existencia del elemento finalístico de perjuicio para tercero conforme exige el artículo 394 del Código Penal.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

El Tribunal Supremo, en la sentencia de la Sala de lo Civil, de 10 de Septiembre de 2010, (que no es un caso de farmacia), considera que la fecha de retroacción marca un momento equivalente o asimilable al de la propia declaración de quiebra.

La doctrina legal dominante considera que el período de retroacción comienza “el día que resultase haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones”.

La jurisprudencia ha extendido también este momento al de los actos del deudor realizados “con evidente mala fe o sin más propósito que perjudicar a los acreedores”.

A pesar de que las quiebras de farmacia son prácticamente inexistentes, el mensaje que se desprende de esta Sentencia podría ser de interés divulagativo para algún farmacéutico.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de Septiembre de 2010, nº de resolución 525/2010. (*Cendoj)

El Tribunal Supremo considera que la fecha de retroacción marca un momento equivalente o asimilable al de la propia declaración de quiebra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

A partir de la retroacción serían ineficaces los actos del deudor por estar inhabilitado o desapoderado de hecho conforme al artículo 878 en relación con el artículo 874 del Código de Comercio.

En definitiva por encontrarse ya en estado de quiebra real y que a su vez indicaría una fecha para computar hacia atrás los distintos plazos que señalan los artículos 880 a 882 del mismo Código para atacar determinados actos según su naturaleza.

En este sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 25-05-44, 22-03-85 y 17-03-88.

Interpretación que cuenta con apoyo normativo en el artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando distingue entre actos en perjuicio de la quiebra hechos por el quebrado en “tiempo inhábil”, que sería el período de retroacción, y actos que por su carácter fraudulento pueden anularse “aun cuando se hubieren hecho en tiempo hábil”, es decir antes del período de retroacción. 

De ahí que el período de retroacción deba ser fijado, según el artículo 1204 del Código de Comercio que la jurisprudencia y la doctrina dominante consideran vigente, “por el día que resultase haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones”, momento computable que sin embargo la jurisprudencia ha extendido también al de los actos del deudor realizados “con evidente mala fe o sin más propósito que perjudicar a los acreedores” (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Febrero de 1965 y 17 de Marzo de 1988).

A mayor abundamiento, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 10 de Septiembre de 2010, nº de resolución 527/2010 y 27 de Septiembre de 2007, en relación con la ineficacia de los actos otorgados en perjuicio de los acreedores en el período de retroacción de la quiebra.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Sat, 09 Oct 2010 +0200 Sólo el consentimiento del titular puede hacer legítima la entrada en el local de negocio (oficinas de farmacia, en nuestro caso), cómo señala la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de Septiembre de 2010.

El artículo 18.2 de la Constitución dispone que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Esta manifestación no se concibe como un derecho absoluto, sino que viene configurada con atención a otros derechos. 

La Ley General Tributaria atribuye a la Inspección la facultad de investigar y comprobar todos los elementos con trascendencia tributaria del sujeto pasivo, considerando a los funcionarios que realizan esta labor como agentes de la autoridad.

Se atribuye a la Inspección la facultad de entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen.

Todos los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético que tengan relación con el hecho imponible, deberán ser examinados por los inspectores en la sede de la empresa.

Cuando el dueño de la finca o edificio, o la persona bajo cuya responsabilidad se hallare, se opusiera a la entrada de los inspectores, la Ley Tributaria dice que no se podrá efectuar tal entrada sin la previa autorización de la autoridad administrativa correspondiente.  En cambio, el Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 18 de la  Constitución, exige el consentimiento del titular, que en el caso de esta sentencia, no se produjo.

Estos preceptos nunca han sido declarados inconstitucionales. Su interpretación la realiza el Tribunal Supremo, como es el caso de esta sentencia, dictada a instancias de un particular que consideró violados sus derechos cuando los inspectores de Hacienda entraron en su empresa sin su consentimiento.

En caso de que un inspector de Hacienda se presente en su farmacia, le recomendamos que se ponga en contacto con su asesor fiscal.

Pero no se alarme, una mera comprobación de datos no supone una inspección de Hacienda.

SÍNTESIS 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entrada y registro de los inspectores de hacienda en la sede de la sociedad. Necesidad de autorización judicial o de consentimiento, si se trata de espacios físicos que son indispensables para que pueda desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.

Decisión del pleno de apartarse de la doctrina establecida en las anteriores sentencias de 30 de octubre de 2008 y 25 de junio de 2009, que apreciaron la necesidad de seguir el criterio de la Sección Séptima de esta Sala sobre la existencia de consentimiento en este caso no obstante haber confirmado la extemporaneidad del recurso de protección jurisdiccional de derechos fundamentales interpuesto por la empresa.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 30 de Septiembre de 2010. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

El artículo 18.2 de la Constitución dispone que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de fragrante delito”.

Esta manifestación no se concibe como un derecho absoluto, sino que viene configurada con atención a otros derechos.

Esto significa que, fuera de los casos de delito fragrante o de existencia de resolución judicial que lo autorice, sólo el consentimiento del titular puede hacer legítima la entrada o registro de un domicilio.

Así delimitado el ámbito y alcance del artículo 18 de la Constitución, citado, la Ley General Tributaria atribuye a la Inspección la facultad de investigar y comprobar todos los elementos con trascendencia tributaria del sujeto pasivo, considerando a los funcionarios que realizan esta labor como agentes de la autoridad. Se le atribuye a la Inspección de los Tributos la facultad de entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen. Cuando el dueño de la finca o edificio o la persona bajo cuya responsabilidad se hallare se opusiera a la entrada de los inspectores, no se podrá efectuar tal entrada sin la previa autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Todos los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores en la sede de la empresa. Estos preceptos nunca han sido declarado inconstitucionales.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Así lo afirma la Dirección General de Tributos (DGT) en respuesta a nuestra consulta reciente. La citada consulta se efectuó en el caso de un farmacéutico cotitular de una oficina de farmacia, ante la transmisión por jubilación de su parte en la comunidad de bienes, en la que se había aportado una farmacia. La DGT considera que quien está obligada a tributar, es la propia comunidad de bienes y no los farmacéuticos.

Así según la consulta, el farmacéutico, cuestiona la tributación, y desarrolla junto otra persona física la actividad de farmacia. Por jubilación va a transmitir su participación en la comunidad de bienes.

La transmisión de la propiedad de una cuota de participación en una comunidad de bienes por un Farmacéutico, dado que el sujeto pasivo es la propia comunidad de bienes, constituirá una operación sujeta a la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Respecto a la fundamentación de la consulta establece que de acuerdo con el artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”.

En este sentido, el artículo 5, apartado uno, letra a) de la Ley 37/1992, establece que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que desarrollen actividades empresariales o profesionales, definidas en el apartado 2 del mismo artículo como aquéllas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Por su parte, según el artículo 84, apartado 3, de la Ley del Impuesto “tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al impuesto”.

Por consiguiente,

a)    la transmisión de la participación indivisa por uno de los comuneros no constituirá una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, al no realizarse por quien tiene la condición de empresario o profesional.

b)    Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 7.1.A) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que están sujetas a ese impuesto las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

Desde Gabinete López-Santiago aconsejamos el estudio fiscal pormenorizado del expediente de traspaso de Oficina de Farmacia. Si Vd. ha aportado la Oficina de Farmacia a la Comunidad de Bienes o a la Sociedad Civil Particular (SCP) y pretende transmitir su participación a un tercero, deberá tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), de aplicación en la Comunidad Autónoma, donde esté domiciliada la sociedad civil.]]> Thu, 09 Dec 2010 +0200 Una nueva redacción del Impuesto de Sociedades permite que partir del ejercicio 2009, el titular de farmacia disfrute del beneficio fiscal relativo a la libertad de amortización. Este beneficio se mantendrá, por el momento, hasta el año 2015.

Para la aplicación de este beneficio fiscal son necesarios una serie de requisitos, que afectan al tratamiento fiscal de las nuevas adquisiciones de inmovilizado material, se exige el mantenimiento de la plantilla media de la empresa durante 24 meses siguientes en relación a los 12 meses anteriores.

Sin embargo, las inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2011 y hasta 2015 podrán amortizarse libremente sin necesidad de cumplir este requisito de mantenimiento de empleo.

La libertad de amortización está recogida en la Ley 4/2008  y en el Real Decreto Ley 6/2010. Para profundizar sobre la interpretación que lleva a cabo la Dirección General de Tributos, se puede acceder a la Consulta Vinculante V1450-10 de 24 de junio de 2010. El Real Decreto Ley 13/2010 ha mejorado el régimen de libertad de amortización.

SÍNTESIS

Consulta Vinculante V1450-10*

Fecha: 24 de Junio de 2010

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ley 35/2006 Arts. 27, 28-1 y 68-2

RD Legislativo 4/2004 de 5 de Marzo. Disposición Adicional 11ª

Real Decreto Ley 6/2010 de 9 de Abril, entrada en vigor el 14 de Abril de 2010. Real Decreto Ley 13/2010. Ampliación de la libertad de amortización con mantenimiento de empleo a los años 2011 y 2012 y hasta el 2015 sin el requisito de mantenimiento de empleo.

La consultante realiza una actividad económica, explotación de una farmacia, determinando su rendimiento en la modalidad de estimación directa simplificada.

En el ejercicio 2009 ha adquirido un local en el que va a desarrollar su actividad, local que ha sido puesto a su disposición en dicho ejercicio, según consta en escritura de compraventa de fecha 21/04/2009.

Adicionalmente expone que con anterioridad al otorgamiento de la escritura y entrega del local, suscribió con fecha 15/01/2007 un contrato privado de compraventa de vivienda, garaje y trastero en construcción y posteriormente con fecha 13/05/2008 celebró otro contrato novando el anterior y modificando la estructura original del inmueble objeto de compraventa y cuyo destino inicial era el de uso como vivienda, a los efectos de que el inmueble objeto de compraventa pudiera destinarse a la explotación de una farmacia. 

De la documentación aportada se puede apreciar la existencia de pagos a cuenta del precio del inmueble, desde el 15/01/2007 hasta el 20/05/2008, aplazándose el pago restante al momento de otorgamiento de la escritura y entrega del inmueble que finalmente se realizó el 21/04/2009.

En la farmacia tiene contratada a una persona a media jornada que estuvo de baja por enfermedad durante un período de dos semanas.

En relación con el local adquirido, posibilidad y forma de aplicar el régimen de libertad de amortización previsto en la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción dada por la Ley 4/2008 de 23 de diciembre. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se concluye que, el citado beneficio fiscal puede resultar aplicable al consultante siempre que cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados en la citada disposición adicional undécima.

En primer lugar, el inmueble debe tener la naturaleza y calificación de inmovilizado material nuevo, como ocurre en el supuesto y por tanto, apto para el disfrute del beneficio fiscal de la libertad de amortización.

En segundo lugar, la disposición exige que la inversión vaya acompañada de un mantenimiento de la plantilla media de la empresa, mantenimiento cuyo cómputo se refiere a los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, en relación a la plantilla media de los doce meses anteriores, por lo que ese el cálculo debe referirse a ese período único de 24 meses. A estos efectos, para el cálculo del promedio de plantilla es indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral del trabajador con la empresa.

En consecuencia, se tendrán en cuenta tanto los trabajadores que formen parte de la plantilla fija de la empresa como los contratados con carácter temporal o de otro tipo, siempre que se trate de personas empleadas en los términos previstos por la legislación laboral, de igual forma que se establece en el artículo 109 del Texto Refundido  de la Ley del Impuesto de Sociedades sobre la aplicación de la libertad de amortización con creación de empleo en las empresas de reducida dimensión, por lo que los empleados con baja temporal por maternidad, enfermedad o situaciones similares se computarán a efectos de determinar la plantilla media en cuanto tengan la consideración de empleados a efectos de la legislación laboral. 

En tercer lugar, en cuanto a la cuantía que puede beneficiarse de la libertad de amortización, debe tenerse en cuenta que la consultante contrató la compra del inmueble, en el que posteriormente desarrollaría su actividad, el 15/01/2007, si bien en dicho momento y de acuerdo con el contrato suscrito el inmueble se iba inicialmente a destinar a uso como vivienda y posteriormente en virtud de la novación contractual efectuada el 13/05/2008, se modificó el destino del mismo de uso como vivienda a uso como local afecto al ejercicio de una actividad económica. Finalmente el inmueble fue entregado el 21/04/2009. 

Como se puede apreciar, el inicio de la inversión se produjo con la firma del primer contrato de compraventa, aunque se variase posteriormente su objeto, por lo que el período que media entre el momento en el que se efectúa el encargo del proyecto y la entrega definitiva del inmueble objeto de inversión fue superior a dos años, la libertad de amortización sólo podrá aplicarse a la inversión en curso realizada en el ejercicio 2009.

El Real Decreto Ley 13/2010 ha mejorado el régimen de libertad de amortización y en los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2011, no es necesario el requisito de mantenimiento de empleo.

Con la norma mencionada, sin embargo, la norma no prevé un efecto retroactivo de esta mejora del régimen, lo que implica que quienes la han aplicado durante 2009 y 2010 no se podrán beneficiar de la mejora del régimen y deberán cumplir con el requisito del mantenimiento de la plantilla.

No obstante, en el caso de inversiones en activos adquiridos a partir de 3 de diciembre de 2010, caso de no cumplirse con el requisito de mantenimiento de empleo, no se podrá aplicar la libertad de amortización en dicho ejercicio, pero podrá aplicarse para dicho activo en los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2011, sin necesidad de mantener empleo.

Por último, debe señalarse que dicha libertad de amortización sólo puede aplicarse desde el momento en el que el activo entre en funcionamiento.

(*)Fuente de información: Dirección General de Tributos.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Fri, 15 Feb 2008 +0200 La reforma de la legislación mercantil, aplicable a partir del 1 de enero de 2008, mantiene, por el momento, la amortización del fondo de comercio de las farmacias. Esta reforma modificó el Plan General Contable, aplicable desde la misma fecha, que consideraba no amortizable el fondo de comercio.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, mantuvo el beneficio fiscal de la amortización del fondo de comercio con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe.

Todo ello ha abierto un gran debate sobre los intangibles en la farmacia.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han considerado que la farmacia no es una concesión administrativa. Si fuera así, su valor de contabilización estaría constituido por el importe total de los gastos incurridos en su obtención. Entre otras, lo recogen la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de Junio de 2003 y el Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso de 12 de Diciembre de 2008.

En el orden fiscal, algunas de las consultas de la Dirección General de Tributos, apuntan que, en la compraventa de una farmacia, la parte del precio que no se corresponda con el valor de los activos adquiridos, tendrá la consideración de fondo de comercio, por cuanto representa un valor inmaterial que implica mayor valor para la empresa. A título de ejemplo, una consulta de diciembre de 2003.

Por el momento, según la Dirección General de Tributos, el ejercicio de la propia actividad económica de la empresa convierte al fondo de comercio en un activo fijo inmaterial que comprende un conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, el nombre o razón social y otros de naturaleza análoga.

Incluso si en la escritura de compraventa existiese indeterminación específica del valor de adquisición del fondo de comercio, todo se concretaría en la existencia de documentos que probasen el valor de las existencias comerciales y otros activos fijos transmitidos conjuntamente, según argumenta  la propia Dirección General de Tributos. Dicha valoración correspondería a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

De acuerdo con tales argumentos, deberíamos plantearnos considerar también la licencia administrativa como activo intangible, independientemente del fondo de comercio.

FONDO DE COMERCIO-LICENCIA ADMINISTRATIVA-CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. TRATAMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Reconocimiento

Para reconocer inicialmente un inmovilizado de naturaleza intangible, es necesario que cumpla el criterio de identificabilidad, el cual implica que el inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes: 

1. Sea separable. Esto es, susceptible de ser separado de la empresa (venta, cesión, arrendamiento, entregado para su explotación o intercambio).
2. Surja de derechos legales o contractuales. Con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.

Valoración posterior

La empresa determinará si un inmovilizado intangible tiene una vida útil definida o indefinida. El elemento tendrá una vida útil indefinida cuando no exista un límite estimado de tiempo para que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo. Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará.

La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si continua manteniendo una vida útil indefinida. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en la norma relativa a cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables. 

Normas particulares sobre el inmovilizado intangible

Fondo de comercio. Sólo figurará en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. Su importe se determinará de acuerdo con lo indicado en la norma relativa a combinaciones de negocios y deberá asignarse desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo de la empresa, sobre los que se espere que recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. El fondo de comercio no se amortizará. En su lugar, las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, se someterán a la comprobación del deterioro del valor, Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no serán objeto de reversión en los ejercicios posteriores.

Otros inmovilizados intangibles. Además de los elementos intangibles anteriormente mencionados, existen otros que serán reconocidos como tales en el balance, siempre que cumplan los criterios contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad y los requisitos especificados en estas normas de registro y valoración. Entre tales elementos se pueden mencionar los siguientes: concesiones administrativas, derechos comerciales, propiedad intelectual o licencias.

REFORMA CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO 

En el Nuevo Plan General Contable –Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre se establece que no se considerarán gastos deducibles aquellos que no se hayan imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias o a una cuenta de reservas, cuando así lo establezca una ley.

Entonces, es lógico pensar que la amortización del fondo de comercio no será deducible porque no se admite la amortización contable del mismo.

¿Por qué amortizamos entonces el Fondo de Comercio?

La Ley de Reforma de la Legislación Mercantil en Materia Contable 16/2007 de 4 de julio en su disposición adicional octava: estableció que la deducción de la amortización del fondo de comercio no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias y será deducible con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

· Que se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso

· Que la entidad adquirente y transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio-consolidadas-

· Que se haya dotado una reserva indisponible, al menos, por el importe fiscalmente deducible, en los términos establecidos en la legislación mercantil. –sólo para mercantiles, s.l., s.a.-

Entonces deberíamos plantearnos que si desaparece la amortización del Fondo de Comercio –con la amenaza sufrida en el año 2007….¿podremos hallar otros activos intangibles para darlos de alta en el balance de situación?¿qué seguimiento se está haciendo de estos activos intangibles en la escritura pública de adquisición? y ¿qué seguimiento está realizando la asesoría fiscal y contable que gestiona la farmacia?

TRATAMIENTO DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Está claro que es amortizable y su tratamiento es el siguiente:

La concesión administrativa consiste en la transferencia que hace una entidad de derecho público a un particular de la gestión de un servicio público o el disfrute exclusivo de un dominio público.

La característica determinante de este inmovilizado es que la transferencia la hace una entidad derecho público, en general una Administración Pública.

El valor de contabilización está constituido por el importe total de los gastos incurridos en su obtención.

Caso de perderse los derechos de la concesión por incumplimiento de las condiciones, debe imputarse el valor neto contable a los resultados del período, mediante cargo a la cuenta 670 y abono y cargo a las cuentas 211 y 2811, respectivamente.

Puede ocurrir que la concesión administrativa implique la afectación de activos del inmovilizado material que deban revertir a la entidad concesionaria al finalizar el plazo de concesión. En tal caso hay que constituir un fondo de reversión que se contabiliza en la cuenta 144

Si el periodo de concesión es igual al periodo de amortización los activos estarán totalmente amortizados por lo tanto no habría que constituir un fondo de reversión

Si el período de amortización es inferior al periodo de concesión, el bien ya estará totalmente amortizado cuando finalice la concesión, por lo tanto no habrá que constituir el fondo de reversión

Si el periodo de amortización es superior al periodo de concesión, se dotará un fondo de reversión por la parte no amortizada.

La cuestión a plantear es que la “concesión” de la apertura de una oficina de farmacia no es una “concesión administrativa”. 

Ello está avalado entre otra jurisprudencia por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 109/2003 de 5 de Junio de 2003.

Si fuera concesión administrativa tendría una duración definida y por tanto, como hemos podido comprobar se amortizaría en función de su duración.

En este sentido, hasta el momento la amortización de los intangibles en la Oficina de Farmacia, tal y como ocurre a otros efectos, no es muy rigurosa.

No se está trabajando el nombre comercial y la marca –aunque se debería….

Tampoco existen con la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, derechos de traspaso a amortizar –que afectarían simplemente a las Oficinas de Farmacia cuya disponibilidad jurídica del local procede a través de arrendamiento.

Y por último, refrendado este parecer por la consulta de 17 de Diciembre de 2003- de la DGT, nº 2355-03*, a la cuestión “Si la valoración atribuida al 90% de la titularidad de la Oficina de Farmacia tiene la consideración de concesión administrativa y por tanto, gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el límite de la 10 parte de su importe (…)”

La Dirección General de Tributos trae todo el activo inmaterial a colación del FONDO DE COMERCIO y expresa la contestación en los siguientes términos:

“En la medida en que la operación realizada en el año 2002 se adquirieron noventa cienavas partes indivisas de la totalidad del negocio de la actividad de farmacia, la parte del precio que no corresponda con el valor de los activos adquiridos, tendrá la consideración de fondo de comercio, por cuanto representa un valor inmaterial que implica mayor valor para la empresa”.

Sigue la consulta y se dice, “conviene señalar a este respecto que el FONDO DE COMERCIO es un activo fijo inmaterial, pues su razón de ser es el ejercicio de la propia actividad económica ya que se trata de un conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, el nombre o razón social y otros de naturaleza análoga. (…)” 

Además continúa más adelante “ Por lo que respecta al importe a amortizar, si existiese indeterminación específica del valor de adquisición del FONDO DE COMERCIO en la escritura de compraventa, todo se concreta a la existencia de medios documentales que prueben:

• el valor de las existencias comerciales
• y otros activos fijos transmitidos conjuntamente

y cuya valoración corresponderá a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.” 

En consecuencia, queda mucho camino a recorrer en el ACTIVO del Balance de Situación de una Oficina de Farmacia –si queremos beneficiarnos de las amortizaciones- en previsión de que haya otra vez modificaciones sobre la regulación del FONDO DE COMERCIO –un totum revolutum.

En especial a trabajar: el desglose de otros activos intangibles como:

*la licencia administrativa (que no concesión administrativa y si tiene duración definida que permita amortizarla)

*la marca y el nombre comercial

*las aplicaciones informáticas (entre las que se encuentran unos programas de ordenador cada vez más caros y las páginas web de la Oficina de Farmacia en auge).]]> Sun, 14 Nov 2010 +0200

Una Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2010 avaló la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que denegó la autorización de traslado voluntario de una farmacia de núcleo en Mataró.

Dicha sentencia transcribió la doctrina sentada en otra del Alto Tribunal de 2 de Julio de 2004, Sala de lo Contencioso, sobre condiciones de traslado de oficina de farmacia, relativa a una farmacia de León. Además se aludió al Derecho Comunitario. El Tribunal entendió que no se vulneraba la libertad de establecimiento.

A la luz de todos los hechos, se consideró improcedente autorizar el traslado conforme a la Ley de Ordenación Farmacéutica catalana. El traslado se había producido fuera del núcleo, sin que la farmacia se hubiera visto afectada por la apertura o traslado en el mismo núcleo de otras oficinas farmacéuticas.

Si hubiera procedido el traslado debería haberse producido dentro del mismo núcleo en el que fue autorizada y guardar una distancia de 500 metros con las demás oficinas de farmacia.

Según la Sala, la farmacia de núcleo de Mataró fue autorizada a fin de atender la prestación farmacéutica de un núcleo de población de más de 2.000 habitantes. La farmacéutica interesaba el traslado del establecimiento a un local sito fuera del área de delimitación del núcleo y ello sin que su farmacia hubiera sido afectada por la instalación ni traslado de otras oficinas de farmacia dentro del referido núcleo.

El traslado –a juicio de la sentencia- implicaría un desabastecimiento del núcleo de población para cuya prestación farmacéutica se concedió en su día la licencia.

Dada la especial peculiaridad de este tipo de farmacias, que se autorizaban para atender a un nucleo, resulta muy conveniente a la hora de su traspaso conocer la base jurídica al amparo de la cual se abrió la farmacia.

SÍNTESIS

Denegación de la autorización de traslado voluntario –área básica de salud de Mataró, desde el local de origen al local de destino, correspondiente a un centro comercial de Mataró.

Se transcribe la doctrina sentada por el Tribunal Supremo ya en su Sentencia de 2 de Julio de 2004, Sala de lo Contencioso, sobre condiciones de traslado de Oficina de Farmacia. Tratamiento de la farmacia “de núcleo”. Análisis del derecho comunitario-libertad de establecimiento.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 15 de octubre de 2010. (Fuente de información: Tribunal Constitucional).

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La apertura de la farmacia de autos fue autorizada en el año 1974 al amparo del artículo 5.1.b) del Decreto de 31 de Mayo de 1957, por el que se dictan normas para el establecimiento de nuevas farmacias, como farmacia de núcleo.

En Noviembre de 1995, la Farmacéutica Titular solicitó al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona que le autorizase el traslado de su Oficina de Farmacia a un local de nueva construcción ubicado en el destino de referencia en la sentencia, dentro de la misma demarcación farmacéutica. Este local fue adquirido mediante compraventa formalizada en escritura pública otorgada ante Notario en 1994.

El expediente de traslado quedo paralizado desde Enero de 1996 hasta mediados del mes de Junio de 2004, ante la existencia de solicitudes anteriores.

En Septiembre de 2004, la Farmacéutica Titular vendió a otra compañera la Oficina de Farmacia sita en Mataró, incluyendo sus instalaciones, sustancias y existencias. En el pacto sexto se convino la subrogación de la Farmacéutica adquirente en el derecho de traslado del establecimiento farmacéutico, el cual fue solicitado en su día por la vendedora.

En Diciembre de 2004, la nueva Titular Farmacéutica comunicó al Colegio de Farmacéuticos su intención de continuar con la tramitación del expediente de traslado de la Oficina de Farmacia que había adquirido, si bien señalando un nuevo inmueble, situado en un local de un centro comercial Mataró , con acceso desde la calle y con una superficie útil de 168,14 metros cuadrados.

El local designado cumple distancias mínimas con las farmacias colindantes el centro de atención primaria y el hospital de Mataró.

Se transcribe la doctrina sentada por el Tribunal Supremo ya en su Sentencia de 2 de Julio de 2004, sobre condiciones de traslado de Oficina de Farmacia, que viene de un traslado en León autorizado por el Colegio de Farmacéuticos de la misma provincia, en Marzo de 1995.

Falla la sentencia que no ha lugar al recurso de casación y declaran firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de Mayo de 2001, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Farmacéutico contra la Resolución del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos del 1996 por la que se revoca la Resolución del Colegio de Farmacéuticos de León del 1995 que le autorizaba al traslado de su Oficina de Farmacia.

Se alude a la inaplicación del artículo 2.3 del Código Civil en relación con su Disposición Transitoria 4ª y el artículo 9.3 de la Constitución, que consagran la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales, entre las que están las que limitan la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución).

Se pone de manifiesto que la licencia de apertura de su Oficina de Farmacia es de 23 de Marzo de 1966 y sostiene que es aplicable el Decreto de 31 de Mayo de 1957, que exigía una distancia mínima de 175 metros entre las farmacias, al estar la ciudad de León comprendida entre los 50.000 y los 100.000 habitantes. Se sostiene, en suma, que no cabe la aplicación retroactiva del Decreto 909/1978, de 14 de Abril, que exige una distancia de 250 metros con otra Oficina de Farmacia ya instalada. Cuyo motivo –según la Sala-debe ser desestimado.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que arranca de la Sentencia 6/1983 de 4 de Febrero y que se recoge en la jurisprudencia de la Sala del Tribunal Supremo (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Junio de 1994, 22 de Junio de 1994, 5 de Febrero de 1996 y 15 de Abril de 1997) ha de distinguirse entre:

1.-Una retroactividad de grado máximo –cuando se aplica la nueva norma a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus efectos consumados o no-

2.-Una retroactividad de grado medio –cuando la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados-

3.-Una retroactividad de grado mínimo –cuando la nueva norma sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la anterior-.

Esta retroactividad de carácter mínimo es excluida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo de la retroactividad en sentido propio, ya que la norma afecta a situaciones o relaciones jurídicas actuales no concluidas (Sentencias del Tribunal Constitucional 42/1986, 99/1987, 227/1988, 210/1990 y 182/1997 entre otras y Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 1995, 15 de Abril de 1997 y 17 de Mayo de 1999, entre otras muchas.

El acuerdo de traslado voluntario de Oficina de Farmacia es un acto de autorización reglado.

Esto significa que el Farmacéutico que solicita dicho traslado tiene derecho a obtenerlo siempre que reúna las condiciones o requisitos establecidos por la norma y que la Administración no puede denegar su petición más que en el caso de que no se cumplan los presupuestos o exigencias establecidos por aquélla –Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 1994-.

A estos efectos el artículo 7 del Real Decreto 909/1978 de 14 de Abril, contempla 3 supuestos de solicitudes de traslado de Oficina de Farmacia:

-el voluntario, en régimen normal u ordinario –el ejercicio del derecho se sujeta a la observancia de las exigencias de localización de la Oficina que el mismo precepto establece: requisitos relativos al local (acceso, superficie y distribución) y a la distancia respecto de otras Oficinas de Farmacia.

-el forzoso

-el especial

Las condiciones del traslado que requiere en el caso del traslado voluntario una autorización administrativa fundada en la previa manifestación de voluntad del interesado y en la comprobación de las circunstancias concurrentes en el momento de la solicitud, pueden variar no sólo como consecuencia de la alteración de las circunstancias físicas y jurídicas que deben tenerse en cuenta, sino también como resultado de la modificación del criterio normativo sobre los requisitos y condiciones a que el interés público aconseja someter en cada época los referidos traslados.

En consonancia con ello, la Sala viene manteniendo que hay que realizar la medición de distancias y examen de las condiciones ateniéndose a:

• la situación del momento en que se solicita el traslado

Sentencia de 21 de Mayo de 1998

• o incluso del momento en que se acuerda éste cuando se dilata la tramitación del expediente

Sentencia de 30 de Abril de 1996

De no aceptarse así, resultaría imposible modificar de manera eficaz la regulación de los traslados de las Oficinas de Farmacia si la nueva regulación sólo pudiera aplicarse a las abiertas a partir de su entrada en vigor.

No se ostenta por tanto, en el procedimiento un derecho adquirido integrado en su patrimonio en orden a la regulación de las distancias y de las demás condiciones que debían regir el traslado, sino que, a lo sumo, se trataba de una mera expectativa condicionada a que no se produjera un cambio de circunstancias o una modificación normativa.

En efecto, la nueva norma sólo tiene efectos para el futuro. No opera sobre los efectos de las autorizaciones de Oficinas de Farmacia ya concedidas.

2.-En los Fundamentos impugnados se plasma la Resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona confirmada en alzada por la Conselleria de Salut que considera que no concurre ninguno de los 2 supuestos en los que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 31/1991 de 13 de diciembre permite el traslado de una Oficina de Farmacia de núcleo:

“Las Oficinas de farmacia autorizadas al amparo de los artículos 3.1.b) del Real Decreto 909/1978 de 14 de Abril y 5.1.b) del Decreto de 31 de Mayo de 1957, no pueden ser objeto de traslado, salvo en los casos que se vean afectadas por el traslado de otra oficina de farmacia o por la instalación de una nueva, salvo que el traslado se produzca dentro del mismo núcleo en el que fue autorizada y guarde una distancia de 500 metros de las demás oficinas de farmacia.” 

La Oficina de Farmacia de autos fue autorizada a fin de atender la prestación farmacéutica de un núcleo de población de más de 2000 habitantes en virtud del artículo 5.1.b) del Decreto de 31 de Mayo de 1957. La Titular interesó el traslado del establecimiento a un local sito fuera del área de delimitación del núcleo y ello sin que su farmacia hubiera sido afectada por la instalación ni traslado de otras Oficinas de Farmacia dentro del referido núcleo.

Las Oficinas de Farmacia a las que se refirió se ubicaban fuera del núcleo o área para el que estaba autorizado el establecimiento. El traslado implicaría un desabastecimiento del núcleo de población para cuya prestación farmacéutica se concedió en su día la licencia de apertura de una nueva farmacia sujeta a un régimen especial.

La Farmacéutica Titular adquirió mediante compraventa en Septiembre de 2004, una Oficina de Farmacia “de núcleo”, autorizada por la vía excepcional del artículo 5.1.b) del Decreto de 31 de Mayo de 1957 y resulta que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 31/1991 prevé un régimen especial de traslado de las Oficinas de Farmacia “de núcleo” exigiendo la concurrencia de una de estas 2 condiciones fijadas alternativamente; a fin de que la autorización de cambio de emplazamiento pueda ser concedida:

1)    Que esta farmacia “de núcleo” se vea afectada posteriormente o por la apertura ex novo o por el traslado, ambos operados en su núcleo o ámbito de la autorización de apertura, de otras oficinas farmacéuticas.

2)    Que el traslado de esta farmacia “de núcleo” se solicite para realizarse dentro del mismo núcleo para el que fue autorizada, siempre que guarde las distancias legalmente fijadas con las restantes oficinas y establecimientos hospitalarios y de atención sanitaria.

El traslado se solicitó en un inmueble que, según razona la Sentencia, está fuera del núcleo para el que la apertura de la Oficina de Farmacia fue permitida en el año 1974.

Ninguna de las 3 Oficinas de Farmacia invocadas conforme a aperturas y/o traslados efectuados se emplazaban dentro del núcleo de población que constituía el ámbito espacial de su autorización de apertura otorgada excepcionalmente en su día, sino que se hallaban en calles próximas a los límites de este núcleo.

No se puede tampoco atender a una hipotética “ruptura del núcleo” a causa de la inauguración de nuevos centros de atención primaria o por el desarrollo urbanístico de la zona, que permitan autorizar el traslado fuera del mismo ante la no producción del desabastecimiento farmacéutico, ya que la Ley 31/1991 señala sólo 2 supuestos para que se permita el traslado de estas oficinas abiertas por una serie de circunstancias y finalidades especiales, ninguna de las cuales concurren en el presente supuesto.

Por ello, se consideró a la luz de lo que antecede, que el traslado se produjo fuera del núcleo y sin que la farmacia se hubiera visto afectada por la apertura o traslado en el núcleo de otras oficinas farmacéuticas, consideraba improcedente autorizar el traslado litigioso en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 31/1991 de 13 de Diciembre.

3.-Especial mención del DERECHO COMUNITARIO:

1.-Se esgrime en la Sentencia el no pronunciamiento sobre la infracción de la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 43 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.-Se aduce a la vulneración del derecho comunitario en razón del Dictamen motivado emitido por la Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de Junio de 2006.

3.-Se alega la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al traslado de farmacias de núcleo en los supuestos de afectación derivada del previo traslado o apertura de una nueva farmacia.

Argumenta la Sala, según lo manifestado ya en la Sentencia de 9 de Febrero de 2009, que el hecho de que la Comisión Europea hubiera iniciado en su momento un procedimiento de infracción contra España, ninguna proyección tiene sobre el presente conflicto en que el recurrente es un ciudadano español.

El Abogado General BOT en sus conclusiones de 16 de Diciembre de 2008, recuerda que el legislador comunitario ha señalado a modo de ejemplo que la distribución geográfica de las farmacias y el monopolio de la dispensación de medicamentos deben seguir siendo competencias de los Estados miembros.

Recordatorio de jurisprudencia comunitaria:

a)    No consta que la Comisión de las Comunidades Europeas hubiere suscitado ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento de Estado, como si inició respecto de la República Italiana.

b)    Si bien fue admitida a trámite la cuestión prejudicial respecto a la libertad de establecimiento en la legislación alemana –que contempla que solo los Farmacéuticos pueden poseer y explotar una farmacia- el Abogado General en sus conclusiones realiza unas afirmaciones en la línea de las antes vertidas.

c)    En asuntos que tenían por objeto sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias fueron declarados manifiestamente inadmisibles al no aportar el órgano jurisdiccional remitente información suficientemente detallada sobre el marco jurídico nacional.

d)    El Abogado General en la conclusiones de los asuntos acumulados afirma que el “Derecho comunitario no supone merma alguna de la competencia de los Estados Miembros para ordenar sus sistemas sanitario y  de seguridad social”

e)    Para acabar, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de Junio de 2010 sobre sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por el TSJ de Asturias sobre si la libertad de establecimiento, se opone al contenido de determinados preceptos de las normas reguladoras de la apertura de Oficinas de Farmacia en el Principado de Asturias.

1. En sus fundamentos se analiza la distribución territorial a escala regional y la posibilidad de establecer distintos criterios atendiendo al módulo poblacional así como el aserto acerca de la desigualdad de trato por ausencia de conocimiento de los programas de salud previstos por la administración regional.
2. Destacar que considera que:

                   i.     “un Estado miembro puede adoptar una normativa que establezca que solo se puede crear una farmacia en relación con un determinado número de habitantes”

                   ii.     sin que ello contravenga la libertad de establecimiento al considerarse “adecuado distribuir las farmacias de manera equilibrada en el territorio nacional”.

Concluye ambos motivos la Sentencia, en el sentido de que ninguna duda ofrece que no obsta a libertad de establecimiento la adopción de normativa nacional y autonómica, en su caso, que limite la apertura de una Oficina de Farmacia atendiendo al número de habitantes. Y, obviamente, vinculado a la apertura inicial de un establecimiento de farmacia se encuentra la eventual autorización para su traslado.

En nuestro ordenamiento coexisten las Oficinas de Farmacia ordinarias con las llamadas “de núcleo” abiertas al amparo de lo establecido en el artículo 3.1.b) del RD 909/1978 de 14 de Abril.

Por ello, no resulta sorprendente que la Ley autonómica 31/1991 de 13 de Diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña, establezca un cauce específico para el traslado de las Oficinas de Farmacia abiertas al amparo de aquella norma reglamentaria, cuya interpretación por la Sala de instancia combate la recurrente bajo el argumento de una vulneración de derecho comunitario que, en modo alguno, ha acontecido a la vista de la situación expuesta.

Se insiste en que el citado precepto recoge la prohibición de restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, situación aquí no acontecida.]]> Sun, 24 Aug 2008 +0200 se cumple el principio de libre ejercicio de las profesiones liberales.

En muchos casos, el Tribunal Supremo permite adecuar la población del núcleo a la real existente, partiendo de los datos del padrón municipal. Para ello se utilizan datos fiables, como los de contadores de agua existentes en la localidad y los contratos de suministro de energía eléctrica, entre otros.

El Alto Tribunal suele concluir con que la norma que ordena la apertura de una farmacia (una por cada 2.800 habitantes); y superada esa cifra, por incrementos de 2000 habitantes, queda acreditada suficientemente.

El requisito de población legalmente exigido, de los principios de libertad de empresa, de protección de la salud, del libre ejercicio de las profesiones liberales, de la flexibilidad y pro-apertura tan reiteradamente proclamados por la jurisprudencia.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ratificó, con fecha 15 de julio de 2008, la sentencia de 27 de Mayo de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Esta sentencia estimó la procedencia de la autorización de la apertura de una farmacia en una zona de salud murciana, conforme a la normativa de 1978, bajo estos criterios.

Se entiende que hay aceptar la vigencia del RD 909/78 dada la claridad de los preceptos de remisión expuestos (RDLey 11/96, Ley General de Sanidad de 1986, Ley de Medicamento y Ley 16/1997), en todo lo que no contradiga al nuevo régimen, pero con suficiente amplitud para permitir la apertura de las Oficinas aplicando los criterios que resulten vigentes para completar e integrar la normativa transitoria, a la que prácticamente ciñe su vigencia.

SÍNTESIS

No ha lugar al Recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contra  la Sentencia de 27 de Mayo de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que estima la procedencia de la autorización de la apertura de Oficina de Farmacia en una Zona de Salud de una localidad murciana. Aplicación supletoria de los criterios establecidos en el RD 909/78.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 15 de Julio de 2008. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

En la misma línea que la sentencia de 20 de Diciembre de 2000, se ha venido diciendo que el criterio jurisprudencial seguido para el cómputo de los habitantes de núcleo, a que hace referencia el artículo 1.3 del Real Decreto 909/1978 de 14 de Abril, ha dejado de tener virtualidad una vez que esta norma ha quedado derogada expresamente por el Real Decreto Ley  11/96.

Y en segundo lugar, ésta última norma en el último párrafo del apartado tercero de su artículo primero, expresamente dispone que “el cómputo de habitantes de cada zona se efectuará según los datos del Padrón Municipal vigente en la fecha de la solicitud”.

Sin que en este último se distinga ya entre población de hecho y de derecho, toda vez que la única cifra que registra es la de los residentes, habiendo desaparecido ya los conceptos de presentes, ausentes y transeúntes, que modifica, entre otros, los artículos 15 y 16 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al determinar que los datos del Padrón constituyen prueba:

*de la residencia en el municipio

*del domicilio habitual del mismo

Con estos argumentos justifica la Sala de instancia el cambio de criterio, como ya se hizo en la Sentencia de 31 de Enero de 2005, en cuanto a la vigencia del RD 909/78 que en lo que aquí interesa es solamente la admisión de la población de hecho en el cómputo de habitantes.

Queda acreditado suficientemente a juicio también de la Sala de Instancia que concurre el requisito de población legalmente exigido, a lo que abonarían los principios de libertad de empresa, de protección de la salud, del libre ejercicio de las profesiones liberales y de la flexibilidad y pro-apertura tan reiteradamente proclamados por la jurisprudencia (STS 17 de Julio de 1990).

Y además cuando se da conflictos de intereses que puedan existir entre los Farmacéuticos instalados, por un lado y las necesidades de la salud de los ciudadanos por otro, ha de resolverse en el sentido de proteger y promover la igualdad de los ciudadanos y la libertad de empresa, con lo que, en último término, se cumple el principio de libre ejercicio de las profesiones liberales STS 22-2-88 y 5-3-88 ( STS 8 de Junio de 1999).

Dada la fecha de la petición de la apertura de la Oficina de Farmacia de 26 de Agosto de 1998 –la norma aplicable era la Ley 3/97 de 28 de Mayo de Ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia, pero como esa norma no suspendió el trámite de las peticiones de apertura de farmacia hasta que se desarrollara reglamentariamente y en su Disposición Transitoria Primera dispone que hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario la norma aplicable es la Ley 16/97 de 25 de Abril y la Orden de 29 de Julio de 1996 de la Consejería  de Sanidad, a ese régimen transitorio se había de estar.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 30 de junio de 2009, consideró correcto el criterio de la Sala de instancia- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia de 14 de septiembre de 2007 que inicialmente denegó el registro.

Para el Tribunal no ofreció duda la semejanza entre los términos relativos a los nombres comerciales y que ello producía riesgo de confusión en los consumidores. Tampoco eran suficiente distintos los otros elementos gráficos y denominativos.

Por otra parte, a juicio de la Sala, sus campos de actuación estaban relacionados ya que ambos actúan en el sector farmacéutico: bien sea en el campo de la compraventa de productos, bien sea en el de la distribución, transporte, depósito y almacenamiento. El principio de especialidad no era operativo.

Se aludió en la sentencia, a que la jurisprudencia establece que “no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas”.

Por ello, desde el Gabinete López-Santiago recomendamos registrar la marca que se desee para la farmacia, lo antes posible, dada la proliferación de nombres comerciales, pero huyendo de denominaciones muy genéricas, “Farmacia de la Plaza”, “Farmacia Europea” o “Farmacia Madrid”, por ejemplo, dificilmente serán aceptadas por el Registro.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 30 de Junio de 2009. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial). 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. Ante la proliferación de registro de nombre comerciales de las farmacias, en el caso que se trata, la circunstancia de que en la sentencia se esté haciendo alusión a la jurisprudencia que establece que “no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas “. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

En la sentencia se considera correcto el criterio de la Sala de instancia que apreció identidad fonética entre los signos comparados, en este caso, los nombres comerciales de dos empresas, y que la identidad de los ámbitos de aplicación eran susceptibles de producir confusión en el mercado.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto.

Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres.

Se dice también que “en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas”.

En el caso de autos, no ofrece duda que la semejanza entre los nombres comerciales es clara y produce riesgo de confusión en los consumidores ya que la última sílaba del signo opuesto no es suficiente para mostrar una diferencia notable, al encontrarse al final de la palabra.

Tampoco tienen suficiente distintividad los otros elementos gráficos y denominativos, pues son eclipsados por el más resonante y visible que se coloca en grafía más grande y superior plano que el resto de la denominación, casi imperceptible.

Por otra parte, sus campos aplicativos están relacionados, ya que ambos actúan en el sector farmacéutico, bien sea en el campo de la compraventa de productos, bien sea en el de la distribución, transporte, depósito y almacenamiento, por lo que el principio de especialidad no es operativo; sin que el hecho de que se encuentren en el ámbito de los productos farmacéuticos pueda tener influencia cuando la similitud es de extrema intensidad como ocurre en el caso.]]> Mon, 14 Sep 2009 +0200

La sentencia del Superior de Justicia de Andalucía desestimatoria de Mayo de 2005 y objeto de casación ante el Supremo, aludió a que la tramitación a seguir en el procedimiento administrativo debía observar los principios de publicidad y transparencia, en virtud de lo dispuesto en el RD 909/1978. 

En cuanto a que a la vista del censo de población y de las farmacias existentes la Farmacéutica tendría derecho a la autorización solicitada, dijo el Superior de Justicia y transcribió el Supremo, que constituía cuestión de fondo sobre la que la Administración no se pronunció y que era ajena a la Resolución impugnada y citada.

Aludió el Alto Tribunal a que el Superior de Justicia no incurría en vicio de incongruencia omisiva al no resolverse en la sentencia la pretensión principal planteada. En su consecuencia, mientras no se ultimara correctamente el procedimiento administrativo preceptivo, no cabía el análisis de la pretensión relativa a la nueva apertura solicitada en el año 1999. 

En la Resolución de Enero de 2000 de la Consejería, se dispuso también la retroacción del expediente de nueva apertura al apreciar un vicio de forma. Causaba indefensión, no solo a la Farmacéutica recurrente, sino a todos los interesados, como eran los que presentaron solicitudes anteriores a la suya. Éstos no habían tenido noticias de que había un Farmacéutico que había solicitado con posterioridad. Ello podía influir en sus expedientes que aún no eran firmes en vía administrativa. Se producía una posible conculcación del derecho a la defensa de sus legítimos intereses. Debía por tanto, retrotraerse el expediente administrativo a fin de que le fuera dado trámite de audiencia a los otros interesados por si quisieran personarse en él y formular alegaciones en defensa de sus derechos.

Consideró el Alto Tribunal en sus fundamentos que, el procedimiento de autorización de una farmacia debe comportar trámite de concurrencia, puesto que se limita normativamente el número posible de Oficinas de Farmacia y puesto que su régimen jurídico va dirigido a garantizar la mejor asistencia farmacéutica a la población.

La Audiencia concluyó que fue la voluntad de los vendedores la que impidió la celebración del contrato de compraventa de la Oficina de Farmacia.

Primero porque la Farmacéutica compradora –aún a pesar de que no se hubiera desglosado el precio de la farmacia y del local- estaba dispuesta a acoger el desglose de cantidades propuesto por los vendedores.  Incluso la compradora hizo ofrecimiento mediante telegrama para escriturar por dichos precios, pero en el acta notarial de Febrero de 2005, los vendedores ni tan siguiera intentaron la celebración del contrato, limitándose a comparecer ante el Notario al objeto de hacer entrega de los talones, dando por resuelto el documento de señal de Noviembre de 2004. 

La hipoteca no fue cancelada registralmente hasta finales de Febrero de 2005 y no constaba que se hubiese comunicado a la compradora  que se había procedido al despido de una empleada. 

La Audiencia fundamentó jurisprudencialmente que el documento de señal firmado en Noviembre de 2004 entre las partes no era un cuasicontrato, y sí un precontrato, en concreto una promesa de compraventa celebrada al amparo del 1451 del Código Civil.

Según nuestra jurisprudencia, la esencia del llamado precontrato es la de constituir un contrato por virtud del cual las partes se obligan a celebrar posteriormente un nuevo contrato (el definitivo) que, de momento, no quieren o no pueden celebrar. Quedar obligado a obligarse.

En el momento de suscribir el documento de Noviembre de 2004, -a criterio del tribunal- debía obtenerse la correspondiente autorización administrativa de la compraventa, debía procederse a extinguir la relación laboral de la empleada y debía cancelarse registralmente la hipoteca relativa al local.

Arguyó la Audiencia, a la vista de los pactos del precontrato, que, además, con independencia de la calificación otorgada al convenio suscrito entre las partes, se establecieron unas arras penitenciales que fueron libremente pactadas, al amparo del 1454 del Código Civil. El tribunal razonó que dicho precepto normativo tiene un carácter excepcional, que exige una interpretación restrictiva, si no aparece una voluntad indubitada de las partes de atribuir a las arras tal carácter de penitenciales, deben ser conceptuadas como confirmatorias. En el presente supuesto concluyó la Audiencia Provincial que se hallaba ante unas arras penitenciales.

Gabinete López-Santiago ha otorgado siempre una relevancia fundamental a la plasmación documental de los tratos preliminares y de los contratos de arras o de compraventa, que recogen los pactos entre las partes. Por un lado, es necesario “señalizar” la operación de compraventa, por razones obvias: la obtención de permisos, eliminación de cargas, acuerdos laborales… pero, por otro lado, es básico que no haya incidencias con la interpretación de dicho documento previo. Debe ser transparente, sencillo e inteligible, es decir, el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Técnicamente debe reunir las condiciones jurídicas que le quieran atribuir las partes en la celebración y para ello, recomendamos –sin ningún tipo de excusa- la intervención de un letrado especialista.]]> Sat, 12 Feb 2011 +0200 Como hemos podido observar el Real Decreto 909/1978 de 14 de Abril fue dejándose atrás al hilo de la nueva creación de Leyes de Ordenación Farmacéutica en cada Comunidad Autónoma. A pesar de ello, sigue vigente y es de aplicación a falta de desarrollo de las citadas leyes en Ceuta y Melilla.

En su larga trayectoria ha desprendido de su espíritu, la posibilidad de que el farmacéutico pudiera conseguir una autorización de nueva apertura de farmacia. No en régimen de concesión sino de autorización administrativa. El expediente se generaba por su propia voluntad y con la intención de cumplir los requisitos de población y distancias básicamente.

Posteriormente, con la promulgación de las diferentes Leyes de Ordenación Farmacéutica, observamos que en la mayoría, el expediente de nueva apertura se deja a la discrecionalidad de la Administración. Sólo en Navarra, Ceuta y Melilla, el farmacéutico podría obtener la autorización de una nueva apertura, si lo ha solicitado a instancia de parte y reúne los requisitos administrativos, entre los más importantes, cupo de habitantes y distancias, sin necesidad de abocarse a un concurso de méritos.

En Cataluña se puede instar una solicitud, pero dado que la población no crece, y que existe una gran acumulación de expedientes ya solicitados, las posibilidades de obtención de una farmacia, solicitándola ahora son prácticamente nulas.

De ahí que la intervención de la Administración en la mayoría de las Comunidades, por un lado, consista en detectar la zona en la que se precisa una Oficina de Farmacia.

A veces ayudada por el interés del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, del Ayuntamiento o de los mismos farmacéuticos, como en la Comunidad de Galicia. Otras veces, como en Navarra, de oficio, deben detectar que se cumplen las previsiones mínimas según la planificación farmacéutica con la que se entienden cubiertas las necesidades de la población paciente. Así, en Aragón, por ejemplo, se estará a la recopilación de los incrementos poblacionales según los padrones municipales.

Por otro lado, una vez detectada la necesidad de una nueva Oficina de Farmacia en la zona, la Administración competente es la responsable de convocar, conforme al procedimiento administrativo, el concurso de la nueva apertura de farmacia. La citada convocatoria se hará pública en el Diario o Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en general, la adjudicación se realizará por baremación de méritos.

En cuanto al procedimiento administrativo lo establece cada Comunidad Autónoma.

Podríamos extendernos sobre los diferentes puntos de vista de cada Comunidad Autónoma a la hora de baremar los méritos del farmacéutico que concursa para obtener la nueva apertura de Oficina de Farmacia. Incluso Bruselas ha calificado que el hecho de premiar el conocimiento de la lengua local o el empadronamiento en la Comunidad Autónoma de la convocatoria, puede contravenir la libre circulación de profesionales en el territorio europeo (según el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea). En este sentido, Asturias, Cantabria, Valencia, Baleares y Murcia otorgan mayor puntuación a los farmacéuticos que han ejercido su profesión dentro de la Comunidad Autónoma. Con respecto al idioma, Cataluña, País Vasco, Valencia, Baleares y Galicia priman dentro de sus concursos de valoración de méritos el conocimiento de la lengua local.

Por el momento, como ocurre en otros ámbitos, la divergencia con el actual sistema de nuevas aperturas estatal, ya sea por la influencia europea, ya sea por la variedad en su aplicación autonómica, se dirime en los Tribunales.

Un ejemplo de ello, lo hallamos en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 23 de Febrero de 2010* que hizo referencia a la exposición de motivos de la Ley 16/1997 de 25 de abril, de regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia para fundamentar las funciones del ejercicio profesional farmacéutico.

La designación de los cursos o actividades relacionadas con las funciones a desarrollar en la Oficina de Farmacia –según el Alto Tribunal- no queda sustraída del examen de los Tribunales en virtud de la discrecionalidad técnica de la Administración.

Por tanto, en este sentido, consideró el Tribunal Supremo que, la Microbiología, la Biología Molecular y la Bioquímica parecían guardar una conexión más o menos intensa con las expresadas funciones oficinales, en cuanto para la elaboración de fórmulas o preparados, para seguir la evolución de los tratamientos farmacológicos de los enfermos y para el control del uso de los medicamentos y la detección de sus efectos adversos, resulta útil –a criterio del Tribunal- contar con conocimientos sobre aquellas materias, por lo que su posesión era susceptible de permitir una mejor prestación de la atención farmacéutica entendida en dicho amplio sentido, que era precisamente el de la normativa aplicable.

Lo más sorprendente, desde nuestro punto de vista es que según el Tribunal, la religión, formación física, política e idioma también consideró la Sala que puntuaban. No respondía a un criterio legal, -según el Supremo-, la sustracción de la valoración de las asignaturas de religión, formación física, política e idioma, para hallar el coeficiente que constituía la puntuación atribuida a este mérito. Tenía en cuenta además que al tiempo en que fue obtenida por la recurrente la licenciatura, las asignaturas formaban parte de los estudios oficiales de la carrera de Farmacia en plano de igualdad con otras más vinculadas con el ejercicio en la oficina farmacéutica.

Ahora bien, deberemos tener en cuenta, como en el presente caso y en la mayoría de los supuestos, que las resoluciones de fecha 2004 que desestimaban la puntuación, han debido ser recurridas, en alzada, ante el Tribunal Superior de Justicia y por último ante el Tribunal Supremo, habiendo transcurrido más de 6 años. De ahí que como decíamos las hipotéticas divergencias sobre la baremación se diriman en los juzgados.

En el siguiente adjunto les detallamos el desarrollo normativo relativo a la Ordenación Farmacéutica por lo que respecta a las nuevas aperturas en cada región.

 ]]> Mon, 04 Apr 2011 +0200 Es importante, tener en cuenta además, que, existe una incompatibilidad por las mismas cantidades con la deducción general por vivienda. Es decir, no darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción estatal por inversión en vivienda habitual.

Respecto a la cantidad máxima de deducción, decir que se cifra en 4.000 Euros anuales, si la base imponible es igual o inferior a 33.007,20 Euros. Proporcionalmente, aquélla va disminuyendo hasta desaparecer, al alcanzar la base imponible de 53.007,20 Euros, conforme a la fórmula: (4.000 euros - [(B.I - 33.007,20) x 0,2].)

Los importes satisfechos en el ejercicio, no deducidos por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

Por último, es necesario que las cantidades satisfechas, se hayan abonado mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que hayan realizado tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en metálico.

¿Qué tipo de obras de mejora generan derecho a la deducción?

Las obras realizadas en la vivienda habitual que dan derecho a la deducción podrán ser las siguientes:

1.-La mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o que favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

2.-Las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda habitual del contribuyente.

No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

Como podemos observar, tanto el límite relativo a la base imponible, la incompatibilidad con la deducción por inversión de vivienda habitual, como la casuística tan cerrada del tipo de obras que generan el derecho de deducción, acotan su aplicabilidad. Ello a pesar, del eco que se han hecho los medios de comunicación. Recordemos que apareció como una de las novedades fiscales de mayor participación. Se trataba de una reivindicación de numerosos contribuyentes, sobre todo, a raíz de la imposibilidad de adquirir una nueva vivienda y de las limitaciones impuestas a la deducción por inversión de vivienda habitual.

Según la Agencia Tributaria desde 1 de enero de 2011. La principal novedad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es el cambio normativo en la deducción por inversión en vivienda habitual, que únicamente será aplicable a los contribuyentes en aquellos ejercicios en los que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.

Cantidad a deducir por el farmacéutico en función de su base y/o minusvalía.-

En cuanto al importe relativo a esta deducción será:

a) Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales:

9.040 euros anuales.

b) Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales:

9.040 euros – 1,4125 x (Base Imponible – 17.707,20 euros anuales).

Respecto a la deducción por obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por razón de discapacidad. El importe de esta deducción, independientemente de la fijada anteriormente será:

a) Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 12.080 euros anuales.

b) Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales:

12.080 euros – 1,8875 x (Base Imponible – 17.707,20 euros anuales).

(Recordaremos que la base imponible se compone de las ganancias y pérdidas imputables al ejercicio, rendimientos, imputaciones de rentas y compensaciones, es decir, entre dichas partidas se incluye el rendimiento de la actividad económica de la farmacia). 

Reflexiones generales. Entonces, ¿a qué Titulares de Oficina de Farmacia beneficiará  a partir de ahora esta deducción?

Si tenemos en cuenta únicamente dicho rendimiento podemos determinar las siguientes reflexiones generales:

a)    Si en la farmacia obtenemos unos Beneficios Antes de Impuestos (BAI) de entre un 10 y un 15% sobre el volumen de ventas, únicamente aquéllas con un volumen de facturación de entre 160.000 y 240.000 € podrían beneficiarse de la deducción.

b)    Si se trata de una farmacia de reciente adquisición financiada a un 5% de interés y con una amortización del fondo de comercio incluso acelerada del 7,5% la deducción podría beneficiar a farmacias de hasta un volumen aproximado de ventas al año de 1.200.000 €.

Por tanto, si consideramos que el promedio de ingresos en farmacia es de unos 600.000 €/año, sólo farmacias de baja facturación y aquéllas recientemente adquiridas, y que no han amortizado el préstamo de adquisición, ni el fondo de comercio, podrán optar a la deducción por vivienda habitual, siempre que no superen un volumen de facturación anual entre 1.000.000-1.200.000 €.

En cuanto a los parámetros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2011 y sucesivos, la deducción abarca la adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación de vivienda habitual y aquellas cantidades que se depositen en entidades de crédito para la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

Es decir, una sociedad profesional se puede incorporar al Colegio para actividades como los análisis clínicos o la ortopedia pero no pueden hacerlo en la modalidad de titular de una Oficina de Farmacia. 

El 16 de Junio de 2008 finalizó el plazo para adaptarse a la Ley 2/2007 de 15 de Marzo, de sociedades profesionales. Debió solicitarse la inscripción en el Registro Mercantil de cualquier sociedad que le afectara.

A los 18 meses de su entrada en vigor (16 de Diciembre de 2008), se sancionaba este incumplimiento. 

En la Disposición Adicional Sexta de dicha Ley ordena que, sin perjuicio de lo dispuesto en ella, la titularidad de las Oficinas de Farmacia se regulará por la normativa sanitaria que les sea de aplicación.

En su consecuencia, se desee o no, opiniones a parte, la farmacia está dentro. Es decir, esta Ley le es de aplicación. 

Limitaciones al ejercicio del farmacéutico en forma asociada

Ahora bien dicho esto, tal y como se han pronunciado diversos profesionales del Derecho, entre los que destaca Ernesto Eseverri –Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada y Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, en su informe de Mayo de 2007, a continuación se señalarán razones por las que se limita sobremanera el ejercicio de la actividad profesional del farmacéutico en forma asociada.

Por un lado, el hecho de que las Oficinas de Farmacia sean establecimientos sanitarios privados de interés público, requiere de una intervención administrativa con sus correspondientes autorizaciones y requiere que, hoy por hoy, el titular de la Oficina de Farmacia y el titular de la autorización administrativa para regentarla sean elementos inescindibles en el ejercicio de la actividad de farmacia (así la responsabilidad derivada de su ejercicio solo puede ser imputable al farmacéutico).*

Si, en virtud de lo anterior, la transmisión de una Oficina de Farmacia, en todo o en parte, solo es posible realizarla a favor de otro farmacéutico que cuente con la preceptiva autorización administrativa, difícilmente podemos contemplar el otorgamiento de dicha autorización a una sociedad mercantil, ni de otra naturaleza jurídica, pues no se prevee la autorización de entidad con personalidad jurídica alguna. Tal y como apunta Eseverri, la aplicación de la Ley de Sociedades Profesionales al ejercicio profesional de la titularidad de una Oficina de Farmacia es prácticamente inviable. 

Cuidado porque se nos ocurre la idea de que la interpretación de esta Ley en farmacia ha quedado acotada a los titulares de la misma y no se ha extendido a aquellas asociaciones de farmacéuticos con ánimo de prestar servicios profesionales (que no desarrollaran su actividad a través de una Oficina de Farmacia) a los que también les es de aplicación esta Ley. 

Por tanto, en cuanto a la inversión de un máximo del 25% en el capital o en la titularidad del patrimonio de la entidad, las sociedades profesionales que pudieran constituirse para el ejercicio de la actividad deberían estar formadas, en su integridad, por socios farmacéuticos, titulares, todos ellos, a su vez, de autorizaciones para regentar Oficinas de Farmacia.

Si analizamos alguna de las conclusiones del informe jurídico que encargó el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, podemos añadir que aunque la Ley de Sociedades Profesionales permite que una persona jurídica se incorpore al Colegio Oficial de Farmacéuticos, no presta cobertura para otorgarle una autorización de Oficina de Farmacia.

Como hemos aludido en otros foros, desde el 2007 no se ha promulgado desarrollo de la Ley. De momento, de cara a delimitar la incompatibilidad del farmacéutico y el régimen sancionador respecto a la sociedad profesional, los diferentes Colegios de Farmacéuticos han ido modificando sus estatutos y han habilitado reglamentos de inscripción para el registro colegial.

Algunos aspectos de las sociedades profesionales

Es necesario el otorgamiento de escritura pública de constitución par acceder al Registro Mercantil. También debe registrarse en el Colegio de Farmacéuticos.

El Registro Mercantil comunica de oficio al colegio profesional cualquier inscripción de la sociedad profesional.

Por su parte, los colegios profesionales deben remitir al Ministerio de justicia las inscripciones practicadas.

Se incorporarán a un portal de internet de acceso público, gratuito y permanente. 

Causa de disolución obligatoria:

No cumplir con los formalismos que exige la ley. Cualquier interesado puede pedirla y sólo se otorgan tres meses para regularizar la situación. 

Sociedad multidisciplinar: Criterio 

Profesiones susceptibles de asociaciación. No deben observarse incompatibilidades.

Titulación y colegiación obligatorias.

Objeto social: se requiere para cumplir la actividad se cuente con un un socio profesional de esta actividad.

Inscripción multicolegial.

Identificación “P” de profesional en el nombre

Solicitud de certificación negativa en el Registro Mercantil antes de constituirla (también aunque sea una Sociedad Civil Particular)

Denominación: objetiva, subjetiva o de fantasía.

Subjetiva: (apellidos, por ejemplo)

Si es subjetiva la baja del socio  (a pesar de la sociedad limitada,) no conlleva que pueda retirar su nombre.

Se recomienda pacto en los Estatutos o mantenimiento del nombre contra indemnización u otras. 

Objetiva:

Deben evitarse las confusiones. 

Régimen de prestación de servicios del socio para con la sociedad

Tiene una obligación de prestación accesoria.

Se recomienda su regulación en Estatutos (dedicación, retribución, clientela, incumplimentos).

En la sociedad civil la obligación de prestación es personalista.

No hay prohibición de competencia con la sociedad.

Debe regularse en Estatutos (por ejemplo, prestación exclusiva salvo autorización de la Junta General) La retribución económica puede ser mediante dividendos u otros.

El incumplimiento del socio puede ser causa de exclusión.

Las cláusulas penales son admitidas por el Registro Mercantil.

Criterio de retribución de los socios (art. 10 Ley)

Criterio supletorio de participación en el capital social.

Criterio de antigüedad, y otros, esfuerzo, por ejemplo.

Responsabilidad (art. 11 Ley y Disposición Adicional 2ª) importante:

Solidaria (sociedad profesional y actuantes socios o no)

Obligatorio seguro de sociedad profesional

Responsabilidad colegial (art. 9 Ley)

Pueden ser responsables la sociedad profesional y los socios.

Si a un socio lo inhabilitan el resto de socios y la sociedad se contagian ex lege (por tanto, todos responsables)

Transmisión  art. 12 Ley

No puede vender sin el consentimiento de todos los socios profesionales o de la mayoría

Mortis causa (art. 15 Ley)

Por estatutos puede regularse que por mayoría impidan a los herederos del socio heredar.

Separación de socios profesionales (art. 13 Ley)

El socio profesional puede hacerlo de buena fe

Exclusión art. 14 Ley

Causas voluntarias, obligatorias como la inhabilitación.

Cuota de liquidación art. 16 Ley 

¿Qué importe?

Valor razonable de las participaciones, real.

En la Sociedad Limitada, no deciden socios, ni auditor ni sociedad, sino auditor nombrado por el Registro Mercantil.

Hoy por hoy, en los estatutos puede regularse el importe que queramos (si aporta 1500€ de capital puede llevarse los mismos 1500€ que aportó,  por ejemplo). Amortización del derecho de adquisición preferente.

En el Gabinete López-Santiago, hemos apreciado un cambio de criterio en la interpretación en el siguiente sentido: Hace unos años fallecía el causante, en nuestro caso, un farmacéutico, y se dejaba prescribir la aceptación de la herencia. Muchas veces porque se había plasmado en documento privado, otras veces porque se desconocía el tratamiento de la farmacia. Este último caso hace referencia sobre todo, al matrimonio, con régimen económico de gananciales, en el que fallecía el consorte no Farmacéutico y había que disolver la sociedad.

En la actualidad, resulta imposible no declarar la herencia. El período de prescripción de cuatro años se hace muy largo. Además la Agencia Tributaria, ya sea estatal o autonómica, ha aumentado el control. 

Control fiscal de los medios de pago que ha redundado en la compraventa de la farmacia.

Ha ocurrido sobre todo a raíz de la Ley 36/2006 de 29 de Noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal. Como consecuencia de lo anterior, los medios de pagos en la venta de la farmacia, deben ser acreditados: cómo y cuándo se hicieron efectivas las cantidades. Si se hicieron efectivas unas arras, por ejemplo, el Notario debe protocolizar los justificantes de cheques, transferencia o incluso pagos en metálico, en la escritura.

Es curioso que siendo aplicable a los bienes inmuebles y conociendo la amenaza para los Notarios de que las escrituras públicas no se inscribirán en el pertinente Registro, se haya aplicado a la farmacia. Es decir, el contexto de la Ley hace referencia a las transmisiones de bienes inmuebles pero por extensión se ha aplicado a la transmisión de bienes muebles como la Oficina de Farmacia. Además al hecho de que se trate de bienes muebles añadimos el hecho de que la compraventa de farmacia no se inscribe en el Registro.

Ante la idiosincrasia de la farmacia y su incidencia en temas fiscales, los Notarios por seguridad jurídica están llevando a cabo esta práctica. No obstante lo anterior, la Agencia Tributaria ha decido abrir expedientes de  comprobación de las citadas escrituras de compraventa, cuyo alcance es verificar los medios de pago empleados.

Planteamiento del supuesto en el que se ha heredado la farmacia o la vivienda, esta aceptación de herencia está prescrita y queremos vender. 

Caso en el que el causante falleció hace mucho tiempo, pero hay que aceptar la herencia ante Notario y liquidarla por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque sea como prescrita. 

Sabemos también que, es necesario si queremos vender.

Y por último sabemos que ello tiene incidencia no solo a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sino en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –y éste, que devenga en el momento de la venta-, no está prescrito.

Se atribuía un valor del bien, farmacia o vivienda, actual, en el momento de la aceptación de herencia, ya prescrito el Impuesto sobre Sucesiones, con lo cual  la plusvalía a declarar en el Impuesto sobre la Renta era cero.

¿Qué pasaba a la hora de declarar el Impuesto sobre la Renta? 

Se consideraba como fecha de adquisición del bien la de la aceptación de herencia –porque se trataba de la escritura pública y porque de ello tenía constancia la Agencia Tributaria-.

Se olvidaba la fecha de fallecimiento del causante. Y sobre todo, el valor atribuido al bien (un valor actual) aplicado a una fecha antigua, en un impuesto prescrito.

Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de Marzo de 2011. Control de la Agencia Tributaria. Fecha de la adquisición y valor de adquisición, en relación a la de la muerte del causante.

Conocemos la resistencia de la Hacienda Pública como administración a entrar a interpretar temas civiles. Este criterio es utilizado en muchas de las Resoluciones de la Dirección General de Tributos. Se deja este campo a los Tribunales.

En esta consulta de 21 de Marzo de 2011, sin embargo toma partido civil. Y lo hace para determinar la fecha de adquisición (como hasta ahora se venía señalando, la de la aceptación de herencia) pero cuyos efectos, conforme al Código Civil se retrotraerán al momento del fallecimiento del causante. 

“(…)El artículo 609 del Código Civil establece como una de las formas de adquirir la propiedad la sucesión testada e intestada, estableciendo el artículo 657 que “los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte”, el artículo 661 que “los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones”, el artículo 989 que “los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda”, y el artículo 440 que “la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia, añade que “el que válidamente renuncia a una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento”.

Por tanto, la fecha de adquisición será la de la adquisición por herencia de la vivienda, según las normas del Código Civil, produciéndose la misma con carácter derivativo, con la aceptación de la herencia, si bien los efectos subsiguientes se retrotraen al momento de la muerte del causante, de acuerdo con el artículo 989 del Código Civil.(…)”

Siguiendo el discurso de la consulta, la fecha de adquisición será la de la adquisición por herencia de la vivienda, según las normas del Código Civil, produciéndose la misma con carácter derivativo, con la aceptación de la herencia, si bien los efectos subsiguientes se retrotraen al momento de la muerte del causante, de acuerdo con el artículo 989 del Código Civil.

Pero en definitiva, una vez aceptada la herencia, se entiende que la adquisición se produjo en el momento del fallecimiento del causante. 

Por lo tanto, para determinar el valor de adquisición de los bienes conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 35/2006-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-, se deberá partir del valor real del inmueble en el momento del fallecimiento del causante.

Como conclusión, en caso de no haber sido presentada declaración por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el valor de adquisición del bien, farmacia o vivienda, compuesto por el valor normal de mercado podrá acreditarse aplicando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, cuya valoración es competencia de los órganos de comprobación de la Administración Tributaria.

Valor de transmisión. Coeficientes de abatimiento de la finca. 

El valor de transmisión será el importe real por el que se haga la venta.

Ya sea de la farmacia, ya de la finca. Se deducirán los gastos y tributos (plusvalía en el caso de fincas) inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por el heredero vendedor. 

Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al valor de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste. Es decir, de existir tasación superior sobre la farmacia o el inmueble se tendrá en cuenta ésta.

Por último, la disposición transitoria novena de la Ley del Impuesto establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.

Dicho régimen transitorio prevé una reducción sobre la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006, aplicando sobre el importe de las misma el coeficiente del 11,11 por 100 por cada año de permanencia del inmueble en el patrimonio del consultante que exceda de dos, contado desde su adquisición o realización de las inversiones y mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.

Estará no sujeta la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 derivada de inmuebles o inversiones y mejoras efectuados en los mismos, que a 31 de diciembre de 1996 tuviesen un periodo de generación superior a 10 años.

La ganancia patrimonial sujeta al impuesto se integrará en la base imponible del ahorro, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.]]> Thu, 16 Jun 2011 +0200

a)    Una de tipo físico, consistente en la destrucción total o parcial del local o declaración administrativa de ruina que impida el ejercicio profesional.

b)    Otra de tipo documental, ante la imposibilidad de permanencia en el local por extinción de la relación jurídica en virtud de la que se ocupa, siempre que esta extinción no sea imputable a la voluntad del titular de la Oficina de Farmacia.

La resolución del contrato de alquiler del local puede dar lugar al traslado forzoso de la Oficina de Farmacia instalada en este local, siempre y cuando la causa de la resolución del contrato no sea imputable al arrendatario y éste haya hecho todo lo posible por defender su posesión arrendaticia.

Además debe tenerse en cuenta que las causas ya existentes en el momento en que se instaló la Oficina de Farmacia en el local donde se encuentra ubicada no se pueden alegar para justificar un traslado forzoso.

El traslado forzoso solamente puede hacerse efectivo dentro de la misma área básica de salud donde la Oficina de Farmacia está instalada. La distancia a respetar por la nueva instalación es de 125 metros respecto del resto de Oficinas de Farmacia, sean o no de la misma área básica de salud. Igualmente deberán respetarse las distancias establecidas en la ordenación farmacéutica de Cataluña, respecto del centro de atención primaria cabecera de área básica de salud (225 metros).

En cuanto a la interpretación de los requisitos del traslado forzoso podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, de 5 de Mayo de 2005.

Normativa de aplicación

Ley 31/1991, de 13 de Diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña. Artículo 8. Traslados. 

Decreto 58/1997 de 4 de Marzo, DOGC 17-03-1997,pàgina, 2722 Desarrollo de la regulación sobre traslados.]]> Thu, 22 Sep 2011 +0200

Lo cierto es que, en la práctica de la farmacia, dado que la autorización administrativa es del farmacéutico, se conciertan contratos que juegan con la normativa de ordenación farmacéutica.

Se deslinda dicha autorización administrativa, de la gestión o explotación de la Oficina de Farmacia, como empresa. También nos referimos a aquéllos que pueden camuflar algún tipo de incompatibilidad.

Es decir, la libertad que tiene un farmacéutico, amparado por las normas de derecho civil, para plasmar su voluntad, tiene límites, cuya transgresión está penalizada, en alguna ocasión con la nulidad.

En este sentido, el artículo 6 del Código Civil y en concreto el apartado (…”3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención…..).

Dicho esto, nos encontramos con numerosas sentencias que interpretan estos pactos irregulares. No consideran demasiado importante infringir normas administrativas, cuando se celebran los contratos entre particulares. Es decir no los consideran nulos y les dan prioridad.

En Gabinete López-Santiago hemos decidido comentar una de estas sentencias de cara analizar la incidencia de los acuerdos civiles que intentan la defraudación de una norma jurídica o un pacto en contrario de lo dispuesto en ella.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa mediante sentencia de 11 de Febrero de 2003* fijó en el inventario de una herencia, una Oficina de Farmacia de San Sebastián incluido el local además de otros aspectos del pasivo, incluso ante la posible conculcación de normas administrativo-farmacéuticas.

En dicha sentencia se aludió a que la nulidad de que habla el Código Civil y que hemos citado, no puede aplicarse indiscriminadamente, sino que deben clasificarse los actos contrarios a la ley en tres grupos:

1.-Aquellos cuya nulidad se funda en un precepto específico y determinante de la ley que así lo imponga. En cuyo caso la nulidad debe decretarse incluso de oficio.

2.-Actos contrarios a la ley en que la ley misma disponga, a pesar de ello, su validez, debiendo reconocérseles validez a tales actos contra legem.

3.-Actos que contraríen o falten a algún precepto legal, sin que éste formule declaración expresa sobre su nulidad o validez. 

En este caso el juzgador debe extremar la prudencia en uso de una facultad hasta cierto punto discrecional. Concluirá declarando válido el acto, pese a la infracción legal, si la levedad del caso así lo permite o aconseja. Se sancionará con la nulidad si existen razones importantes que consideren el acto como gravemente contrario al respeto debido a la ley, la moral o el orden público. 

Dicha doctrina debe completarse por la jurisprudencia relativa a la nulidad parcial de aquellos contratos en los que sólo algún pacto resulte contrario a la ley, y siempre que conste además que se habría concertado aún sin la parte nula. (Sentencias del Tribunal Supremo ya de 10 de Octubre de 1977 ya de 4 de Diciembre de 1986, entre otras).

En definitiva, entre los 4 supuestos en los que tratamos de “salvar” la validez de los actos civiles –si incluimos el relativo a la nulidad parcial- 3 de ellos abogan por salvarla.

Nos cuestionamos pues: ¿La norma administrativa queda supeditada de alguna forma a la verdadera voluntad de las partes? 

En el supuesto de la sentencia se trata la firma de un documento privado con el fin de cumplir los trámites administrativos. Sin embargo la verdadera voluntad de las partes pretendía constituir una sociedad mercantil irregular por la que responder. Tampoco la transmisión a favor de uno solo de los herederos –por imperativo administrativo-farmacéutico- confundió el verdadero inventario de la herencia. 

Al parecer se suscribieron dos documentos privados, uno con fines administrativos y con el fin de preservar el negocio familiar de farmacia al amparo de la normativa farmacéutica vigente. Con él accedió a ser titular la hija farmacéutica, y pretendió ser dueña del establecimiento que constituía la mayor y casi el único activo de la herencia causada por su padre.

El otro documento privado se suscribió dos años más tarde. Se basó en una sociedad irregular con pactos civiles y económicos y con efectos entre las partes. Además fue asumido por todas los herederos y beneficiarios, de forma consciente y libre. La Audiencia analizó su nulidad. 

La hija farmacéutica recurrente en el procedimiento alegó la contravención de éste con la norma administrativo-farmacéutica de aplicación en vigor. La Audiencia basando sus argumentos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, la sentencia de 17 de Octubre de 1997, analizó que se trataba de una norma puramente administrativa. No veía posible su incidencia en el derecho patrimonial. Según la Sala, se limitaba a regular la titularidad administrativa también de las licencias para farmacia. Cabía reprochar irregularidades administrativas pero no eran bastantes para producir la nulidad del último contrato.

Se constató que su titularidad sobre la farmacia, de común acuerdo entre todos los herederos y beneficiarios, se puso a su nombre, como farmacéutica, a los meros efectos administrativos. Aunque a pesar de lo anterior, todos pactaron y convinieron una concreta explotación y gestión de la farmacia, en la forma y modo establecida en el citado convenio, con el único fin continuador de la actividad familiar. La hija farmacéutica se prestó en la forma y modo en que en el citado convenio se estableció con expresa y plena conformidad. No podía ir contra sus actos propios.

Se hizo patente la existencia de una sociedad irregular compuesta por los integrantes del núcleo familiar, que tenía como fin social la explotación del negocio de farmacia. Sociedad, cuyos pactos se mantuvieron ocultos y secretos entre sus componentes. Sociedad que por tener una notoria actividad mercantil, había de regirse por la normas de la sociedad colectiva, respecto de terceros y por sus pactos, entre los socios o en su defecto, por las normas de la copropiedad conforme a la jurisprudencia.

Existía una gestión común y una cotitularidad y se reponían los distintos elementos con el dinero que cursaba en el negocio. Esa masa común tenía que ser repartida entre quienes contribuyeron a formarla, con trabajo y dinero, a partes iguales entre los socios, si no era conocida otra proporción.

Determinó la Audiencia que se trataba de una sociedad mercantil irregular al ser imperativo tener en cuenta un fin de lucro y el ejercicio de una actividad mercantil.

Conforme al dictamen técnico abocaron la farmacia a la quiebra técnica en la que se encontraba debido a una deficiente gestión de los partícipes de la sociedad que únicamente se preocuparon de la extracción de cantidades del citado negocio –a criterio del tribunal-. De ahí que en razón de sus cuotas debían responder del pasivo generado conforme a su desidia y defectuosa gestión.

Respecto al local –titularidad privativa de la madre- se entendió que respondía en garantía de un crédito que se ingresó en las arcas sociales con el fin de cancelar parte de dichas deudas generadas. Fue subastado y adquirido por la hija farmacéutica quien lo inscribió a su nombre. 

La Audiencia interpretó que la sociedad era deudora de la madre en concepto de crédito personal a la sociedad. Incluso, ante la falta de acreditación del pago procedente de su patrimonio por la hija farmacéutica, la Audiencia concluyó que la adquisición del local se llevó a término por y para la masa común y en su consecuencia dentro de dicho caudal común debía incluirse.

Si en el momento de la venta se elegía la escritura otorgada ante fedatario público era por cuestiones de seguridad jurídica. Es decir, los profesionales especialistas del sector de la compraventa, concebimos la operación de la forma más segura posible. Imaginemos que al celebrar el contrato de compraventa en documento privado y no derivar sus efectos frente a terceros de buena fe, un titular avezado pudiese incluso vender dos veces la farmacia.

Por tanto, aunque en general se nos permitiría celebrar una compraventa de farmacia en documento privado, nuestro despacho ha aconsejado en todo momento hacerlo público y escriturar la venta ante Notario.

Como vía intermedia, el artículo 1227 del Código Civil, también permite que un documento privado, en nuestro caso, la compraventa de farmacia, liquidada ante la Hacienda Pública, de fe de la fecha y del contenido.

Dicho esto, una vez más, las Comunidades Autónomas han desarrollado sus procedimientos en las respectivas Leyes de Ordenación Farmacéutica.

En concreto dos han incidido en el formalismo de la transmisión: La Rioja, exigiendo escritura pública de la compraventa y Extremadura, que además de exigir dicha escritura pública exige su inscripción, nada menos que, en el Registro de la Propiedad.

En relación a la elevación a público de la compraventa, nada que objetar. Si ésta ha sido nuestra recomendación desde siempre, el hecho de que figure en las Leyes de Ordenación redunda en la seguridad jurídica y sus efectos frente a terceros de buena fe.

Ahora bien, la Ley de Farmacia de Extremadura, entendemos que ha excedido en su redacción los límites civiles de registro. Sabemos que el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Dichas inscripciones o anotaciones se hacen en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles.

De ahí, que interpretemos que a lo que se refiere en realidad la norma administrativa es a la extensión de la disponibilidad jurídica del local donde se ubica la Oficina de Farmacia. El derecho real en virtud del cual se disfruta el local, ya sea propiedad, arrendamiento, usufructo y demás. De ahí que se insista en recogerlo en la escritura de compraventa, en la ordenación extremeña.

De cualquier manera, cuando tratamos la Oficina de Farmacia, tratamos un bien mueble, no un bien inmueble.

Por supuesto, en las compraventas de farmacia extremeñas la tributación se dispara. Si pensamos que la escritura pública que accede al Registro de la Propiedad cumple los presupuestos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en esta última modalidad, comprobaremos que el contenido económico de la misma se incrementa mucho con el precio de la farmacia.

Normativa

Ley 8/1998 de 16 de Junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Artículo 11. Transmisión.

(…)2. La transmisión intervivos de una Oficina de Farmacia únicamente podrá realizarse en favor de uno o varios farmacéuticos, debiendo constar en escritura pública y figurar en la misma la parte proporcional de la propiedad.

Ley 6/2006 de 9 de Noviembre, de Farmacia, de Extremadura

Artículo 29. Procedimiento para la Transmisión.

1. La transmisión de las oficinas de farmacia se efectuará mediante escritura pública en la que conste el valor de la transmisión, así como el derecho en virtud del cual se ostenta la disponibilidad del local vinculado a la misma.

2. La escritura de transmisión habrá de ser inscrita en el Registro de la Propiedad.

3. Concedida la autorización de transmisión, deberá procederse a formalizar la escritura pública prevista en el presente artículo, a su inscripción en el Registro de la Propiedad y a la remisión de copia auténtica de la misma a la administración sanitaria competente, así como a instar la visita de inspección de la oficina de farmacia, conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Ley Hipotecaria, Texto Refundido del Decreto de 8 de Febrero de 1946

Artículo 1.

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles.

(…)

Artículo 2.

En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:

1. Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos.
   1. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.
   2. Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes inmuebles o derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su importe en objeto determinado.
   3. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.
   4. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos.

Podemos deducir que el legislador trata de “boicotear” el ánimo de especulación de aquéllos farmacéuticos que quisieran con méritos abrir una Oficina de Farmacia para a continuación, sin intervalo de tiempo, transmitirla lo antes posible. 

Ya el Real Decreto de 1978 imponía dicho límite, de los seis años de permanencia en abierto de la farmacia, para poder transmitir. Ahora rige también en Ceuta y Melilla.

Es decir, conforme a lo que dicta cada Comunidad Autónoma en su Ley de Ordenación, se establecen plazos de tres, cinco, seis y diez años para poder vender la farmacia. Normalmente cada Administración, ya Colegio, ya Sanidad, certifica estos períodos en el momento en que procede a autorizar la venta de la Oficina de Farmacia: 

Las Comunidades han establecido los siguientes plazos, salvando las excepciones de jubilación, incapacidad, incapacitación, fallecimiento, en general:

1)    PLAZO DE DIEZ AÑOS, en Canarias y Cantabria

2)    PLAZO DE SEIS AÑOS, en Asturias, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y Cataluña

3)    PLAZO DE CINCO AÑOS, en Andalucía 

4)    PLAZO DE TRES AÑOS, en Aragón, Baleares, Castilla León, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia y País Vasco.

Se trataba simplemente de aplicar la regulación que de las cuentas en participación hace el Código de Comercio y adaptarlas al Plan General Contable.

La Dirección General de Tributos, así lo afirma en la consulta, además vinculante, nº V0660-07 de 30 de Marzo de 2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 y siguientes de nuestro Código de Comercio, el contrato de cuentas en participación se define como un contrato de colaboración. Uno de los contratantes (el cuenta-partícipe) aporta bienes o derechos al otro (gestor), quien los hace suyos para dedicarlos a determinadas actividades empresariales o profesionales, que desarrollará en nombre propio, sin intervención alguna del aportante salvo en la percepción, en su caso, de las ganancias que se obtengan.

Por tanto, se trata de un contrato en virtud del cual se cede la utilización de un capital a cambio de una remuneración, por lo que la renta que obtiene el partícipe no gestor es la contraprestación derivada de la cesión a un tercero de capitales propios. La renta derivada del negocio en participación se determina, para cada uno de los partícipes, en la proporción que establezcan las previsiones contractuales. Dicha renta se imputa temporalmente en la base imponible del impuesto correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo con el criterio de devengo. En este sentido también la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 1992. 

A efectos contables, el partícipe gestor contabilizará como gasto el beneficio o la pérdida que corresponda a los partícipes no gestores en los términos señalados en el Plan General de Contabilidad, cuenta del grupo 651. Resultados de operaciones en común. Por tanto, a efectos del impuesto que grave al partícipe-gestor la retribución que se satisface al cuenta-partícipe, no gestor, tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible, puesto que se trata de la retribución derivada de la cesión de capitales propios a terceros.

Así pues, con fundamento en las sentencias de nuestros tribunales, no se necesita el consentimiento de los empleados en la venta de la farmacia con subrogación empresarial. Esto es cuando por acuerdo entre el vendedor y el comprador, éste último, como titular de la farmacia, asume ser empleador de la plantilla reconociendo a todos los trabajadores la antigüedad, salario, condiciones laborales, contratos y en general todos los derechos adquiridos que tienen hasta ese momento de la venta.

A pesar de ello, ante la intensa alteración que supone la venta y el cambio de jefe para los empleados, nuestro Gabinete ha recomendado y recomienda con vehemencia, la comunicación con ellos. Ésta incluiría: principalmente, la confirmación y puesta en común de sus derechos adquiridos, la previsión en fechas del cambio y la protección de la seguridad contractual de los mismos.

Es mejor facilitárselo todo por escrito para que firmen conforme que lo han comprendido y que son conocedores de la fecha en que se producirá el cambio, de los datos del nuevo titular y todo lo que conlleva el cambio.

Es aconsejable que los titulares farmacéuticos –cedente y cesionario- queden abiertos a corresponder a los empleados, ante cualquier duda y asesoramiento que precisen en el cambio.

Gabinete López-Santiago se ha ofrecido en todas y cada una de las transmisiones a ello, manteniendo reuniones con los empleados e incluso con los asesores de éstos. Es nuestra labor que el pase de testigo sea sencillo y somos conocedores de que la plantilla, con antigüedades elevadas especialmente, no debe suponer un problema añadido a la transmisión.

Para explicar que no se necesita el consentimiento de los empleados cuando concurre la subrogación empresarial podemos fundamentarlo en una sentencia, entre otras,  como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Social, de 17 de Enero de 2007*.

El Superior de Justicia señaló que el Tribunal Supremo ha analizado la situación en sus sentencias, entre ellas la de 7 de Febrero de 2005 y las que en ella se citan. Se entiende la separación de los efectos de una sucesión empresarial, producida de conformidad con las exigencias de la normativa vigente –artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y Convenios Colectivos de aplicación- y los efectos de una cesión de contratos entre empresas. 

La sucesión normativa tiene carácter imperativo para el empresario y trabajador.

La cesión contractual requiere para su validez el consentimiento del trabajador, tal y como exige el artículo 1205 del Código Civil y disposiciones concordantes.

El Tribunal de Castilla-león consideró que no cabía ninguna duda de que se había producido una sucesión empresarial conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. La Oficina de Farmacia se vendió con todos sus enseres, mobiliario e instalaciones.

No se trataba –a juicio del Tribunal- de una simple sucesión de contratos de trabajo sino una verdadera transmisión empresarial. Se transmitió una entidad económica organizada de forma estable.

Según las sentencias, esta transmisión resulta obligatoria para la trabajadora de la empresa. Es decir, cuando se vende la farmacia -como total patrimonio empresarial –al tratarse de una entidad económica con sus enseres, mobiliario e instalaciones se produce una transmisión empresarial no una transmisión de contratos. Sucesión normativa que no requiere de consentimiento del trabajador, es imperativa tanto para empleador como para empleado.

En el supuesto, la farmacéutica empleada había prestado sus servicios en la farmacia durante más de 7 años. Cuando la titular vendió la farmacia a otra farmacéutica compradora, en la escritura pública de compraventa se estipuló la subrogación de la misma en los derechos y obligaciones relativos a dicha trabajadora.

Antes de que se procediera a la venta de la farmacia, la empleada estuvo de baja por incapacidad temporal. Periódicamente remitió los partes de baja y confirmación, incluida el alta, por correo certificado con acuse de recibo al domicilio de la Oficina de Farmacia.

No obstante, desde el alta médica, la trabajadora no se había reincorporado al centro de trabajo. La nueva titular de la farmacia-parte compradora, le remitió en primer lugar, una comunicación de sanción muy grave, con suspensión de empleo y sueldo, por dicha ausencia de más de siete días injustificados. En segundo lugar,  posteriormente, dado que la actitud no cambió, le remitió la carta de despido.

La empleada se opuso. No reconoció a la nueva titular de la farmacia –puesto que no consintió en la transmisión de la empresa entre las dos farmacéuticas. Ello determinó –a criterio de la empleada- que la compradora no fuera su verdadera empleadora y, que, en consecuencia el despido fuera improcedente. 

Por otra parte, a criterio del Tribunal, la trabajadora conocía perfectamente el cambio de empresaria, tal y como se acreditaba cuando firmaba todas las nóminas desde que se había producido el cambio, percibiendo los correspondientes importes en metálico y a través de transferencia bancaria.

La Dirección General de Tributos estima que sólo aquél partícipe que adquiere a título oneroso tiene derecho a deducir su amortización. Sólo él tendrá derecho a deducir por su amortización, y esta circunstancia deberá ser tomada en consideración al determinar el rendimiento neto de la actividad económica correspondiente al mismo.

Se fundamenta dicha cuestión en el artículo 26.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Según éste, “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades” (…) con especialidades. 

La consideración como gasto deducible de la amortización del fondo de comercio se regula en el artículo 11 apartado 4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que como hemos apuntado exige, entre otros requisitos que el fondo de comercio se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso. 

Ahora bien, también los farmacéuticos tienen en cuenta que la atención farmacéutica comporta una diligencia, si cabe aún mayor. Los pacientes de la farmacia muchas veces son crónicos y tienen problemas de movilidad. Por tanto, se cuestiona el tipo de atención farmacéutica que debe recibir esta población, ya que en muchas ocasiones no puede desplazarse a la farmacia para que se produzca allí el acto de dispensación.

Criterio del Tribunal Constitucional, diferencias entre la venta y la entrega del producto dispensado.- 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Julio de 2003, partiendo del propio criterio contenido en al Ley del Medicamento –en ese momento en vigor- analizó la Ley de Ordenación de Galicia. Ésta es la única Ley de Ordenación que permite la dispensación de medicamentos fuera de la farmacia si se reúnen una serie de condiciones.

El Tribunal Constitucional entendió que las Comunidades Autónomas competentes pueden también regular en relación con la dispensación de medicamentos aspectos que tienen propiamente que ver con la función de las farmacias al dispensarlos, siempre que la regulación correspondiente se oriente al establecimiento de reglas que atiendan al ejercicio de esta actividad de los establecimientos de farmacia, sea de índole técnica o de entrega material, y no ponga en cuestión los principios relativos a garantizar la seguridad de las prescripciones médicas y con ello, la salud de los pacientes.

En el caso gallego analizado deben cumplirse dos condiciones:

a)    que la prescripción esté garantizada por receta médica

b)    que exista una dispensación previa al propio paciente por la Oficina de Farmacia de ese mismo medicamento.

En conclusiones, distingue el Constitucional que entre el hecho jurídico de la venta, que es lo que en determinadas modalidades de ésta prohíbe la Ley del Medicamento y la entrega del producto dispensado en una Oficina de Farmacia, existe una clara diferencia conceptual que impide que las prohibiciones atinentes a la primera puedan extenderse sin más a la segunda.

¿Se trata de una conducta tolerada?

Por otro lado, las Administraciones son conocedoras de la orografía de nuestro país. No es baladí que en Galicia se hayan atrevido a legislar sobre la dispensación fuera de la farmacia. Sólo hace falta considerar los Concellos y el envejecimiento de la población.

Estas mismas Administraciones sanitarias son las que están en contacto con el farmacéutico y conocen de sus problemas, sobre todo en zonas más rurales. A su vez escuchan los criterios de los más altos tribunales, a favor siempre de la salud del paciente.

Tampoco nos sorprende leer algún caso de caducidad del expediente sancionador. Tal y como resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Contencioso, en su sentencia de 5 de Diciembre de 2002. 

La Dirección General de Salud Pública y Asistencia había impuesto una sanción de más de 3000 Euros por infracción grave a una farmacéutica titular de una Oficina de Farmacia en Valladolid. Al parecer se estimaron acreditados los hechos imputados conforme a los cuales, la farmacéutica había procedido a la recogida de recetas y dispensación de medicamentos fuera de su Oficina de Farmacia por medio de familiares y del auxiliar empleado.

En el caso, cuando la Administración notificó a la farmacéutica la incoación del procedimiento sancionador, había transcurrido desde la finalización de las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos más del año previsto en la Ley del Medicamento. Por tanto, había caducado la acción para perseguir la infracción. 

Prudencia

En cualquier caso, de cara al farmacéutico, debe predominar la vertiente más acérrima de la atención farmacéutica personalizada y de seguimiento del paciente. El criterio profesional de protección de la salud.

En definitiva, en Galicia sabemos que la norma protege la conducta del farmacéutico, si nos hallamos ante un caso en el que la prescripción está garantizada por receta médica y además existe una dispensación previa al propio paciente por la Oficina de Farmacia de ese mismo medicamento, podemos alcanzarle la medicación a nuestro cliente.

En el resto de Comunidades Autónomas, por el momento, conviene aplicar el sentido común. Al no extenderse la protección normativa, estaremos al caso en particular, y la justificación de una dispensación realizada fuera de la farmacia. El farmacéutico profesionalmente conoce cuándo es totalmente necesario dispensar fuera de la farmacia por motivos de salud y qué tipo de productos son sencillamente dispensables en otro punto que no sea su botica. Pensemos por ejemplo, en el caso de los termolábiles. Asimismo también puede responderse a sí mismo por qué puede hacerlo. Utilizará esos mismos argumentos, si fuera necesario, en su testimonio ante un juez.

Sobre la caducidad del expediente sancionador 

En el caso el Superior de Justicia de Castilla León fundamentó la caducidad del expediente sancionador. En concreto, caducidad de la acción para perseguir la infracción de la antigua Ley 25/1990 del Medicamento, cuyo artículo 111 disponía que “caducará la acción para perseguir las infracciones cuando conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos hubiera transcurrido un año sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento”. 

Actualmente la Ley en vigor es la 29/2006 de 26 de Julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En ella solo se hace mención a la prescripción de las infracciones en el artículo 104:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las leves al año; en los mismos plazos prescribirán las sanciones.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.”

Otro tema es el hecho de que el transmitente no esté obligado a liquidar e ingresar el impuesto. 

El farmacéutico vendedor en el momento de la compraventa de la farmacia está sujeto al régimen especial de recargo de equivalencia. Este régimen especial consiste en excluir a los sujetos pasivos acogidos al mismo del derecho de deducir el IVA soportado, pues al no declarar el IVA repercutido, no pueden practicar deducción alguna –según el artículo 64 de la Ley del IVA.

La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido exigible a los comerciantes minoristas se efectúa mediante la repercusión del recargo de equivalencia por sus proveedores –conforme al artículo 154 de la Ley del IVA. 

El objeto de dicho régimen especial de recargo de equivalencia es liberar a los comerciantes minoristas de la práctica totalidad de las obligaciones formales de gestión o liquidación del impuesto. Se realiza la exacción del impuesto correspondiente a sus ventas a través del recargo de equivalencia que deben repercutirles sus propios proveedores, junto con la cuota ordinaria del IVA y son los proveedores los encargados de liquidar e ingresar el recargo. 

Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no están obligados a efectuar la liquidación ni el pago del Impuesto a la Hacienda Pública en relación con las operaciones comerciales por ellos realizadas a las que resulte aplicable este régimen especial, ni por las transmisiones de bienes o derechos utilizados exclusivamente en dichas actividades.

Ingreso indebido el IVA en Hacienda

Ahora bien, el estar sujeto al régimen especial de recargo de equivalencia no significa que las entregas de bienes que realizan estén no sujetas o sujetas y exentas de IVA. Por tanto, se debe repercutir el IVA a los consumidores finales pero sin que exista obligación de liquidar, ni realizar el posible ingreso de la diferencia. En el régimen especial, se sustituyen estas operaciones, por el recargo de equivalencia, que equivale al IVA en la fase minorista.

Hemos estudiado un caso de ingreso de IVA en Logroño por un farmacéutico vendedor, en el que el comprador pretendía su devolución.

Según la Audiencia Provincial de La Rioja, la farmacéutica apelante pretendía que la parte vendedora solicitara la devolución del IVA ingresado indebidamente y se lo devolviera. No llegó ni tan siquiera a cuestionar que la operación de transmisión del negocio de farmacia estuviera sujeta y no exenta a IVA. Reseñó la sentencia el contenido de la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de 28 de Septiembre de 2000.

Así la Audiencia Provincial de La Rioja estimó en su sentencia de 2 de Octubre de 2002* que para que se hubiese exigido al vendedor la devolución del IVA que ingresó en la Agencia Tributaria indebidamente, hubiera sido necesario que la operación de compraventa hubiere estado exenta del impuesto y de la obligación de repercusión. Hechos que no ocurrieron.

En el supuesto –a criterio de la Audiencia- : a) se produjo el pago con la intención de cumplir una obligación tributaria, b) existió causa en el pago, porque la venta devengó IVA según la Ley del impuesto y fue acreditado en las actuaciones y expresamente admitido por las partes c) no hubo error en quien hizo el pago.

Por lo tanto, no se produjo enriquecimiento injustificado del farmacéutico vendedor, con independencia de que aún no teniendo la obligación de ingresar el importe lo hiciera.

De ahí la importancia de gestionar bien la liquidación impositiva de una compraventa de Oficina de Farmacia, tanto de forma directa, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como indirecta, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o IVA.]]> Sun, 19 Jun 2011 +0200 Sujeto pasivo y requisitos de la actividad de farmacia en Sociedad Civil

Las sociedades civiles no se constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad. Así lo afirma la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante de 24 de Octubre de 2005. 

La Oficina de Farmacia, considera la Dirección General de Tributos, que se trata de una actividad reglada y por tanto, para que pueda ejercerse esta actividad por la sociedad civil, es necesario que todos los socios sean titulares de la licencia o autorización de establecimiento exigida por su normativa reguladora. Además las rentas atribuidas a cada uno de los socios, tendrán para éstos la consideración de rendimientos de actividades económicas.

Obligaciones contables y libros obligatorios

Respecto a las obligaciones contables y registrales, las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, llevarán unos únicos libros obligatorios correspondientes a la actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar en relación con sus partícipes. 

Los libros obligatorios de la sociedad civil, para determinar el rendimiento de la actividad en la modalidad normal de la estimación directa, es decir, que, en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente haya superado los 600.000 euros, deben consistir en la contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. De no superar este límite, el rendimiento neto se determinará en estimación directa simplificada y se llevarán los libros registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión.

¿Quién debe presentar el pago fraccionado o las retenciones de arrendamiento, trabajadores o profesionales, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la sociedad o el partícipe?

El sujeto obligado a presentar el pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades económicas obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas será cada uno de los partícipes en proporción a su participación en el beneficio de la entidad. 

Sin embargo si se utiliza financiación y, lo más habitual es constituir una hipoteca mobiliaria sobre el establecimiento de farmacia, ésta figura financiera no permite aplazamientos. De ahí que se hayan erradicado prácticamente en su totalidad.

El aplazamiento permitía recuperar la inversión con el mismo rendimiento de la farmacia. Otro de los casos en los que jurídicamente se estimaba necesario aplazar el pago, tenía que ver con el cumplimiento de alguna condición que, en el momento de la escritura pública de la compraventa, no se había cumplido.

¿Cómo tributan las existencias, la farmacia y el local en renta? 

A efectos de determinar la tributación de los distintos bienes que se venden en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es necesario distinguir entre el existencias e inmovilizado. 

El importe de la venta de las existencias constituirá un rendimiento íntegro de la actividad económica. 

La transmisión de inmovilizado, tanto material como inmaterial, tributarán como ganancias o pérdidas patrimoniales. 

Por tanto, la renta derivada de la transmisión del local y de la Oficina de Farmacia sin incluir el importe correspondiente a las existencias, tributará como ganancia o pérdida patrimonial obtenida.

Si tenemos un pago aplazado, ¿cuándo debemos declarar?

Respecto a cuándo debemos computar estas cantidades, la ganancia o pérdida patrimonial obtenida deberá imputarse en el período impositivo en que tiene lugar la alteración patrimonial, es decir, en el momento de la entrega de los bienes objeto de la compraventa. 

Así cuando se ha estipulado que, por el motivo que fuere, se aplaza el precio se estará a la regla general de imputación temporal de rentas. Conforme al Código Civil, se entiende entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.

Cuando se hace la venta mediante escritura pública equivale a la entrega de la cosa, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. 

El veto a los mayores de 65 años en el concurso de nuevas aperturas de Castilla La Mancha, declarado inconstitucional. 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2011:

El veto a los mayores de 65 años a la adjudicación de oficina de farmacia en Galicia, declarado inconstitucional. 

Constituye una discriminación por razón de la edad no admisible constitucionalmente.

Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional. La actividad de farmacia articulada a través de la organización de una actividad empresarial no justifica la restricción impuesta a los mayores de sesenta y cinco años de participar en el concurso. 

Se desvirtúa el fundamento conforme al cual la mayoría de los españoles cesa en su actividad laboral y más que privilegiar a un grupo supuestamente merecedor de especial protección margina a un colectivo concreto (los mayores de sesenta y cinco años). 

La primera cuestión de inconstitucionalidad fue promovida contra la Resolución de 30 de enero de 2001 de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre convocatoria de concurso público para el otorgamiento de autorizaciones de creación e instalación de nuevas Oficinas de Farmacia. Entre otros motivos los demandantes alegaban que la base segunda de la convocatoria vulneraba el derecho a la igualdad porque no se permitía la participación en el concurso a quienes al iniciarse éste tuvieran más de sesenta y cinco años, lo cual suponía una injustificada discriminación por razón de una circunstancia personal como la edad. Además la indicada base implicaba el establecimiento de una singular jubilación, que la Administración no podía imponer a quienes ejercen una profesión liberal y no tienen con ella la relación propia de los empleados públicos. 

Aparentemente la norma justificaba el límite a la apertura de nuevas oficinas por quienes, sobrepasada la edad indicada, no podían prestar el servicio con todas las garantías o se enfrentaban con dificultades de adaptación a las peculiaridades de la localidad y población en la que la nueva oficina se instalase.

La incongruencia denunciaba que los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años que se encontraban ya ejerciendo la profesión pudieran seguir haciéndolo, pero se les privaba de la posibilidad de ser titulares de su propia farmacia. Se trataba, por tanto, a juicio del Constitucional, de una limitación que no está relacionada con la capacidad para el ejercicio de la profesión o con los méritos de los solicitantes.

Se estará a las consecuencias de la inconstitucionalidad del precepto. Antecedentes como el caso extremeño, pudo dar lugar al cierre de farmacias e indemnizaciones tanto a participantes como farmacéuticos ya instalados. 

La segunda cuestión de inconstitucionalidad tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de empresarios farmacéuticos de Galicia frente al Decreto 146/2002 de 7 de Junio, sobre planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión de Oficinas de Farmacia y en particular un precepto que reproduce el artículo 19.5 de la Ley del Parlamento de Galicia 5/1999 de 21 de Mayo de Ordenación Farmacéutica que ha sido declarado inconstitucional.

En el mismo sentido que la Sentencia de 16 de Mayo de 2011, entendió el Constitucional que no resulta admisible justificar la prohibición contenida en la norma cuestionada en que a los sesenta y cinco años se produzca una merma de la aptitud y capacidad necesarias para desempeñar la asistencia farmacéutica.

El Constitucional se pronuncia sobre la posible especulación en la venta rápida de la farmacia concedida

La Xunta de Galicia alegó que el acceso a los concursos de mayores de sesenta y cinco años podía propiciar situaciones especulativas en las que el concursante que superara esa edad, por sus mayores méritos, obtuviera una autorización con la sola intención de transmitirla a un tercero o de gestionar la Oficina de Farmacia a través de un farmacéutico regente.  

El Tribunal ante ello, advirtió que, en todo caso, este tipo de riesgos especulativos, de resultar factibles, no pueden justificar, por su carácter preventivo y a la luz del principio de proporcionalidad, una exclusión de raíz de los mayores de sesenta y cinco años de la opción misma de concurrir a los concursos para nuevas oficinas.]]> Fri, 23 Sep 2011 +0200  

Tanto la Agencia Tributaria como el Tribunal Supremo han tenido que pronunciarse sobre este tema debido a que esas disposiciones no dan fe de a quién pertenecen los saldos.

Es decir, todos los cotitulares están facultados para intervenir en los fondos, pero puede ocurrir que la titularidad tan sólo pertenezca a uno de ellos. Puede pasar que en la cuenta corriente bancaria de la farmacia figure el matrimonio, por ejemplo.

En este sentido la Dirección General de Tributos confirmó su criterio en una consulta vinculante de 7 de Junio de 2005.

La Dirección General de Tributos distingue entre la titularidad de disposición y la titularidad dominical 

Por un lado, el análisis de las facultades de disposición sobre cuentas bancarias solidarias o indistintas exige distinguir entre titularidad de disposición y titularidad dominical. Además, en cuanto a la primera, debe diferenciarse las facultades de disposición sobre una cuenta indistinta según vivan los cotitulares o haya fallecido alguno de ellos. A este respecto, cabe indicar que no existe un sistema de atribución de bienes o derechos en el ámbito fiscal diferente al del ordenamiento jurídico general. 

El Derecho tributario no modifica la titularidad de los bienes y derechos, por lo que ésta se regirá, a efectos tributarios, por las normativas sustantivas civiles o administrativas que resulten aplicables.

Por otro lado que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los fondos depositados en una cuenta bancaria abierta a nombre de dos o más titulares con el carácter de indistinta o solidaria no pertenecen por ese solo hecho a todos los cotitulares. La cotitularidad no determina, por sí sola, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales, sino que lo que tal titularidad de disposición solidaria significa es que cualquiera de dichos titulares tendrá, frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta.

La titularidad dominical sobre dichos fondos y, en su caso, la existencia de condominio sobre ellos, habrá de venir determinada únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y, más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta, cuestión que deberá ser probada fehacientemente por quien quiera hacer valer ese derecho frente a terceros. 

Por tanto, la titularidad de los bienes y derechos que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico matrimonial sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirá por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación. 

Es decir, las facultades dispositivas sobre una cuenta corriente no presuponen por sí solo la existencia de un condominio y menos por partes iguales. Esto viene determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y más concretamente por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta. 

Si fallece uno de los cotitulares en la cuenta bancaria

La Dirección General de Tributos entiende que la titularidad de la disposición sobre el saldo de la cuenta solo mantendrá su vigencia mientras vivan los cotitulares de ella –salvo que antes decidan resolver o modificar las condiciones del contrato-, pero no puede extenderse más allá de la muerte de alguno de ellos, pues, en ese momento, entran en juego las disposiciones civiles que regulen la sucesión del fallecido.

Es decir, a partir del momento del fallecimiento de uno de los cotitulares, el otro –u otros- deja de tener facultad de disposición sobre la parte del saldo de la cuenta indistinta cuya titularidad dominical correspondía al fallecido, que debe integrarse en el caudal relicto del causante y pasar a sus causahabientes (herederos o legatarios). El hecho del cotitular sea heredero universal no  modifica el criterio. 

La parte del saldo cuya titularidad correspondía al cotitular fallecido pasa desde ese momento a la masa hereditaria. 

El cotitular heredero lo percibirá conforme a las normas de sucesión y tributarias de aplicación. Deberá liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Debe saberse también que la entrega total o parcial por el Banco depositario al cotitular heredero de la parte del saldo que pertenecía al cotitular fallecido y, en consecuencia, a la masa hereditaria, constituirá a la entidad financiera en responsable subsidiaria del pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por la porción del impuesto que corresponda a la parte del saldo de la cuenta que pertenecía al fallecido. 

Normativa y jurisprudencia del Tribunal Supremo

A este respecto, cabe indicar, en primer lugar, que el Derecho tributario no modifica la titularidad de los bienes y derechos y así se establece con carácter general en el artículo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio de 1991), donde se determina lo siguiente:

“Los bienes y derechos se atribuirán a los sujetos pasivos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquéllos o de las descubiertas por la Administración. 

En su caso, serán de aplicación las normas sobre titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio, así como en los preceptos de la legislación civil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la familia.

La titularidad de los bienes y derechos que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirá por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación. 

Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechos, la Administración tributaria tendrá derecho a considerar como titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público.

Las cargas, gravámenes, deudas y obligaciones, se atribuirán a los sujetos pasivos según las reglas y criterios de los párrafos anteriores.”

Es bien conocido que la titularidad de los saldos de las cuentas de depósito que figuran a nombre de varias personas de forma indistinta es una cuestión que ha sido objeto de análisis por diversas instancias, pero que el Tribunal Supremo ha aclarado en varias sentencias, por ejemplo en la de 19 de diciembre de 1995, cuyos fundamentos de derecho tercero y cuarto recogen la jurisprudencia a seguir en estos casos –con citas de anteriores sentencias del mismo tribunal (sentencias de 24 de marzo de 1971, 19 de octubre de 1988, 8 de febrero de 1991, 23 de mayo de 1992,15 de julio de 1993, 15 de diciembre de 1993 y 21 de noviembre de 1994)–.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues, los fondos depositados en una cuenta bancaria abierta a nombre de dos o más titulares con el carácter de indistinta o solidaria no pertenecen por ese solo hecho a todos los cotitulares (la cotitularidad no determina, por sí sola, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales), sino que lo que tal titularidad de disposición solidaria significa es que cualquiera de dichos titulares tendrá, frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta. 

La individualización de rentas se encuentra recogida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que la renta se entenderá obtenida por los cónyuges en función de su origen, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio, es decir, gananciales o separación de bienes.

A su vez, se recogen las reglas de individualización de los rendimientos del trabajo, de las actividades económicas y del capital, configurándolas de la siguiente forma: Los rendimientos del trabajo y de la actividad económica se atribuirán exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción, sin embargo, los rendimientos del capital se atribuirán al cónyuge que, según lo previsto en el Impuesto sobre el Patrimonio, sea titular de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos. 

Por lo que respecta a los rendimientos del capital (calificación que procede otorgar a los intereses bancarios), su atribución corresponderá al cónyuge que ostente la titularidad de los bienes de los que procedan dichos rendimientos.

Es decir, por lo que afecta a la farmacia, los rendimientos de cuentas corrientes afectas a la actividad, se asignan al farmacéutico.

Con independencia de la individualización, los cónyuges pueden pactar cláusulas del régimen económico matrimonial en las capitulaciones matrimoniales (por las que por ejemplo, los rendimientos de la actividad económica de farmacia y los correspondientes a intereses bancarios se distribuyen por mitad entre los cónyuges).

En ese caso se producirían las siguientes incidencias:

A) Cónyuge que percibe las rentas:

Las rentas percibidas están sometidas a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la calificación de ganancias patrimoniales, debiéndose integrar los importes que se perciban, a efectos de liquidación, en la parte general de la renta del período impositivo. 

B) Cónyuge que satisface las rentas:

La entrega de cantidades en virtud del régimen económico matrimonial pactado no tiene reflejo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona que la realice; es decir, en el presente supuesto no se computaría como pérdida patrimonial.

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cabe decir que:

El artículo 618 del Código Civil define la donación como un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta, resultando indispensable, además de la forma jurídica y la aceptación del donatario, los siguientes elementos esenciales: el empobrecimiento del donante, el enriquecimiento del donatario y la intención de hacer una liberalidad –animus donandi–.

No existe donación cuando la entrega de bienes o derechos no va acompañada de la intención del donante de enriquecer al donatario.

El Tribunal Supremo así lo ha señalado reiteradamente: “No puede considerarse un acto como donación, cuando es el interés de las partes y no la liberalidad de una de ellas lo que lo determina” (Sentencia de 22 de abril de 1967). “Cuando el acto no es gratuito en beneficio del donatario y lo determina el interés de ambas partes y no la liberalidad de una de ellas, carece de los requisitos indispensables para ser calificado de donación” (Sentencia de 7 de diciembre de 1948). “Faltando la liberalidad, no tiene el contrato los caracteres necesarios para constituir donación” (Sentencia de 2 de abril de 1928).

Por todo ello puede concluirse que en el caso de un régimen económico matrimonial en el que los cónyuges pactan la separación de bienes, salvo en lo relativo a los rendimientos de la actividad económica de farmacia y de intereses bancarios, por ejemplo, respecto a los cuales funcionará como un régimen de comunidad, no se produce desde la perspectiva del Derecho Civil una donación en la medida en que la intención de los contratantes no es la de beneficiar a una de las partes otorgando una liberalidad, sino la de organizar las relaciones económicas derivadas de la vida en familia en interés de ambas partes.

Se sabe también que es ilícita la doble propiedad, encubierta y patrimonial de Oficinas de Farmacia por un sólo farmacéutico. 

La Oficina de Farmacia ha de corresponder al Titular autorizado. El farmacéutico o farmacéuticos a nombre de los cuales se extienda la autorización serán el propietario o propietarios de la Oficina de Farmacia. De ahí que se regulen las figuras del regente, sustituto y adjunto.

Los contratos privados que infringen el artículo 6 del Código Civil al transgredir las normas de aplicación pueden adolecer de nulidad. Gabinete López-Santiago se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de este criterio.

Dicho esto, la sentencias civiles se han pronunciado sobre estos pactos de carácter también civil. En concreto sobre el desenvolvimiento económico de la sociedad irregular en farmacia.

Un ejemplo de ello, son casos en nuestros juzgados resueltos también por el Tribunal Supremo. Una de sus sentencias de 8 de Marzo de 1995*. Supuestos en los que varios propietarios de pleno dominio de una Oficina de Farmacia acuerdan formar una sociedad civil farmacéutica con otros compañeros.

Éstos pasan a ser propietarios oficiales de la misma por traspaso, aunque en documento privado, reconocen y acreditan que la propiedad plena y total de la farmacia es de los otros partícipes, únicos poseedores del total desembolso económico que se ha efectuado en la farmacia.

La sociedad irregular, tiene efectos ad intra, inter partes, asumidos por todos los partícipes de forma consciente y libre. Muchas veces incluso concurre la reciprocidad de prestaciones y la licitud en el fin. Pactos que, en cuanto puramente negociales y de carácter privado, les es de aplicación el artículo 1669 del Código Civil.

La situación funciona sin problemas durante unos años, practicándose los balances, ajustes de cuentas y reparto de beneficios con normalidad.

En el momento en que surgen diferencias uno de los partícipes presenta demanda ejercitando la actio communi dividundo – acción de división de cosa común-.

Interesa se declare la existencia de la comunidad de bienes sobre la Oficina de Farmacia, los porcentajes de copropiedad reales acordados y la disolución y liquidación, con opción de adquisición preferente por los demandados o reparto del precio de venta, con rendición de cuentas y abono del saldo resultante a favor del actor.

El Alto Tribunal defiende a la Audiencia de instancia que toma en cuenta los principios rectores de la contratación privada, corolarios de la autonomía de la voluntad, no afectados por las normas puramente administrativas sanitarias, cuyo incumplimiento, al igual que ocurre con las de carácter fiscal, no deben primar o interferir en los efectos jurídicos del contrato privado querido por las partes y menos aún propiciar que una de ellas trate con su apoyo, de beneficiarse en perjuicio de la otra.

A juicio del Supremo, tanto han infringido las normas administrativas la parte demandada como la parte actora y no pueden aprovecharse de reales o supuestas causas de nulidad de los contratos los que hubieren dado lugar a ellas.

Es un Real Decreto Ley histórico para la farmacia, ya que se cambia el modelo de prescripción por principio activo, obligándose a dispensar el medicamento más barato, y se subvenciona a la farmacia rural más desfavorecida con 10.000 euros anuales.

Aspectos clave DEL RDL 9/2011

1.-Se establece la prescripción por principio activo y la oficina de farmacia estará obligada a dispensar el fármaco de menor precio.

2.- Las farmacias rurales recibirán ayudas específicas de hasta 10.000 euros anuales para que se garantice su supervivencia, aunque el método de cálculo elegido es bastante farragoso, no pacífico y puede generar litigiosidad.

3.-La distribución farmacéutica podrá ofrecer a las oficinas de farmacia descuentos de hasta el 10% por el volumen de compra de medicamentos genéricos.

4.-Los fármacos que hayan caducado su patente, pero que no tengan genérico en el mercado, verán reducido su precio en un 15%, salvo que demuestren que están protegidos por una patente a nivel europeo.

5.-
Se igualan los fármacos genéricos a los fármacos de marca en la Ley del Medicamento.

6.-Se establecen nuevas medidas de infracción por desabastecimiento y nuevas penalizaciones a las exportaciones paralelas. 

7.-La elección de los fármacos financiados por el SNS se hará en función de seis criterios: gravedad, duración y secuelas de las patologías para las que estén indicados; necesidades específicas de ciertos colectivos; valor terapéutico y social del medicamento; racionalización del gasto público; existencia de otras alternativas terapéuticas y grado de innovación del fármaco.

8.-Se regularán los envases para adecuarlos a la duración de los tratamientos y los farmacéuticos podrán facilitar sistemas individualizados de dosificación. 

9.-La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tendrá la capacidad de decisión de definir qué fármacos formarán parte del sistema de farmacia hospitalaria, evitando que las CCAA entren a legislar este aspecto.

10.-Se define una escala de deducciones en la facturación conjunta del Sistema Nacional de Salud y las mutualidades, que corregirá las desigualdades que se estaban produciendo en muchas farmacias por la existencia de dos escalas diferentes. 

Otras modificaciones: Las comunidades autónomas formarán parte de los comités científicos que evalúen el coste y la efectividad efectividad de los medicamentos; y en el plazo de seis meses, deberá establecerse un formato único de tarjeta sanitaria para todo el Sistema Nacional de Salud. Para el 1 de enero de 2013 deberá estar implantada la historia clínica digital y la receta electrónica en todas las comunidades autónomas para facilitar el intercambio de datos en todo el Estado y se revisará la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias para adecuarla al nuevo espacio europeo de educación superior y a la troncalidad en Europa.]]> Sun, 18 Dec 2011 +0200

Por el contrario, en el País Vasco, si que aplica el baremo desde hace años y, aunque en la legislatura anterior estuvo redactado y presentado ante el parlamento un proyecto de nueva ley de farmacia que corregía el baremo para estos casos, las elecciones llegaron antes que la aprobación y todo sigue como anteriormente, y probablemente no se modificará hasta que el Tribunal Constitucional estime este procedimiento o lo desautorice.

En el País Vasco, si un propietario de una oficina de farmacia quiere traspasarla,  comunica a la Administración el precio al que aspira y la Administración recibe solicitudes de los aspirantes que serán baremadas por méritos.

Si el que obtiene una mayor puntuación no puede pagar  ese valor de traspaso, el turno corre al siguiente aspirante en la lista de méritos.Sin embargo existen otras limitaciones a las transmisiones de oficinas de farmacia fijadas por todas las autonomías y es la exigencia de un periodo de tiempo mínimo al frente de una farmacia antes de traspasarla "para evitar la especulación".

En Murcia, Aragón, Extremadura, La Rioja, País Vasco y Baleares se exige un mínimo de tres años para poder transmitir. En Andalucía el plazo es de cinco años, mientras que en Castilla-La Mancha y Asturias este plazo se amplía a seis, siendo este límite en Canarias, Castilla y León y Cantabria de diez años.]]> Tue, 20 Dec 2011 +0200 siempre que se mantenga el valor fijado como adquisición de la empresa familiar en el Impuesto de Sucesiones, el adquirente farmacéutico de una Oficina de Farmacia por fallecimiento del titular, puede venderla, a pesar de que no hayan transcurrido los obligatorios 10 años de permanencia en la actividad.

En otras palabras, el farmacéutico o los farmacéuticos adquirentes están obligados al mantenimiento del mismo valor durante los 10 años siguientes al fallecimiento –a título de ejemplo en forma de depósitos financieros a plazo-, si se han aplicado la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones, pero no están obligados a la continuidad de la empresa. A mayor abundamiento sobre el particular, nos remitimos a la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V011-11 de 10 de Enero de 2011, que redunda en el criterio de la Agencia Tributaria.

En relaciones con las cuestiones planteadas, el Centro Directivo de la Dirección General de Tributos, en el ámbito de los impuestos de su competencia, informó que el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establecía la obligación de mantenimiento de la adquisición por la que se había practicado la reducción durante una década a contar desde el fallecimiento del causante, a efectos de conservar el derecho a la reducción practicada. Ahora bien, la interpretación de dicha norma, sostenida en diversas ocasiones por la Dirección General de Tributos y que también aparece reflejada en el epígrafe 1.2.d) de su Resolución 2/1999, de 23 de marzo, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda habitual y empresa familiar (B.O.E. del 10 de abril), determinaba que, para los supuestos de reducciones practicadas con ocasión de transmisiones por causa de muerte, no es precisa la continuidad de la actividad sino el mantenimiento del valor de adquisición sobre el que se practicó dicha reducción. 

a) En la solicitud de farmacias de Áreas Básicas de Salud de montaña, rural o semiurbana, se contabilizarán exclusivamente aquellos habitantes y oficinas de farmacia que pertenezcan a la ABS. Desde nuestro punto de vista, no tenía mucho sentido que se contabilizasen los habitantes y otras oficinas de farmacia de otras ABS del municipio (de la misma manera que no se tienen en cuenta en las zonas urbanas).

b) En los traslados forzosos de farmacias y en los traslados que no comporten un cambio de ABS, las solicitudes de nuevas apertura de farmacia no tendrán un trato prioritario.

Es una medida que consideramos muy positiva desde el Gabinete López-Santiago, dado que teníamos muchos traslados, que se paralizaban simplemente instando expedientes de nuevas aperturas en la ABS.

Sin embargo, seguirán teniendo prioridad las solicitudes de designación de local de nuevas farmacias, que sean firmes antes de la solicitud del traslado.

Lógicamente, en los traslados voluntarios con cambio de ABS continúan siendo prioritarias, como no podría ser de otra manera, las peticiones de nuevas farmacias dentro del ABS.

Sin duda, medidas en la buena dirección para evitar judicializar la profesión, imponiendo unos parámetros claros para evitar la litigiosidad entre los compañeros farmacéuticos.

Hemos de pensar que la Ley de Ordenación de Cataluña ha cumplido ya más de 20 años y, en ocasiones, requiere actualizaciones puntuales para ajustarla a realidad que vive la profesión.

Ver Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.]]> Wed, 01 Feb 2012 +0200 han apostado por el modelo mediterráneo de ordenación farmacéutica, en cuanto a titularidad, transmisiones, régimen de distancias, módulo poblacional y prohibiendo la dispensación de medicamentos éticos fuera de la farmacia.

Para paliar la tradicional carencia y "bunkerización" de farmacias en el medio urbano, el Ministro de Salud, Renato Balduzzi,  ha firmado la apertura de un nuevo concurso oposición que permitirá reducir el ratio de habitantes por farmacia desde los 3580 actuales a 2770.

Un dato importante:  Italia tiene 15 millones de habitantes más que España, pero cuenta con 5.000 farmacias menos.

Por este Decreto denominado "Fortalecimiento del servicio de distribución farmacéutica, el acceso a la propiedad de las farmacias y regulación de la administración de medicamentos genéricos" se establece:

• Reducir el ratio de habitantes por farmacia a 2.770. (En España actualmente es de 2.150 hab/farmacia).
• Permitir la ampliación de horarios.
• Exigir mayor número de titulados farmacéuticos en boticas de muy elevada facturación.
• Apoyar financieramente a aquellas farmacias rurales más desprotegidas.

Así, el modelo italiano convergerá aún más con nuestra ordenación farmacéutica, ya que las medidas adoptadas en Italia mantienen el núcleo básico y diferenciador de nuestro modelo de planificación farmacéutica:

1.- Reserva la titularidad de la oficina de farmacia exclusivamente para farmacéuticos.

2.- Mantiene el actual sistema de transmisión de farmacias, mediante compraventa, donación o "mortis-causa"

3.- Evita la integración vertical y la entrada en el sector de grandes corporaciones.

4.- Establece el régimen de distancias como módulo básico de la ordenación farmacéutica.

5.-Regula la apertura de nuevas farmacias mediante concurso oposición, bajo el criterio de mérito, capacidad y experiencia, mediante un procedimiento público y transparente. 

6.-Restringe la dispensación de fármacos éticos exclusivamente en farmacias.

7.-Permite los descuentos en las dispensaciones que no precisan receta médica.

8.-Obliga a la Prescripción por Principio Activo (mediante un sistema muy similar a nuestro RDL 9/2011)

9.-Exige la presencia de un farmacéutico en el acto de dispensación.

10.- Potencia los proyectos de Atención Farmacéutica y Trazabilidad.

No obstante, en el contexto económico actual y para limitar las remuneraciones que se consideraban excesivas o "rentas de situación" que venían obteniendo algunas farmacias, se han adoptado algunas medidas para fomentar la competitividad en el sector: 

• Se permite abrir una farmacia en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos y en centros comerciales de más de 10.000 metros cuadrados que no cuenten con una farmacia a menos de 150 metros.
• Se liberaliza la ampliación de horarios de las farmacias.
  • En caso de fallecimiento, la farmacia se ha de traspasar en el breve plazo de seis meses "para acortar el periodo en que una farmacia puede pertenecer a particulares sin los requisitos profesionales".

Asimismo, se evitará que la judicialización del largo laberinto administrativo que ahora comienza aborte la implementación de estas medidas.

Otros aspectos destacables:

• Los farmacéuticos que ya son titulares de una farmacia no podrán participar en el concurso para optar a una nueva farmacia. En Italia se ha optado por apoyar más a jóvenes y rurales que a instalados o minusválidos.  Por el contrario, se permitirá participar a aquellos titulares de farmacias "subvencionadas" situadas en las zona más remotas y deprimidas de manera preferente en el concurso oposición.

• Los titulares de farmacias rurales "no subvencionadas" no podrán concursar, limitándose su posibilidad de promoción profesional.

• Las más de 4.000 parafarmacias italianas que abrieron los farmacéuticos al albur del Decreto Bersani de 2007, (en un formato de establecimiento, similar a una tienda de conveniencia), a las que se les permitía dispensar EFP, verán reducido su nicho de mercado. Ya han salido a la calle a protestar.

Los menos beneficiados con este decreto, serán parafarmacias, y los farmacéuticos rurales con farmacia "no subvencionada"; no podrán concursar y se les limita la posibilidad de promoción profesional. (Un concurso de traslados similar al que existe en nuestras Islas Canarias habría sido muy positivo para facilitar el desarrollo de estos farmacéuticos rurales de pequeñas localidades que carecen de subvención).

Paradógicamente, el Decreto Passera que se ofreció a los farmacéuticos en diciembre del 2011 era menos ambicioso. El sector más inmovilista de la profesión lo rechazó, enrocándose en posiciones numantinas, lo que ha derivado en este decreto más coercitivo.

Este Decreto va a ser impugnado, según ha prometido el presidente del partido liberal PdL "Pueblo de la Libertad", Silvio Berlusconi. Las expectativas que se han creado ahora en Italia me recuerdan las que se vivieron en nuestro país a raíz de la Ley 11/1996 de hace más de 15 años.

Así un empleado de la farmacia con contrato indefinido que sea despedido por voluntad del farmacéutico titular a partir de la entrada en vigor de la ley, mantiene la indemnización acumulada de 45 días y a partir de esta fecha a razón de 33 días por año trabajado, así como cualquier empleado de nueva contratación. Para este tipo de trabajador todavía opera el máximo de 42 mensualidades. Para el nuevo contratado el máximo será de 24 mensualidades en caso de despido improcedente.

2. Despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas: a 20 días por año trabajado, máximo de 12 mensualidades.

Así, se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, entendiendo por 'persistente' si se produce durante tres trimestres consecutivos. Conceptos cargados de gran relatividad.

3.- Reforma orientada al empleo de los jóvenes

a) Posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos, titulares en farmacia.

b) Contrato para la formación y el aprendizaje, para aquellos nuevos empleados en farmacia, mayores de 16 años y menores de 25 años, con una duración mínima de entre 1 año –por convenio incluso 6 meses- y máxima de 3 años. El trabajo efectivo será de un máximo del 75% de la jornada laboral durante el primer año y el 85% durante el segundo y tercer año. La retribución salarial será en proporción y no inferior al salario mínimo interprofesional. Si estaba desempleado desde antes del 1 de Enero de 2012 el titular farmacéutico podrá gozar de una reducción en la cuota empresarial del 100%. 

Si además finalmente transformase su contrato en indefinido podrá gozar de una reducción en la cuota empresarial de 1500 €/año durante 3 años y 1800 €/año de ser mujer.

4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores

Creación de un contrato indefinido a jornada incompleta para emprendedores, en empresas de menos de 50 trabajadores,-aplicable por tanto, a las farmacias-, que incluye una deducción fiscal de 3.000 euros para el primer trabajador menor de 30 años, que esté en desempleo por más de tres meses. Así, el empleado podrá cobrar durante un tiempo un 25% de la prestación de la prestación de paro y el empleador deducirse el 50% del coste para la empresa.

La contratación de personal desempleado comportará una bonificación en la cuota empresarial de 1000 €/ primer año, 1100 €/ segundo año y 1200 €/ el tercer año, así como un incremento de 100 € de dichas deducciones en caso de tratarse de mujeres, y de 1300 € /año durante tres años, en caso de tratarse de desempleados de más de 45 años. Esta bonificación será de 1500 €/año durante tres años, en caso de tratarse de mujeres. 

El titular farmacéutico no podrá contratar en dicha modalidad, si ha despedido por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia y cubre el mismo puesto de trabajo o grupo profesional. Deberá mantener el citado empleo durante tres años mínimo.

5.- Modificaciones en las condiciones de trabajo

De nuevo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá afectarse la jornada, el horario, la distribución del trabajo, el régimen de turnos, incluso la remuneración y cuantía salarial, el sistema de trabajo y rendimiento, además de las funciones de los empleados de la farmacia.

Deberá comunicarse con 15 días de antelación y el empleado tendrá derecho a rescindir la relación laboral con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades y/o impugnarla por entenderla injustificada ante la jurisdicción laboral.

6.Distribución irregular  de la jornada laboral

Con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales internas de las empresas, podrá distribuirse irregularmente la jornada laboral a lo largo del año, inclusive si no hay pacto entre el titular farmacéutico y el empleado en farmacia hasta un 5% de la jornada de trabajo.

7.-Realización de funciones superiores o inferiores a la categoría laboral

El empleado podrá ser obligado a realizar funciones superiores o inferiores a su categoría laboral por unos 6 meses durante el año u 8 meses durante los dos años. En el caso de funciones superiores reclamando el ascenso y con una retribución acorde a sus funciones. En el caso de funciones inferiores con la retribución salarial de origen.

8.-Suspensión de contrato o reducción de jornada laboral

El titular farmacéutico también podrá suspender el contrato o reducir la jornada laboral por dichas causas económicas. Deberá comunicarlo a la autoridad laboral y ésta a la gestora de la prestación por desempleo. La reducción puede obedecer entre el 10% y el 70% de la jornada y el titular farmacéutico podrá gozar del 50% de bonificación en la cuota empresarial. El máximo serán 240 días o situación coincidente con la desempleo del trabajador y a condición de que mantenga el empleo un año después de la finalización de la suspensión o reducción de jornada.

Mediando acuerdo entre la empresa y los trabajadores también podrá inaplicarse el convenio colectivo del sector. 

9.Teletrabajo

Se regula la prestación de la actividad laboral preponderamente en el domicilio del empleado o lugar libremente elegido por éste, siempre que la retribución total sea acorde con su grupo profesional y por las funciones por éste desempeñadas. Especialmente indicado en empleados de farmacia encargados de la nuevas tecnologías, web, redes sociales o mantenimiento de la base de datos o CRM.

10. Se prohibe encadenar de contratos temporales por más de 24 meses.

Entre otros aspectos de la reformal laboral, se trata la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos que será de dos años y se promocionará la colaboración que tendrán las agencias de trabajo temporal con los servicios públicos de empleo en la colocación de trabajadores.

Desde el Gabinete López-Santiago, tenemos la percepción que esto podría abrir la puerta a una modificación legislativa en el País Vasco.

El inquietante Proyecto de Ley de Ordenación de Asistencia Farmacéutica, que podría afectar a los traspasos, planteó la caducidad de la autorización de farmacia cuando el titular hubiera cumplido los 70 años o cuando se jubilase, la adaptación de las lonjas donde se ubican las farmacias a un mínimo de 75 metros cuadrados en un plazo de cinco años, y la apertura de farmacias en poblaciones inferiores a los 800 habitantes,  lo que podría permitir la apertura de algunas farmacias, entre los aspectos más importantes.

Ahora es necesario saber si de existir un cambio en el Gobierno del País Vasco, como se prevé, el nuevo Ejecutivo adoptaría estas medidas.  De momento, el hecho es que 18 años después, se ha publicado en el boletín estatal la Ley de Ordenación Farmacéutica del País Vasco. Se trata de una facultad que venía regulada en el Estatuto de Autonomía.

Además, en septiembre del año pasado se planteó una cuestión de inconstitucionalidad, por el particular artículo 34.2 que decía que para la solicitud de una nueva farmacia:  “Estos procedimientos sólo podrán resolverse en favor de farmacéuticos de más de 65 años o de farmacéuticos titulares o cotitulares de oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona farmacéutica cuando no existan otras solicitudes en el mismo expediente”.

Nuestro criterio profesional, a raíz del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de mayo y de 6 de Junio de 2011, nos atrevemos a pronosticar dicha inconstitucionalidad en cuanto a la doctrina que el Constitucional empleó acerca del veto a los mayores de 65 años en el concurso de nuevas aperturas en Castilla La Mancha y el veto a la adjudicación de Oficinas de Farmacia a los mayores de 65 años, en Galicia, también declarado inconstitucional.

Normativa.

Ley 11/1994 de 17 de Junio de Ordenación Farmacéutica del País Vasco publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de Febrero de 2012.

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4362-2011, en relación con el art. 34.2, párrafo segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de País Vasco, por posible vulneración de los arts. 14, 36 y 38 de la Constitución, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de Septiembre de 2011.

Publicación de la Ley de Ordenación Farmacéutica País Vasco en el BOE ]]> Fri, 24 Feb 2012 +0200  

A pesar de que las indemnizaciones se han visto reducidas tras la reforma laboral de 2.012, la cuestión que nos plantean es si estos emolumentos tienen la consideración de gasto ordinario o si se podrían considerar como una menor plusvalía para optimizar la fiscalidad de la venta.

El criterio de la Agencia Tributaria es claro: estas liquidaciones son gastos ordinarios de la actividad. No se pueden utilizar para reducir el incremento patrimonial. Constituyen un gasto deducible de la actividad económica del ejercicio en curso, en forma de sueldos y salarios y cotización a la Seguridad Social.

En el caso de que los importes de las liquidaciones sean superiores al beneficio anual de la farmacia, ésta daría perdidas en el ejercicio del año en que se vende, y estas bases generales podrían ser compensables en los cuatro años siguientes.

Traspasos de farmacias. Impacto de la reforma laboral 2.012

Aspectos clave de la reforma laboral 2012 en la oficina de farmacia.]]> Tue, 27 Mar 2012 +0200 En el caso de confluencia de intereses entre traslados de farmacias y nuevas aperturas, en Castilla y León opera el criterio temporal.

Al igual que en otras Comunidades, en el expediente de traslado se ha de vigilar no incurrir en abuso de derecho; especialmente en traslados en las inmediaciones de Centros de Salud.

Algunos ejemplos de traslados de farmacias vividos en Castilla y León:

1.- Salamanca:  Traslado de farmacia de calle San Justo 3 a Paseo Cuatro Calzadas 48. Se solicitó un traslado por ruina del inmueble, un Gabinete de consultores así como diversos testigos avalaron el estado de ruina y que no había local disponible en la misma Zona Farmacéutica. En primera instancia se denegó el traslado; en segunda instancia no sólo se autorizó sino que además se indemnizó a la farmacéutica con 54.798 euros por haber tenido que cerrar su farmacia durante 8 meses. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3154/2009”.

2.-Palencia: Traslado de farmacia de Avda. Modesto Lafuente 21 a Doctor Fleming 12. Traslado autorizado, ya que, cuando se solicitó, no se podía adivinar la ubicación del lugar donde se iba a instalar el Centro de Salud “Pintor Oliva”. A juicio del Tribunal no se probó que se hubiera utilizado o se dispusiese de información privilegiada. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2678/2005”.

3.-Valladolid: Traslado de farmacia de la calle Dos de Mayo número 2 al 10. Se solicita un traslado provisional, y posteriormente por el estado de ruina del edificio, se convierte en un traslado forzoso. La clave de este traslado es que con la normativa anterior, los traslados forzosos se autorizaban si la distancia a otras farmacias y centros asistenciales no era inferior al 80% de la estipulada. Sólo cuando hay ruina del edificio se permite el traslado a otra Zona Farmacéutica dentro del mismo municipio. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2311/2011”. 

4.- Burgos: Traslado de la farmacia sita en calle San Juan de Austria 18 a San Zadornil 8. Traslado autorizado, ya que si bien el Colegio de Farmacéuticos de Burgos prohibió el traslado por tratarse de una “farmacia de núcleo”, el Tribunal anuló la decisión del Colegio y declaró que esta farmacia se podía trasladar siempre que se produzca dentro de la misma Zona Farmacéutica y municipio. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2390/2005”.

Sin embargo, también en Burgos, le Sentencia 431/2005 anuló un traslado voluntario de una “farmacia de núcleo”, y, a su vez, se denegó la solicitud del Colegio de Farmacéuticos de Burgos de personarse en todos los expedientes de traslado, ya que el Tribunal consideró que el Colegio de Farmacéuticos es un Órgano de naturaleza política orientado a fines generales, y no es parte interesada en cada proceso.

5.-San Andrés de Rabanedo (León): Se suspende el traslado de la farmacia sita en la calle Parra 35, hasta que se instalen las dos nuevas farmacias que hay concedidas. El Tribunal consideró que autorizar el traslado podía afectar al derecho de las farmacias autorizadas. Otra farmacia del municipio también intentó trasladarse, ante el escenario de dos nuevas aperturas en la localidad, que también fue denegado. “Sentencias 1861/2008 y 1290/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.

6.- Golmayo (Soria): Traslado de farmacia al interior de un Centro Comercial. Se autoriza el traslado voluntario al interior de una Gran Superficie, ya que el nuevo local “dispone de acceso directo, libre y permanente a la vía pública, y exento de barreras arquitectónicas” como exige la Ley 13/2001 de Castilla y León. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2377/2009”.

7.-Valladolid: Traslado voluntario de la farmacia de calle de la Victoria 45 a Fuente el Sol 61. Se autoriza el traslado, ya que el Tribunal no tuvo en cuenta la impugnación de una farmacéutica colindante que por el mero hecho de haber participado en el concurso de nueva apertura, sin haber resultado adjudicataria, alegaba interés legítimo. El Tribunal consideró que no era titular de ningún derecho que afectase al traslado. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1293/2008”.

8.- Benavente (Zamora): Traslado de la farmacia calle La Rua 12. Se trataba de un traslado provisional, que no volvió exactamente a la primitiva ubicación. Sin embargo, el Tribunal se mostró flexible, y permitió que se instalase en un lugar muy similar al de origen, aunque no era “exactamente el mismo”. De hecho tenía la misma numeración que el anterior. Es decir, el Tribunal, consciente de que el retorno a veces no puede ser exacto, por motivos de construcción, permite una cierta laxitud, siempre que no se aprecie mala fe. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 59/2010”.

9.- Burgos: Traslado de farmacia de la Zona Farmacéutica de “Los Comuneros” a la “Centro A” .Traslado denegado dado que la distancia resultó inferior a los 350 metros que solicitaba la legislación anterior al Decreto 199/1997 de 9 de octubre. No obstante, la Ley de Ordenación Farmacéutica vigente, en su artículo 19, establece las distancias entre farmacias en 250 metros en zonas urbanas y semiurbanas; y 150 metros en las rurales. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2344/2005.

10.- Valladolid: Se anula el traslado voluntario de la farmacia sita en calle Fuente el Sol 61 para dar prioridad a una solicitud de nueva apertura. El Tribunal resolvió que cuando hay dos peticiones, una de nueva apertura y otra de traslado, se le dará prioridad al primero que haya designado local. En este caso, había designado local en primer lugar la farmacéutica que llevaba el expediente de nueva apertura. Sin embargo, el hecho de que se construyese un Centro de Salud en el Paseo Botánico no se tuvo en cuenta, dado que en la fecha de solicitud no existían indicios de que en aquél lugar se proyectaba este equipamiento sanitario.“Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2952/2008”

11.- León: Traslado de la farmacia sita en calle Francisco Fernández Diez 14 a San Juan Bosco 14. Se autorizó el traslado, que resultó impugnado por un farmacéutico colindante, alegando la caducidad del expediente al no designar local en el plazo concedido. Pero el Tribunal entendió que el artículo 6.2 de la Orden 21.11.79, a diferencia de lo que establece el art. 5.3 y 8.1 “no contempla como efecto ineludible el cumplimiento del plazo de 30 días, la caducidad y archivo del expediente”, por lo que se le concedió un nuevo plazo. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2/2008”.

12.- Valladolid: Traslado de la farmacia de la calle Industria 32 a calle Pérez Galdós 21. Traslado denegado, ya que el Tribunal entendió que había indicios que permitían conocer la inmediata construcción de un Centro de salud, lo que favorecería a la farmacéutica en detrimento de otras farmacias ya establecidas en la zona, lo que supondría un fraude de Ley y un abuso de derecho. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 872/2005”.

13.-Burgos: Traslado de farmacia de calle San Francisco 5 al Polígono G-6. Traslado denegado ya que se intentaba trasladar la farmacia a otra Zona Farmacéutica. Según los Decretos 199/1997 y el 12/2011 los traslados de farmacias solo pueden autorizarse dentro de la misma Zona Farmacéutica  y municipio. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3291/2005”.

14.- León: Se deniega el traslado voluntario de la farmacia de Santo Toribio de Mogrovejo 74 a Avenida Reino de León 2, ya que no se cumplían los 250 metros que exige la Ley, que se han de respetar entre las farmacias más próximas. El Tribunal no tuvo en cuenta la invocación de la farmacéutica del principio “pro apertura”, y exigió determinar las distancias de la forma legal establecida. “Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1614/2009”.

En suma, la conflictividad judicial y la litigiosidad de traslados de farmacias en Castilla y León viene marcada por el traslado de farmacias de núcleo, la concurrencia de intereses entre nuevas aperturas y traslados, la medición de distancias y el abuso de derecho o fraude de ley por intentar situarse en las inmediaciones de un Centro de Salud.]]> Sat, 31 Mar 2012 +0200  

Una medida que activará los traspasos de farmacias, dado que existirá una mayor liquidez en el mercado, pero que está más pensada para los grandes defraudadores. Hacienda calcula que el 72% de los ingresos vendrán por las grandes fortunas y corporaciones.

Se trata de una medida sugerida por la patronal CEOE, que ya se llevó a cabo en el año 1984 por Miguel Boyer y en 1.991 por Carlos Solchaga. Es un procedimiento recomendado por la OCDE en países en especiales dificultades económica, y que se ha aprobado en España dada la situación de emergencia que vivimos.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha rechazado esta medida ya que entienden supone un agravio comparativo de los defraudadores frente a los que tributan; atentando contra el principio constitucional de igualdad tributaria (según el artículo 31 de la Comisión Europea).

No se denomina “amnistía fiscal” ya que la Constitución lo prohíbe, y se habla de aplicar un “gravamen especial a determinadas rentas”, que favorecerá afloren los capitales no declarados que se encuentren en el interior del estado, y para los que se retornen a nuestro país.

Existen precedentes en Europa, aparte de Suiza, Luxemburgo y el Vaticano, (con una laxa legislación tributaria):

• En Italia: Se han aprobado 4 scudettos (amnistías fiscales).
• En Francia opera la “libreta azul” para intentar recuperar el dinero negro.

Es una medida no exenta de una fuerte carga ideológica, los sectores progresistas la consideran un regalo a los defraudadores, que supone un grave precedente en el futuro, ya que no se les sanciona. La valoran como una medida impresentable, injusta y antisocial. Apuestan por un cambio de color de los billetes de 500 euros, y que los tenedores se vean obligados a canjearlos en el Banco de España tras justificar su procedencia. Les resulta paradógico que la vía de salida a la crisis de deuda sea amnistiando a los defraudadores.

Las amnistía fiscales son difíciles de digerir para el conjunto de la sociedad y las clases más desfavorecidas;  enjugará fraudes millonarios a un tipo muy reducido, esta regulación fiscal choca con los anuncios del Ejecutivo de luchar contra el fraude, y supone un reconocimiento de la incapacidad de la Agencia Tributaria de luchar contra la economía sumergida.

Una medida de dudosa moralidad, pero no olvidemos un dato: La recaudación del Impuesto de Sociedades se ha desplomado un 63% desde el inicio de la crisis.

Medidas de prevención de fraude fiscal en oficina de farmacia ]]> Wed, 11 Apr 2012 +0200  

Debemos valorar las distintas formas de señalizar una operación de compraventa de farmacia, hallando la fórmula más adecuada a la negociación entre las partes. Son distintos los matices contractuales que aportan los diferentes tipos de arras, las promesas de venta o una simple reserva, en la compraventa de Oficinas de Farmacia.

La seguridad jurídica debe ser una prioridad.

Analizamos un caso de doble venta, en el que se declara la nulidad de una segunda compraventa de Oficina de Farmacia por mala fe y se obliga al cumplimiento y elevación a público de la primera compraventa como definitiva, a pesar de estar suscrita en documento privado y cuestionarse la forma de precontrato.

Un reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara declaró que el contrato privado de compraventa sobre la Oficina de Farmacia de Almoguera (Guadalajara) no respondía a ningún precontrato, consistente en un “quedar obligado a obligarse” y en el que se hubieran entregado arras penitenciales: la “señal” había constituido parte del precio en una venta definitiva. Lo importante era la voluntad negocial y en no se había hecho constar expresamente el pacto de arras penitenciales en la compraventa.

El hecho de que estuviera redactado en tiempo verbal futuro no fue concluyente. Tampoco lo fue que no estuvieran concretadas las existencias en el documento, que fue reconocido por el Tribunal como un pacto accesorio habitual en la transmisión del derecho a la explotación de la farmacia. Desde el punto de vista del perito en el juicio, el precio de las mercaderías había de fijarse, como es habitual en el sector, reduciendo en un treinta por ciento su precio de venta al público, tras su relación e inventario. Se trataba pues no de un precontrato sino de una compraventa definitiva.

Una vez aclarado este extremo, que fue alegato de la vendedora, se analizó en la sentencia el trasiego de compraventas.

De este modo, a criterio del Tribunal, sin causa justificada, una vez transmitida la farmacia en documento privado, la vendedora unilateralmente se apartó de lo convenido para acabar vendiéndola en un documento público simulado a su esposo, defraudando así los derechos de la compradora farmacéutica.

A juicio de la Audiencia, se había producido un incumplimiento por parte de la vendedora cuya consecuencia fue conforme a la resolución de la sentencia, por interés de la compradora: el cumplimiento forzoso de la primera compraventa, más la correspondiente indemnización de los perjuicios causados. De ahí que se estuviera a lo pactado en el documento privado de compraventa y a elevarlo a escritura pública sin que fuese un impedimento el hecho de que se hubiere otorgado ya escritura pública de la segunda compraventa a favor del marido.

Los conflictos de doble venta se producen, a juicio de nuestros tribunales, porque existen en realidad dos contratos con el mismo objeto.  Incluso el principio de prioridad registral es insuficiente si no concurre buena fe en el comprador que primero accede al Registro, pues se necesitan ambos requisitos: prioridad registral y buena fe.

La buena fe debe ser entendida no como estado de conciencia o conducta sino como cuestión de conocimiento de las circunstancias del caso y no concurre un supuesto de doble venta cuando falta la buena fe del comprador. Así cuando en la doble venta puede presuponerse una acción dolosa o fraudulenta, no merece protección quién colabora en la compraventa o cuando menos la conoce, incluso otorgándose preferencia real a la venta verificada en documento privado sobre la que se entiende simulada en documento público. En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo: STS 13-10-1993, STS 31-12-1992, STS 3-5-1985, STS 19-2-1980 y STS 24-11-1995, entre otras.

Podemos concluir esta muestra, como una más, de las incidencias causadas por los acuerdos privados entre las partes, a veces equivocados. En la compraventa de Oficinas de Farmacia la seguridad jurídica en todas las fases negociales es vital para llevar a buen fin la operación de transmisión del establecimiento sanitario que conforma la farmacia.]]> Sat, 14 Apr 2012 +0200 PROPIEDAD DE FARMACIAS EN GRAN BRETAÑA

El plazo que establece la nueva ley para regularizar la situación laboral de los trabajadores domésticos es hasta el próximo 30 de junio de 2.012. A partir del 1 de julio será la propia Tesorería General de la Seguridad Social la que se encargue, de oficio, de regularizar la situación laboral de dichos trabajadores. Lo hará de la siguiente manera:

a) Cuando se trate de empleados de hogar que presten servicios de manera exclusiva y permanente para un único empleador, su cotización al Sistema Especial pasará a efectuarse, desde el día 1 de julio de 2012 por la base de cotización establecida en el tramo superior de la escala a que se hace referencia en el apartado de Cotización y Recaudación. A tal efecto la Tesorería  General de la Seguridad Social de oficio, creará un Código de Cuenta de Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y adscribirá al mismo a los trabajadores que consten de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar

b) Respecto de los trabajadores que prestan sus servicios con carácter parcial o discontinuo para varios empleadores, la norma que entra en vigor el día 1 de enero de 2012 no prevé la inclusión en el Sistema Especial como se venía haciendo hasta ahora en el Régimen Especial, sino que ha de realizarse como trabajadores por cuenta ajena adscritos a Cuentas de Cotización cuya titularidad pertenezca a cada uno de los empleadores para los que prestan servicios en función  de la retribución que perciben de cada uno de ellos. Para ello cada empleador deberá disponer de un Código de Cuenta de Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Si llegado el 30 de junio los empleadores para los que presten servicios estos trabajadores de carácter parcial o discontinuo no han comunicado el cumplimiento de las condiciones exigidas para la inclusión en el Sistema Especial, quedarán excluidos de dicho Sistema Especial, procediendo la Tesorería General de la Seguridad Social a cursar de oficio la baja en el Régimen correspondiente.

Por lo que aquellos empleadores que ya tengan dado de alta a un trabajador dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2012 para comunicarlo a la Seguridad Social.]]> Thu, 19 Apr 2012 +0200 Acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 18 de abril de 2.012.  

Vender hoy una farmacia, al igual que una vivienda, no es fácil. Los precios que se pagaban en la época dorada 2003-2006, ligados al boom de la construcción, son ya historia. Estamos asistiendo a un rápido cambio del mercado. El tiempo necesario para vender una farmacia ha pasado de 11 días en 2005 a 65 días ahora. Hoy existen unas 300 farmacias en venta (nunca hubo más de 50), lo que arrastra a los vendedores a bajar sus posiciones si realmente desean vender. Pero aún hay mercado y seguimos trabajando bien.

En el último quinquenio los precios crecieron desorbitadamente. Ahora volvemos a los niveles de normalidad de hace 5 años. Esta misma situación se vive en Europa: caída de ventas, de precios, gran stock de farmacias en venta y dificultad de financiación.

El entorno actual ha expulsado a los inversores que veían en la optimización de la gestión de la farmacia, y su reventa, una fórmula de obtener plusvalías que tributaban al 15 por ciento.

¿Un valor seguro?

El estudio Ortega-Tamames, de hace 15 años, y financiado por el Consejo, cobra más vigencia que nunca: "En la farmacia española se da la paradoja de que el negocio es rentable sólo cuando se revende". La parte positiva es que, dada la falta de liquidez existente, el farmacéutico que vende puede estudiar las múltiples posibilidades de inversión, alternativas a la farmacia.

Las épocas en que el sector crecía al 12 por ciento, y se podía obtener dinero a tipos reales negativos, ya pasaron. Hoy apenas se venden farmacias por encima del 1,5. En Andalucía la situación es dramática; el vendedor comienza pidiendo más del 2, el banco no lo ve viable, y el mercado se bloquea.

La farmacia es un valor seguro, aunque hoy el contexto macroeconómico es diferente: altos intereses, la rentabilidad cae y los resultados de las farmacéuticas en bolsa, desastrosos. Los actuarios ya no aceptan valoraciones por encima del 1,5. La cuenta es sencilla: si se gana un 28 por ciento y la mitad se va en gastos de explotación, queda un 14 por ciento. Si el precio de traspaso son las ventas multiplicadas por 2, la rentabilidad de la inversión es de un 7 por ciento. No vale la pena asumir el riesgo de invertir ni la dedicación de subir la persiana cada mañana ni la responsabilidad civil, administrativa y penal. Pero tampoco es un drama que la farmacia valga lo que realmente es. Se está adecuando su valor a la rentabilidad real.

Y llegó el cerrojazo crediticio. En los bancos corre la voz de que el mejor crédito es el que no se concede. Es cierto que los gabinetes de compraventa de farmacias sabemos driblar esta sequía crediticia porque la banca confía en nuestros planes de viabilidad.

Malabarismos financieros, como adquirir la farmacia sin capital propio, basándose en hipotecas mobiliarias, leasing inmobiliario, lease-back o financiación mediante proveedores ya no sirven. Hoy las herramientas han de ser otras.

Traspasos moderados

El mercado sigue vivo, aunque los precios podrían seguir cayendo, porque los resultados de las farmacias, distribución e industria podrían reducirse. Nos dirigimos a un modelo de menor consumo y más ahorro, donde se reducirá el peso del Sistema Nacional de Salud como financiador.

A esto se suman nuestras propias amenazas de siempre: liberalización, canales alternativos de distribución, Dictamen Europeo, salida de las EFP, receta electrónica, dudas sobre la amortización del fondo de comercio, nuevas leyes autonómicas que limitan los traspasos funcionarizando encubiertamente al farmacéutico; en Europa, se implantan otras formas de remuneración del farmacéutico (de modo que gane más el que mejor servicio ofrece, y no el que más vende); los inmigrantes nos podrían decir adiós por la falta de trabajo y la depreciación de nuestra moneda es de un 26 por ciento. Por ello hay que trabajar para que el prestigio social esté intacto. Hay que convencer a la sociedad de la superioridad de la farmacia como marca. Las orejas del lobo empiezan a aparecer, y el lobo se llama copago.

Una medida muy simple y de fácil implantación: que el usuario abone un euro por receta. El actual sistema de prestaciones universales no será fácil de mantener. La recaudación de impuestos se ha reducido un 14 por ciento, y las prestaciones sociales y el paro se disparan, lo que incrementará aún más nuestro déficit. El copago podría estar hoy más cerca que nunca. De ser así, asistiremos, según nuestros estudios, a la agonía del 35 por ciento de las farmacias, especialmente rurales. En la farmacia española nos esperan dos fechas criticas en los próximos años, el copago y la extinción masiva de contratos de arrendamiento en prorroga forzosa, afectados por el Decreto Boyer en 2015, que producirá un auténtico marasmo.

Nuestras abuelas nos indujeron a pensar que tener una farmacia era tener un tesoro de un valor incalculable, sin embargo no es más que una autorización administrativa en aceleración imparable a concesión administrativa, "sujeta a un ordenamiento jurídico complejo, disperso, cambiante e interpretable" como declara el Tribunal Supremo.

Compraventas siempre habrá pero, ¿qué puede hacer un recién licenciado? En 1990, con intereses al 15 por ciento, impuestos al 56 por ciento, sin amortización del fondo de comercio y sin hipotecas mobiliarias, las farmacias también se vendían. Pero detalle importante: a menos del 1,5.

La cifra del 1,5 nos la hemos de grabar a fuego en nuestras conciencias, hoy, es lo que marca el que una farmacia se venda o no se venda.

Y aquí los asesores tenemos que hacer una valoración realista: admitir el precio solicitado sin más, para coger el encargo, quemar la farmacia, y después de seis meses decir al vendedor que era un precio imposible no es lícito ni honesto.

Acertaron los farmacéuticos más avezados, que vendieron hace unos años sus farmacias a precios estratosféricos y ahora disfrutan de un retiro plácido. ¿Compro, vendo o sigo? Es la gran cuestión.

"El hecho de que la postura del abogado general avale la situación de la planificación italiana induce a pensar que también respaldará el modelo farmacéutico español, y por tanto abogará por mantener el actual status quo de la planificación farmacéutica en España", afirma el jefe del bufete experto en compraventa de oficinas de farmacia Agustín López-Santiago."De ser así, supondría la consolidación definitiva de nuestro modelo, basado en la atención personal y directa del propio farmacéutico, en el que se evitan que intereses mercantiles se interpongan en el acto de dispensación", afirma.

Sostiene que por la ley de la oferta y la demanda si al mercado actual, donde los únicos compradores de boticas son los farmacéuticos licenciados y una sola farmacia por titulado, se sumasen mayoristas o laboratorios, además de otros inversores, desde fondos de inversión hasta grupos de farmacéuticos asociados, los precios deberían teóricamente incrementarse.

Se aleja un fantasma

En el tema de la estabilidad abunda Carlos Espina Mateos, director de MCA Farmabroker Madrid, que afirma que "en los últimos meses, el fantasma de la liberalización habían hecho que, después de muchos años, la balanza se hubiese invertido hacia una mayor oferta, superando el número de boticas a la venta al número de farmacéuticos interesados en la adquisición de éstas". El dictamen, añade, "es una inyección de moral para la farmacia española, que sale reforzada en cuanto a su modelo de ordenación. Esto permite afrontar con garantías una adquisición que conlleve la generación de recursos suficientes para garantizar unos beneficios dignos de un profesional sanitario".]]> Mon, 13 Apr 2009 +0200 El promedio de facturación no baja de los 500.000 euros anuales en zonas urbanas, 100.000 en las rurales.

Tener una farmacia en España es un negocio redondo. La introducción del genérico y los cambios legislativos han reducido el margen de beneficio, pero aun así, sigue siendo una de las inversiones más seguras... pero más difíciles de acceder. Hasta el momento las oficinas farmacéuticas han quedado en manos de los que se han dedicado toda la vida a este negocio. En la provincia apenas se han abierto tres farmacias en los últimos cinco años, principalmente por el atasco administrativo que se produjo cuando la Junta asumió las competencias para conceder nuevas licencias. Antes la decisión recaía en los colegios profesionales.

La nueva ley vendrá a modificar todo este contexto y abrirá las puertas para que farmacéuticos sin establecimiento puedan hacerse con uno, pero los precios siguen siendo muy altos. Según los datos de portales especializados en estas operaciones, el precio oscila entre los 600.000 euros en zonas rurales a cuatro millones en las grandes ciudades. Así lo recogen la web www.farmavend.com que tiene más de veinte anuncios colgados o la página del gabinete López Santiago. El precio medio es de algo más de 1,5 millones con una facturación de 500.000 euros de media. Este dato varía en función de la ciudad y sobre todo de su ubicación.

Ninguno de los anuncios que ofrece este portal se refiere a Cádiz, la más cercana se encuentra en Málaga y sale al mercado en 1,9 millones. La información publicada garantiza que la facturación anual asciende a 633.790 euros al año y el alquiler del local es de 3.000 al mes.

Las cifras son astronómicas, pero no es sólo el efectivo lo que contará a partir de ahora. El concurso público tendrá en cuenta criterios como la experiencia profesional y el currículum. Andalucía, Canarias y Asturias son las únicas comunidades que han elaborado un marco regulador para el sector farmacéutico.

Uno de los anuncios más llamativos es el de una farmacia en el centro de Madrid que cuesta cuatro millones. Eso sí, los ingresos anuales ascienden a 3,4 millones de euros. En el caso de las zonas rurales las cifras bajan considerablemente. El precio de venta oscila entre el millón a los 300.000 euros, dependiendo del número de habitantes, sobre todo. La facturación también es más baja, en torno a los 100.000 euros al año.]]> Mon, 04 Apr 2011 +0200 Asesores fiscales que operan en toda España constatan que se ha incrementado "exponencialmente" el número de inspecciones y revisión de cuentas de oficinas de farmacia desde 2008 -año en el que comenzó la crisis económica- hasta hoy, y que se prevé que siga aumentando. Firmas como TSL Consultores, Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios, Gabinete López-Santiago, Asefarma y Aspime lo confirman a CF.

Aunque no haya datos concretos, dado que los expedientes abiertos y actuaciones son confidenciales, como aseguran desde el Ministerio de Economía y Hacienda, estos expertos sostienen que tanto la Agencia Tributaria, tanto a nivel nacional como autonómico, cada una en sus competencias, vienen poniendo la lupa en el sector de las oficinas de farmacia.El asesor Antonio Durán-Sindreu afirma que "ha habido y está habiendo muchas inspecciones a farmacias. Hace un par de años detectamos un aumento considerable, que hace cuatro no existía, y está siendo progresivo su aumento". Lo achaca a que es un sector "fácil de comprobar" y que maneja importantes cantidades de dinero.

• No ocurre en todas las CCAA por igual; se han detectado más casos en Canarias y Andalucía

LAS RAZONES
Juan Antonio Sánchez, de Aspime, asegura a CF que es un fenómeno perceptible que desde hace más de dos años se analiza más de cerca a la farmacia. "En esto hay varias interpretaciones: por un lado, la crisis, que ha reducido los ingresos del Estado y necesita más recursos; por otro, el hecho de que algunos impuestos, como el de sucesiones, hayan desaparecido en algunas autonomías, precisamente en un momento en que tienen que reducir drásticamente el déficit público. Y, finalmente, que para un mecanismo de inspección es más fácil y menos costoso investigar lo existente que lo nebuloso, es decir, es más fácil rastrear los cambios patrimoniales o los ingresos de una oficina de farmacia que otras actividades profesionales".

También hay más inspecciones que nunca, señala Sánchez, sobre donaciones, trasmisiones sucesorias y declaraciones fiscales de los farmacéuticos.Pero el aumento de inspecciones no afecta sólo a los movimientos patrominiales entre farmacéuticos, sino que alcanza también a las agencias de mediación en la compra-venta e, indirectamente a la Distribución, que debe a veces aportar datos suplementarios de sus relaciones comerciales con las farmacias inspeccionadas. Asefarma, asesora en compra-venta de farmacias, confirma que, entre sus clientes, unas 300 farmacias, varias han sido inspeccionadas y otras han sido requeridas a aportar información añadida a sus declaraciones de renta, patrimonio y operaciones de compra-venta. De donde deducen el aumento de la presión de inspección sobre las oficinas. 

Añade que, "según sus actas, estas farmacias son de todo tipo", y estima que esta cifra es extrapolable fuera de su canal de clientes.Agustín López-Santiago también sostiene que sí se han incrementado los requerimientos de la Agencia Tributaria a farmacias, pero prefiere no hablar de inspecciones sino de "comprobaciones de movimientos patrimoniales importantes", en casos de farmacias de más de un millón de euros.

También como mediadores en estas ventas les han pedido información sobre una veintena de casos, pero son sólo "meras comprobaciones, que consisten en presentar la copia de la escritura y ahí acaba todo".Pero no está ocurriendo en todas las comunidades por igual, según informan las asesorías consultadas. Coinciden en que Andalucía, Canarias y Castilla y León son algunas de las que registran más casos.

CONTRA EL DINERO 'B'
Nieves Vigueras, de la andaluza TSL Consultores, afirma que han detectado casos de requerimientos de información a titulares que han comprado farmacia entre 2006 y 2010 en Andalucía. "Desde la Agencia Tributaria nos informan de que estas peticiones se enmarcan dentro del plan de Economía de luchar contra el dinero negro en España, y que se trata de un plan de inspección a nivel nacional", dice Vigueras. Y añade: "Lo que compueban básicamente es la entrada y salida de dinero en las cuentas bancarias, y encaja que hayan empezado por 2006 y 2007, años en los que fue un boom la compra-venta de farmacias y teniendo en cuenta que a partir del próximo ejercicio fiscal las compras de 2006 habrán prescrito".

Precisamente, el Gabinete López-Santiago, dedicado específicamente a la compra-venta de boticas, explica que en 2006 y 2007 las ventas se mantuvieron estables; luego cayeron un 20 por ciento en 2008 cuando se aprobó la Ley de Sociedades Profesionales y otro tanto cuando comenzó la crisis, y desde junio de 2010, fecha del fallo de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial de Asturias, "los traspasos de farmacias nos han aumentado un 30 por ciento".]]> Mon, 07 Feb 2011 +0200 Un farmacéutico que entra en quiebra no puede vender ningún bien que pueda ir en perjuicio de los acreedores. Tampoco puede hacerlo durante el período de retroacción de la misma. Ambos ventas pueden ser nulas y se pueden derivar responsabilidades penales.

El Tribunal Supremo, en la sentencia de la Sala de lo Civil, de 10 de Septiembre de 2010, considera que la fecha de retroacción marca un momento equivalente o asimilable al de la propia declaración de quiebra.

La doctrina legal dominante considera que el período de retroacción comienza “el día que resultase haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones”.

La jurisprudencia ha extendido también este momento al de los actos del deudor realizados “con evidente mala fe o sin más propósito que perjudicar a los acreedores”.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de Septiembre de 2010, nº de resolución 525/2010. (*Cendoj)

El Tribunal Supremo considera que la fecha de retroacción marca un momento equivalente o asimilable al de la propia declaración de quiebra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

A partir de la retroacción serían ineficaces los actos del deudor por estar inhabilitado o desapoderado de hecho conforme al artículo 878 en relación con el artículo 874 del Código de Comercio. 

En definitiva por encontrarse ya en estado de quiebra real y que a su vez indicaría una fecha para computar hacia atrás los distintos plazos que señalan los artículos 880 a 882 del mismo Código para atacar determinados actos según su naturaleza.

En este sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 25-05-44, 22-03-85 y 17-03-88.

Interpretación que cuenta con apoyo normativo en el artículo 1366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando distingue entre actos en perjuicio de la quiebra hechos por el quebrado en “tiempo inhábil”, que sería el período de retroacción, y actos que por su carácter fraudulento pueden anularse “aun cuando se hubieren hecho en tiempo hábil”, es decir antes del período de retroacción.

De ahí que el período de retroacción deba ser fijado, según el artículo 1204 del Código de Comercio que la jurisprudencia y la doctrina dominante consideran vigente, “por el día que resultase haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones”, momento computable que sin embargo la jurisprudencia ha extendido también al de los actos del deudor realizados “con evidente mala fe o sin más propósito que perjudicar a los acreedores” (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Febrero de 1965 y 17 de Marzo de 1988).

A mayor abundamiento, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 10 de Septiembre de 2010, nº de resolución 527/2010 y 27 de Septiembre de 2007, en relación con la ineficacia de los actos otorgados en perjuicio de los acreedores en el período de retroacción de la quiebra.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Sun, 04 Dec 2011 +0200 La farmacia está en crisis por varios motivos. La industria farmacéutica está en crisis, por eso se fusionan empresas, cosmetizan medicamentos e incrementan su precio. Los ensayos clínicos cada día descubren menos, caducan patentes y los precios caen; en Noruega el 70% son ya genéricos. En el primer mundo estamos ante una epidemia de enfermedades crónicas, gran esperanza de vida, prestaciones universalizadas y uso masivo de la biotecnología. El lema “todo el arsenal terapéutico para todos y gratis” conduce a la quiebra a los sistemas de salud.

Tradicionalmente, poseer una farmacia era tener un tesoro. Ya no. La retribución exagerada de la farmacia desapareció por los sucesivos decretos. Fue un colectivo privilegiado, pero ahora asistimos a cierres, quiebras y concursos de acreedores; se ha tenido que rescatar a la farmacia rural para evitar su cierre, y el copago que se atisba podría suponer la puntilla definitiva para muchas boticas.

Hasta el año 1941 la apertura de una farmacia era libre. Una excesiva proliferación de farmacias disminuye el nivel asistencial, como en Sudamérica, donde las farmacias son tenderetes con fármacos descontrolados, precios sin regular, falsificaciones y faltas a la deontología profesional. Sin embargo en países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia, las farmacias son de libre apertura y no se han detectado efectos indeseables. El tema no es pacífico.

• Tener una farmacia era un tesoro; fue un colectivo privilegiado, pero ahora asistimos a cierres, quiebras y concursos de acreedores.

Nuestro modelo funciona y no hay quejas de los consumidores. Pero las actuales restricciones suponen una barrera infranqueable y una fuente de frustración profesional para los recién licenciados. Catalunya es la única comunidad autónoma en la que los colegios de farmacéuticos otorgan las nuevas farmacias, lo que resulta chocante para algunos juristas. Aún así, en Tarragona hay más farmacias que en Dinamarca.

Los colegios se encuentran ante una grave tesitura: ¿deben velar por el interés público o por el interés corporativo? ¿La farmacia es un servicio público o un servicio al público? ¿Es una actividad comercial o profesional? En este debate hay una brecha generacional; un sector quiere cambios, otro sigue apostando por un margen fijo. Grave desenfoque: de los 27 países miembros de la Unión Europea sólo cinco lo mantienen, la mayoría ex soviéticos. Es una remuneración perversa e incompatible con el papel de la farmacia. Se prima al farmacéutico que más vende y no al mejor, al que ofrezca una mayor farmacovigilancia, represión de la automedicación o detección de efectos secundarios.

La farmacia se encuentra en un ciclo de vida de “madurez”, la rentabilidad desciende, hay turbulencia de competidores, desregulación de horarios, menores barreras de entrada, los proveedores pierden interés, y aparecen las primeras deserciones. Desde los años 50 del pasado siglo el farmacéutico dejó de elaborar medicamentos, se convirtió en un dispensador con título universitario. En todo el planeta surgió una duda: ¿se necesitan profesionales tan altamente cualificados para dispensar medicamentos?

La respuesta fue afirmativa, pero con un nuevo paradigma: la función del boticario ahora es prevenir la enfermedad, vigilar la polifarmacia, detectar enfermedades subdiagnosticadas, dispensar y vigilar la adherencia a los tratamientos, como verdadero experto en el medicamento. Por eso, el hipermercado no debe fagocitar a la farmacia. El farmacéutico es un sanitario próximo, cuenta con la confianza del paciente, con una red tecnológica avanzada, organizada, de gran capilaridad y muy humana.

Para la farmacia, lo fácil es atribuir todos los males a la sociedad, a una Administración que la hostiga o a unos intereses mercantiles que quieren entrar a toda costa en el sector. Hay verdad en todo esto, pero la profesión, por el bien de todos, ha de enfrentarse a las nuevas exigencias sociales.

El futuro pasa necesariamente por desarrollar la “cartera de servicios”, llenando aún más de contenido sanitario y asistencial la profesión. El farmacéutico ha de tener suficiencia económica, para poder decir “no” a dispensaciones inadecuadas. Ha de imponer su criterio profesional por encima de otras consideraciones

La farmacia está enferma, pero tiene cura.]]> Mon, 16 Jan 2012 +0200

La Plataforma para la Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia y CEOFA (la empresarial andaluza), han presentado un Recurso de Alzada ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía contra la Resolución para Adjudicación de farmacias, como paso previo al Contencioso Administrativo a emprender en contra del proceso.

El presidente de la Plataforma, señala que es preceptivo el Recurso de Alzada, previo al Contencioso Administrativo y expone también se ha presentado un Recurso por Derechos Fundamentales, al no haberse tenido en cuenta las distintas sentencias en contra del Concurso.

Por su parte, la empresarial de farmacias de Andalucía, CEOFA, ha recurrido en nombre de ocho farmacéuticos mayores de 65 años tras la conocida sentencia del Tribunal Constitucional que anula que los mayores de 65 años no puedan concursar para obtener farmacia en todo el territorio español. 

Estos recursos se han presentado cuando ya había comenzado las adjudicaciones de las 312 nuevas farmacias en Andalucía; concurso que acumulaba tres años de retrasos, y al que se habían presentado miles de solicitudes.

Es el primer concurso en Andalucía, tras la aprobación en el 2007 de la Ley de Farmacia, recurrida por el partido conservador ante el Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal, que aún no se ha pronunciado, admitió el recurso a trámite, pero no dictó la suspensión cautelar. Al no decretarse medidas cautelares, la Junta de Andalucía siguió adelante con el concurso público, aunque con gran retraso.

A los procedimientos Contenciosos ya existentes, se unen ahora, estos dos nuevos Recursos.]]> Mon, 05 Mar 2012 +0200 Las boticas asturianas han sufrido en los dos últimos años una caída del 20% en la facturación, según el Colegio de Farmacéuticos

El precio actual de numerosos medicamentos equivale a la quinta y hasta a la sexta parte del que tenían hace ocho años

«Tradicionalmente, poseer una farmacia era tener un tesoro. Ya no», concluía un reciente artículo periodístico de Agustín López-Santiago, director general de un conocido gabinete especializado en la compraventa de boticas. Como en tantos otros aspectos de la crisis económica, los números de las farmacias asturianas en los dos últimos años son clarificadores: una caída de la facturación de aproximadamente un 20 por ciento y un incremento de la carga de trabajo que ronda el 10 por ciento, según datos facilitados por el Colegio de Farmacéuticos de Asturias. 

¿Motivos? Varios, pero el más claro también se sintetiza en cifras fácilmente comprensibles: el enalapril (antihipertensivo), que en 2004 costaba 13,76 euros, cuesta ahora menos de la sexta parte (2,26); la risperidona (para la esquizofrenia y el trastorno bipolar), lo mismo: de 50,77 a 8,34 euros; el omeprazol (protector del estómago) ha pasado, en el mismo período, de 9,60 a 2,50... Y así muchos otros. El margen de beneficio de los boticarios continúa siendo el mismo (en general, del 27,9 por ciento), pero las cuantías sobre las que se aplica son muy inferiores. 

¿Consecuencia? José Villazón, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, explica a LA NUEVA ESPAÑA que en el conjunto de España han entrado en concurso de acreedores más de 200 boticas (ninguna de ellas en el Principado) y que el paro entre los farmacéuticos aumentó un 23 por ciento a lo largo de 2011 (este fenómeno sí afecta a nuestra región). 

El cambio de paradigma de lo que significa tener una farmacia está en marcha. No obstante, este tipo de afirmaciones casi siempre requiere matices. En los tiempos que corren, marcados por el mileurismo y por una oleada de cierre de establecimientos que ni siquiera respeta a los bares (antaño inmunes a casi todo), ser propietario de una botica continúa suponiendo, por lo general, un privilegio nada desdeñable. Pero ya no puede decirse que cualquiera de las 457 oficinas de farmacia diseminadas por el territorio asturiano sea un negocio próspero. Es probable que ninguna de ellas haya conseguido escapar del «ajuste». Y es seguro que las restricciones han tenido un impacto muy distinto sobre unas y otras. 

Los responsables del Colegio de Farmacéuticos de Asturias expresaron en su día su temor por el futuro de las 160 boticas más modestas de la región. No constan, ya se ha dicho, situaciones dramáticas, pero sí ha habido boticas que se han visto obligadas a prescindir de parte de sus efectivos. Si en Asturias solía haber demanda de licenciados en farmacia, ahora se registra un cierto índice de paro. Algunas oficinas han optado por una ampliación de horario para apurar la rentabilidad. 

La variación de los precios de los medicamentos antes citados es muy elocuente y se refleja en la factura que la Administración asturiana tiene que afrontar en concepto de fármacos prescritos en los centros de salud (los de los hospitales siguen otro cauce). De los 352,8 millones de euros de 2009 se ha pasado a 317,1 millones en 2011; más de 35 millones de diferencia en sólo dos años. Esta caída, común a toda España, es principalmente el resultado de los sucesivos decretos del Ministerio de Sanidad en virtud de los cuales se ha rebajado de forma muy sustancial el precio de la mayor parte de los medicamentos. 

Las reboticas ya no son lo que eran: «Ahora el estocaje se mira con lupa; los medicamentos caros ya no se tienen; cuando el cliente los reclama, nosotros lo pedimos al almacén», señala a este periódico un boticario de la región. Con el apretón económico, la gestión gana relevancia. Y la gestión consiste ahora en «tener almacenado el mínimo indispensable». Como consecuencia, «la gestión de compras absorbe gran parte del tiempo del farmacéutico». La burocracia aumenta. «Más trabajo y menos ganancias», apostilla el citado farmacéutico. 

El trabajo, en efecto, no ha decrecido. Si en 2009 se dispensaron en las boticas asturianas 24,5 millones de recetas, en 2011 se contabilizaron casi un millón más (25,3 millones). Por un lado, la ciudadanía del Principado continúa envejeciendo; por otra, a causa de la crisis, los usuarios tiran de receta más que antes, incluso en fármacos en los que no es imprescindible. La receta acarrea un descuento (del 40 por ciento para los activos; del 100 por ciento para los pensionistas), y cualquier ahorro es bienvenido, por insignificante que sea. «La gente va más al seguro a por recetas, incluso para un paracetamol de 0,98 euros», señala una farmacéutica. 

Por otra parte, las guardias nocturnas exigen un esfuerzo no recompensado: no es infrecuente que una botica -incluso urbana- salde una noche en vela con una recaudación inferior a 100 euros. 

Ha caído la facturación por medicamentos, y ha caído también -salvo excepciones contadas- la de productos de venta libre. En estos últimos, las boticas tienen que competir con las parafarmacias, y eso exige compras de gran volumen. Ya no está tan clara la máxima según la cual son mucho más apetitosas económicamente las boticas con mayor peso de ventas por receta. Tal como han evolucionado los precios, los productos complementarios parecen ofrecer mejores expectativas de futuro. 

Resultado de todo lo dicho es que los traspasos de farmacias ya no son, ni de lejos, lo que llegaron a ser hace unos años. «Las perspectivas de futuro del negocio han disminuido», admite José Villazón. Hoy son impensables operaciones de compraventa como aquélla del año 2005 de la calle Corrida de Gijón en la que llegaron a pagarse aproximadamente 5,4 millones de euros. 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias subraya la necesidad de poner en contraste esta negativa tendencia económica con la «solidez del servicio que prestamos». Y explica que si hace unos años lo que se esperaba de la red de farmacias era que garantizaran a todos los ciudadanos el acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones, llevándolos a todo el territorio con seguridad y rapidez, en los últimos tiempos «nuestra actividad aporta un plus propiciando el uso racional del medicamento». 

En este contexto, Villazón reivindica el compromiso de los boticarios en la «dispensación informada», que permite que «el paciente reconozca el medicamento, sepa cómo usarlo y supere los malentendidos». Una labor en la que «trabajamos en coordinación con médicos y enfermeros». El presidente de los boticarios destaca, asimismo, los programas y campañas dirigidos a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, así como la labor del Colegio como «soporte de la formación continuada de los profesionales». 

«El ajuste propio de los tiempos de recesión ya lo hemos hecho», sentencia José Villazón, quien agrega: «Sin embargo, el servicio que prestamos a la sociedad continúa siendo modélico».

La ventaja de la marca Alphega es la de proporcionar claridad, coherencia y liderazgo, sin que el farmacéutico pierda su independencia o la propia identidad. Según palabras de Dessena, “nuestro objetivo es ofrecer herramientas al farmacéutico independiente que le permitan brindar una óptima atención al paciente y servicios diferenciados y personalizados que cubran sus necesidades y las expectativas de un cliente exigente”.

Además, Miguel Borrás, Director de Alphega Farmacia España, ha puesto énfasis en que“una marca es más que un logotipo. La construcción de una marca requiere esfuerzo, pasión y compromiso para poder convertirla en un elemento de identificación fuerte y conseguir que el paciente reconozca el valor añadido de la farmacia Alphega y la elija para el cuidado de su salud”.

“La marca es un elemento diferenciador y aquí reside la clave del éxito: el poder de la marca resulta incuestionable cuando el paciente tiene que elegir”, ha asegurado Borrás.

Por ello, con este pequeño acto de reconocimiento, se pretende agradecer el esfuerzo y el compromiso del titular de la farmacia y su equipo, en ser pioneros en este proyecto de la mano de Alphega Farmacia.

Sobre Alphega

Alphega Farmacia es un servicio personalizado e innovador para farmacéuticos independientes que permite prestar una atención integral y de calidad al paciente.

El objetivo principal de Alphega Farmacia es reforzar el posicionamiento de la farmacia como punto de referencia en la atención sanitaria y consolidar el rol del farmacéutico como profesional de la salud e interlocutor privilegiado del paciente. Alphega Farmacia dota a las oficinas de farmacia de elementos fundamentales para su desarrollo: asesoramiento y análisis sobre la rentabilidad de los productos expuestos, instrumentos y materiales para elaborar una estrategia de "comunicación visual" integrada y consejo personalizado en técnicas y herramientas de merchandising para fidelizar al cliente.

Además, con Alphega Farmacia se optimiza la gestión del stock de la farmacia mediante condiciones exclusivas y la posibilidad de formar parte de una plataforma de compras a la cual se adhieren las mayores empresas del sector sanitario.

Las Farmacias Alphega ofrecen al paciente un valor añadido: una óptima atención al paciente, servicios diferenciados y personalizados, cuenta con un equipo altamente formado, presentan áreas de exposición de acuerdo con las últimas tendencias de merchandising y gestión de categorías, lo que permite al paciente mayor facilidad para encontrar aquello que cubra sus necesidades. Por esta razón, se convierten en una farmacia de elección para el paciente más exigente, que las reconoce a través de la imagen de marca de Alphega Farmacia.]]> Mon, 16 Apr 2012 +0200  

La amortización del fondo de comercio es un coeficiente fiscal que se carga en la cuenta de gastos. Dado que, según establece el RDL 12/2012, en los próximos dos años baja su porcentaje de amortización del 5 ó 7,5 por ciento al 1 ó 1,5, como informó CF la semana pasada, los asesores recomiendan apurar la máxima amortización incluso aunque el rendimiento de la farmacia dé resultado negativo por exceso de gasto.

Para Juan Antonio Sánchez, coordinador general de Aspime, "en momentos de economía de guerra como el actual y con los problemas de cobro en las farmacias, puede ser una buena receta de última hora". En primer lugar, porque aunque la declaración salga en negativo "el farmacéutico tendría cuatro años para ser compensado con bases liquidables positivas" y éstas, matiza, estarían "originadas previsiblemente por una menor imputación de esa amortización inferior del fondo de comercio de los años siguientes", explica.

Coincide en este planteamiento Daniel Autet, de Durán-Sindreu Asesores, quien cree que "parece lo lógico aplicar la máxima deducción posible en 2011, puesto que ésta se verá minorada en 2012 y 2013, y ello a pesar de que en la declaración se genere una pérdida, pues ésta podrá compensarse en períodos posteriores con las rentas positivas generadas". Esto, apostilla, "puede conllevar en términos de planificación una asunción de menor carga fiscal en 2011 y en períodos posteriores en los que pueda compensarse dicha pérdida".

Agustín López-Santiago, director general del Gabinete López-Santiago, comparte la estrategia pero se la desaconseja a los titulares que prevean "una eventual transmisión de la farmacia a corto plazo". En este caso, entiende, "no resulta conveniente quemar el fondo de comercio, ya que no se optimizaría la fiscalidad del traspaso".

Además, Autet recuerda que la limitación de la amortización en 2012 y 2013 "no implica la imposibilidad de deducir la totalidad del fondo de comercio, sino que simplemente se alarga el período de deducción, ya que se prevé que a partir de 2014 puedan seguir aplicándose los porcentajes vigentes hasta ahora".

AMORTIZACIÓN SIN EMPLEO Otro aspecto que se ha de tener en cuenta de cara a la declaración es que "en el ejercicio 2011 sí puede aplicarse la libertad de amortización sin el requisito de matenimiento de empleo", apunta Sánchez. La única limitación que tiene el farmacéutico es que "la cantidad no puede superar el rendimiento neto de la actividad", matiza.

Además, recuerdan, se mantiene la posibilidad de deducirse el 20 por ciento del rendimiento neto si en 2011 ha mantenido o creado empleo. Sánchez lanza una remendación particular sobre los "empleados familiares" quienes "no cuentan como dentro del promedio de plantilla". "Para la Agencia Tributaria es sencillo comprobar, ya que se revisa a través del modelo TC 2 de la Seguridad Social, donde se detallan las cotizaciones de los empleados de la farmacia y en donde no aparecen los trabajadores autónomos, como los familiares", explica.]]> Mon, 16 Apr 2012 +0200  

Como explica, las órdenes de precios sirvieron para depreciar el stock de la botica hasta en cuatro ocasiones y ésta pérdida se puede presentar en la declaración "dentro del parámetro de depreciación de existencias".

En este caso, el farmacéutico tendría que haber realizado un cálculo de valoración de las existencias que tuviera en el almacén horas antes de la entrada en vigor de la orden de precios e inmediatamente después de que se actualizaran los precios a la baja. "Gracias a los programas informáticos de gestión de la oficina de farmacia se puede hacer un cálculo del precio del stock", apunta López-Santiago.

SÓLO PARA LOS PREVISORES La oficina de farmacia tendría que presentar en esta declaración los documentos en los que se demuestran las cuatro pérdidas de valor de stock experimentadas en 2011 y el resultado "se puede disminuir de la declaración de la renta". El problema, advierte López-Santiago, es que estas operaciones "hay que hacerlas justo en el momento en el que entra en vigor la orden de precios, no después", por tanto, sólo aquellos farmacéuticos que hayan sido previsores podrán recurrir a esta opción.

"No todos los farmacéuticos lo hacen; pero sí sería importante tenerlo en cuenta, al menos, de cara a estos años marcados por las tensiones económicas", apunta el especialista.]]> Thu, 10 May 2012 +0200
Mediante dicha resolución se aprueba la relación de farmacias que resultaron vacantes tras el concurso de adjudicación llevado a cabo en su momento, y que serán adjudicadas a los concursantes que figuraban en la lista de reserva, atendiendo a que hubiesen solicitado alguna de las oficinas de farmacia vacantes y a las preferencias manifestadas en su solicitud.

En el Anexo II de dicha resolución se recoge la relación completa de las oficinas de farmacia vacantes así como los farmacéuticos/as que han resultado adjudicatarios/as de las mismas. El número total de oficinas de farmacia objeto de la resolución es de 19, correspondiendo 10 de ellas a la provincia de A Coruña.

La resolución señala que no es firme en vía administrativa y contra la misma cabe la interposición de recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consellería de Sanidade.

Ver listado adjudicatarios

 ]]> Tue, 15 Apr 2008 +0200

Existe un amplio consenso sobre lo inadecuado de retribuir los servicios de las oficinas de farmacia mediante un márgen. Una de las resoluciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa revela explícitamente: “el sistema de remuneración del farmacéutico debe ser reexaminado para que refleje los servicios profesionales prestados en lugar del margen de beneficio o el volumen de sus ventas”.

Según la Organización Mundial de la Salud, en las oficinas de farmacia trabajan un número considerable de profesionales cuyos conocimientos y capacitación son claramente infrautilizados por el sistema sanitario, consideran que una parte de sus habilidades han perdido sentido en la situación actual, donde la calidad de los productos dispensados está fundamentalmente garantizado por sus fabricantes.

La peculiar estructura sanitaria de nuestro país, con 17 servicios de salud en el inmediato horizonte, facilita avances paulatinos en esta cuestión, por lo que recomiendan experiencias pilotos adecuadamente monitorizadas y con evaluaciones rigurosas de los resultados alcanzados.

Así, los incentivos financieros establecidos para retribuir a los farmacéuticos españoles resultan inadecuados para retribuir y estimular su actividad profesional.

La  retribución por margen fijo parece asumir que el mayor coste de investigación, desarrollo y producción de un medicamento se corresponde de manera perfecta con una mayor aportación de valor por la farmacia en el acto de dispensación, lo que es más que cuestionable. De esta manera, se pagan por actuaciones idénticas cantidades distintas

El consumo farmacéutico español se aproxima a 12.020.242.087 €, (dos billones de las antiguas pesetas) y la distribución de estos productos tiene un coste de más de 4.207.084.730 € (700.000 millones de las antiguas pesetas.)

La cadena de distribución en España ha omitido tradicionalmente algunas alternativas comunes en otros, así, en nuestro país, por expresa prohibición normativa, no existen ni formas de distribución por correo ni cadenas de farmacias, y los proveedores asistenciales de primer nivel (médicos generalistas y pediatras) no tienen permitido  entregar medicamentos, si bien esta es la práctica más usual en Gran Bretaña, y el conducto mayoritario en Japón.

Las autoridades sanitarias señalan que desde las oficinas de farmacia no se generan estudios sobre la utilización de medicamentos, ni se personalizan las dispensaciones, limitándose a suministrar envases ya manufacturados.

En nuestro país, no se están implantando otras estrategias de distribución, muy extendidas en otras zonas y que la experiencia demuestra que generan valor añadido a la sociedad, como las PBM (Pharmaceutical Benefit Managers: Gestoras de Prestación Farmacéuticas) o el DM (Disease Management: Gestión de patologías).

Gran parte del valor asignado a la distribución de medicamentos, en especial a su accesibilidad, logística y la garantía de suministros, se sustenta en los mayoristas, frecuentemente ignorados en los debates sobre la dispensación de medicamentos.  Intermediarios que centralizan compras y realizan hasta 5 repartos diarios. Esta facilidad de reposición redunda en menores costes de almacenamiento de las oficinas de farmacia, si bien generando sobrecostes para los mayoristas, que los aceptan para fidelizar clientelas, pero cuyo traslado al financiador público, por medio del margen asignado (de alrededor del 7%) resulta discutible.

Pese a las facilidades existentes, según el estudio Machuca sobre “Análisis de disponibilidad de medicamentos en las oficinas de farmacia” demostró que la farmacia no disponía del 5,8% de las veces del medicamento solicitado, atribuyéndose el 80% de los casos a falta de disponibilidad y rotura de stock. A pesar de que los activos propios de esta actividad son capital y operativa logística, el sector está básicamente en manos de colectivos farmacéuticos.

La retribución del farmacéutico en todo el planeta está experimentando importantes cambios en los últimos años debido a:

• La conciencia de la limitada aportación de valor.
• Las presiones competitivas.
• El incremento notable de la información del consumidor.
• Los elevados precios de los medicamentos.
• La extensión de los intercambios electrónicos.

Por ello, las expectativas sociales y profesionales precisarán respuestas en el inmediato futuro.

Si lo que se busca es la accesibilidad de los usuarios a los productos prescritos por los médicos, cuya calidad viene garantizada por los fabricantes, y que los mayoristas acercan a un número suficiente de puntos de dispensación, el protagonismo de las oficinas de farmacia sería excesivo y por ello, las autoridades sanitarias mundiales estiman se deben abrir tramos del mercado a alternativas de distribución ya existentes (grandes almacenes o tiendas de comestibles, que también están sometidas a requisitos sanitarios de garantía de conservación e higiene), o la venta por correo y similares; reservando la actuación farmacéutica para aquellos productos que exigen especiales cautelas en su administración.

Según algunos estudios, los costes que implican las oficinas de farmacia no compensan el valor añadido que aporta el farmacéutico en el acto de dispensación, por su supervisión, consejo y control. Por ello, hay que analizar serena y tranquilamente las nuevas alternativas que se proponen, que serían:

1.- Distribución a distancia:

La distribución por correo, y su extensión natural, internet, representa en algunos países la alternativa preferida por una proporción significativa de  usuarios.

Su principal mercado son:

• Pacientes con problemas de movilidad.
• Enfermos con interés especial por la confidencialidad.
• Para tratamientos de elevado precio o de larga duración.

Las HMO (Health Maintenance Organization) norteamericanas canalizan ya el 11% de las prescripciones por este método. Sin embargo, la Ley del Medicamento prohíbe la venta indirecta al público, si bien la Ley Foral Navarra ya excluye del ilícito la entrega a domicilio por parte de las oficinas de farmacia.

Más allá de las resolubles trabas normativas, esta alternativa no se utiliza en España por los precios uniformes y por la ausencia de copagos relevantes que estimulen la búsqueda de proveedores competitivos por parte de los pacientes. 

En Gran Bretaña ya funcionan portales como el  "pharmacy2u.co.uk"  que ofrecen todo tipo de productos farmacéuticos, dispensan prescripciones del National Health Service y ofrecen información y consejo farmacéutico.

2.- Venta de medicamentos fuera de las farmacias

En España, las oficinas de farmacia son los únicos puntos de dispensación de productos de automedicación, que en la mayoría de los  países están disponibles en otros establecimientos.

La importancia del consejo farmacéutico que se alega para justificar la situación actual no sería incompatible con su disponibilidad en supermercados y otras superficies comerciales, siempre según R.Meneu, de la Fundación Instituto Servicios de Salud.

A los Organismos Internacionales no les resulta verosímil que una proporción mayoritaria de compra de analgésicos y medicamentos sintomáticos requiera (ni en la actualidad recibe) la opinión de un farmacéutico. En Canadá, el 96% de los consumidores no quiere la opinión del farmacéutico al comprar estos productos.

Lo limitado del número de productos de EFP y su exiguo volumen de mercado, permitirían la ampliación de sus canales de distribución sin graves riesgos para la economía de las oficinas de farmacia ni para la salud de los usuarios.

3.- Creación de cadenas farmacéuticas

La enorme atomización de la farmacia española impone sobrecostes importantes al no alcanzarse las escalas optimas. La constitución de cadenas permite optimizar recursos y asumir formas de riesgo compartido.

Experiencias como las promovidas en algunas Managed Care, especialmente con algunas PBM que actúan como aseguradoras de la prestación farmacéutica, exigen poder diluir los riesgos.

El minifundismo de la farmacia española, la escasa tradición de los usuarios en afiliarse a una farmacia concreta (práctica común en otros países) dificulta la implantación de estas cadenas.

Así, una regulación más flexible facilitaría una mejor eficiencia, transfiriendo a los usuarios parte de los ahorros que en la actualidad posibilitan las formas ya autorizadas de cooperación entre farmacéuticos, siempre según el estudio promovido por la mencionada Fundación.

4.- Dispensación por proveedores

Aunque los servicios de farmacia hospitalaria canalizan un 14% de las dispensaciones del Sistema Nacional de Salud, esta situación no se produce entre los proveedores de primer nivel (médicos de Atención Primaria o Centros de salud).

Mientras que en la legislaciones autonómicas alejan a las oficinas de farmacia de los centros sanitarios (250 metros en Galicia o Extremadura), en el Reino Unido, se contempla en el 2004 el funcionamiento de 500 nuevos one-stop primary care centers, esperándose que se instalen 500 nuevas farmacias en ellos.

La experiencia disponible no aconseja implantar farmacias gestionadas funcionarialmente en los centros de atención primaria donde se realiza la prescripción, pero conforme se extiendan formas de gestión menos burocratizadas, la consideración de los costes de estas alternativas cobrará mayor relevancia.

En el presupuesto de un Centro de Salud que atiende a 10.000 ciudadanos (de 2 a 4 médicos) el coste asociado a las oficinas de farmacia supone unos 900.000 € (10.000 hb * 300 €/año *(0,279+ 0,07 ) de márgenes.

Sabiendo que el convenio colectivo vigente fija la retribución de un farmacéutico en 21.255 € y la de un “técnico en farmacia” en 14.400 €, parece que más temprano que tarde se podría reclamar una relajación normativa que permita desvincular la propiedad de una farmacia con la licenciatura obtenida por su titular.

5.- Repercusiones de la receta electrónica

Aún en fase experimental, la receta electrónica es un proyecto a corto plazo en el que ya están embarcados desde el NHS hasta alguna CCAA: Comunidad valenciana (el proyecto GAIA), Cataluña y Galicia, entre otras. Estamos en los albores de una nueva etapa, y a nuestro país le esa costando adaptarse.

Además de la ganancia de información que genera la obtención de prescripciones de repetición, mecanización  de autorizaciones, disponibilidad de la orden de medicación en tiempo real en cualquier oficina de farmacia; contribuiran a reducir el valor de los activos de la localización de las oficinas de farmacia y a paliar a algunas prácticas actuales de fidelización de clientela cuanto menos dudosas.

La extensión de estos desarrollos deberá hacer inaplazable la estrategia de revisión de la utilización de fármacos DUR (Drug Utilization Review), un antecedentente de la Atención Farmacéutica implantado en Estados Unidos desde 1990 por mandato legislativo, que permite actuar sobre las duplicidades, interacciones o pautas incorrectas en el mismo momento de la dispensación a partir de la información registrada sobre el consumo de cada paciente.

6.- La emergente Atención Farmacéutica y los nuevos roles de la farmacia

Considerando la A.F como “la provisión responsable del tratamiento farmacológico con le propósito de alcanzar unos resultados concretos que mejore la calidad de vida del paciente” definición de los gurús Hepler y Strand, y de diferentes trabajos epigonales publicados en nuestro país.

Bajo esta etiqueta se amparan desde la realización de investigaciones rigurosas, hasta el empleo como aval de cualquier actuación atribuible al farmacéutico. Se trata de ejercer como “agente de cumplimiento” del paciente.

La actividad de la profesión ha ido perdiendo especificidad con la extensión de productos manufacturados por la industria, cuya dispensación ni siquiera se personaliza, encontrando así “una oportunidad profesional para asistir a la población a mejorar su calidad de vida”.

Mas allá de algunas enmiendas a la totalidad (como uno de los artículos del Dr. Costas Lombardia), la Atención Farmacéutica se enfrenta todavía a cuestiones plantadas hace una década y aún no resueltas, y antes de que la profesión se otorgue de autoridad de proveer Atención Farmacéutica y antes de que el conjunto del gremio acepte esta responsabilidad, deben cumplirse 4 criterios: 

1.- Demostrar conocimientos adecuados  y habilidades en farmacología y fisiología clínica.

2.- Ser  capaces de movilizar el sistema de distribución a través del cual se implementen las decisiones sobre el uso de fármacos.

3.- Ser capaces de desarrollar las relaciones necesarias con el paciente y demás profesionales de la salud.

4.- Disponer de un número suficiente de proveedores capaces de prestar estos servicios.

Desde la Administración se recrimina a la profesión que las revisiones sistemáticas de bibliografía ponen de manifiesto la escasez de estudios aceptables por parte de las oficinas de farmacia que permitan avalar las opciones propuestas

Por otro lado el sistema de retribución es perverso, pues genera incentivos para dispensar, siempre que sea posible, aquellos medicamentos de mayor precio, y que aporten, por tanto, un mayor ingreso marginal.

No podemos despilfarrar el margen que generosamente proporciona el financiador público, es obligación de la profesión hacer una gestión eficiente de estos recursos, actuando con responsabilidad ante la sociedad española.

La protección de la salud de nuestros conciudadanos debe estar por encima de intereses corporativos. Legítimos, pero corporativos.

El enroque de los sectores más recalcitrantes de la profesión, en la perviviencia de modelos próximos al estanco, resulta más patético que preocupante.

Es un sector complejo, donde conviven intereses muy diversos y contradictorios, pero donde hay un interés supremo al que todos tienen que estar supeditados: El interés del ciudadano, sea cual sea su condición y evitar que la atención de la salud sea un feudo donde la ineficiencia y el despilfarro puedan campar a sus anchas.]]> Tue, 02 Sep 2008 +0200

Hoy, la farmacia está en el centro de una apasionada polémica, cuyo desenlace afectará al nivel de salud pública de la sociedad. Con la autorización a realizar descuentos por parte del Gobierno, junto a la aprobación de unas medidas supuestamente liberalizadoras, se autorizan los descuentos en determinados tipos de fármacos, y parece que en el futuro se flexibilizarán más aún los precios. Se ha agitado así el débil ecosistema de la farmacia y se está sembrando una intranquilizadora inquietud entre los profesionales.

El descuento en el medicamento ¿va a beneficiar a la sociedad?; la calidad de los fármacos ¿va a favorecer el nivel asistencial?, nos encontramos, pues, ante una cascada de agresiones que utilizan el medicamento como  reclamo político y comercial, y que puede producir efectos irreversibles.

La estabilidad del modelo de precio fijo en los medicamentos y productos sanitarios no resuelve todos los problemas sanitarios a que nuestro país ha de hacer frente, pero el mantenimiento artificial de este foco de conflicto, alevosamente planteado, distrae de la necesaria cooperación para resolver los verdaderos problemas, que no son nunca aquellos que se provocan de manera artificial.

1.-¿Qué supone el precio fijo o único del medicamento?

• Que un mismo producto sea vendido al mismo precio en todo el territorio nacional, ya sea en Barcelona, Madrid o el más recóndito pueblo insular.
• Que el mismo medicamento se venda al mismo precio en todas las oficinas de farmacia del país.
• Que el mismo fármaco tenga el mismo precio en cualquier época del año.
• Se evitan actuaciones desleales.

2.-¿Quién establece el precio fijo?

Para que el precio sea el mismo en todas las farmacias, debe ser fijado por el fabricante, con la autorización de la Administración sanitaria.

3.-¿Cómo y por qué surgió este sistema?

Históricamente, son muchos los países en los que se instauró el precio fijo del medicamento, hace varios siglos para responder a las necesidades planteadas para el desarrollo de una sanidad moderna. Así, se pudo garantizar un precio igual en todo el territorio nacional y, consiguientemente, unos precios más estables y más baratos.

4.-¿Qué ventajas aporta el precio único en los medicamento

• El precio fijo contribuyó, sin duda, a la mayor difusión de muchas especialidades farmacéuticas, especialmente, las más desarrolladas técnicamente.
• Evita el desabastecimiento y el abuso, y garantiza la competencia leal entre farmacéuticos.
• Permitió y favoreció la existencia de una oferta plural y diversificada, lo que fomentó y estimuló la investigación para desarrollar nuevos fármacos que palien la enfermedad.
• Resultó ser un sistema que permitió un cálculo inequívoco y fácil de los derechos de las patentes, lo que contribuyó a incrementar el gasto en I+D de las compañías farmacéuticas. 

Es decir, ha constituido una buena solución que favoreció el comercio de medicamentos, y por ende, el desarrollo de la industria farmacéutica, los investigadores vieron premiados sus esfuerzos, se investigó más y mejor, y se palió la enfermedad, consiguiendo el nivel de salud pública que hoy disfrutamos.

5.- ¿Dificulta el precio fijo la libre la competencia?

De ninguna manera, las empresas fabricantes deben competir entre sí, y compiten fuertemente. Sólo se modifica la competencia entre oficinas de farmacia, que al no poder competir en precio, han de competir en servicio, profesionalidad y conocimientos.

En el caso de los medicamentos, existen diferentes objetivos de interés público que justifican el mantenimiento del precio fijo, y hasta el momento no existe un sistema de distribución alternativo que provoque una menor restricción a la competencia. 

6.- ¿Por qué el medicamento no se debe tratar como un producto comercial como cualquier otro?

Hay que pensar que el medicamento es un instrumento privilegiado para la difusión de la salud, es decir, es un bien sanitario. Cada medicamento es una creación original, fruto de la investigación y desarrollo, llevada a cabo con gran esfuerzo intelectual, distinto a cualquier otro.

Los medicamentos compiten entre sí de una manera peculiar y no como productos comerciales ordinarios, en España existen cerca de 50.000 productos disponibles de todas las marcas, especialidades y características, lo que constituye un arsenal sanitario necesario en una sociedad moderna y desarrollada.

Como consecuencia directa, algunos fármacos tienen una rentabilidad dudosa o desigual, que requiere el equilibrio ente los medicamentos de gran venta y los de rotación lenta.

7.- ¿Disponemos de una red óptima de distribución?

Dadas las características peculiares del medicamento, es necesario que estén lo más cerca posible del enfermo, y dada su diversidad y conocimiento especializado que exige su manejo, se necesitan locales y personal especializado. Uno de los más importantes objetivos del precio fijo de los medicamentos es hacer posible una extensa y eficaz red de oficinas de farmacia, que compitan entre sí en profesionalidad y calidad de servicio, por ello, se necesita poder equilibrar su economía entre los fármacos de venta rápida y los de escasa rotación, es decir, se necesita precio fijo.

8.- ¿Qué consecuencias ha tenido en España el precio fijo de los medicamentos?

Vigente desde hace siglos, el balance es sumamente positivo, cabe destacar, que ha permitido la existencia y desarrollo de una red extensa de oficinas de farmacia, se ha mantenido y mejorado el nivel de salud pública de la población, y se ha producido una clara y eficaz contención en los precios.

9.- ¿Qué ventajas aporta el precio fijo al enfermo?

Encontrará una mayor calidad en las especialidades farmacéuticas, aunque sean de circulación restringida; podrá adquirir los mismos fármacos a igual precio siempre y en todas las oficinas de farmacia del país.

Siempre contará con establecimientos especializados, como son las oficinas de farmacia, donde encontrará a un verdadero técnico en el medicamento.

Nadie podrá vender los medicamentos a un precio superior al indicado por la Administración sanitaria, y este precio será siempre, y no sólo temporalmente, el más bajo posible.

10.- ¿El precio fijo de los medicamentos es una anomalía del mercado?

Desde mi punto de vista, no. Los periódicos y revistas, o el tabaco y los sellos, tienen también el mismo precio en todos los puntos de venta, sin que ello afecte al libre mercado, sino todo lo contrario.

El descuento sí que es una anomalía, tal como autoriza el R.D. Ley 6/2000, este sistema no se atiene a las reglas y limitaciones de nuestras leyes de siglos. Es claramente una apuesta por el más fuerte, que privilegiará a unos pocos operadores en detrimento de la inmensa mayoría de las oficinas de farmacia.

11.- ¿A quién beneficiará la autorización de descuentos?

Las consecuencias que acarrea la libertad de precios en los medicamentos, las podemos estudiar por etapas, la evolución, en otros países donde se han aplicado estas medidas, han sido nefastas:

Primera etapa: Reducción de los precios de algunos medicamentos de gran venta o consumo obligado, aplicación de descuentos en Grandes Superficies, con enorme capacidad financiera. 

Segunda etapa: Utilización de los medicamentos como reclamo por parte de las farmacias más comerciales, así como por las Grandes Superficies (si es que finalmente llega a autorizarse su salida), que se puede compensar las pérdidas con las ventas de otros artículos.

Tercera etapa: Drástica reducción de las ventas en el canal farmacia y expansión de las ventas en las Grandes Superficies, especialmente en los medicamentos de gran consumo o de consumo obligado.

Cuarta etapa: Desaparición de algunas farmacias y concentración de las ventas en las grandes tiendas.

Quinta etapa: Control del mercado por parte de poderosos Laboratorios, que imponen sus condiciones económicas.

Sexta etapa: Reducción de la cantidad y calidad de la oferta, observaremos una fuerte concentración de laboratorios, despareciendo aquellos más pequeños. Se produce una fuerte reducción de las ventas totales.

Séptima etapa: Búsqueda y desarrollo exclusivamente de los productos de mayor rotación y consumo.

Octava etapa: Una vez controlado el mercado, supresión de la reducción de precios y de los descuentos.

Novena etapa: Incrementos de los precios de los medicamentos por presión de estas entidades a la Administración sanitaria.

Décima etapa: Incremento de los precios como consecuencia de la concentración de la oferta y para contrarrestar los bajos precios aplicados a algunos medicamentos. 

El precio fijo en Europa

• Reino Unido: Existe un doble modelo, el sometido al régimen de precio fijo (que afecta al 78% de las ventas), y los que quedan fuera de este módelo (básicamente, las OTC “Over The Counter”, es decir “productos de mostrador”). La N.H.S. (National Health Service) es consciente de los efectos destructivos de una competencia sistemática en precios. Desde el año 1994 el precio de los medicamentos está aumentando el doble que la inflación.
• Alemania: Con una de las industrias farmacéuticas más sólidas del mundo, su modelo de fijación de precios está encuadrada claramente en el modelo de precio fijo, y una bien organizada Asociación Profesional vigila su cumplimiento, precisamente en una sociedad donde la industria farmacéutica y el medicamento, gozan de gran vitalidad.
• Francia: Con una política errática en la regulación de precios, se ve limitada por el concepto de “precio aconsejado”, que evita la guerra de precios. En 1987 se establece el modelo de precio neto, regulando una especie de precios de referencia.

De esta falta de implicación del colegiado se debe inferir una indiferencia y un descontento, y una falta de renovación de los órganos de gobierno, con una fluidez que sería necesaria.

Este absentismo del colegiado se debe a una desnaturalización del modelo, y debe hacernos reflexionar para cuestionarnos la eficacia y proyección de los Colegios de Farmacéuticos, tal vez por un patológico sentido patrimonialista de las Juntas de Gobierno.

La experiencia nos dice que aquellos Colegios que no han sabido renovar sus mecanismos de gestión, se han resentido gravemente. Pero la misma experiencia nos ha hecho ver que aquellos Colegios que bajo una demagogia salvadora, han engordado un poder que ha acabado por pervertir el funcionamiento, habiendo desactivado los imprescindibles circuitos de control social, incluyendo el que de forma central corresponde ejercer a la Junta de Gobierno. 

El buy out colegial, es decir, la compra, “supuestamente democrática” del Colegio por parte de sus propios profesionales (operación, que como se puede adivinar, es opaca, y a cargo del patrimonio social, nunca del bolsillo propio), es un precio que nos ha de obligar a reflexionar.

La ausencia de propiedad sobre el colegio, inherente a la configuración colegial, le convierte en un terreno particularmente abonado para este tipo de aventuras absolutistas, que invariablemente acaban por corromper la naturaleza colegial.

El objetivo final debe ser asegurarse la eficacia de los mecanismos internos de control y la transparencia en la gestión de intereses de terceros, prevenir y corregir las desviaciones y eventuales abusos. Para garantizar estos objetivos, se han de respetar las reglas, sobre todo las propias, eso es funcionar democráticamente.

En nuestros Colegios, a diferencia de las sociedades anónimas, la democracia interna incorpora el valor añadido que el control de los colegiados se preocupen del control de sus propios recursos.

La reflexión que he apuntado sobre el distanciamiento entre colegiado y Junta de Gobierno, no pretende estimular conciencias ni instintos de solidaridad, porque este no es mi trabajo. Pero la constatación de esta realidad tampoco es motivo de archivarla y olvidarla. Sospecho que si lo hiciésemos así, habríamos desconsiderado alguna cosa de importancia, que, antes o después, la echaríamos a faltar.

La Junta de Gobierno de los Colegios (su Consejo de Administración), es la expresión básica de la participación colegial, y ha estado elegida por los socios para gestionar el Colegio y representarlos. La legitimidad la otorga la Asamblea, es cierto, pero la realidad, hoy, es que la participación directa de los colegiados ha estado claramente desplazada por los mecanismos de representación, pero este desplazamiento tiene un limite, y no puede transgredirse sin desnaturalizar la realidad colegial.

En última instancia, pues, participación colegial y representación social confluyen y han de equilibrarse, confiriendo seguridad y transparencia a la gestión.

En los Colegios de muy pequeña dimensión, las Juntas Directivas acostumbran a absorber todos los trabajos, desde las institucionales a las más domésticas. Las distintas ocupaciones se adjudican nominalmente entre los diversos cargos que han ido proliferando: tesorero, contador, secretario, los respectivos “vices” y naturalmente, el presidente. Este, digamos, modelo de gestión, en evidente retroceso, se basa más en la buena voluntad de las personas que en otras consideraciones, y en cierta medida, es un reflejo de aquel sentido originario de la participación social.

A medida que los Colegios ganan en volumen y complejidad, se han de delegar muchas de las actividades en un director o gerente (se dá el caso que en el Colegio de Barcelona, este gerente, no es ni farmacéutico). 

Este director o gerente nombrado por la Junta Directiva, ha de integrarse plenamente, la transcendencia de sus funciones gerenciales, autentico motor del Colegio, le exige que participe en las decisiones del Colegio que le ha otorgado su confianza. Advierto que un cargo de esta naturaleza en manos de personas no farmacéuticas, puede ser un factor de perturbación, y habría muchas cosas que decir, por su experiencia y acreditación académica y profesional. No hay por conflicto de intereses que la confusión de intereses.

La genuina función de la Junta de Gobierno, es, como señala, la doctrina más moderna y sensata, supervisar el funcionamiento del Colegio, que comprende tres aspectos distintos: Orientar la política del Colegio, controlar las instancias de gestión, y en último término, actuar de enlace con el resto de colegiados.

Es evidente que si no se dan las dos primeras premisas, la función de la Junta de Gobierno, no pasará de ser, en el mejor de los casos, un simulacro de control registrado en el correspondiente libro de actas. Será letra muerta.]]> Thu, 11 Dec 2008 +0200

Desde el año 1963 en que se celebró, hemos asistido a un espectacular avance en la obtención de nuevos tratamientos para dolencias antes mortales, pero la apropiación privada de tales avances, el actual sistema económico y comercial injusto, y la terrible desigualdad entre las personas y los pueblos del mundo, ha provocado que la salud a nivel mundial no sólo no haya mejorado sino que ha retrocedido.

Sólo un ejemplo: en Kenia el 50% de los adolescentes están infectados por el virus del SIDA. 

En África subsahariana, el 20% de los niños mueren antes de los 5 años; enfermedades fácilmente tratables, como la malaria, tuberculosis o simples enfermedades infecciosas diezman la población.

Sólo se investiga en aquello susceptible de ser rentable en términos económicos, y apenas se investiga sobre enfermedades mortales que constituyen una verdadera epidemia en países del Tercer Mundo, y cada vez se invierte menos en vacunas.

Otro ejemplo: De los 1350 medicamentos registrados en los últimos 25 años, casi todos iban orientados a paliar problemas sanitarios del mundo desarrollado, tan sólo 13 responden a enfermedades infecciosas para países pobres (en su mayor parte eran derivados de preparados de veterinaria) o bien por investigaciones desarrolladas por el ejercito de Estados Unidos para proteger a las tropas que actúan en aquellas latitudes.

El precio de los medicamentos es prohibitivo para la mayor parte de la población mundial, debido al monopolio que grandes empresas transnacionales ejercen sobre este mercado, que impide el acceso universal a los medicamentos que beneficiarían al conjunto de la humanidad.

Algunos Estados como Brasil, Cuba, Suráfrica, República Domínicana, Kenia, Argentina, India, Egipto o Tailandia han venido desarrollando una industria propia de producción de medicamentos genéricos eficaces y baratos para el tratamiento del SIDA. Para impedir este tipo de prácticas, se logró imponer, mediante las presiones de la representación norteamericana en el seno de la Organización Mundial del Comercio, un acuerdo sobre patentes y derechos de propiedad intelectual claramente lesivos para el acceso mundial de los medicamentos. ¿Cómo no iba a haber miles de manifestantes a la puerta de la Convención?

Así, cuando Suráfrica intentó dotarse de medicamentos genéricos obtenidos a bajo precio para atender las demandas de su población, las grandes compañías farmacéuticas se opusieron enérgicamente, alegando que se vulneraban normas internacionales. El Gobierno de los Estados Unidos ejerció de nuevo una enorme presión sobre las autoridades Surafricanas, y ante el chantaje de un posible bloqueo que estrangulase su economía (tipo Irak o Cuba)  terminaron cediendo,  dejando a su población sin los vitales medicamentos y abandonada a su suerte.

De esta manera, se otorga al titular de la patente derechos exclusivos sobre el fármaco durante 20 años, y nadie puede producir ni comercializar equivalentes baratos de esos productos, lo que constituye un verdadero acto de biopirateria. Ni en caso de la llamada “emergencia sanitaria” se autoriza a explotar una patente sin el consentimiento de su titular.

¿Qué consecuencias tendrá la entrada en vigor de este acuerdo? Al desaparecer la producción de genéricos, se consolidará el monopolio de las multinacionales en el mercado. Se está primando la propiedad privada y la ganancia de unos pocos sobre el interés general de la humanidad, habrá incrementos espectaculares de precios, que la filantropía empresarial o actuaciones humanitarias que harán estas empresas de cara a la galería, que no compensarán en absoluto.

La Unión Europea y el Estado Español deben denunciar este acuerdo; todos los países tienen el derecho a producir, importar y comercializar medicinas eficaces y a precios asequibles, lo contrario supone una violación de los Derechos Humanos.

Tampoco  debemos obviar las desigualdades en el acceso a la salud en el llamado "Cuarto Mundo": el mundo de los excluidos y marginados dentro de los Estados desarrollados, (la deplorable sanidad penitenciaria en España será  objeto de un próximo artículo).

La industria farmacéutica posee uno de los márgenes de beneficio más altos de la industria, y sólo una pequeña parte se dedica a la investigación. En nuestro país se fabrican más de 2 billones de pesetas en medicamentos, sólo 65.000 millones se invierten en I+D, desde luego, es un porcentaje mucho menor que el que se dedica a realizar practicas de “lobby”y de comercialización de estos productos.

Su beneficio privado colisiona con el interés general de la Humanidad, en especial con el de nuestros congéneres más pobres, se está provocando una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes, la única esperanza reside en la solidaridad internacional y no permanecer insensibles ante esta dramática situación.

El SIDA no es una enfermedad incurable, existen combinaciones de fármacos que detienen su progresión, pero son muy costosos, sin posibilidad de alcance para los países más desfavorecidos.

Las naciones deben ser soberanas, que puedan establecer por sí mismas lo que es una "emergencia nacional"  y que se apliquen las normas de la O.M.C de manera que se protejan también los intereses generales.

No podemos oponernos a una retribución justa para los dueños de las patentes, pero tampoco pueden amparar practicas que conducen y condenan a la muerte a parte de la Humanidad.

Hay que buscar una compatibilidad entre los derechos de la protección de la salud y el acceso a los medicamentos, respetando los derechos de la propiedad intelectual.

No podemos esperar que la industria farmacéutica actúe como una ONG o como una hermanita de los pobres, porque no es su papel.

Son los gobiernos los que tienen que actuar con contundencia para que sean compatibles los legítimos intereses de la industria farmacéutica con los derechos inexcusables de todos los seres humanos de gozar de medicamentos que le alivien del dolor y que eviten una muerte ineludible.

Es una catástrofe de tal magnitud que requiere actuaciones inmediatas, se trata de contraponer situaciones donde se confrontan dividendos con cuestiones como la supervivencia, la protección de la vida humana está por encima de la protección de las patentes.

Esperemos que los gobiernos asuman resueltamente,  con la participación plena y activa de las Naciones Unidas, todo el sistema multilateral, la generosidad de las grandes compañías farmacéuticas, la sociedad civil, los círculos empresariales y el sector privado,  de tal manera que se detenga este criminal y obsceno genocidio.]]> Thu, 19 Jun 2008 +0200
"Muy Sra. mía: Debo comunicarle que esta empresa se ha visto en la necesidad de proceder a la extinción de contrato de trabajo por circunstancias de carácter objetivo, ya que en el último año, y en los meses transcurridos del actual, la farmacia, como usted muy bien conoce, ha visto reducidas sus ventas, por lo que su puesto de trabajo será amortizado a tenor del art. 52 del Estatuto de los Trabajadores."

La respuesta del Tribunal fue meridiana: "Debo declarar y declaro nula la decisión extintiva llevada a cabo por la empresaria, condenándola a la readmisión inmediata de la empleada en el mismo puesto de trabajo y condiciones que regían con anterioridad a la extinción" (Tribunal Superior de Justicia de Galicia.).

Con esta manera tan tosca de presentar una demanda no es de extrañar que el Tribunal la desestimara.

La causa objetiva de despido basada en la necesidad de amortizar puestos de trabajo se ampara en alguno de estos tipos de causa:

- causas económicas

- causas técnicas

- causas organizativas y productivas

Jurisprudencialmente las causas económicas se dividen en dos tipos de criterios:

a) Tribunales que defienden que deban existir pérdidas en la Cuenta de explotación y el Balance de la Oficina de farmacia. En este sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 5 de diciembre de 1994, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 23 de octubre de 1995 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada de 3 de julio de 1995, entre otras.

b) Tribunales que consideran suficiente una simple reducción de beneficios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación. En este sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 13 de febrero de 1996, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de septiembre de 1996.

El titular de la farmacia debe demostrar una situación de crisis actual, real y con entidad suficiente para justificar la amortización del puesto de trabajo. No se exige presentar un plan de viabilidad. Dicha amortización no contribuye por sí sola a la superación de la situación económica negativa y debe estarse al supuesto concreto. En este sentido, Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, de 21 de marzo de 1995, de Castilla y León, de 18 de noviembre de 1995 y de 19 de octubre de 1995 de Andalucía y de 6 de octubre de 1995 y 23 de marzo de 1999 de Cataluña.

No se admitirá si es un simple medio para lograr el incremento del beneficio empresarial.

En cuanto a las causas técnicas, podemos concluir que se trata de innovaciones en la empresa que producen un desequilibrio en las prestaciones del contrato laboral. Debe acreditarse que se han realizado inversiones por parte del titular de la Oficina de farmacia que justifican la amortización del puesto de trabajo, siempre que sea una inversión inmediata.

Desde este foro podrían ponerse como ejemplo las funciones de la robótica de la Oficina de farmacia que excluiría la manipulación del stock por parte de determinados empleados en el centro de trabajo.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 24 de octubre de 1995 y del Tribunal Superior de Justicia de Granada de 20 de mayo de 2003.

Respecto a las causas objetivas organizativas y productivas.

El titular debe demostrar que reorganiza los medios materiales que vacíen de contenido el puesto de trabajo que pretende amortizar o bien que se ha producido disfunción o descenso de clientes básicamente que por reducción del horario de la farmacia u otros que obligan a modificar o disminuir la producción haciendo obsoletos uno o varios puestos de trabajo. Deberá acreditar la causa-efecto entre la medida tomada y la disminución productiva.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 12 de septiembre de 1995.

Con respecto a todas las causas debe acreditarse que la viabilidad futura de la Oficina de farmacia y el empleo se encuentran en peligro, aunque la situación económica no sea negativa y que las medidas adoptadas contribuyen razonablemente a superar dicha situación.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7 de abril de 1997.]]> Sat, 18 Apr 2009 +0200

Ante la discrepancia de puntos de vista de muchas asesorías y la preceptiva puesta en común con el cliente, nos gustaría centrarnos en la consideración normativa de las HORAS EXTRAORDINARIAS en el Convenio de farmacia.

Por Resolución de 25 de junio de 2008 de la Dirección General de Trabajo se publica el Convenio Colectivo de Farmacia , cuyo código de convenio es el nº 9903895 de ámbito estatal y que incorpora un Texto Articulado del Convenio Colectivo marco para oficinas de farmacias vigente para los años 2007-2010.

Dicho convenio fue declarado nulo como convenio de eficacia general, sin perjuicio de su posible valor como pacto extraestatutario, en virtud de la Resolución de 30 de julio de 2008 que publica la Sentencia de 8 de julio de 2008 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

El Convenio estatal establece que las partes firmantes en el mismo entienden necesario el que se produzca una reducción y a ser posible una eliminación de las Horas Extraordinarias al objeto de posibilitar una vía de acceso al mercado de trabajo del colectivo de personas que se encuentran en desempleo. 

A tales efectos, recomiendan que esta práctica desaparezca con objeto de incentivar un incremento de empleo real y efectivo en el sector de oficinas de farmacia.

En el Convenio estatal se prevé que la realización de horas de trabajo, fuera del horario habitual se compensará bien mediante su retribución dineraria a satisfacer en la nómina del mes siguiente bien mediante descansos equivalentes, dentro de los tres meses siguientes a su realización o, si así se acordase entre empresa y trabajador.

El módulo para su retribución será el establecido en el Anexo I al Convenio estatal.

En cuanto a la compensación por tiempo de descanso:

      -Valor de una hora extraordinaria diurna laborable = 1 hora y 45 minutos.

      -Valor de una hora extraordinaria diurna festiva = 2 horas.

      -Valor de una hora extraordinaria nocturna laborable = 2 horas.

      -Valor de una hora extraordinaria nocturna festiva = 2 horas y 30 minutos.

Se habla asimismo de que tendrán la consideración de horas nocturnas, aquellas comprendidas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana salvo que contractualmente se hubiese establecido que el trabajo fuere nocturno por su propia naturaleza.

Asimismo dada la obligación legal de prestar servicio de urgencia por parte de las Oficinas de farmacia, las horas extraordinarias, según dispone este Convenio de ámbito estatal, prestadas durante dicho servicio se compensarán mediante retribución dineraria equivalente al número de las efectivamente realizadas según la tabla de retribuciones del Convenio, bien en tiempo de descanso de acuerdo con las necesidades organizativas del centro de trabajo debidamente justificadas y, en este último caso, a cada hora complementaria le corresponderá otra de inactividad.

Los empresarios y el personal de las Oficinas de farmacia situadas en zonas rurales o de características especiales podrán pactar con el titular las formas de compensación del tiempo empleado en el servicio de urgencia.

(De dicha redacción, dicho sea de paso, se desprende que el domingo excepcionándolo como día laboral y por tanto hábil, es equiparado en su tratamiento, al día festivo).

La realización de las horas extraordinarias y los turnos de urgencia serán de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores.

El número de horas extraordinarias permitido no podrá ser superior a ochenta al año, no entrando en dicho cómputo, ni en el de la duración máxima de la jornada ordinaria (estipulada en 1770 horas para los años 2007 y 2008 y de 1762 horas para los años 2009 y 2010) ni las realizadas en casos de obligada necesidad prevista legalmente o para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

En cuanto a la distribución de la jornada debe tenerse en cuenta que entre el final de una jornada diaria y el comienzo de la siguiente mediarán como mínimo doce horas de descanso. Además se tendrá derecho a un descanso semanal de 36 horas ininterrumpido.  En caso de realizarse la jornada continuada superior a seis horas, se establecerá durante la misma un descanso de 20 minutos, que tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

Nos ocuparemos de los Convenios de ámbito provincial de aplicación específica, actualmente existentes en Barcelona, Asturias, Alicante, Cádiz, Guipúzcoa y Vizcaya.

El último Convenio de farmacia en vigor para la provincia de Barcelona a partir de 1 de enero de 2005, en concreto fue publicado por el DOGC nº 4499, por  el que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de trabajo para las oficinas de farmacia en la provincia de Barcelona, para los años 2005-2008, cuyo código de Convenio es el nº 0803235.

Con posterioridad han sido publicados Anexos de actualización salarial y valoración de las horas extraordinarias a través de las revisiones salariales publicadas en el DOGC Nº 4678 de 18 de julio de 2006, DOGC Nº 4939 de 2 de agosto de 2007 y DOGC Nº 5094 de 19 de marzo de 2008 relativas al Convenio Colectivo de trabajo para las oficinas de farmacia de la provincia de Barcelona. 

Si nos centramos en el Convenio laboral de oficinas de farmacia para la provincia de Barcelona, en su artículo 17 se establece que la jornada ordinaria de trabajo en las oficinas de farmacia se calcula en un cómputo semanal de 40 horas de trabajo efectivo y un total máximo de 1820 horas anuales.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria anual pactada y las que excedan de 40 horas semanales efectivas.

(Recordaremos que en Convenio laboral anterior, se establecía que siempre tendrían la consideración de extraordinarias las que superasen las 9 horas diarias, las que se realizasen en turno de guardia, las consideradas nocturnas y las consideradas festivas).

La condición de las horas que excedan las anteriormente mencionadas son las siguientes:

1.-Las que se realicen entre las horas comprendidas de 6h a 22h se consideran DIURNAS.

2.-Las que se realicen entre las horas comprendidas de 22h a 6h se consideran NOCTURNAS.

3.-Las que se realicen entre las horas comprendidas de 6h a 22h en Domingos y días festivos son horas consideradas como EXTRAORDINARIAS EN DÍA FESTIVO.

4.-Las que se realicen entre las horas comprendidas de 22h a 6h en Domingos y días festivos son horas consideradas como EXTRAORDINARIAS NOCTURNAS EN DÍA FESTIVO.

(Dicho sea de paso, asimismo, como apuntábamos con anterioridad y a raíz de esta consideración, podemos considerar que el Domingo para el Convenio provincial es considerado como DÍA FESTIVO).

A mayor abundamiento, y en relación con esta explicación, el Convenio dice que son considerados únicamente como DÍAS FESTIVOS los señalados como tales en el Calendario Laboral, del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, teniendo en cuenta aquellas fiestas locales establecidas por los correspondientes Ayuntamientos.

En relación a los servicios de guardia, puede pactarse por escrito la obligatoriedad de ofrecer y hacer como horas extraordinarias las exigidas por la atención de los turnos de guardia para periodos anuales y en este caso, dispone el Convenio provincial que es exigible su realización. 

Se retribuyen con las cantidades que se acuerden que como mínimo deben garantizar los importes fijados en el Anexo que acompaña al Convenio y en función de su condición horaria y de días anteriormente mencionados. Todo ello, debe ser llevado a cabo sin perjuicio de los preceptivos descansos mínimos entre jornadas e intersemanales.

El trabajador que haya cubierto un turno de jornada de guardia nocturna en todo caso debe tener derecho a un descanso en el día siguiente al menos equivalente a las horas realizadas de forma extraordinaria: este descanso debe iniciar a partir del fin de las horas extraordinarias.

En cuanto al receso. Todo el personal afectado por el presente Convenio disfruta del descanso dominical. En el caso de que no sea posible, debe descansar necesariamente cualquiera de los 6 días siguientes al domingo.

El Sábado Santo es día considerado como no laborable para este Convenio provincial. No obstante ello, los empresarios y los trabajadores de las oficinas de farmacia situadas en zonas turísticas o de características especiales pueden pactar en cada centro de trabajo otras maneras de compensar este día.

Otro ejemplo: El Convenio Provincial para las Oficinas de farmacia del Principado de Asturias, Código de Convenio Nº 3300895 publicado por Resolución de 9 de mayo de 2005.

Las correspondientes actualizaciones de las tablas salariales están publicadas en los BOPA nº 89 de 18 de abril de 2007, y nº 62 de 14 de marzo de 2008.

En él se establece que la duración de la jornada ordinaria de trabajo con independencia del horario de apertura y cierre de las Oficinas de farmacia fijado por el Colegio Oficial de farmacéuticos será de 40 horas semanales de trabajo efectivo , distribuidas de lunes a sábado ambos inclusive.

No se pronuncia acerca del horario máximo diario, y tan sólo entra a conocer sobre aquellas oficinas de farmacia con horario ampliado, en el que la jornada laboral consistirá en al menos cuatro horas ininterrumpidas de mañana y el resto de la jornada en horario de tarde también ininterrumpido.

Las farmacias de apertura ininterrumpida se regirán por los turnos establecidos en el Anexo II del Convenio, en defecto de acuerdo.

Cuando la oficina de farmacia en el Principado de Asturias esté abierta veinticuatro horas, se establecerán 3 turnos de 8 horas ininterrumpidas cada uno. Los trabajadores sometidos a alguno de los siguientes turnos variables percibirán un complemento correspondiente al turno que realicen, que será el siguiente: a) complemento del 5% sobre el salario bruto mensual, en las Oficinas de farmacia que tengan dos turnos de trabajo, b) complemento del 10% sobre el salario bruto mensual, en las Oficinas de farmacia que tengan tres turnos de trabajo, con independencia, en este caso del plus de nocturnidad que tendrá una cuantía del 20%.

Así como en el Convenio estatal en el provincial para el Principado de Asturias también se entiende necesario que se produzca una reducción y a ser posible la eliminación de las horas extraordinarias. Entre tanto la realización de horas fuera del horario habitual se compensará por descansos equivalentes dentro de los 3 meses siguientes a su realización o, si así se acordase entre empresa y trabajador, también podrán ser compensadas por el abono de las mismas con los siguientes recargos mínimos: diurnas con el 50 por 100, nocturnas y festivas con el 70 por 100.

No se percibirá cantidad alguna en concepto de horas extraordinarias cuando se hubiera establecido que el trabajo fuere nocturno por su propia naturaleza contractual conforme y sin perjuicio de lo establecido como hemos indicado, en este Convenio provincial, para las farmacias de 24 horas.

El Convenio laboral de Oficinas de farmacia de la provincia de Alicante aparece publicado en el Boletín Oficial provincial Nº 205 de 24 de octubre de 2008.

Establece una jornada semanal de 40 horas semanales y 1800 horas anuales. La distribución irregular de la jornada se somete a acuerdo entre el empresario y el trabajador.

Las horas extraordinarias serán abonadas mensualmente junto al resto de retribuciones con los siguientes recargos:

- sobre el valor ordinario de las diurnas se aplica un recargo del 75%.

- sobre el valor ordinario de las nocturnas se aplica un recargo del 120%.

- sobre el valor ordinario de los domingos y festivos se aplica un recargo del 150%.

Dicha remuneración puede sustituirse por compensación de descanso retribuido equivalente dentro de los siguientes 4 meses a su realización.

En cuanto a los servicios de urgencia conforme al artículo 15, el módulo de cálculo sería el siguiente: salario base mensual  incluida la antigüedad sin pagas extraordinarias dividido entre 24 días y el resultado obtenido vuelve a dividirse entre 6,66 horas. El cociente se incrementará en un 75% para las horas en servicio de urgencia laborables y en un 150% para las horas en servicio de urgencia realizadas en domingos y festivos.

Como en todos los convenios, en las zonas rurales y de características especiales pueden pactarse en los centros de trabajo otras formas de retribución.

El Convenio laboral de Oficinas de farmacia de Cádiz, publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 234, de 8 de octubre de 2005, establece la jornada laboral anual de 1800 horas, así como preferentemente 40 horas semanales y un máximo de 9  horas de jornada diaria. El período de descanso semanal establece un día y medio ininterrumpido, con preferencia en la planificación de la tarde del sábado y el día completo del domingo.

Se habla de horas de guardia como aquéllas horas extraordinarias prestadas durante dicho servicio y se compensan por descansos equivalentes en los 4 meses siguientes a su realización. Salvo acuerdo entre empresa y trabajador a partir de la entrada en vigor del Convenio su compensación económica, de la siguiente forma: el valor de la hora diurna/nocturna = salario base mensual + antigüedad sin repercusión de pagas extraordinarias, /dividido entre 24 días /dividido entre 6,5 horas. El resultado se verá incrementado en un 50% con respecto a las jornadas laborales en días hábiles y e un 140% con respecto a las jornadas en domingos y festivos.

Las zonas rurales o con características especiales pueden pactar en cada centro de trabajo otras formas de compensar el trabajo. La realización de horas extraordinarias y turnos de urgencia será de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores.

Así también en Cádiz el trabajo en servicio de urgencia completo se entiende sin perjuicio del descanso compensatorio de 12 horas consecutivas y sin perjuicio del descanso compensatorio de domingos y festivos dentro de la semana siguiente por imposibilidad del descanso compensatorio en horas nocturnas.

En el servicio de urgencia el resultado se incrementará en un 60% para las jornadas laborales y en un 150% para las jornadas festivas.

Respecto al Convenio provincial de Guipúzcoa para los años 2007 a 2010, establece una jornada laboral anual de 1744, 1741 y 1738 horas durante los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente.

Preferentemente se desarrollará en los centros de trabajo una jornada semanal de 40 horas, pero dada la obligación de prestar servicios en régimen de urgencia y turnos obligatorios, el trabajador estará obligado a realizar horas extraordinarias con los límites que marque el Estatuto de los Trabajadores. Éstas horas tendrán la consideración de estructurales y podrán ser compensadas a criterio del titular, en tiempos equivalentes de descanso retribuido o con los recargos que se fijen.

Así, en día festivo, se compensará hora y media de descanso en día laborable por cada hora extraordinaria de trabajo. El módulo para el cálculo de hora extraordinaria consistirá en el cociente resultante de dividir el salario base anual entre 1744 para el 2008, entre 1741 para el 2009 y entre 1738 para el 2010, con los siguientes recargos: diurnas 75% sobre la hora normal, festivas, 140% sobre la hora normal y nocturnas 100%sobre la hora normal.

También en zonas rurales o de características especiales, en el centro de trabajo pueden pactarse otras formas de retribución.

El servicio de urgencia está considerado entre 22h y 9h y la cantidad mínima a percibir es la de 115,12 € para el licenciado y 98,16 € para el auxiliar. El importe se incrementará cada año según el índice de precios al consumo.

En cuanto al Convenio laboral provincial de Oficinas de farmacia de Vizcaya, código de Convenio nº 4800965, publicado en el Boletín de la provincia de 7 de marzo de 2006, establece una jornada anual de 1760 horas para el año 2006, un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada y un descanso semanal de día y medio, así como también una regulación exhaustiva de los servicios de urgencia.

El horario de urgencia, de entre las 22h y las 9h, puede haberse establecido a opción del titular u obligatoriamente y distingue las Oficinas de farmacia domiciliadas en el municipio de Bilbao de las que no lo están en él. De esa forma, en cuanto a las primeras, el titular puede contratar a un nuevo trabajador para su desempeño u ofrecer dichas horas a los trabajadores existentes con los acuerdos o las modificaciones que se acuerden entre la empresa y el trabajador, considerando la jornada ordinaria de 9 horas.

Para las Oficinas de farmacia domiciliadas fuera del municipio de Bilbao, se establece una bolsa de 40 horas dentro del horario ordinario obligatorio.

En cuanto a su remuneración, las horas extraordinarias se abonan con un incremento del 75% sobre el que corresponde a cada hora ordinaria, y las realizadas entre las 22h y las 6h se les añade un incremento del 25% sobre el resultado al que se le ha aplicado previamente ese 75%.

Cabe decir que, en municipios de más de 50.000 habitantes, a la hora festiva se le aplica el 140% de recargo y no puede exigirse además el descanso compensatorio y que, en municipios de menos de 50.000 habitantes, es válido el pacto entre empresa y empleados

En estos dos últimos Convenios se observará el Decreto 188/1995 de 29 de julio del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco por el que se determina el horario de atención al público de las Oficinas de farmacia.

Del análisis detallado de todas estas disposiciones se desprende que el domingo es equiparado al día festivo y excluido del cómputo de días laborales, cuyo trabajo deberá ser recompensado como de extraordinario.

Por otro lado, sería deseable tener en cuenta específicamente la regulación de las Oficinas de farmacia de horario ampliado, tema del que hasta el momento sólo existen pequeñas pinceladas.

Por último y acorde con el espíritu de estos Convenios, en aras a favorecer la ocupación del personal desempleado, la tendencia de las horas extraordinarias debería ser  la del letargo. Cuestionémoslas.

Mª Sandra Martínez Segura

-Abogado-

Gabinete López-Santiago

Barcelona

Dejar de ser empleado de otro, requiere una dosis de experiencia, motivación y madurez, es un proceso arriesgado que debe hacerse de manera apropiada, dotándose de un asesoramiento profesional.

Tradicionalmente, la sociedad era más conservadora, y los trabajos más estables; ahora, las nuevas generaciones viven más deprisa, cambian más rápidamente de actividad, y es un hecho que en los países desarrollados existe una mayor movilidad laboral, como ejemplo, pensemos que el expresidente americano George Bush tuvo 67 trabajos a lo largo de su vida.  

Incrementar el volumen de negocio de una farmacia, es una tarea complicada, y máxime si tenemos en cuenta las limitaciones que impone el vigente ordenamiento jurídico, en cualquier caso, son actitudes prohibidas:

- Ofrecer servicio a domicilio.

- Hacer descuentos.

- Llevar a cabo cualquier tipo de publicidad.

- Distribuir especialidades farmacéuticas mediante la canalización de recetas médicas.

- No contemplar los horarios preestablecidos.

- Colocar un cartel indicativo adicional de la situación de la oficina de farmacia, etc.

Con esta estricta legalidad en la mano, no es fácil hacer incrementar el volumen de negocio de una oficina de farmacia, por ello, una de las alternativas que valora el farmacéutico es crecer mediante la adquisición de otra con una mayor cifra de ventas. Si tenemos en cuenta que la rentabilidad de la farmacia de volumen elevado es proporcionalmente mayor, y que con un apalancamiento financiero positivo (ya que el coste de capital es menor que el rendimiento de la farmacia), y financiándose mediante los proveedores, no resulta difícil dar el salto, y poder obtener mayores satisfacciones trabajando, y porqué no, mejorar los factores de índice pecuniario.

Un sentimiento tan humano como es la superación y el desarrollo personal, se ve coartado en el caso del profesional farmacéutico. En la vida se produce una paradoja muy curiosa, el trabajo lo hacemos muy bien, pero ¿hacia dónde va nuestra vida profesional?. A veces el farmacéutico desea cambiar, pero no sabe o no puede, por ello resulta fundamental un apoyo profesional en la consecución de este objetivo.

Esta es una decisión importante, ya que de ella se desprenden consecuencias de tipo patrimonial, financiero, fiscal, e incluso personal y emocional, pero son estos esfuerzos individuales los que enriquecen a la persona y traen el progreso general.

Por otra parte, nunca existieron tantas ventajas como en la actualidad para llevar a cabo una donación hereditaria, si Vd. está pensando en dar entrada a su descendencia en el negocio, le recomendaría que lo hiciese lo antes posible, por los siguientes motivos:

El impuesto de Donaciones y Sucesiones ofrece una bonificación que no había existido nunca. Pero estas ventajas que se están ofreciendo al empresariado, chocan con la ideología del Partido Socialista, ya que su programa electoral contemplaba la eliminación de la bonificación del Impuesto sobre Donaciones, debido a los abusos que estiman se están cometiendo con las Sociedades Patrimoniales y Fundaciones. Este ha sido un impuesto que en los últimos diez años, se ha modificado media docena de veces; es decir, la estabilidad de este impuesto es nula, por lo que debemos pensar que las actuales ventajas no serán eternas.

Algunas Comunidades Autónomas están poniendo límites a la transmisibilidad de la autorización administrativa de la oficina de farmacia, esto lo han llevado a cabo descaradamente en Extremadura y Castilla La Mancha; pero también han aparecido restricciones en Galicia, País Vasco, Andalucía, Navarra, Madrid, Murcia, Castilla y León, Aragón y La Rioja; ya que declaran que la transmisión de una oficina de farmacia "...requerirá autorización por parte de la Administración, y se llevará a cabo en las condiciones que reglamentariamente se determinen..."; aún se están desarrollando estos Reglamentos, pero podríamos tener sorpresas, ya que han abierto la puerta a posibles modificaciones, en momentos en que se predisponga y manipule la opinión pública (o publicada), contra el farmacéutico; por lo que cuanto antes den entrada a los descendientes en su oficina de farmacia, más tranquilos estarán ante estas novedades legislativas.]]> Wed, 09 Jan 2008 +0200 El dato de los precios de traspaso, ha sido utilizado por los colectivos interesados en desmontar nuestra actual situación del ordenamiento farmacéutico, como una prueba más de las "rentas de situación" que producen las oficinas de farmacia. Pero hay que tener en cuenta que estos traspasos se pagan, porque el comprador en realidad, es como si mantuviese el capital en depósito, ya que podrá recuperarlo en el momento que desee, procediendo a su venta.

El procedimiento que tradicionalmente se ha utilizado para la valoración del precio de traspaso de la farmacia, consiste en multiplicar las ventas anuales por un factor, que suele oscilar entre 1 y 2. No tiene nada que ver con los sistemas de valoración usados para la valoración de otro tipo de empresas. Esta forma de analizar la farmacia nos demuestra la poca profesionalidad del sector, que en vez de hacer su elección por rentabilidad, valora las ventas, pero ¿de qué sirve a una farmacia vender mucho, si tiene la cuenta de gastos muy abultada, y al final los beneficios son reducidos?.

A medida que las ventas disminuyen, los ratios aumentan, lo cual es lógico por el principio de la oferta y la demanda, aparecen más compradores para una de 300.000 euros que para otra de 3 millones de euros. Asimismo las de menor facturación, tendrán en teoría, mayor expectativa de que crezcan sus ventas.

Normalmente el precio del fondo de comercio incluye todos los bienes, a excepción del local, (si es de propiedad), y de las existencias, que se valoran a PVP, aplicando el descuento que entre las partes estimen oportuno, se suele hacer algo más del 30%.

Este artículo es un resumen de los valores observados en los traspasos de últimos años en España; sin embargo ya he expresado con anterioridad mi desacuerdo con esta forma de valorar las farmacias, es válido como referencia, pero se deberán tener en cuenta otros factores. De modo general, podemos decir, que en función de las ventas los precios de traspaso observados; son, siempre a nivel orientativo:

Como alternativa a la tributación individual del farmacéutico en el IRPF por la totalidad de su rendimiento empresarial, cabe la posibilidad de distribuir dicho beneficio, y la carga fiscal entre varios sujetos pasivos del Impuesto, consiguiendo con ello rebajar la progresividad del IRPF,  y en consecuencia la cuota impositiva derivada de la Oficina de Farmacia.

Dicho efecto fiscal se consigue mediante la constitución de sociedades civiles o comunidades de bienes sobre las Oficinas de Farmacia, siendo éstas, figuras admitidas por los Organismos Sanitarios. Sin embargo debe matizarse que no en todas las Comunidades Autónomas en las que está permitida la copropiedad de Oficinas de Farmacia se admite la constitución de una sociedad civil sobre la misma, admitiendo en cambio la existencia de comunidades de bienes, ello se debe principalmente a la problemática existente sobre la personalidad jurídica de las sociedades civiles.

En este artículo estudiaremos fundamentalmente la figura jurídica de la sociedad civil, y sus efectos fiscales en la Oficina de Farmacia.

• Concepto de Sociedad Civil

El artículo 1665 del Código Civil define a la Sociedad Civil como un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.

Las sociedades civiles cuyo objeto sea la explotación de un negocio de Oficina de Farmacia, serán sociedades civiles particulares, que deberán estar participadas únicamente por socios titulados en la Licenciatura de Farmacia, ya que la legislación farmacéutica exige que el titular de una Oficina de Farmacia cumpla con el requisito de ser farmacéutico.

La sociedad civil tiene su origen en un contrato de carácter consensual, que se perfecciona por el mero consentimiento y desde entonces obliga a quienes lo celebran. El contrato a través del cual nace la sociedad civil no está revestido de formalidad alguna ya que puede celebrarse incluso verbalmente, por escrito, o por actos que, de manera concluyente, denoten la voluntad efectiva de constituir una sociedad, salvo que se aporten a ella bienes inmuebles, en cuyo caso existirá la obligación de su constitución mediante escritura pública.

A efectos prácticos y aunque se admite la constitución verbal de sociedades civiles, debe recogerse la voluntad de las partes en un documento privado, constitutivo, fundacional o estatutario, en el cual se haga constar, la denominación, el domicilio y el objeto de la sociedad, los datos personales de todos y cada uno de sus miembros, sus respectivas cuotas de participación, así como los pactos, cláusulas y condiciones por los que se va a regir dicha sociedad.

• La atribución y/o adquisición de la personalidad jurídica en la sociedad civil 

El hecho de que una sociedad civil esté o no revestida de personalidad jurídica propia independiente de la de cada una de sus asociados, es una de las cuestiones más controvertidas que existen en esta institución, ya que el legislador no se manifiesta de forma expresa en este punto, y en consecuencia es numerosa y contradictoria la doctrina existente al respecto, al igual que la jurisprudencia vertida por el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

Este extremo puramente civil resulta de vital importancia por las consecuencias que de la atribución o no de personalidad jurídica a las sociedades civiles pueden desembocar en la esfera fiscal.

El Código Civil, en su artículo 1669, no formula de forma clara la cuestión de la personalidad jurídica respecto de las sociedades civiles. El tenor literal del precepto establece que “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes”.

Según establece este artículo, la sociedad civil carece de personalidad jurídica cuando se mantienen en secreto sus pactos y los socios contraten en su propio nombre con los terceros, de tal manera que los socios actuaran como si lo hiciesen en beneficio propio y no en nombre de la sociedad. En este caso la sociedad se somete a las normas del régimen jurídico de la comunidad de bienes.

Sólo tendrá personalidad jurídica la sociedad civil y se regulará por las disposiciones del Código Civil, cuando se manifieste como tal externamente en el tráfico jurídico, y sus pactos no se mantengan secretos entre los socios.

Resulta curioso, que al amparo del precepto transcrito la adquisición de la personalidad jurídica por la sociedad civil no esté sometida a la inscripción registral, como sucede con otras personas jurídicas como son las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, o las fundaciones, respecto de las que sí se exige dicha inscripción con carácter obligatorio. El problema es que no existe posibilidad de registro para las sociedades civiles, ya que transitoriamente se creó una sección especial al efecto en el Registro Mercantil, si bien ésta fue suprimida por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 24 de febrero de 2000, en la que se disponía  la anulación parcial del Real Decreto 1867/1998 que regulaba dicha posibilidad de inscripción.

La ausencia de un registro público en nuestra normativa jurídica al que puedan tener acceso las sociedades civiles, dificulta en sobremanera la problemática de la adquisición de la personalidad jurídica por las mismas, ya que nuestro ordenamiento entiende que la personalidad jurídica lleva aparejada la publicidad. La cuestión estriba en determinar si para la adquisición de la personalidad jurídica es necesaria la publicidad de derecho, es decir la que se obtiene mediante la inscripción en un registro público, o basta con la publicidad de hecho, que es la que se manifiesta a través del ejercicio de la actividad social, en el desenvolvimiento del objeto social a través de la constante y continua reiteración de los actos necesarios para su obtención por parte de los socios en nombre de la sociedad en sus relaciones con terceras personas, que obliga a la exposición y comunicación frente a terceros de los pactos acordados entre los socios.

En este sentido, la doctrina mayoritaria, liderada por el catedrático en derecho civil Paz-Ares, y secundada por otras ilustres figuras como Scaevola, Castán, Díez-Picazo, Gullón, Puig Brutau, Pérez González, Alguer, Badía, Cámara, Capilla Roncero, y Girón Tena, se inclina más por una publicidad de hecho que de derecho.

Otros autores como Eizaguirre, García Mas, Ávila Navarro, Badía Sanillas y Roca Sastre, entienden que por razones de seguridad, por la protección de los intereses de la sociedad, de los socios así como de los terceros con quien la sociedad contrate, la publicidad de hecho no es idónea para conferir personalidad jurídica , por lo que se muestran a favor de la inscripción de la sociedad como requisito para la adquisición de la personalidad jurídica.

Por su lado la Dirección General del Registro y del Notariado (en adelante DGRN), en su Resolución de fecha 31 de Marzo de 1997, desviándose de la doctrina mayoritaria a favor de que la sociedad civil adquiere su personalidad jurídica a través de un sistema de publicidad de hecho, se inclinó por el sistema de la publicidad de derecho o registral, estableciendo que las sociedades civiles sólo tienen personalidad cuando han sido inscritas en el Registro Mercantil. En cambio,  considera que las no inscritas carecen de personalidad y son aquellas a las que se refiere el artículo 1669 del Código Civil.

Sin embargo esta exigencia, es de imposible cumplimiento, por cuanto las sociedades civiles, ni en el momento de emisión de la citada Resolución de la D.G.R.N., ni en la actualidad, tienen acceso a dicho Registro, por lo que algunos autores han llegado a tachar la resolución de inconstitucional.

Podemos concluir, que el principal problema que plantea el artículo 1669, es qué se entiende por pactos secretos entre los socios, lo cual está íntimamente relacionado con la existencia o no de un sistema de publicidad de las sociedades civiles, ya sea de hecho, ya sea de derecho, a través de un registro público, que en la actualidad no existe, tanto para las sociedades como para los pactos sociales. Nos hallamos pues, ante una cuestión no pacífica del derecho que como veremos tiene especial relevancia en el ámbito fiscal.

• La Sociedad Civil y su incidencia en el ámbito Fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, califica a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, junto con las comunidades de bienes, herencias yacentes, y demás entidades como “entidades en régimen de atribución de rentas”, no hallándose las mismas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, ni al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dichas entidades se encuentran reguladas en el artículo 8 de la Ley 35/2006 del IRPF, y se configuran como agrupaciones en las que se atribuirán a los socios, comuneros, herederos o partícipes, las rentas generadas, según los pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por parte iguales.

Sociedad Civil y Distribución de las rentas entre los socios

El artículo 1689 del Código Civil establece para las sociedades civiles que “Las pérdidas y ganancias se repartirán en conformidad a lo pactado. Si sólo se hubiera pactado la parte de cada uno en las ganancias, será igual su parte en las pérdidas. A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pérdidas debe ser proporcional a lo que haya aportado. El socio que lo fuera sólo de industria tendrá una parte igual a la del que menos haya aportado. Si además de su industria hubiere aportado capital, recibirá también la parte proporcional que por él le corresponda”.

Es decir, según dicho precepto los socios pueden acordar que el reparto de beneficios de la sociedad se ajuste estrictamente a la participación de cada uno de ellos en la sociedad, o que dicha distribución se realice en forma diferente, pudiendo darse el caso de que dos socios que ostenten al 50% la totalidad del capital social, acordasen en el contrato fundacional de la sociedad que uno de ellos percibiera el 1% de las pérdidas y ganancias contra el 99% que percibiera el otro.

La Administración Tributaria admite, según Consulta nº 736-97 de 11 de abril de 1997, que la distribución de rentas sea distinta del porcentaje de participación de cada socio en la sociedad civil siempre y cuando el pacto del reparto de beneficios conste de forma fehaciente a la Administración, para lo que se recomienda a efectos prácticos que se comunique durante el inicio del ejercicio sobre el que deba de producir efectos.

No obstante, debemos tener en cuenta que el artículo 1669, preceptúa que en caso de que la sociedad civil no tenga personalidad jurídica, se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes.

En cuanto al reparto de beneficios de las comunidades de bienes el artículo 393 del Código Civil, prevé que “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad”.

En consecuencia en el régimen de las comunidades de bienes no se admite un reparto de beneficios distinto a la cuota de participación de cada uno de los comuneros.

El efecto fiscal puede variar considerablemente, pues no es lo mismo que un comunero que participa al 50% de la comunidad se encuentre al tipo máximo de tributación en el IRPF, y el otro se encuentre al tipo mínimo, y se puedan repartir los beneficios de forma que la mayor parte de los beneficios que corresponden al comunero con presión fiscal máxima se distribuyan hacia el que tiene menor presión fiscal, consiguiendo de esta forma que los beneficios tributen a un tipo medio, por ejemplo del 32%, y no del 43%. En las comunidades de bienes ello no es posible, cada comunero se atribuirá las rentas en función de su cuota de participación en la comunidad y no habrá lugar a pactos distributivos diferentes que por el contrario sí admite la sociedad civil.

Sin embargo, este punto es altamente controvertido, pues el artículo 1669, como hemos visto, remite a la aplicación del régimen de la comunidad de bienes a aquellas sociedades civiles que no gocen de personalidad jurídica.

Ha de entenderse que la atribución o no de personalidad jurídica a las sociedades civiles es un tema jurídico no resuelto, y que a la vista de las resoluciones de la DGRN, sólo gozan de personalidad jurídica aquellas sociedades civiles que consten inscritas en el Registro Mercantil. Hemos hablado de la imposibilidad de cumplimiento de este extremo, por lo que en virtud de dichas resoluciones todas las sociedades civiles existentes carecerían de personalidad jurídica y deberían regirse por el régimen de las comunidades de bienes, lo cual no resulta en absoluto lógico, pues la regulación del régimen de las sociedades civiles prevista en el Código Civil quedaría totalmente inoperante.

Por otro lado, debe mencionarse que el alcance de la aplicación de la comunidad de bienes varía en la doctrina del tribunal Supremo, ya que en algunos casos se afirma que esa aplicación se limita al fondo común, como la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 1998, según la cual “la aplicación de las normas relativas a la comunidad de bienes en las sociedades civiles sin personalidad, por ser irregulares, ha de entenderse limitada al sustrato material o fondo común formado por los socios”.

En otros casos, como en la Sentencia de fecha 6 de noviembre de 1991, recalca que los pactos de las partes son prevalentes a la aplicación del régimen de la comunidad de bienes, incluso en la Sentencia de 5 de julio de 1982 excluye que la sociedad “esté por ello sometida totalmente en su estructura y sobre todo en sus efectos económicos y patrimoniales al régimen ordinario de la copropiedad”.

En sentido totalmente contrario la Sentencia de 12 de julio de 1996, manifiesta que “el artículo 1669 obliga a la aplicación de las normas de la comunidad de bienes, sin ninguna restricción del articulado a ella dedicado”, así como la Sentencia de 22 de diciembre de 1986, al expresar que “la aplicación de las normas de la comunidad de bienes determina la aplicación de lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, en orden a la presunción que establece respecto a las proporciones atribuibles a los partícipes en la sociedad y sin que tampoco se alcance por qué motivo sea imposible la concreción del capital partible”.

La Administración Tributaria no se manifiesta al respecto, pues entiende que se trata de un tema de índole civil, como así se recoge en la Consulta nº 906-99 de la Dirección General de Tributos de fecha 2 de junio de 1999.

Sin embargo, en una reciente consulta no vinculante con nº 1597-01, de fecha 17 de agosto de 2001, expresa que “las rentas obtenidas por la sociedad civil sin personalidad jurídica que pretenden constituir los consultantes se atribuirán a cada uno de ellos en la proporción que resulte de los pactos existentes entre los socios. Si no existieran dichos pactos se atribuirán por partes iguales”.

Se trata de un tema altamente controvertido en el que no existe una solución unívoca, ni de carácter civil, ni de carácter fiscal.

Por ello debemos apuntar que en el caso de constituir una sociedad civil sobre una Oficina de Farmacia – la cual es aceptada por los Organismos Sanitarios por entender que la misma se encuentra desposeída de personalidad jurídica-, en la que los socios pactan un reparto de beneficios distinto del porcentaje de participación de cada uno de ellos, y efectúan sus respectivas declaraciones de IRPF atendiendo a dicho reparto, dichas declaraciones podrían ser cuestionadas por la Administración, aunque por tratarse de un tema no pacífico, las mismas podrían impugnarse con argumentaciones razonadas, teniendo la última palabra en este caso los Tribunales.

Calificación de las Rentas obtenidas por los socios

Las rentas obtenidas por una sociedad civil que desarrolle una actividad económica, serán atribuidas a sus socios manteniendo el mismo carácter de rendimientos de actividades económicas, ello será con independencia de que alguno de los socios no trabaje efectivamente en la actividad económica desarrollada por la sociedad civil, y participe simplemente de las pérdidas y ganancias obtenidas. Así lo reconoce la Dirección General de Tributos en multitud de resoluciones, entre ellas, la nº 1169-01 de fecha 14 de Junio de 2001, que se manifiesta en los siguientes términos “Si la actividad empresarial se desarrolla por la sociedad civil, los rendimientos que la consultante pueda percibir por su condición de socia de la entidad no se integran en el IRPF como rendimientos de capital mobiliario, sino que su integración se realiza por la vía del régimen de atribución de rentas, constituyendo rendimientos de la actividad económica”.

En cuanto a la posibilidad de que uno de los socios desempeñe más labor en el desarrollo de la actividad de la sociedad civil, y se acuerde la imputación al mismo de un sueldo, ello no resulta fiscalmente recomendable, por cuanto para el socio que percibe dicho salario, no se tratará de un rendimiento del trabajo a efectos del IRPF, sino que dicho importe será más rendimiento de la actividad empresarial, para cuya cuantificación no tendrán la consideración de gasto deducible ningún concepto salarial que corresponda a ninguno de los socios.

El Estado Central precipitó que las Comunidades Autónomas dicten sus propias Leyes, en ocasiones, algo improvisadas y sin base jurídica sólida por el desconocimiento del sector, el Gobierno trasladó, así, la conflictividad a las Autonomías.

1.- ANDALUCIA: Según la Ley 22/2.007 de 18 de diciembre, la oficina de farmacia debe llevar abierta al público 5 años y con la misma persona titular o cotitulares. Dicho plazo no aplicable en caso de fallecimiento, incapacidad laboral permanente, total o absoluta, incapacitación judicial o declaración judicial de ausencia. En el caso de nueva apertura, el solicitante titular de una oficina de farmacia forma parte de una primera fase de adjudicación en la que como máximo se atribuyen un 20% del total de oficinas de farmacia convocadas y además desde la fecha en que se produzca la conformidad en la adjudicación ésta es irrenunciable.

*Ley 22/2007 de 18 de diciembre de Farmacia de Andalucía.

2.- ARAGÓN: La oficina de farmacia debe haber permanecido abierta al público o con la misma titularidad durante 3 años consecutivos, salvo muerte, declaración judicial de ausencia o de incapacidad. En cuanto a los concursos no podrán participar aquellos farmacéuticos que hayan cumplido la edad de 65 años y aquellos otros que sean titulares de una oficina de farmacia en la zona de salud para la que se pretenda la autorización de una nueva apertura. En caso de copropietarios, estos podrán ejercer el derecho de retracto legal cuando se produzca la enajenación de una porción indivisa de la oficina de farmacia a favor de un tercero. En Aragón no se permiten copropiedades con un porcentaje inferior del 25%, se ha abierto la vía a que en un futuro se establezcan condiciones y requisitos para permitir la venta de las oficinas de farmacia. 

*Ley 4/1999 de 25 de marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón.

3.- BALEARES: No existe limitación alguna a los traspasos de oficinas de farmacia por parte de la Comunidad Autónoma, exigiendo simplemente que la farmacia lleve abierta al público y con la misma titularidad, un mínimo de tres años. En el supuesto del concurso, no pueden participar los farmacéuticos de más de 65 años, aquellos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad dentro del territorio de la Unión Europea en un plazo inferior a 3 años desde el momento de presentación de la solicitud. El titular de la oficina de farmacia no podrá transmitirla desde el momento en que haya presentado la solicitud.

*Ley 7/1998 de 12 de noviembre de Ordenación Farmacéutica de las Islas Baleares.

4.- CANARIAS: Las oficinas de farmacia para la transmisión deberán llevar abiertas al público bajo la misma titularidad durante los 10 años anteriores. En el caso de concurso podrán participar los farmacéuticos que no sean titulares ni cotitulares de una autorización de farmacia ni lo hayan sido en los 10 años anteriores a la citada fecha.

*Ley 4/2005 de 13 de julio de Ordenación Farmacéutica de Canarias.

5.- CANTABRIA: La oficina de farmacia debe llevar abierta al público y con la misma titularidad un mínimo de 10 años. La farmacia no podrá transmitirse desde el momento en que el titular haya presentado una solicitud de autorización de apertura de otra oficina de farmacia.

*Ley 7/2001 de 19 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cantabria.

6.- CASTILLA Y LEÓN: En esta Comunidad Autónoma a lo largo de los años, han sido especialmente cuidadosos en no confundir dos conceptos que son muy distintos, como son la licencia administrativa y la funcionarización de la actividad, que atentaría contra la naturaleza jurídica de la oficina de farmacia, establecimiento sanitario privado de interés público.

Igual que en otras Comunidades Autónomas, la oficina de farmacia a la hora de transmitirse no cuenta con otras limitaciones que la de que esté abierta al público y con la misma titularidad un mínimo de 3 años.

En caso de concurso no pueden participar los farmacéuticos que tengan instalada otra en la misma zona farmacéutica para la que se pretenda la nueva apertura. No pueden participar asimismo, los cotitulares con porcentaje igual o superior al 50% y tampoco los farmacéuticos que tengan 65 años o más ni los titulares de una oficina de farmacia.

Si tiene el farmacéutico la oficina de farmacia en otro punto de la geografía nacional, o de la Unión Europea ¿puede la Junta de Castilla y León obligarle a clausurarla? Así como en la normativa de Baleares se hace expresa mención, en el supuesto el Juez no tendría dudas si esta cuestión llegase a los Tribunales.

Un asunto que no estaba bien resuelto, y que a lo largo del tiempo ha generado diferentes sentencias (por ejemplo la RJCA 1998\3852), como en el caso del antiguo Decreto 183/1994, apartado 16, de la Junta de Castilla y León, que estipulaba que los procedimientos de traspaso de oficinas de farmacia se podrían entender desestimados, una vez transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera dictado resolución expresa.

*Ley 13/2001 de 20 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León.

7.- CASTILLA LA MANCHA: La oficina de farmacia deberá llevar abierta al público y con la misma titularidad un mínimo de 6 años y de 3 años para núcleos de población de menos de 500 habitantes.

En caso de concurso no pueden participar los que tengan más de 65 años, farmacéuticos que tengan instalada otra oficina de farmacia en el mismo núcleo de población en el que se solicita la nueva instalación o titulares de oficina de farmacia hasta transcurridos 6 años desde la fecha en que le fue concedida la última autorización de apertura.

*Ley 5/2005 de 27 de junio de Ordenación Farmacéutica de Castilla La Mancha.

La derogada legislación anterior por obra del Tribunal Constitucional, intentaba evitar (según indicaba en su Exposición de Motivos), la obtención de ventas especulativas aprovechando traspasos y traslados, así como la erradicación de prácticas abusivas que obstruyeran la instalación de nuevas oficinas de farmacia. Las oficinas de farmacia en Castilla la Mancha eran intransferibles, y caducaban por las siguientes causas:

• Renuncia de su titular.
• Jubilación.
• Fallecimiento.
• Inhabilitación profesional.
• Incapacitación laboral
• Declaración judicial de ausencia.
• Incompatibilidad legal del titular.
• Por la obtención de una nueva concesión.

Los locales y demás enseres quedaban sometidos al régimen jurídico que les fuera de aplicación en el caso de clausura de farmacias.

En Castilla la Mancha no se permitían las copropiedades de oficinas de farmacia; y se prohibían también las amortizaciones.

Dado que el ínclito Sr. Bono parece que no alcanzaba niveles superiores de responsabilidad, ya que con su animadversión hacia el colectivo de farmacéuticos instalados, el sector se vio seriamente perjudicado, hasta el aterrizaje forzoso del Tribunal Constitucional; incluso se llegó a plantear abiertamente la liberalización total en su Comunidad Autónoma, pues se colapsó su Registro, debido a la avalancha de solicitudes para nuevas instalaciones.

7.- CATALUÑA: El único requisito es que se exigen seis años desde que la oficina de farmacia se abrió al público y a diferencia de otras normativas autonómicas no se exige la permanencia bajo la misma cotitularidad durante ese período. En caso de concurso no pueden participar farmacéuticos de más de 65 años de edad ni aquellos que tengan instalada oficina de farmacia en el mismo municipio o en la misma área básica de salud en la que se solicite la nueva instalación.

*Ley 31/1991 de 13 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cataluña.

8.- EXTREMADURA: Se exige que la oficina de farmacia haya permanecido abierta al público y con la misma titularidad durante 3 años. Pueden participar los titulares de oficina de farmacia si renuncian a la suya o cotitulares si en el momento de la publicación de la convocatoria se comprometen a solicitar la transmisión de su cotitularidad dentro del plazo de 15 días desde que se hace efectiva la apertura de la oficina de farmacia, dejando a salvo los derechos de tanteo y retracto del otro cotitular. Tampoco pueden participar farmacéuticos de 65 años o más.

*Ley 6/2006 de 9 de noviembre de Farmacia de Extremadura.

En esta Comunidad, existía normativa vigente hasta la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional que la derogó y en ella constaban dos artículos, especialmente dañinos para la profesión:

Art. 6: "La autorización administrativa concedida para la instalación de una oficina de farmacia caducará cuando el titular cumpla 70 años", por lo que no podía ser objeto de transmisión.

Art. 14: "Queda prohibida la venta, cesión, traspaso, arrendamiento o cualquier otra forma de transmisión, ya sea por actos inter vivos o mortis causa, de la autorización concedida en su día para la apertura de la oficina de farmacia". En estos casos, se abría un nuevo expediente de autorización, y mientras se dirimía el expediente, era la propia Junta de Extremadura la que nombraba un farmacéutico regente; una vez autorizada, al que se le concedía esta oficina de farmacia, debía mantener todo el personal auxiliar que venía prestando sus servicios en esta oficina de farmacia.

El atropello fue de tal magnitud, que no depararon en la situación del local, existencias, enseres, mobiliario, y demás instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad donde se hallaba ubicada la oficina de farmacia, ¿o también tenía que regalarlos a la Junta de Extremadura?, estos traspasos por la fuerza han sido siempre muy dificultosos, incluso en los procedimientos judiciales, los farmacéuticos se han negado a entregar las llaves de la oficina de farmacia, poniendo innumerables problemas.

9.- GALICIA: Las nuevas oficinas de farmacia concedidas desde la promulgación de su ley de Ordenación Farmacéutica caducarán cuando el titular cumpla setenta años o fallezca, no pudiendo ser transmitidas bajo ningún concepto.

En cuanto a la transmisión anterior, la oficina de farmacia deberá llevar abierta al público 3 años. Respecto al concurso, la adjudicación por resolución firme en la vía administrativa a un farmacéutico titular de una oficina de farmacia de otra de nueva apertura determinará automáticamente la pérdida de la autorización de la primera, aun en caso de renuncia a la nueva oficina adjudicada.

*Ley 5/1999 de 21 de mayo de Ordenación Farmacéutica para la Comunidad Autónoma de Galicia. Cuyo articulado reza:

Art. 23: "La transmisión de oficinas de farmacia estarán sujetas al procedimiento, condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan".

Art. 25:"No podrán traspasar su oficina de farmacia aquellos farmacéuticos que hayan presentado una solicitud para la concesión de una nueva oficina de farmacia; y en caso de que la obtengan la autorización de la primera decaerá automáticamente"

Art. 25.3: "La caducidad de una oficina de farmacia y el consiguiente cierre no afectarán al régimen legal aplicable a los locales, instalaciones y enseres, que se regirá conforme a la legislación civil"

Art. 25.4:"En los casos de sanción administrativa o inhabilitación profesional o penal, no se podrá transmitir dicha oficina de farmacia". No hace falta más comentario.

10.- MADRID: También se exige que la oficina de farmacia lleve abierta al público durante 3 años. Respecto al concurso, las oficinas de farmacia no se podrán transmitir desde el momento en que su titular haya presentado solicitud de autorización de apertura de otra farmacia. Además en casos de cierre obligatorio de una oficina de farmacia por sanción de inhabilitación profesional, administrativa o penal de su titular, éste no podrá transmitirla durante el tiempo en que permanezca cerrada por tales motivos.

*Ley 19/1998 de 25 de noviembre de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

11.- MURCIA: En esta Comunidad Autónoma también se imponen numerosas limitaciones:

Se exige que haya estado la oficina de farmacia haya estado abierta al público y se haya mantenido la misma titularidad durante 3 años. En cuanto al régimen de concurso, "las oficinas de farmacia no se podrán transmitir desde el momento en que su titular haya presentado solicitud de autorización de apertura de otra farmacia. Esta limitación se mantendrá en tanto no se agote la vía administrativa en la resolución del expediente de apertura y en su caso, se extenderá hasta que no se resuelva con carácter definitivo en la vía jurisdiccional. En caso de cotitularidad, las limitaciones sólo afectarán al farmacéutico cotitular que haya solicitado la apertura de una nueva oficina de farmacia.
Cuando el titular de una farmacia obtenga una autorización firme de apertura de una nueva oficina, la autorización originaria decaerá automáticamente así como el derecho de transmisión de la misma. En los supuestos de copropiedad, la pérdida de la autorización afectará al cotitular que hubiese obtenido una nueva autorización de apertura de farmacia; no así al resto de cotitulares que continuarán con el ejercicio de aquella. La caducidad de la autorización y el consiguiente cierre de la farmacia no afectará al régimen legal aplicable a los locales, instalaciones y enseres, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil.

En los casos de cierre forzoso de una oficina de farmacia por sanción administrativa o inhabilitación profesional o penal o de cualquier índole, éste no podrá transmitir dicha oficina de farmacia. 

*Ley 3/1997 de 28 de mayo de Ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia.

12.- NAVARRA: En principio no existen limitaciones, las oficinas de farmacia abiertas al público pueden cambiar de titularidad previa autorización del Departamento de Salud e implican la extinción del Concierto con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. El nuevo titular deberá solicitar la adhesión al Acuerdo Marco.

En cuanto a las nuevas aperturas no se podrán otorgar 2 o más autorizaciones a favor del mismo beneficiario. La propuesta de resolución de la segunda será notificada al interesado para que en el plazo improrrogable de 15 días opte por una de ellas, declarándose el cierre o caducidad de las restantes.

13.- LA RIOJA: La oficina de farmacia debe llevar abierta al público un mínimo de 3 años o desde la última transmisión o traslado salvo que se produzca a favor de un heredero, por jubilación, incapacitación física o jurídica o muerte del farmacéutico titular. Las oficinas de farmacia no se podrán ceder o transmitir desde el momento en que su titular se haya presentado como concursante en un procedimiento de apertura de nueva oficina de farmacia.

No pueden participar en el concurso farmacéuticos de más de 65 años o farmacéuticos que tenga instalada oficina de farmacia en el mismo municipio donde solicite la nueva apertura. No pueden participar en nuevo concurso de oficina de farmacia, aquellos farmacéuticos que hubiesen transmitido o cedido total o parcialmente su oficina de farmacia hasta que no transcurra un plazo de 15 años desde la última transmisión o cesión.

Así también está prohibido en esta Comunidad Autónoma constituir copropiedades con participaciones menores del 25%, es una manera de evitar que se establezcan Sociedades Civiles Particulares (S.C.P.) o Comunidades de Bienes con proporciones ínfimas, y con el único objetivo de cubrirse de cara a su transmisión a los descendientes, en previsión de un futuro reglamento que endurezca estas transmisiones.

*Ley 8/1998 de 16 de junio de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

14.- PAIS VASCO:  Los aspectos más importantes son:

Que la oficina de farmacia lleve abierta al público un mínimo de 3 años o desde la última transmisión salvo por fallecimiento, jubilación, incapacitación o declaración judicial de ausencia del farmacéutico titular. Además el articulado reza:

Artículo 17. La transmisión de las oficinas de farmacia estará sujeta a autorización del Departamento de Sanidad, previamente el transmitente comunicará a la Administración Sanitaria el precio y las demás condiciones generales de la transmisión. La Administración Sanitaria hará público, mediante anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, la apertura de un concurso de méritos para determinar el orden de preferencia para la transmisión entre todos aquellos que acepten las condiciones de la oferta efectuada por el transmitente, en los términos en que figure reflejada ésta en el expediente administrativo. La transmisión se autorizara, una vez valorados los méritos de los solicitantes, en favor de aquel que alcance mayor puntuación. Será requisito indispensable para la participación en dichos concursos que se acredite por parte de los concursantes el cumplimiento de tres años de ejercicio profesional en algún servicio relacionado con la atención farmacéutica.

Todas las transmisiones a título gratuito, así como las transmisiones a título oneroso a favor de los hijos, padres, nietos, hermanos o cónyuge del farmacéutico titular, se autorizarán con arreglo al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
En los casos de jubilación, incapacitación o declaración judicial de ausencia deberá procederse a la designación de un regente para que la oficina de farmacia pueda seguir prestando la atención farmacéutica. La solicitud de designación de regente o, en su caso, de cierre de la oficina de farmacia deberá formularse en el plazo máximo de 10 días desde la declaración de jubilación, incapacitación o ausencia. En ausencia de la solicitud a que se refiere el apartado anterior, se procederá de oficio a iniciar el expediente de cierre de la oficina de farmacia. En los casos de declaración judicial de ausencia o de incapacitación, la regencia tendrá una duración máxima de 10 años, salvo que el declarado ausente o incapacitado tuviere mas de 65 años en la fecha de la declaración, en cuyo caso la regencia tendrá una duración máxima de cinco años. En los casos de jubilación la regencia tendrá una duración máxima de cinco años, periodo durante el cual deberá formalizarse su transmisión o cierre.

*Ley 11/1994 de 17 de junio de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

15.- COMUNIDAD VALENCIANA: La transmisión de la oficina de farmacia sólo puede llevarse a cabo cuando el establecimiento haya llevado abierto al público 10 años, salvo en los casos de fallecimiento, declaración legal de incapacidad, ausencia, invalidez permanente e incapacidad permanente absoluta.

En cuanto al régimen de concursos, los farmacéuticos propietarios de una oficina de farmacia no podrán acceder a la autorización de una nueva en el mismo municipio y no podrán participar farmacéuticos de más de 70 años.

Esta legislación, ofrece, además un derecho de adquisición preferente, conforme otorga la legislación civil, para los copropietarios de una oficina de farmacia.

*Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana.

16. -EXTREMADURA:

Hacemos especial mención de esta Comunidad Autónoma que, gobernada por el Partido Socialista, y que fue la pionera en estas nuevas corrientes legislativas. Al igual que en Castilla la Mancha, hasta la promulgación de la Sentencia del Tribunal Constitucional quedaron prohibidos los traspasos de oficinas de farmacia; para las existentes previas a la entrada en vigor de la Ley, se permitía su traspaso por una sola vez. En la Disposición Transitoria 4ª nos indicaba: "Las autorizaciones de oficinas de farmacia actualmente vigentes, cuyos titulares hayan alcanzado la edad de 70 ó más años, caducarán a la entrada en vigor de la presente Ley".

Finalmente la Ley nos sorprendió con una Disposición Transitoria Segunda: "La titularidad de las oficinas de farmacia existentes a la entrada en vigor de la presente Ley, sólo podrán transmitirse por una sola vez"

Otro tema preocupante es que el Gobierno Autónomo pretendía la apertura de 300 nuevas oficinas de farmacia en la Comunidad Autónoma, para ello, situó el ratio en 1.750 habitantes, permitiendo una nueva por cada incrementos de 1.000, redujo la distancia de 250 a 150 metros, y el núcleo aislado lo podrán constituir "diez edificaciones" sin especificar tamaños ni población. Desde mi personal punto de vista, una auténtica salvajada. La avalancha de peticiones fue tal, que el propio Registro del Gobierno Autónomo está todavía colapsado, los funcionarios se ven incapaces de atender la avalancha de solicitudes, ya que incluso se anunció que podrían liberalizar completamente.

Por ello, los traspasos han sido esporádicos, y la situación, una vez recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y al Tribunal Constitucional, ha sido aprobada. Las 24 farmacias autorizadas irregularmente por el Consejero Alfredo Jimeno fueron clausuradas por el Tribunal Supremo.

Asimismo, la Ley indicaba cuando "se produzca una nueva autorización administrativa para una oficina de farmacia ya autorizada, el titular mantendrá en sus puestos, como mínimo, a los mismos auxiliares y Ayudantes Técnicos en farmacia que vinieran prestando servicios de carácter laboral con anterioridad".

Previsiblemente, se abrieron en torno a esta Comunidad Autónoma un buen número, pues el ratio se sitúaba en 1.800 habitantes, y sólo se requieren 400 para que se considerase núcleo aislado y se concediese una nueva autorización, por lo que en todos los municipios, pedanías, poblados o entidades locales que superaran esta cifra, podrían disponer de una farmacia en breve plazo. La Ley indicaba claramente que pretendía abortar cualquier posibilidad de especulación.

Esta situación como anunciábamos cambió, ya que por un lado el Tribunal Constitucional se posicionó en contra, y por otro, si el Partido Conservador se hiciese con las Comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura, han prometido que cambiarían esta situación.

Asimismo, el Excmo. Sr. D. Iñigo Cavero, Presidente del Consejo de Estado, en unas jornadas sobre Derecho Farmaceutico, declaró que las limitaciones impuestas en estas dos Comunidades Autónomas eran insostenibles, y que probablemente el Tribunal Constitucional las anulara como así ha sucedido.

17.- ASTURIAS:

Para proceder a la transmisión de la oficina de farmacia, ésta deberá haber permanecido abierta al público y mantenido la misma titularidad o cuota de titularidad si fuera el caso, durante seis años consecutivos. No podrán constituirse co-titularidades sobre oficinas de farmacia  con cuotas inferiores al 25% de la misma. En caso de muerte, incapacitación legal o reconocimiento de una incapacidad permanente del farmacéutico titular de una Oficina de Farmacia, la transmisión de la misma se deberá efectuar  en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la fecha de la producción del hecho causante. En el supuesto de ausencia legal del titular de la oficina de farmacia, el plazo para efectuar la transmisión será de dieciocho meses. Otra excepción a la limitación general será cuando el farmacéutico titular cumpla la edad de los sesenta y cinco años, que deberá proceder en este caso a la transmisión en un plazo de 60 meses, incluso si existe cierre obligatorio o clausura de la oficina de farmacia, único supuesto en el que estando cerrada la farmacia o clausurada podría transmitirse. En el caso de divorcio de cotitulares, se podrá transmitir la farmacia a los dos años, sin tener que esperar a los seis desde la anterior transmisión.

*Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de Atención y Ordenación Farmacéutica.

18.- CEUTA Y MELILLA:

a)    Farmacías turísticas que facturan muy pocas recetas al mes.

b)    Farmacéuticos cansados de las continuas dilaciones en el pago, por parte de las consejerias de sanidad.

Son casos puntuales, pero que existen. Vivimos la paradoja de que se obliga a la farmacia a dispensar recetas, pero se exigen unos requerimientos técnicos elevados (modems, lectores de tarjetas…), que, para algunas farmacias con una venta de recetas testimonial, no les resulta rentable.

También están incómodas algunas farmacias dados los permanentes retrasos por parte de la Administración.

Sin embargo, hay algunas sentencias que obligan a la farmacia a dispensar recetas, por ejemplo la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su día, denegó la petición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra para que los farmacéuticos pudiesen cobrar íntegramente las recetas al usuario.

En opinión de la Sala, si la venta del medicamento es y era en aquel momento una compraventa, el comprador no es sólo una persona sino dos: el usuario y la Seguridad Social. La Sala entinede que es una compraventa mancomunada no solidaria, por lo que el vendedor no puede reclamar la totalidad del precio a uno solo de los compradores: ha de hacerlo a cada uno la parte que le corresponda, y esto viene determinado por las normas.

La finalidad del concierto entre los colegios de farmacéuticos y la Seguridad Social es determinar, cómo, cuándo, con qué requisitos y con qué trámites se van a regular las gestiones de cobro por parte de los farmacéuticos.

Los farmacéuticos de Navarra, en su día, dejaron de financiar el precio de las recetas al Servicio Navarro de la Salud, por lo que se procedió a cobrar las recetas al usuario y que fuera éste quien se dirigiera a la Administración para su reembolso.

La Sala entendió que ésto iba a modificar, por primera vez en España, desde hacía 40 o 50 años, el sistema de dispensación de medicamentos. Se acotaba únicamente al ámbito territorial de Navarra o por lo menos a la Sala no le constaba que se hubiera hecho nunca en otra parte del territorio nacional. 

En opinión del Tribunal, esta actitud producía en los usuarios la imposibilidad de adquirir los medicamentos en la forma que tienen derecho según la legalidad vigente; y en muchos de ellos, la imposibilidad de adquirirlos de ninguna forma, dadas sus escasas posibilidades económicas.

Todo ello justificaba, a criterio de la Sala, la medida adoptada por el Gobierno de Navarra, por la que se autorizaba al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para establecer las medidas oportunas que garantizasen el suministro centralizado de medicamentos en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.  En caso contrario, la medida de fuerza adoptada por el Colegio Oficial y por los farmacéuticos en particular, podía acabar generando, en poco tiempo, una situación de alarma social.

Desde nuestro punto de vista, los Tribunales hacen mucho hincapié en los derechos de los usuarios, pero también deberían valorar más los derechos de libertad de empresa de los farmacéuticos. 

No se debería obligar a cumplir un convenio que unilateralmente se modifica por parte de la Adminitración.

SÍNTESIS 

Antecedentes por tema de liquidez en el pago de las recetas-caso navarro.

Tras la extinción del concierto celebrado entre el servicio navarro de salud y la representación corporativa de las oficinas de farmacia.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra adoptó por mayoría, dejar de financiar el precio de las recetas al servicio navarro de la salud, por lo que se procedió a cobrar las recetas al usuario y que fuera éste quien se dirigiera al servicio navarro de salud para el reembolso del importe.

Posteriormente el Gobierno de Navarra adoptó un acuerdo mediante el que autorizaba al servicio navarro de salud a dispensar medicamentos directamente al público en los “puntos de distribución que determine el citado organismo autónomo”. 

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia-Sala de lo Contencioso, de fechas 17 de Mayo y 18 de Noviembre de 2002 (*Cendoj) que resuelven la apelación interpuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Parece que el Colegio apelante sí que ejercitó a juicio de la Sala, una potestad administrativa y ello con independencia de que tuviera o no competencia para ello y de que el acto fuera o no conforme a derecho y también con independencia de que se adoptara o no por cada Farmacéutico en el ejercicio de su profesión. 

Se trataba de un acto administrativo que limitaba derechos subjetivos o intereses legítimos. Concretamente –reza la Sentencia de 17 de Mayo de 2002- el de los pensionistas y beneficiarios de la Seguridad Social; el 90% de la población aproximadamente. Además de haberse tratado de un acto administrativo carente de motivación.

Se alude al artículo 43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección a la salud y a las prestaciones y servicios necesarios. Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado, entre otras, por la Ley 14/1986 de Sanidad y la Ley 25/1990 del Medicamento –en aquel momento en vigor.

De lo dispuesto en los artículos 10-14; 103 de la primera y 3; 88 y 93 de la segunda se desprende que las Oficinas de Farmacia están obligadas, es decir, no es una facultad que libremente se lleva a cabo por mor del ejercicio de una profesión, sino que están obligadas por ley a dispensar el medicamento; en segundo lugar, tal dispensación debe hacerse en la forma reglamentariamente establecida.

A mayor abundamiento, en lo que afecta al acuerdo recurrido del Colegio de Farmacéuticos de Navarra hay que distinguir 2 supuestos:

1.-Cuando el usuario del medicamento es libre o privado el Farmacéutico tiene derecho a cobrar del usuario el importe total del medicamento.

2.-Por el contrario, cuando el usuario es un pensionista o un beneficiario de la Seguridad Social o un régimen asistencial asimilado y acude a una Oficina de Farmacia para adquirir un medicamento en base a una receta médica expedida en las condiciones establecidas, el Farmacéutico no tiene derecho a cobrar al usuario el importe íntegro del medicamento.

En su consecuencia, conforme a la citada Sentencia, el acuerdo del Colegio de Farmacéuticos de Navarra de 10 de Octubre de 2000, contradijo el sistema legalmente establecido.

Si la venta del medicamento es y era en aquel momento una compraventa, se trata de una compraventa en la que el comprador no es sólo una persona sino dos: el usuario y la Seguridad Social, y se trata de una compraventa mancomunada no solidaria por lo que el vendedor no puede reclamar la totalidad del precio a uno solo de los compradores sino a cada uno la parte que les corresponda, y lo que le corresponde a cada uno viene determinado por las normas. 

La finalidad del concierto entre los Colegios de Farmacéuticos y de la Seguridad Social es determinar, cómo, cuándo, con qué requisitos y con qué trámites se va a regular las gestiones de cobro por parte de los Farmacéuticos a la Seguridad Social.

Respecto a las competencias relativas al control de la situación por Sentencia de 18 de Noviembre de 2002 mencionada, en virtud del artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1986, entiende más coherente con el sistema que intervenga la Administración de la Comunidad Autónoma que no la estatal.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Una Oficina de Farmacia es un establecimiento público sanitario, dado el interés público en la correspondiente dispensación de medicamentos por un profesional competente, pero ello no significa ni que el Titular sea funcionario público o ejerza un cargo público, ni siquiera que estemos en presencia de un servicio público en sentido técnico jurídico según los principios y criterios que inspiran nuestro ordenamiento.

Todas las sentencias entienden que no resulta aplicable el artículo 23.2 de la Constitución, referente a que cualquier ciudadano puede desempeñar un cargo público. Regentar como titular una oficina de farmacia, dice el Supremo, no supone ejercer un cargo público o una función pública, sino que es una variedad o modalidad del ejercicio profesional de los licenciados en farmacia. 

Para el Tribunal, debe mantenerse que una oficina de farmacia es un establecimiento público sanitario, dado el interés público en la correspondiente dispensación de medicamentos por un profesional competente. Pero ello no significa ni que el titular sea funcionario público o ejerza un cargo público, ni siquiera que estemos en presencia de un servicio público en sentido técnico jurídico, según los principios y criterios que inspiran nuestro ordenamiento.

El ser funcionario público tiene unas ventajas y unas obligaciones, que no son de aplicación al farmacéutico que es propietario de una farmacia.

SÍNTESIS

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 22 de Enero de 2004. (*Cendoj)

Apertura de oficina de farmacia. Diversos Licenciados solicitan del Colegio Provincial de Alicante autorización de apertura de oficina de farmacia para el mismo municipio, en unos casos de acuerdo con el artículo 3.1. del Decreto 909/1978, de 14 de abril, y por tanto para cubrir la cuota de población de una farmacia por cada cuatro mil habitantes, y en otros al amparo del artículo 3.1. apartado a) del mismo Reglamento por alegarse que se había producido un aumento de población de más de cinco mil habitantes. 

El Colegio Provincial acumuló los distintos expedientes con resolución denegatoria. Contra esta resolución se interpusieron recursos ordinarios ante la Consejería de sanidad y Consumo Valenciana. A su vez, contra esta resolución se interpuso recurso contencioso cuya sentencia recaída se dicta con fallo desestimatorio. Contra esta sentencia se recurre en casación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

La sentencia entiende que no resulta aplicable el artículo 23.2 de la Constitución, ya que regentar como Titular una Oficina de Farmacia no supone ejercer un cargo público o una función pública, sino que es una variedad o modalidad del ejercicio profesional de los Licenciados en Farmacia. 

Aduce a otros argumentos del Tribunal Constitucional, a colación con el supuesto. En especial a la sentencia del Tribunal Constitucional 10/1998 de 13 de enero. En ella se trata la doctrina conforme a la cual, un concursante excluido erróneamente que no recurrió en tiempo y forma, si la resolución errónea es corregida por obra de un recurso interpuesto por terceros, se ve favorecido por la obligación de la Administración de dispensar un trato igual a todos y resolver el recurso a la luz del artículo 23.2 de la Constitución decidiendo conforme a los méritos.

Esta solución debió aplicarse en el caso de autos, por lo que el Tribunal a quo debió fallar en el sentido de que en vía administrativa resultaba obligado otorgarle la autorización de apertura de farmacia aplicando el baremo de méritos, aunque no se tratase de uno de los recurrentes. Toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia no hizo esta declaración, se entiende contraviene los criterios que deben presidir la interpretación del ordenamiento jurídico.

El Tribunal Supremo se halla vinculado por las reglas propias del recurso de casación y justifica la desestimación del recurso.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Thu, 16 Dec 2010 +0200 No se valora de igual forma la condición de titular exclusivo de una oficina de farmacia que la de cotitular, a la hora de baremar la experiencia en los expedientes de nueva apertura de farmacias.

Así, la normativa autonómica de Aragón, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, establece que el mérito por la experiencia del cotitular será proporcional a su participación en la farmacia.

Esta polémica que genera mucha inquietud en sector, ya se sentenció hace tiempo, así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de marzo de 2005, avaló a la Diputación General en el contencioso interpuesto por dos farmacéuticos que impugnaron el reglamento regulador para la apertura de oficinas de farmacia y botiquines.

Podríamos argumentar que, en relación con la experiencia profesional, los cotitulares tienen las mismas obligaciones y cargas que los titulares únicos, de conformidad con la normativa autonómica de Ordenación Farmacéutica. Esta normativa define, como requisito inexcusable del servicio farmacéutico, la presencia y actuación profesional en la oficina de farmacia de, al menos, un farmacéutico colegiado. De manera que el hecho de que ésta pertenezca a más de un profesional, en absoluto puede significar que cualquiera de ellos pueda quedar exento de dicha obligación. Y, en consecuencia, en situación de abandono de su ejercicio profesional como farmacéutico de oficina de farmacia.

El Tribunal de Aragón, en sentencia similar a otra del Tribunal Superior del Principado de Asturias, desestimó los argumentos de los farmacéuticos recurrentes.

SÍNTESIS

Se impugna el Decreto 38/2001 de 13 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se aprobó el Reglamento regulador de las condiciones y procedimientos para la apertura, transmisión, traslado, funcionamiento, modificación y cierre de las oficinas de farmacia y botiquines y, en concreto se interesa la nulidad de los preceptos relativos a si el ejercicio profesional alegado lo fuera como cotitular.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de Marzo de 2005. (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se discute que el Decreto valore, en relación con la experiencia profesional, la titularidad de una Oficina de Farmacia en forma proporcional a la cuota que se ostenta sobre la misma por considerar que los cotitulares tienen las mismas obligaciones y cargas que los titulares únicos. Basa su fundamentación en el artículo 9.1 de la Ley 4/1999 de 25 de Abril de Ordenación Farmacéutica para Aragón que define como requisito inexcusable del servicio farmacéutico, la presencia y actuación profesional en la Oficina de Farmacia de al menos un Farmacéutico colegiado. El hecho de que la farmacia pertenezca a más de un profesional, en absoluto puede significar que cualquiera de ellos pueda quedar exento de su obligación de presencia y actuación profesional y, en consecuencia, en situación de abandono de su ejercicio profesional como Farmacéutico de Oficina de Farmacia.

En sentido semejante se pronunció el Tribunal Superior de Justicia en Sentencia de 28 de Noviembre de 2001 haciendo referencia al Decreto 27/98 de 18 de Junio de Ordenación de Oficinas de Farmacia y Botiquines del Principado que, al regular los baremos de méritos en procesos de autorización de apertura de oficinas de farmacia, preveía: “En el caso de que se pretenda la cotitularidad de una Oficina de Farmacia y no se trate de más de dos cotitulares, se sumará el 50% de la puntuación de méritos a cada uno” reconociéndose también, aunque desde otra perspectiva, que no puede valorarse de igual forma la condición de titular exclusivo de una Oficina de Farmacia que la de cotitular de la misma.

Por otra parte, se ha tratado de favorecer el acceso a la titularidad de una Oficina de Farmacia a personas que por primera vez optaban a esta modalidad de ejercicio profesional, premiándose por tanto en el baremo de referencia la condición de no ser titular de ninguna y, consiguientemente, el renunciar a la titularidad habiéndola ostentado.

Asimismo dispone el Decreto en su artículo 11.3 que “No podrán participar en los concursos los Farmacéuticos que ya sean titulares o cotitulares de una Oficina de Farmacia en la Zona de Salud para que se pretende la autorización de nueva apertura, salvo en las Zonas de Salud no urbanas cuando la nueva apertura sea en otro municipio.”

En definitiva se desestima el recurso y se confirma la disposición impugnada por ser conforme a Derecho según el Tribunal.

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Tue, 09 Mar 2010 +0200 La oficina de farmacia es una empresa mercantil de naturaleza peculiar. Estas peculiaridades tienen que ver con la función social que presta, porque puede integrar una herencia o una comunidad matrimonial y porque fiscalmente ha sido considerada como tal. Estos argumentos los apoyan diversas sentencias del Tribunal Supremo.

La farmacia, sin constituir un servicio público, es una actividad privada de interés público. Se trata de una empresa vinculada al servicio sanitario, reglamentada e intervenida en su apertura y funcionamiento; pero también es un patrimonio que se puede heredar.

En la comunidad matrimonial, se acepta como criterio mayoritario el que la farmacia pueda ser considerada empresa, y por tanto susceptible de integrar los bienes gananciales. La duda de si puede ser propiedad del cónyuge no farmacéutico, en régimen de condominio ordinario o contrato de sociedad, que es el tipo de regímenes aplicables a la separación de bienes o a las parejas de hecho. En cualquier caso habrá que probar sí ha existido una voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal o no.

En el orden tributario, las transmisiones de farmacia se contemplan como la transmisión de un negocio en funcionamiento con todo el activo material e inmaterial; todo ello implica  transmisión del patrimonio empresarial, precepto que debe entenderse como la transmisión de la empresa como tal;  es decir, como un conjunto de elementos patrimoniales,  que pueden ser explotados.

La Ley General de Sanidad declara genéricamente la libertad de empresa pero los farmacéuticos con farmacia abierta al público, dado el rígido control legal sobre la apertura de nuevas oficinas, no pueden invocarla, según el Tribunal Supremo. Es sólo una libertad de empresa regulada legalmente para los farmacéuticos ya establecidos, e inexistente para los aspirantes. Estos no pueden abrir una oficina de farmacia a su voluntad sino que tienen que participar en un concurso administrativo.

Las peculiaridades de la empresa farmacéutica están ratificadas por varias sentencias del tribunal supremo. Entre las más recientes están las de la Sala de lo Contencioso de 2 de diciembre, y 16 y 11 de marzo de 2010 y la de la Sala de lo Civil de 16 de marzo del mismo año.

SÍNTESIS

Análisis jurisprudencial de la oficina de farmacia como empresa.

Tribunal Supremo, jurisdicción contencioso-administrativa y jurisdicción civil. Sentencias: 

1.-STS, Sala de lo Contencioso, de 2 de Diciembre de 2010 (*Cendoj)

2.-STS, Sala de lo Civil, de 16 de Marzo de 2010 (*Cendoj)

3.-STS, Sala de lo Contencioso, de 16 de Marzo de 2010 (*Cendoj)

4.-STS, Sala de lo Contencioso, de 11 de Marzo de 2010 (*Cendoj)

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

1.- CANARIAS. EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD HEREDITARIA. PUNTO DE VISTA CIVIL

La Oficina de Farmacia, puede atender a dos vertientes:

Como establecimiento destinado a la prestación de un servicio sanitario en interés general, al que atiende el régimen de intervención administrativa a través de un sistema de autorización funcional  es el único aspecto sobre el que se pronuncia esta jurisdicción contencioso-administrativa.

Y otra vertiente relativa a su consideración comercial, como empresa o conjunto de bienes organizados y productor de rendimientos económicos, regulada por el Derecho privado, cuyas cuestiones litigiosas han de ventilarse en sede de la jurisdicción civil, en su caso, entre los coherederos.

En efecto el estatuto regulador de la Oficina de Farmacia se compone de unas normas de carácter público, que protegen el interés sanitario, y, junto a ellas, les resultan también aplicables las de Derecho privado que regulan los aspectos patrimoniales del establecimiento y, entre ellas, las que conciernen a la sucesión hereditaria.

Como resulta de nuestra jurisprudencia, la Oficina de Farmacia no deja de ser una empresa mercantil de naturaleza peculiar en razón de la tutela administrativa de la función social que presta, ya que, sin constituir un servicio público, en sentido técnico y propio, sí es una actividad privada de interés público; y este dato teleológico marca el criterio interpretativo que debe prevalecer al interpretar la normativa administrativa aplicable.

La Oficina de Farmacia es, por tanto, una empresa vinculada al servicio sanitario, y por ende, reglamentada e intervenida en su apertura y funcionamiento pero también es un conjunto patrimonial para el ejercicio de la actividad que le es propia, susceptible de integrar la herencia. (…)

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 2 de Diciembre de 2010. (*Cendoj)

La Sentencia se hace eco de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de Abril de 2001, en cuanto a que lo único que puede reconocerse en esta jurisdicción –refiriéndose a la contencioso-administrativa-, a la recurrente es la titularidad de la autorización administrativa, no de la Oficina de Farmacia como elemento patrimonial integrante de la herencia del causante, por lo que tal reconocimiento es sin perjuicio de las decisiones que puedan adoptarse, en el ámbito civil, en relación con la administración o división del patrimonio relicto.

2.- CANARIAS. EN RUPTURAS MATRIMONIALES. DESDE EL PUNTO DE VISTA CIVIL

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de Marzo de 2010 (*Cendoj)

Accede a este Tribunal la determinación del carácter común, al 50% entre ambos litigantes, o privativo de los siguientes bienes y derechos que finalmente se han considerado de carácter privativo del esposo Farmacéutico: 

a)    la cotitularidad sobre los beneficios económicos que deriven de la explotación material de la farmacia de la que es titular el demandado y, en su caso, de su venta o traspaso, contados a partir de la fecha de interposición de la demanda

b)    la cotitularidad sobre el valor de las participaciones de la Cooperativa de Farmacéuticos

c)    la cotitularidad sobre determinadas cuentas corrientes propias del negocio

La consideración del carácter privativo de tales bienes y derechos viene justificada por la sentencia recurrida en los siguientes términos:

“aunque aceptemos como criterio mayoritario el que la farmacia pueda ser considerada empresa, y por tanto susceptible de integrar los bienes:

*gananciales

*o de apropiarse por no Farmacéuticos, en régimen de condominio ordinario

*contrato de sociedad

(tipo de regímenes aplicables al régimen económico de separación de bienes o parejas de hecho)

En el caso presente, dado que entre los cónyuges existe separación de bienes, el carácter comunal del bien tiene que probarse sin estar beneficiado de presunción de comunidad alguna, antes al contrario, ya que el Farmacéutico, es exclusivamente el esposo.

Se añade que no existe prueba suficiente de que haya existido una voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal, pues los actos expresados de participación de la esposa no van más allá de la ordinaria implicación del cónyuge en la colaboración de las actividades del cónyuge, y al levantamiento de las cargas familiares, que también existen como elemento común en el  régimen de separación de bienes.

A mayor abundamiento se considera que no queda acreditado que haya existido una voluntad de establecer la empresa de farmacia como bien comunal por el hecho de que en determinadas declaraciones, a efectos fiscales, se hiciera constar una titularidad común o que se suscribieran en igual determinados préstamos.

3.- GALICIA. DESDE EL PUNTO DE VISTA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Respecto impugnación Decreto 278/02 de 12 de septiembre del mapa farmacéutico y delimitación territorial para la autorización de nuevas oficinas de farmacia conforme a módulos de población.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 16 de Marzo de 2010. (*Cendoj)

Se hace eco de la Sentencia de instancia que argumenta que por lo que hace a la libertad de empresa la protesta no es admisible, pues pese a las declaraciones genéricas de los artículos 88 y 89 de la Ley General de Sanidad, si alguna profesión no puede invocarla es precisamente la de los Farmacéuticos con farmacia abierta al público, dado el rígido control legal sobre la apertura de nuevas oficinas, por lo que esa libertad solo puede ser entendida en los términos en que esté regulada legalmente, y desde luego no parcelada para reconocerla sin restricciones a los titulares ya establecidos al tiempo que se niega a los nuevos aspirantes. 

4.- VALENCIA. DESDE EL PUNTO DE VISTA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Respecto a la unificación de doctrina del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 11 de Marzo de 2010. (*Cendoj)

Se hace eco de la Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de Noviembre de 2006,  que transcribe en cuanto:

En el caso que nos ocupa, el titular transmitió en Septiembre de 1997, una Oficina de Farmacia por un precio de (601.012 Euros) ; se trata por tanto de la transmisión de un negocio en funcionamiento con todo el activo material de la misma; todo ello implica (…) transmisión inter vivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional, precepto que debe entenderse como la transmisión de la empresa como tal, es decir como conjunto organizado de elementos patrimoniales, susceptible de ser inmediatamente explotado. Esto quiere decir que en la venta de la empresa no se produce la desafectación de los elementos transmitidos, lo que pudiera producir incrementos o disminuciones de patrimonio al margen de la actividad (…).

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. ]]> Wed, 08 Oct 2008 +0200

Los rendimientos de la actividad de farmacia, en tanto que empresariales, se consideran obtenidos  por el titular de la misma. Con independencia del régimen económico matrimonial aplicable a los cónyuges; en todo caso, la determinación de la renta tendrá en cuenta su origen. Este tema quedó zanjado con la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 26 de julio de 2004. 

Conforme a la legislación tributaria vigente en ese momento, la Audiencia resolvió que la colaboración de la esposa en la farmacia podría dar lugar a desgravar su retribución; pero no a la atribución de rendimientos por mitad de la actividad de la farmacia. 

Un farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife, inspeccionado por la Agencia Tributaria, se defendió de la imputación de mayores ingresos íntegros, alegando que él había hecho declarar a su cónyuge.

La Sentencia dice que la comunidad de gananciales no convierte en gananciales los beneficios de los bienes comunes. Por ello, según la Audiencia, no puede hablarse de imputación de las rentas obtenidas por uno de los cónyuges a favor del otro, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En los informes ampliatorios de la inspección, se indica que es el farmacéutico quien obtiene el rendimiento de la actividad empresarial y no conjuntamente con su esposa.

SÍNTESIS

Individualización de los rendimientos de la actividad empresarial de farmacia.

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso de 26 de Julio de 2004. (*Cendoj)

El Farmacéutico, obligado tributario desarrolló durante los ejercicios comprobados por la Inspección, la actividad de Farmacia, estando dado de alta en el epígrafe correspondiente de la Licencia Fiscal. 

Según las comprobaciones efectuadas procede incrementar el rendimiento neto de esta actividad por los siguientes conceptos:

*Mayores ingresos íntegros que deben ser imputados al contribuyente por ser quien realiza de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de los recursos humanos afectos a la actividad y que fueron declarados por su cónyuge.

*Mayores gastos deducibles imputables al obligado tributario y que igualmente habían sido computados por su cónyuge.

*Menores gastos deducibles que corresponden, en unos casos, a gastos declarados que no se justifican documentalmente, entre otros, a gastos que se justifican con facturas que no reúnen todos los requisitos reglamentarios y finalmente, existen desembolsos que no constituyen gastos corriente, sino compra de inmovilizados. 

*Asimismo procede acumular la parte de los pagos fraccionados que fueron consignados por la cónyuge del obligado tributario en sus correspondientes declaraciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Así en relación con la imputación de los rendimientos la Audiencia Nacional viene declarando que el matrimonio como institución, además de crear vínculos de naturaleza personal, genera una serie de relaciones de carácter económico que se derivan de lo establecido en los artículos 67 y 68 del Código Civil.

Estos efectos obligacionales del contenido económico se producen desde la existencia del matrimonio, siendo indiferente el régimen económico matrimonial que los cónyuges estipulen o que legalmente se le atribuya, pues la finalidad de su establecimiento es la indicada en el artículo 1318 del Código Civil, es decir, la del “levantamiento de las cargas del matrimonio”,  a cuyo fin, “están sujetos” los bienes de los cónyuges.

La sociedad de gananciales es uno de los sistemas reguladores del régimen económico matrimonial y mientras subsista el matrimonio o los cónyuges no adopten otro sistema “se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos”, ganancias o beneficios que “serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla”(artículo 1344 del Código Civil).

Por otra parte, la calificación ganancial de un bien viene determinada por el propio Texto legal (artículo 1347) sin perjuicio de la “facultad compartida”, reconocida en el artículo 1355.

Es cierto que el artículo 1347.1 del Código Civil, establece que son bienes gananciales “los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de os cónyuges”, pero ese “hacer común” no supone difuminar la titularidad ni el origen de la renta obtenida y aportada puesto que “se hacen comunes” para cumplir un fin que se prolonga mientras subsista ese sistema de régimen económico matrimonial.

Los razonamientos de la Audiencia Nacional postulan la aplicación de las siguientes reglas:

1)    Determinación de la renta de los sujetos pasivos. Cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio aplicable a los cónyuges, la determinación de la renta de los sujetos pasivos tendrá en cuenta el origen o fuente de la misma, conforme a los criterios siguientes (…) los rendimientos  de actividades empresariales, profesionales o artísticas se consideran obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa, la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades empresariales, profesionales o artísticas.

2)    En la base imponible se integrarán exclusivamente las rentas obtenidas por cada sujeto pasivo.

Ya los criterios de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989 apuntan a que la renta se entenderá obtenida por los sujetos pasivos en función del origen o fuente de la misma, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio, por tanto, se habrá de estar al carácter personal o real de la renta obtenida, además de lo contemplado en las reglas de “individualización” que la Ley del impuesto contenga, sin que esto suponga confusión o difusión entre los titulares del rendimiento o entre los sujetos pasivos.

Se dice también en dicha Sentencia que mientras exista la comunidad de gananciales no puede hablarse de atribución legal de ganancias o beneficios de los bienes comunes y por ello, de imputación a efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las rentas obtenidas por uno de los cónyuges a favor del otro, pues no existe una remisión absoluta e incondicional de la norma tributaria a la civil.

En los informes ampliatorios de la inspección, se indica que es el obligado tributario, quien realiza la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos afectos a la actividad de forma habitual, personal y directa. Él es quien obtiene el rendimiento de la actividad empresarial y no conjuntamente con su esposa.

Conforme a la legislación sobre la Renta vigente en ese momento, la Audiencia resuelve que la colaboración de la referida esposa en la farmacia podría dar lugar a la declaración como gastos de la retribución satisfecha –en el caso de que así se hubiera producido- pero no a la atribución de rendimientos por mitad de la referida actividad.

Así también, el carácter ganancial, dice la Audiencia que no se desvirtúa:

1.-Porque el título universitario de Farmacéutico sea un bien privativo pues ello no impide que el negocio de farmacia, explotado por su titular, no pueda ser común.

2.-La autorización administrativa es determinante para la valoración de la Oficina de Farmacia, dado que no es sólo una autorización para ejercer la actividad, sino para ejercerla en un local porque se cumplen en él una serie de requisitos, pero el hecho de que sea una actividad reglamentada por razones de interés no desvirtúa su condición de empresa comercial susceptible de tráfico.

3.-La legitimación farmacéutica, en virtud del principio de indivisibilidad propiedad-explotación de la farmacia a favor de su titular autorizada, atribuye la titularidad dominical al farmacéutico, pero la propia legislación sanitaria recoge algunas excepciones a este principio de individualidad, como es el caso del derecho que se otorga durante un tiempo a los herederos y cónyuge del farmacéutico fallecido.

En cambio no regula la situación del farmacéutico casado en régimen de gananciales, que no es sino indiferencia, pues el hecho de que sea o no ganancial es una situación de interés particular o privado que en nada afecta a la titularidad efectiva de la salud pública. 

Se aduce además que los actos dispositivos sobre la farmacia ganancial, sometidos por el Código Civil a la regla de gestión conjunta de los esposos no contradicen la regla administrativa de la indivisibilidad de la propiedad; explotación de la farmacia a cargo de su titular, pues no entran en su ámbito de aplicación, citando para ello varios supuestos:

a) Transmisión de la farmacia ganancial

b) Cambio de actividad a otro lugar

c) Decisión de vender productos de parafarmacia

d) Renuncia a la oficina ganancial

En ellos se precisaría la decisión conjunta de ambos cónyuges.

 

(*)Fuente de información: Centro de Documentación Judicial.

Verificación de la disociación de datos de carácter personal conforme a la LO 15/1999 de 13 de Diciembre, y cumplimiento del Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias, salvo error u omisión involuntarios. 

Nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la calificación de la Oficina de Farmacia como empresa. Se entiende también como un establecimiento mercantil dotado de fondo de comercio, por el que las entidades financieras han apostado bravamente y han hecho uso de la hipoteca mobiliaria al efecto.

Aunque coloquialmente, se habla de la hipoteca mobiliaria sobre el fondo de comercio de la farmacia, en realidad se constituye sobre el establecimiento mercantil. Ya en la Exposición de Motivos de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, se alude a los problemas que esta figura entraña.

Desde el Gabinete López-Santiago, hemos hecho un volcado jurisprudencial para analizar la posible conflictividad de esta herramienta financiera, que tanto usamos en la adquisición de oficinas de farmacia, y gratamente hemos podido comprobar que apenas existe litigiosidad que deje rastro en nuestros Tribunales.

LITIGIOSIDAD JURISPRUDENCIAL DE LA HIPOTECA MOBILIARIA EN FARMACIA

Nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la calificación de la Oficina de Farmacia como empresa, desde un punto de vista práctico y real, además de jurisprudencial soslayado por el Tribunal Supremo desde los años 40, y muy reiteradamente.

Dicho esto, se entiende también como un establecimiento mercantil dotado de fondo de comercio, por el que las entidades financieras han apostado bravamente y han hecho uso de la hipoteca mobiliaria al efecto, pero sobre el primero, es decir, sobre el establecimiento mercantil, en calidad de ente tangible, sobre el segundo en propiedad, no podría constituirse al tratarse de inmovilizado inmaterial de difícil cuantificación.

Ya en la Exposición de Motivos de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento se alude a los problemas que esta figura entraña.

"Hipoteca de establecimiento mercantil"

La diversa terminología empleada en la doctrina científica para designar la empresa, hacienda, casa o establecimiento mercantil, las diferentes construcciones teóricas de la empresa, desde las que la consideran como un ente jurídico unitario al modo de una universalidad, hasta las negativas, que no admiten el concepto unitario de la empresa y la especial naturaleza de las cosas o elementos que la integran, son cuestiones que han sido objeto de muy detenido estudio por la evidente trascendencia que tiene para el desenvolvimiento de la hipoteca.

Se ha creído que debe consagrarse preferente atención al establecimiento, como base física de la empresa, como elemento más permanente de la misma y como bien que, en nuestra vida real, es por sí solo objeto de posible transmisión y tiene un valor intrínseco y objetivo, en cierto modo independiente de la actividad del comerciante y de los demás elementos de la empresa. Por estas razones, y habida cuenta de los precedentes de Derecho comparado y del proyecto de Código de 1926, el objeto fundamental y directo de la hipoteca es el establecimiento mercantil. Su hipotecabilidad no deriva de ser uno de los elementos de la empresa, sujeto al gravamen como los demás, sino que es la base del derecho real; es el soporte objetivo de la hipoteca, que, apoyada en él, puede extenderse a otros elementos de aquélla.

Para que el establecimiento sea hipotecable se precisan dos requisitos: que el hipotecante sea su titular, dueño o arrendatario, y que no tenga limitada la facultad de traspasar. La titularidad más frecuente del establecimiento mercantil deriva del arrendamiento; sin embargo, se ha estimado conveniente permitir al dueño que explota su propio local industrial o comercial, acogerse a esta forma de garantía, pues no debe ser para ello de peor condición el industrial o comerciante que desarrolla su actividad en un inmueble propio que el que lo hace en un local arrendado. La hipoteca constituida por el dueño sobre el establecimiento será por completo independiente de la que pudiera constituir sobre el inmueble de su propiedad; de aquí el precepto que establece que quien adquiera el establecimiento mercantil hipotecado, en virtud de ejecución tendrá el carácter de arrendatario del local en los términos previamente establecidos en la escritura de constitución de la hipoteca. De esta suerte, a quien en su propio local ejerce la industria o el comercio se le ofrecen dos posibilidades de garantía: la hipoteca inmobiliaria sobre la finca y la mobiliaria sobre el establecimiento.

El segundo requisito es una simple aplicación del precepto general según el cual sólo los bienes enajenables son susceptibles de hipoteca.

La difícil cuestión de la extensión objetiva de la hipoteca de establecimiento mercantil ha dado lugar a las más arduas deliberaciones. Tras un detenido estudio de la naturaleza de los diversos elementos de la empresa, de las legislaciones que han regulado su prenda o hipoteca y de las variadas posiciones de la ciencia jurídica, se ha resuelto el problema a base de la siguiente distinción: Primero, extensión necesaria de la hipoteca, comprende el derecho de arrendamiento del local y sus instalaciones fijas y permanentes. Segundo, extensión normal de la hipoteca: Comprende los derechos de propiedad intelectual e industrial y el utillaje del establecimiento, elementos a los cuales se extiende la hipoteca, salvo que por pacto sean excluidos de ella. Tercero, extensión convencional: en virtud de pacto expreso podrá extenderse la hipoteca a las mercaderías y materias primas. Cuarto, extensión por subrogación: la hipoteca se extiende a las indemnizaciones concedidas o debidas al titular del establecimiento, como en los supuestos normales, con la especial regulación de una fuente de posible indemnización: la del propietario al arrendatario, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, para la determinación de la cual se da al acreedor una intervención que, sin disminuir los derechos de aquél tiende a salvaguardar la eficacia de la garantía.

El problema que mayores dificultades ofrece es, sin duda alguna, el de las mercaderías y materias primas. Entre dos soluciones extremas -la de la legislación francesa, que excluye estos elementos de la hipoteca, y que tiene la ventaja de su simplicidad, pero el inconveniente de eliminar de la hipoteca una importante fuente de riqueza y de garantía, y la propugnada por un sector doctrinal, de incluirlas, neutralizando su constante movilidad por un sistema de subrogación real, que ofrece el gravísimo problema de las deudas procedentes de suministro de mercaderías y materias primas y el no menos importante de las repercusiones de la hipoteca sobre el crédito del comerciante-, se ha adoptado una posición intermedia: quedan fuera de la hipoteca, normalmente, pero se pueden sujetar a ella en virtud de pacto expreso de acreedor y deudor, siempre que pertenezcan al hipotecante y su precio de adquisición esté totalmente satisfecho, regulándose, para el caso de existir el pacto, el alcance de la subrogación real. Con esta solución, se amplía la posibilidad de crédito sobre estos elementos, que pueden, en muchos casos, presentar un valor económico muy superior al del establecimiento; no se disminuye la capacidad crediticia del comerciante para la adquisición de nuevas mercaderías, al respetarse los créditos de los suministradores, mediante el requisito del total pago del precio para que las mercaderías queden afectas a la hipoteca, y el alcance de ésta se limita a una obligación de mantener el volumen pactado, para el cumplimiento de la cual se concede al acreedor la facultad de inspección y la de dar por vencida la obligación si dicho volumen disminuyere dentro de ciertos límites, dejando a salvo las normales fluctuaciones del comercio, y respetando la norma -fundamental para la vida mercantil- del artículo 85 del Código de Comercio.

De los preceptos que regulan la extensión de la hipoteca se deduce que quedan excluidos de ella los elementos inmateriales del establecimiento; así ocurre con la organización y la clientela, elementos de muy difícil o imposible sujeción a las normas de una hipoteca.

Otra cuestión que provoca graves dificultades en la hipoteca de establecimiento mercantil es la de precisar las relaciones entre el acreedor, el hipotecante y el propietario de la finca. Dos aspectos ofrecen estas relaciones la posición de las partes durante la vigencia de la hipoteca y la repercusión sobre ésta de la extinción del arrendamiento.

Para resolver el primer aspecto, se ha partido de un doble supuesto. El propietario de la finca puede haber consentido la hipoteca o no. Si la ha consentido, habrá de atenerse a lo estipulado en la escritura y, en su defecto, cuando se limitó a dar su consentimiento posteriormente, se enumeran las repercusiones que para él puede tener la hipoteca, dirigidas fundamentalmente a disminuir los supuestos de extinción del arrendamiento para asegurar la mayor estabilidad de aquélla, y se le conceden ciertas ventajas económicas y jurídicas que, sin ser demasiado gravosas para el hipotecante, sirven de compensación a las limitaciones que la hipoteca produce en su posición de propietario. En el caso de no haber intervenido éste en la escritura, ni consentido ulteriormente la hipoteca, sus derechos no deben sufrir alteración alguna por la constitución de ésta, razón por la cual la Ley respeta todos los que le concede la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Para el supuesto de extinción del arrendamiento y las posibles indemnizaciones que el propietario haya de abonar al inquilino, se establece la necesidad de notificar al propietario la constitución de la hipoteca. Tal notificación es indispensable como medio de evitar que aquél, desconociendo la existencia del gravamen, y, por tanto, de buena fe, pague su indemnización al arrendatario, quien, silenciando la existencia de la carga, podría hacer ilusorio el derecho del acreedor. El propietario, una vez notificado, sufre algunas limitaciones impuestas por la naturaleza de las cosas y por el principio de la buena fe. Así ocurre con la obligación que se le impone de no entregar, sin consentimiento del acreedor o resolución judicial, las indemnizaciones que correspondan al arrendatario, y de comunicar a aquél las notificaciones prevenidas en el artículo 102 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Fuera de esto, la extinción del arrendamiento produce la de la hipoteca. Sin embargo, con el fin de asegurar en lo posible la estabilidad de ésta, se consignan algunas reglas especiales, como son: Primera, la facultad del acreedor de abonar las rentas impagadas por el deudor, establecida expresamente para evitar toda duda, aunque en definitiva es una simple aplicación del artículo 1158 del Código Civil. Segunda, la subrogación real preceptuada para el caso de resolución del arrendamiento por derribo del edificio, sustituyendo el arrendamiento por este derecho en la ejecución de la hipoteca. Tercera, la declaración de nulidad de la renuncia del arrendamiento por el arrendatario durante la subsistencia de la hipoteca, problema éste discutidísimo y que se ha resuelto de conformidad con la regla general del artículo cuarto del Código Civil.”

Sin embargo, no existe casuística ni por tanto, conflictividad, que deje rastro en nuestros tribunales, en una u otra jurisdicción del (Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las 17 Comunidades Autónomas y Audiencias Provinciales) sobre la hipoteca mobiliaria en la Oficina de Farmacia a salvedad de las siguientes reseñas (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial):

1.- STS, Sala de lo Civil, 7 de Marzo de 1997.

2.- Stc, Audiencia Provincial de Bilbao, de 15 de Enero de 2008.

3.- Stc, Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de Junio de 2008.

En ellas se hace mención de dicha hipoteca mobiliaria pero en el sentido de ser objeto de discusión por formar parte del precio, en la similitud con otras cargas en el tratamiento del delito de estafa, en el tratamiento del usufructo y en calidad de Pasivo de la sociedad de gananciales.

Comentarios en relación a algunas de dichas Sentencias citadas:

1.- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 7 de Marzo de 1997

Tratan los autos sobre la impugnación de un contrato de compraventa de Oficina de Farmacia celebrado en Granada, en el que se discute si los compradores habían asumido o no el compromiso de satisfacer el importe de un préstamo –hipoteca mobiliaria concertada por una caja de ahorros de Granada sobre dicha Oficina de Farmacia-, como parte del precio de la compraventa además de los setenta millones de pesetas, entonces, que, figuraban en la escritura pública en que se documentó aquél contrato.

Ello se da como probado, haciendo uso de la prueba de presunciones que el precio real de la compraventa estaba integrado por la cantidad de setenta millones declarado en la escritura pública más el importe del crédito garantizado con la hipoteca mobiliaria constituida sobre la farmacia vendida. 

2.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 15 de Enero de 2008

Se discute la liquidación de la sociedad de gananciales. En el Pasivo consta un préstamo con hipoteca mobiliaria constituido por una entidad financiera sobre una Oficina de Farmacia situada en Baracaldo.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de Junio de 2008

Se discute asimismo la liquidación de la sociedad de gananciales. En el Pasivo consta un préstamo con hipoteca mobiliaria constituida sobre la Oficina de Farmacia situada en Madrid.]]> Sun, 13 Feb 2011 +0200 Una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia impidió el desahucio de una farmacia de esa ciudad y la duración del contrato de arrendamiento se prolongó hasta el 1 de enero de 2015. Esta sentencia, de 27 de septiembre de 2000, puede ser utilizada como precedente en supuestos de hecho similares.

La Ley de Arrendamientos de 1994, para períodos transitorios, conduce a la aplicación de la prórroga forzosa hasta el cumplimiento de diez años desde la realización del traspaso o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años desde la aprobación de la Ley. 

Se tomó como fecha de traspaso la de escritura y la Audiencia resolvió la duración por veinte años más desde la aprobación de la Ley, es decir, hasta 1 de enero de 2015.

Desde el Gabinete López-Santiago, entendemos que en esas fechas se va a trastocar la distribución de farmacias en toda nuestra geografía nacional.
Son muchas las farmacias que están con prórroga forzosa, y que sus contratos expirarán según el Decreto Boyer en el año 2.015. 

En todo caso, cada una de las 17 Comunidades Autónomas tratan de manera diferente la tramitación de los traslados forzosos.

Hemos de pensar que no es una situación sobrevenida, sino que cuando se firmó el contrato de arrendamiento, el titular ya  era conocedor de la duración.

¿Cúal será la postura de los Colegios en el año 2.015 ante esta avalancha de traslados que, previsiblemente, se producirá?

SÍNTESIS

Sentencia Audiencia Provincial de Valencia, 27 de septiembre de 2000. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial). No procede desahucio. Fecha de inicio de la relación arrendaticia es de enero de 1985 por contrato verbal. Escritura pública de compraventa otorgada ante el Notario de Valencia en julio de 1987 plasma por escrito dicha relación arrendaticia ya iniciada en contrato verbal. En fecha 31 de diciembre de 1999 contrato de arrendamiento todavía vigente. Aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de arrendamientos urbanos de 29/1994 de 23 de noviembre, con adición del apartado 12 (según disposición adicional 8ª ley 55/99 de 29 de diciembre) 

Disposición Transitoria Tercera. Contratos de arrendamiento de local de negocio, celebrados antes del 9 de mayo de 1985.

Los contratos en los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, no haya transcurrido aún el plazo determinado pactado en el contrato, durarán el tiempo que reste para que dicho plazo se cumpla. Cuando este período de tiempo sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas del apartado 4 el arrendatario podrá hacer durar el arriendo el plazo que resulte de la aplicación de dichas reglas.

En los casos previstos en este apartado y en el apartado 4, la tácita reconducción se regirá por lo dispuesto en el artículo 1566 del Código Civil y serán aplicables al arrendamiento renovado las normas de la presente Ley relativas a los arrendamientos de fincas urbanas para uso distinto del de vivienda.

Disposición Adicional Octava. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Se añade un nuevo apartado 12 a la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con la siguiente redacción:

La presente disposición transitoria se aplicará a los contratos de arrendamiento de local de negocio para oficina de farmacia celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y que subsistan el 31 de diciembre de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Respecto a la aplicación de la norma al supuesto según la sentencia: el apartado 5 de la referida Disposición Transitoria 3ª dispone que “si el período de tiempo es inferior a las reglas del apartado 4º, el arrendatario podrá hacer durar el arriendo el plazo que resulte de aplicación a dichas reglas”.

Además, en los casos previstos en este apartado y en apartado 4, la tácita reconducción se regirá por el artículo 1566 del Código Civil, siendo aplicable a los arrendamientos urbanos para uso distinto del de vivienda.

Como norma general, el apartado 2 de la citada Disposición Transitoria 3ª conduce a la aplicación de la prórroga forzosa del artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 hasta el cumplimiento de diez años desde la realización del traspaso o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años desde la aprobación de la Ley.

Al respecto, se toma como fecha de traspaso la de escritura (Septiembre de 1998).

Y, en el mismo sentido, es asimilable el apartado 2 de la Disposición Transitoria 3ª en cuanto a los veinte años.

No procede desahucio y se prolonga la duración del contrato hasta 1 de Enero de 2015.]]> Sun, 19 Sep 2010 +0200 Una reciente sentencia en Castilla-La Mancha estableció que la titularidad administrativa de una farmacia pertenecía a la parte compradora, y que no se debía devolver la farmacia al vendedor, ya que, según su criterio, instó pactos irregulares.

La Audiencia falló conforme a la doctrina de la validez de los pactos entre las partes, aún a pesar de que se ocasionen infracciones administrativas. Concluyó que la reversión es contraria a la ley, ya que el farmacéutico apelante era también titular de otra farmacia.

En este caso, el farmacéutico recurrente, vendió su farmacia a una farmacéutica, en el 2004, porque le habían concedido otra farmacia de nueva apertura.

Dicha farmacéutica no pudo pagar el precio, pero el titular no dio por finalizado el contrato al no poder ostentar la titularidad de dos oficinas de farmacia.

En un determinado momento y de forma irregular, (según la Audiencia) la compradora asumió la regencia de la farmacia, a cambio de un determinado salario. Se comprometió a transmitir la titularidad de la farmacia al descendiente del titular, quien estaba cursando estudios de farmacia. 

Se firmó una escritura pública de compraventa, cuyos efectos quedaron suspendidos hasta que el hijo culminase sus estudios. Se añadió la confesión de la compradora por la que no habría abonado el precio y se reconoció que no existiría penalización alguna por el impago.

La compradora, para el caso de impago, se obligó a transmitir la oficina de farmacia a alguno de los hijos del vendedor o a devolverle la farmacia si los hijos no hubiesen terminado los estudios. Se fijó una indemnización. 

Según la Audiencia, la simulación permitió al farmacéutico vendedor, ostentar la titularidad de dos farmacias, hasta que fuera posible la transmisión a uno de sus hijos.

Cuando el hijo finalizó su licenciatura en farmacia, tampoco se le pudo transmitir la titularidad administrativa de la farmacia, ya que era necesario el transcurso de 6 años.

SÍNTESIS

Escritura pública de compraventa. Oficina de farmacia. Al titular le conceden otra farmacia. La compradora no puede pagar el precio pero al titular no le interesa resolver el contrato ya que no puede ostentar la titularidad de 2 oficinas de farmacia. Artículo 20 de Ley Ordenación del servicio farmacéutico de Castilla la Mancha de 26 de diciembre de 1996 vigente hasta 1 de agosto de 2005 y correlativo artículo 20 de la vigente Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se mantiene la propiedad formal a nombre de la compradora y se documenta en escritura pública contrato de compraventa de la misma oficina por parte de la compradora a favor de la hija del Titular, quien estaba cursando estudios de Farmacia - señalándose que queda suspendida su consumación hasta cuando la adquirente culminase sus estudios.

Se fija como precio total de esta venta el valor de las ventas anuales.

Se añade confesión de la compradora por la que no habría abonado el precio y se reconoce que no existirá penalización alguna por el impago. La hija del Titular se subroga en dicho pago aceptando la parte acreedora-Titular la subrogación.

Todo ello se fragua en cumplimiento del contrato previo privado de afianzamiento, por el que la parte compradora, para el caso de impago, se obliga a transmitir la Oficina de Farmacia a alguna de las hijas del acreedor-Titular o a devolverle la farmacia si las hijas no hubiesen terminado los estudios. Se fija una indemnización por ejercicio de propietario y Titular. 

Todos estos pactos conducen por una parte a vislumbrar que en un determinado momento y de forma irregular la “parte compradora” asume la “regencia” de la farmacia a cambio de un determinado salario o indemnización, lo cual revalida el resto de la prueba practicada y en definitiva también, reconoce el Titular, comprometiéndose a transmitir la titularidad de la farmacia a su hija. 

Si bien no se cuestiona la inicial validez del contrato de compraventa, la realidad evidencia que se produce una novación extintiva de las obligaciones derivadas de dicho contrato. Se mantiene la apariencia de la compraventa y consecuente titularidad administrativa, estableciéndose los pactos precisos para el mantenimiento de dicha titularidad mediante una regencia formal, conjunto de obligaciones estas últimas resultantes de tal novación extintiva y constitutivas de un negocio nulo por contrario a la ley (la simulación permite ostentar, al menos la titularidad de dos farmacias, hasta que sea posible su transmisión a una de sus hijas). 

El Titular mantiene, mediante dicho pacto sobre la propiedad civil de la farmacia, así la gestión de facto o material de la farmacia, pero la titularidad administrativa la ostenta la parte compradora, aún al tiempo de la demanda, lo que impide, aún desde una perspectiva diferente a la nulidad no aducida, mantener la resolución con reversión de la titularidad de la oficina desde dicho pacto a favor del Titular, pues no podría ostentar ni transmitir la titularidad administrativa, independientemente de las obligaciones que fueran exigibles entre las partes intervinientes en dicho negocio jurídico.

Finalizada la Licenciatura en Farmacia, por la hija, tampoco puede transmitirse dicha titularidad administrativa a favor de la misma, ya que era necesario el transcurso de 6 años.

No consta su toma de posesión al término de su Licenciatura, ni tampoco la entrega de la gestión directa de la farmacia.

Dice la Sentencia ratificando la de primera instancia, que, absuelve a la ex -esposa, por cuanto no actúa como propietaria civil, realizando gestiones en nombre de su hija. Aunque acompañe o ayude o realizara gestiones para su hija, no es parte en ninguno de los contratos. 

En definitiva se mantiene por la Sentencia la inviabilidad de la acción resolutoria, pues no cabe la restitución de la Oficina de Farmacia, cuando la titularidad administrativa pertenece a la “parte compradora” quien transmite a su vez a la hija, subrogándose ésta última en la obligación de pago al “Titular”-vendedor que figura como acreedor.

Dice la Sentencia que, en cuanto a las serias dudas que pudieran plantearse por lo que respecta a dar viabilidad a las pretensiones basadas en las relaciones jurídicas simuladas –contrato de regencia- y titularidad revertida en quien no podría ser autorizado al detentar ya una farmacia, defendiendo el mantenimiento de la doctrina de la validez de los pactos entre las partes sin perjuicio de las infracciones administrativas, cuando estas a su vez dificultan el acceso reglado a las oficinas de farmacia, favoreciendo dar legitimidad ante los tribunales a pactos tales como el mantenimiento de la titularidad de una farmacia por quien no es farmacéutico o la multipropiedad de farmacias por un farmacéutico. La pretensión de reversión es contraria a la ley, ya que el apelante sigue siendo titular de otra farmacia, y así lo vino disfrutando, primero de una población de Castilla-La Mancha, después de otra.]]> Mon, 17 Jan 2011 +0200 La farmacia tiene un régimen especial y sus sentencias no son extrapolables a otros casos. Así sucedió en varias sentencias del Tribunal Supremo, referidas a casos IVA y de incremento patrimonial de IRPF.  En ambos casos, el Supremo rechazó la aportación como contraste de las sentencias sobre farmacias.

Una sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 21 de octubre de 2010, en casación para unificación de doctrina, sobre las implicaciones fiscales de la venta de una activo que no era una farmacia, desestimó las sentencias sobre farmacias aportadas como apoyo y contraste.

La resolución versa sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y trata la propuesta de regularización con deuda tributaria, y trae a colación otra sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Mayo de 2004, Sala de lo Contencioso, en la que se juzga por el mismo impuesto, la venta de una farmacia por cese de la actividad por jubilación. La diferencia estriba en que en esta última, fueron aplicables las reducciones establecidas en la Ley 18/1991 que comportaron por tanto, un incremento de patrimonio cero.

Así la sentencia de contraste estudió la transmisión en bloque de una oficina de farmacia y consideró probado que el recurrente cesó en su actividad como farmacéutico, por jubilación. Posteriormente, vendió la oficina de farmacia, rigiéndose esta operación por las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en el caso de autos comportaba que el incremento de patrimonio se redujera por disposición de la Ley en su totalidad.

A la misma conclusión se llegó en relación a la sentencia de 4 de Junio de 2010, Sala de lo Contencioso Administrativo, pero en virtud del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 1994, que cuestionó la transmisión de una farmacia, incluido el local. En el mismo sentido, la sentencia de 22 de Enero de 2004, sobre la transmisión de una farmacia por la heredera del farmacéutico titular fallecido, cuando le había caducado la reserva de titularidad por estudios de farmacia y con objeto de proceder a su clausura y amortización.

SÍNTESIS

Casación para unificación de doctrina, un cauce impugnativo excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho. Se desestima el recurso.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, 21 de Octubre de 2010. (Fuente de información: Centro de Documentación Judicial).

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicio 1994

Acta de disconformidad por Propuesta de Regularización con deuda tributaria a ingresar por la venta de un buque de pesca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y NORMATIVA

Se trae a colación Sentencia del 11 de Mayo de 2004, Sala de lo Contencioso, en la que se juzga las consecuencias jurídico-tributarias en el IRPF de la venta de una farmacia por cese de la actividad por jubilación-en la que le fueron aplicables las reducciones establecidas en el artículo 45 –apartado dos de la Ley 18/1991 de 6 de Junio que comportó por tanto, un incremento de patrimonio de cero pesetas. 

El Abogado del Estado se opone, alegando que las alusiones al régimen de farmacias y más concretamente al supuesto de clausura y amortización, no tienen nada que ver con el tema que aquí se plantea, toda vez que resultan de un régimen jurídico peculiar derivado de la prestación de un servicio público en alguna medida y responden a régimen de distancias y otros factores que alejan sus problemas interpretativos del caso planteado.

La Sala se ratifica en ello, en virtud del artículo 96.1 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, e interpreta que no se dan los requisitos ya que los hechos de la Sentencia aportada de contraste son sustancialmente distintos a los que conforman el presupuesto fáctico del caso planteado.

Así la sentencia de contraste estudia la transmisión en bloque de una Oficina de Farmacia, considerando probado que el recurrente cesó en su actividad como Farmacéutico, por jubilación, y posteriormente vendió la Oficina de Farmacia, rigiéndose esta operación por las normas del artículo 44 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en el caso de autos comportaba que el incremento de patrimonio se redujera por disposición de la Ley a cero pesetas.

A la misma conclusión llega la Sentencia de 4 de Junio de 2010, Sala de lo Contencioso Administrativo, pero en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 1994, en la que respecto a la cuestión de fondo se dice:

La primera de las sentencias de contraste, de fecha 23 de Abril de 1996, dictada en interés de Ley, que fija como doctrina legal que la transmisión de una Oficina de Farmacia, incluido el local donde se ubica, por parte de un Farmacéutico a otra persona con igual titulación que va a seguir ejerciendo la misma actividad, realizada durante el lapso temporal comprendido entre el 1 de Enero de 1987 y el 31 de Diciembre de 1991, está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. ”Sirviendo de fundamento lo dispuesto en el artículo 7.1.a) del Texto Refundido de la Ley sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 30 de Abril de 1980. 

La de 22 de Enero de 2004, parte de un supuesto similar al anterior, la transmisión de una farmacia por la heredera del Farmacéutico Titular fallecido, cuando le había caducado la reserva de titularidad por estudios de Farmacia y con objeto de proceder a su clausura y amortización , analizando el problema de si la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional continuando el adquirente el ejercicio de la actividad empresarial o profesional; analizando lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 30/1985 similar al artículo 7.1. a) de la Ley 37/1992.

Esto sucede con bastante frecuencia, sobre todo en la transmisión de la totalidad del patrimonio afecto a la explotación de la farmacia, que incluye por tanto el local, mobiliario, utensilios, enseres, y existencias, así como el derecho de establecimiento, derivado de la licencia administrativa.

Fue una Oficina Liquidadora de Avilés de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, la que practicó en el año 2006 una liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aproximadamente de unos 20.000 Euros.

En opinión de Gabinete López-Santiago la liquidación de la transmisión de farmacias seguida por las diferentes oficinas liquidadoras no siempre ha sido certera. Sobre todo hasta que el Tribunal Económico Central puso orden en su resolución en unificación criterio de 23 de Junio de 2010.

Cada transmisión de Oficina de Farmacia conlleva particularidades que deben ser estudiadas desde el punto de vista de un profesional especializado. En general, el cambio de titularidad se ve afectado por distintos sujetos pasivos inmersos en un régimen fiscal determinado que configuran un hecho impositivo y un devengo de impuestos concreto.

En particular, como ha sentenciado la jurisprudencia, cuando se transmite el local afecto a la explotación de la farmacia, esta transmisión devengará Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la Comunidad Autónoma donde radique el inmueble.

La sentencia aprovecha además para reseñar jurisprudencia del Tribunal Supremo, de 22 de Enero de 2004, que refiere la Ley 16/1997 de 25 de Abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia. En su virtud, la planificación farmacéutica y la especial regulación del ejercicio de la actividad de farmacia, hace que ésta genere desde el punto de vista económico-empresarial beneficios propios de una organización oligopolista de la oferta. Dentro de los grandes núcleos de población, -según la sentencia-, produce, junto al beneficio comercial, lo que en economía se denominan, rentas de situación, derivadas precisamente de la imposibilidad de establecer nuevas farmacias en el círculo de adscripción e influencia de las existentes.

El establecimiento concreto (Oficina de Farmacia) que posee cada farmacéutico tiene indudablemente un valor económico, que resulta de actualizar la corriente esperada de rendimientos derivados de su explotación –asevera el Alto Tribunal-.

Estos argumentos han sido utilizados en reiteradas ocasiones por Gabinete López-Santiago para fundamentar la valoración y tasación de las Oficinas de Farmacia.]]> Thu, 18 Feb 2010 +0200

Así lo estableció tanto el Decreto de 1.957, como el Real Decreto 909/1978.

En el caso que nos ocupa, se trataba de un traslado de una farmacia que no se había autorizado para un núcleo concreto. El Alto Tribunal en la sentencia de 19 de Enero de 2010* consideró capital partir como premisa del régimen de la autorización de la Oficina de Farmacia a trasladar: si lo fue conforme al régimen general u ordinario, o conforme al régimen específico que concedía la autorización de apertura dentro de un concreto núcleo de población.

La nueva apertura aprobada en Abril de 1978, según la certificación expedida en julio de 1999 por la Secretaría del Colegio de Farmacéuticos, se produjo por el régimen ordinario.

Se desvirtuaron los argumentos de contrario que esgrimían que como quiera que los traslados voluntarios se someten al artículo 27 de la Ley de Ordenación Farmacéutica valenciana 6/1998, si la farmacia objeto de traslado hubiera sido autorizada para atender un núcleo de población, la autorización de traslado recurrida hubiera resultado ser contraria a Derecho. Ésta debiera haber sido declarada inválida, ya que no se hubiera tenido en cuenta la ratio bajo la que se autorizó, esto es, la atención a un núcleo concreto de población y se habría atentado directamente contra dicho artículo 27. 

El Tribunal Supremo consideró que la Consejería tuvo por acreditados los requisitos de distancia a las oficinas de farmacia más cercanas y a los centros de sanitarios dependientes de Sanidad. La Consejería también consideró acreditados la superficie útil, los accesos de los locales y estado de construcción y distribución de los mismos, sin que –como ya ocurriera en vía administrativa de recurso- se hubiera discutido el cumplimiento de dichos requisitos.

Las farmacias de núcleo gozan de un trato jurídico muy específico que incide en los traslados.

De conformidad con el artículo 30 de la misma Ley que atiende a los traslados dentro del ámbito de influencia, las oficinas de farmacia abiertas al amparo de la anterior normativa, destinadas a atender un determinado núcleo de población, sólo podrán trasladarse dentro del mismo, debiendo guardar 500 metros respecto a las demás oficinas de farmacia salvo en los casos en los que el traslado sea forzoso o bien se vea afectado por otro traslado o instalación de una nueva oficina de farmacia, en cuyo caso, regirán las distancias establecidas con carácter general. 

En conclusión, resulta pues, de gran importancia, conocer los orígenes de la autorización de la licencia administrativa. En el caso de autos se repite la circunstancia de que a pesar de que la concesión de la autorización de la licencia administrativa se produjo en abril de 1978, se procedió al traspaso de la Oficina de Farmacia en julio de 1982 y se solicitó el traslado por la nueva titular en abril de 1999. De ahí que Gabinete López-Santiago pretenda, siempre que sea posible, recoger el íter histórico de cada autorización administrativa en el proceso de cambio de titularidad.]]> Tue, 27 Apr 2010 +0200

En Gabinete López-Santiago hemos atendido numerosas consultas acerca de este hecho. 

Recientemente nos preguntaban desde la Comunidad Valenciana como incidía dicho régimen de incompatibilidades durante el período vacacional. Es decir, si existía algún tipo de vulneración del ordenamiento farmacéutico, en el momento en el que la Farmacéutica llevaba a cabo una actividad remunerada durante el período vacacional en que permanece cerrada la Oficina de Farmacia. 

No cabe ninguna duda cuando la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana en su articulo 7 dice acerca del régimen de incompatibilidades: “Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general, el ejercicio profesional del farmacéutico o farmacéutica en la Oficina de Farmacia, en los centros, servicios o establecimientos regulados por la presente Ley es incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos en los laboratorios o entidades que intervienen en la producción de medicamentos y productos farmacéuticos.

El ejercicio profesional del farmacéutico y farmacéutica en la oficina de farmacia en cualquiera de sus modalidades es también incompatible con:

a) La práctica profesional en los servicios farmacéuticos del sector sanitario o en un centro distribuidor de productos farmacéuticos.

b) El ejercicio profesional de la medicina, la odontología, la veterinaria, la enfermería y la fisioterapia.

c) El ejercicio de cualquier actividad que impida o menoscabe la presencia física obligatoria del farmacéutico o farmacéutica en la Oficina de Farmacia, durante el horario de funcionamiento, sin perjuicio del régimen de sustituciones, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, normativa aplicable y de desarrollo.” 

El problema con el que nos encontramos una y otra vez los profesionales del derecho es que la casuística supera la norma.

De conformidad con dicho planteamiento, a la hora de tratar la incompatibilidad relativa a la obligatoriedad de presencia del Farmacéutico cabe decir que la situación relativa a las vacaciones consiste en una situación asimilada a alta, a efectos generales de la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

Por tanto existiría esa situación, del período vacacional "asimilado a alta" con obligación de cotizar, tanto en régimen general como en régimen especial de trabajadores autónomos -en el que se incluye al Titular de una Oficina de Farmacia.

De ahí que el hecho de compatibilizar su titularidad de Oficina de Farmacia con la actividad de analista clínico pudiera incluso contravenir el régimen general y básico de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, en tanto que la actividad de asistencia farmacéutica puede ser considerada en nuestro derecho como un servicio de interés público sujeto a limitaciones y exigencias para el caso de desempeñar una segunda actividad pública o privada, y la Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana -artículo 7, apartado 2 que hemos apuntado.

En este sentido, incluso una Resolución del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana de Febrero de 2011 se pronuncia sobre la incompatibilidad del farmacéutico titular y redunda en los argumentos esgrimidos.

En ella se da por sentado que a los Farmacéuticos Titulares les es de aplicación la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones publicas, cuando el Farmacéutico Titular en verdad no es estrictamente "personal de una administración publica". 

En relación a estas apreciaciones y de conformidad con nuestro parecer profesional, es obvio que el Farmacéutico no es un funcionario público. Este criterio del Gabinete López-Santiago lo reafirma el Tribunal Supremo en numerosas de sus sentencias. Entre ellas, la sentencia de la Sala de lo Contencioso de 22 de Enero de 2004.

Por tanto a nuestro modo de ver lo cierto parece ser que, más que la asimilación a la figura de funcionario público, la interpretación que de ello hacen los tribunales, aboga por la extensión del concepto de "interés público" que recae en el establecimiento sanitario, en este caso, la Oficina de Farmacia.

Y lo cierto parece ser también, que dicha extrapolación justifica prácticamente todas las resoluciones, en la problemática derivada de la farmacia que conllevaría la posible vulneración incluso de "derechos constitucionales" del Farmacéutico -como la libertad de empresa, por ejemplo, en otros muchos casos-.

En relación al desarrollo de las dos actividades durante el período vacacional, fundamentaríamos la hipotética implicación en un expediente sancionador, desde el punto de vista, de la incompatibilidad funcional, siendo indiferente si la situación de alta viene derivada del ejercicio normal en período hábil de la farmacia, o en período inhábil.

Así pues, si algún Farmacéutico decide emprender una actividad paralela a la de ser Titular de una Oficina de Farmacia, nuestro consejo atiende a que prácticamente en la totalidad de los casos incurriría en incompatibilidad, quizá no tanto, por el hecho de que esté tasado en un precepto normativo sino por la extensión jurisprudencial de la casuística en farmacia y los deberes y obligaciones impuestos al Farmacéutico  como Titular de un establecimiento sanitario de interés público.]]> Mon, 14 Nov 2011 +0200 Dado el elevado importe de los valores de traspasos de farmacias, vale la pena analizar ese 1% o incluso ese 1,2% relativos al impuesto, aplicable en las Comunidades Autónomas, y valorar si realmente estamos obligados al pago, dado que se trata de conceptos, en ocasiones, un tanto ambiguos.

De conformidad con el TÍTULO III del Real Decreto los regula*, la modalidad del tributo consistente en ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, se sujetan a gravamen:

1. Los documentos notariales.
2. Los documentos mercantiles.
3. Los documentos administrativos.

La escritura pública de compraventa (en nuestro caso de oficina de farmacia) se entiende incluida dentro del grupo relativo a documentos notariales, cuyo hecho imponible, describe el artículo 28 del Real Decreto:

Están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 31, a cuyo tenor las primeras copias de escrituras y actas notariales tributan, cuando tengan por objeto:

1.-cantidad o cosa valuable,

2.-contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Respecto a los dos primeros requisitos se entienden cumplidos: escritura pública y cantidad evaluable –la cuantía que constituye el precio de la venta-.

Respecto al tercero, huelga comentar que las compraventas de Oficinas de Farmacia nunca han accedido a ningún registro público, a excepción real del puro control que ha ejercido la Administración Sanitaria –bien a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, bien a través de las Consejerías o Departamentos de Salud o Sanidad-.

La duda surge en el momento en que acompañamos la copia auténtica de la escritura pública de compraventa de Oficina de Farmacia a la escritura pública de hipoteca mobiliaria, cuando accedemos al Registro de Bienes Muebles, dependiente del Registro Mercantil.

Es por ello que este tema requiere un riguroso análisis:

Registro de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento.

De la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Ha sido objeto de meditación el alcance que debería darse al nuevo Registro, en el sentido de si sería procedente establecer un sistema de Registro de Propiedad que, al modo de la propiedad inmueble, recogiera toda la historia jurídica de los bienes, incluso las transmisiones de dominio de los mismos, o un sistema de Registro de gravámenes, limitado a las finalidades de esta Ley.

Aunque, en principio, se ha estimado que el sistema más completo hubiera sido el primero, se ha desistido de él en atención a las dificultades prácticas de su adaptación; toda vez que exigiría un cambio total y absoluto en el sistema de transmisión de propiedades y contratación de esta clase de bienes.

Por esta razón se ha regulado solamente un Registro de gravámenes, si bien se estima procedente hacer constar el criterio favorable al Registro de la Propiedad de los bienes muebles, al menos para algunos de ellos, como los establecimientos mercantiles y los automóviles.

El Registro de gravámenes podrá establecerse con un doble contenido: o limitado a las hipotecas o referido también a otros gravámenes, es decir, como Registro de hipotecas únicamente o como Registro de cargas en general. Se ha estudiado esta cuestión desde el punto de vista de los embargos, que son los supuestos más frecuentes.

Para garantía del acreedor, es necesario arbitrar un medio por el cual pueda conocer la posible existencia de aquellas afecciones judiciales, distinto de la obligada declaración del deudor. Este medio no puede ser otro que la anotación de los embargos.

De este modo, anotado un embargo, si posteriormente se constituye una hipoteca, carecerá ésta de toda efectividad y no será inscribible.

De ahí que el Registro de Bienes Muebles se constituya como Registro de cargas en general, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La escritura pública de compraventa de Oficina de Farmacia no es una carga ni un gravamen por sí misma. Por tanto, desde el Gabinete López-Santiago no la consideramos inscribible.

Éste es nuestro criterio que hacemos valer ante las Administraciones, y que nos terminan dando la razón los Tribunales.

Respecto a la relación del Registro de Hipoteca Mobiliaria con el Registro de la Propiedad, por lo que hace referencia a los establecimientos mercantiles o en nuestro caso a la Oficina de Farmacia, ésta se refiere en cuanto a sus apreciaciones a la finca donde ésta se ubica, lógicamente, dado que el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Dichas inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles.

Por lo tanto, nuestro consejo final sería prudencia antes de liquidar este impuesto, no hacerlo automáticamente, sino analizar bien la situación para conocer si puede existir alguna contingencia de que la Administración lo reclame, y cual ha de ser nuestra repuesta.

*Normativa relativa al impuesto.-REAL DECRETO LEGISLATIVO, 1/1993 de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

Normativa relativa al Registro de la Propiedad en la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento , de 16 de Diciembre de 1954, en cuanto al Título IV, Registro de Hipoteca Mobiliaria.

Artículo 67.

Además a cargo de los Registradores de la Propiedad, se llevarán los siguientes libros especiales:

1. Diario de Hipoteca y de Prenda sin desplazamiento de posesión.
   1. Inscripciones de Hipoteca Mobiliaria e Inscripciones de Prenda sin desplazamiento de posesión.

Artículo 68.

En los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o, en su caso, anotarán:

1. Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o de la prenda sin desplazamiento, o bien su modificación. En ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados salvo cuando se trate de aeronaves.
2. Los de cesión por actos inter vivos y los de cancelación de los mencionados créditos hipotecarios y pignoraticios, cuando éstos estuvieren previamente inscritos a favor del disponente.
3. Los de adjudicación mortis causa a favor de persona determinada en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley Hipotecaria. Pero no será precisa la adjudicación e inscripción a favor de los herederos para inscribir los títulos de cesión o cancelación que todos ellos otorguen sustituyendo a su causante, siempre que el crédito conste inscrito a nombre de éste. Tampoco necesitarán dicha previa adjudicación ni inscripción a su favor los herederos para el ejercicio de toda clase de acciones ante los Tribunales derivadas de crédito perteneciente a su causante.
4. Los mandamientos judiciales de embargo y los de su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario o pignoraticio o sobre los créditos inscritos, así como aquellos a que diere lugar la presentación de la demanda de nulidad del título inscrito.
5. Las resoluciones judiciales firmes que declaren la nulidad del título, rescisión, revocación, resolución o cancelación de las hipotecas o prendas inscritas.

Artículo 69.

Los títulos expresados en el artículo anterior se inscribirán en el correspondiente Registro de la Propiedad, conforme a las siguientes reglas:

Los de hipoteca de los establecimientos mercantiles y los de maquinaria industrial, en el Registro en cuya demarcación radique el inmueble en que estén instaladas.

Artículo 75.

Cuando se hipoteque un establecimiento mercantil o maquinaria industrial o se pignoren bienes susceptibles, uno y otros, de extenderse a ellos la hipoteca del inmueble donde están instalados, conforme al artículo 111 de la Ley Hipotecaria, se hará constar la constitución de la hipoteca o de la prenda, al margen de la inscripción de dominio del inmueble a favor del que hipoteca o pignora. Igual nota se extenderá al margen de la inscripción de la concesión del tranvía cuando se hipotequen éstos.

Extendida esa nota marginal, la hipoteca mobiliaria o la prenda serán preferentes, en cuanto a dichos bienes, respecto a cualquier hipoteca inmobiliaria o gravamen que se inscriba posteriormente con pacto de extensión a los mismos.

Si en el Registro apareciere inscrito, a favor del que hipoteca o pignora, el derecho de arrendamiento del local donde radique el establecimiento mercantil o las máquinas hipotecadas o los bienes pignorados, se extenderá, igualmente, nota al margen de la inscripción correspondiente, en la que se hará constar la constitución de la hipoteca mobiliaria o de la prenda. Extendida esta nota surtirá los efectos señalados en el párrafo anterior.

Las referidas notas marginales se extenderán o cancelarán por los mismos títulos de constitución o cancelación de la hipoteca o de la prenda.]]> Wed, 16 Nov 2011 +0200 La farmacia vive tiempos de manifestaciones y huelgas por los recortes y retrasos en el pago. Es considerado un “colectivo privilegiado”, como lo fueron antes los empleados de Telefónica, los notarios o los controladores.

Debemos extraer alguna reflexión de la situación que vivieron los controladores tras su huelga, profesión acostumbrada también, a ser gestionada a golpe de Real Decreto. 

Fue un claro ejemplo de cómo criminalizar a un colectivo. El sistema necesita alguien sobre quién volcar la rabia acumulada. El colectivo de farmacéuticos también serviría para canalizar el descontento ciudadano.

Vaya por delante que el grupo de los controladores no es por el que siento más simpatía, por sus privilegios y su enorme incidencia en el bienestar de todos; pero estos privilegios no hacen intolerable que luchen por sus derechos. Reconozco su corporativismo, pero tienen derecho a defenderse.

¿Bajo qué premisas interesaría al sistema criminalizar a un grupo profesional especifico, como los farmacéuticos establecidos ?

En los últimos veinte años hemos navegado en la prosperidad, pero ahora, el Estado es insolvente, las recetas han pasado de ser cheques al portador a cheques sin fondos; no es difícil percibir este movimiento por parte de algunos medios (especialmente las televisiones), con la que bombardean a la inerme población, sobre todo las clases más bajas, las que consumen más televisión, y que engullen sin rechistar el mensaje neoliberal. 

Se presentó a los controladores como la escoria del país. El Gobierno frenó una huelga sin sentarse a negociar, haciendo uso de los militares. Una nueva manera de resolver los conflictos laborales, “manu militari”.

En la misma línea se podría poner en el punto de la mira a los boticarios, alegando que con sus privilegios arruinan a España. ¿Se les obligaría también a trabajar a punta de pistola, bajo amenaza de delito de sedición? (recogido en una Ley del año 67). Hordas de consumidores se alinearían con el gobierno.

No hubo un atisbo de solidaridad con los controladores (privilegiados o no). La masa enardecida, con visión cortoplacista, sólo se preocupaba por los cuatro días de vacaciones, y no por el peligrosísimo precedente que supone la militarización. Vimos la estampa de madres sollozando porque no podían llevar a sus hijos a Eurodisney. 

Someter a las oficinas de farmacia a la Ley Militar y aplicar el Estado de Alarma podría ser una opción llegado el caso.

La situación llegó a tal grado de paroxismo que los consumidores mordieron el anzuelo, cayendo en connivencia con Gobierno y militares. 

Ya lo veo venir, achacarán a la farmacia el carácter interesado, corporativista, propio de la aristocracia laboral; y que los farmacéuticos sólo pasan a la acción cuando se han visto afectados ellos mismos, demostrando un total desinterés y falta de solidaridad cuando otros compañeros se veían perjudicados, alegando que de los 70.000 farmacéuticos que hay en España, sólo 22.000 tienen farmacia.

Dudo mucho que los usuarios saliesen a defender a la profesión, dado el clima de apatía generalizado, propio de la sociedad postmoderna.

Los medios de comunicación lo tratarían como “huelga salvaje”, se trataría de “chantajistas”, exorcizando al “gremio”, y resaltando sus inmerecidos privilegios para recibir un castigo ejemplar.

¿Cómo reaccionaria aquel al que se le rebaja sus honorarios el 50%, aunque ganen más de 200.000 euros, como los controladores? Se aducía que con la otra mitad aún les quedaba para comer.

Si seguimos con esta lógica “antiprivilegios”, habría que reducir el 50% de los salarios de futbolistas, políticos o monarcas. Sería toda una escabechina social.

Hay que evitar que se deterioren las relaciones entre la Corporación y Administración, hasta un punto de no retorno, donde se puedan tomar medidas de ese calado.

Tres medidas en la buena dirección serían:

- Tener más peso y unión en las negociaciones con la Administración.

- Elaborar una buena estrategia de comunicación para neutralizar estas campañas.

- Deslizarnos hacía un sistema de remuneración variable. El margen fijo no es compatible con el papel de la farmacia, además de resultar muy contraproducente para su economía.

De ahí la importancia de desplegar un proyecto colectivo que permita el desarrollo individual de cada farmacéutico, apoyado por unas estructuras que cuenten con un real peso especifico ante la Administración.

Dada la coyuntura del ciclo económico, existe una mayor flexibilidad por parte del vendedor, al no existir un exceso de liquidez en el mercado y debido al aumento de la disponibilidad de la oferta.

Cabe destacar un incremento de casi el 200% de titulados de media edad, provenientes de los despidos masivos de la industria farmacéutica, ven la inversión en la adquisición de una oficina de farmacia garantía de estabilidad en un sector prestigioso.

Así, han aparecido oportunidades estratégicas impensables en otros tiempos, farmacias de baja rentabilidad por un posicionamiento inadecuado y que requieren optimizar la gestión en las áreas de finanzas, recursos humanos o tecnologías de la información. Con opciones de incrementar ventas (más allá  de las opciones tradicionales de atención a geriátricos, ampliación de horarios o reformas). Ahora la estrategia de comunicación presenta verdaderas oportunidades de mejora operativa.

Sin embargo, el mercado en Andalucía continúa pasivo por la distorsión que genera el concurso de apertura actualmente en tramitación.

Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y el cierre definitivo del Dictamen Motivado el 24 de noviembre del 2011, se ha dotado al sector del marco jurídico de estabilidad, ya no caben sorpresas, lo que ha animado a inversores y bancos.

Por segmentos, desde el Gabinete López-Santiago destacamos:

1.- Farmacias en municipios menores de 1.000 habitantes: Su demanda se ha visto reducida un 6,4%. Las farmacia de facturación inferior a 100.000 euros anuales, apenas encuentran compradores, suponían una tradicional vía de salida para primera instalación de titulados; ni las subvenciones del gobierno anima a los inversores. 

2.-Farmacias semiurbanas o de municipios mayores a 1.000 habitantes: Estas farmacias han incrementado un 3,2% su demanda, por su atractiva rentabilidad derivada de los bajos gastos de explotación.

3.-Farmacia urbana de escaso tráfico peatonal: Incremento de la demanda en un 4,1% accesible por sus ventas moderadas como farmacia de reposición para titulados procedentes del medio rural.

4.-Farmacia en eje comercial de primer orden: Resulta más atractiva por la posibilidad de negociar un mejor contrato de arrendamiento, ya que el deterioro del consumo genera desocupaciones de espacio en zona Prime, con presiones bajistas en el alquiler. Incremento del 1,1%

5.- Farmacia de casco histórico y zonas céntricas: La demanda ha ascendido un 3,4%, pero hemos detectado una ligera caída del 0,9% en barrios consolidados, crecidos al amparo del desarrollismo, por la reducción de población inmigrante.

6.- Farmacia de urbanización residencial: Prácticamente permanece estable, existe apetito por este tipo de farmacias, ya que por la baja densidad de población, las ventas no se disparan, el traspaso resulta asequible y dota al titular de calidad de vida por la oferta educativa, cultural o lúdica.

7.- Farmacias turísticas: Tras la recuperación del turismo británico y alemán, su demanda permanece estable, dado que el perfil del inversor es muy concreto y apenas le afectan las fluctuaciones temporales.

8.- Farmacia próxima a equipamientos sanitarios: Resulta menos atractiva, por su dependencia a un emisor de recetas,  su demanda ha caído un 3,2% y los plazos de venta se dilatan. 

9.-Farmacias en Centros Comerciales y aeropuertos: Importante crecimiento en su demanda de un 9 %, dada su escasa dependencia de la receta médica; y las condiciones arrendaticias ahora resultan más atractivas y las negociaciones más abiertas.

10.-Farmacias de ventas muy elevadas: Su demanda también se ha disparado un 8,7%, por la contención de su ratio de traspaso y elevada rentabilidad. Muy solicitadas por familias patrimonialistas con poca dependencia al crédito. De este perfil de farmacias hemos cerrado operaciones relevantes en los últimos meses.

En países de nuestro entorno, Portugal, Francia e Italia, también se han relajado los ratios, cerrándose operaciones en un importe de traspaso que oscilan entre el 0,7 y el 1,2 de las ventas anuales.

En resumen, se ha producido un ajuste de precios para acercarse a la tasa de esfuerzo que pueden pagar los inversores, observando oferta de financiación incorporada en la venta, tendencia que previsiblemente se prolongará en el 2.012. 

Cabe mencionar que los recientes retrasos en los pagos de recetas han generado incertidumbres y tensiones de tesorería a pesar del apoyo de la distribución. Si bien estas dilaciones son percibidas por el mercado como coyunturales. Los traspasos de farmacias que se encuentran en quiebra o concurso de acreedores son aún, testimoniales, dado que se encuentran en la fase de negociación bancaria de la quita en la hipoteca mobiliaria. 

Pero si volvemos la vista atrás, las condiciones para acceder a la financiación son mucho más ventajosas que en décadas pasadas, recordemos que hasta mediados de los años ´90, había cuatro factores que penalizaban los traspasos de farmacias:

*Intereses bancarios del 13%.

*El fondo de comercio no era amortizable.

*Tipo marginal impositivo del 56%.

*La farmacia no servía como garantía crediticia. La Hipoteca Mobiliaria no era una herramienta de financiación muy frecuente.

Estas condiciones suponían una barrera infranqueable de acceso a la profesión, que fue superada por todos los titulados que adquirieron su farmacia hace más de 15 años.

Es verdad que vivimos en un entorno de alta volatilidad, con incognitas que flotan en el ambiente, pero una farmacia siempre será una farmacia, más allá de los ciclos de la economía coyunturales. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades.]]> Sun, 18 Dec 2011 +0200

Como sabemos, por la orden del 8 de abril de 2010 se convocó un concurso público para la adjudicación de 312 oficinas de farmacia en Andalucía, posteriormente, con fecha 15 de julio del 2011 se publicó en el Boletín la lista de puntuaciones definitivas para la adjudicación de estas 312 farmacias. A partir del día 15 de octubre se debería haber comenzado con la citación de los adjudicatarios para la ratificación de su conformidad con la adjudicación de la oficina de farmacia que les ha correspondido de acuerdo con su puntuación final y orden de preferencia solicitado, pero nos econtramos con que el listado de adjudicatarios de las nuevas farmacias del concurso de apertura de farmacias aún no se ha publicado, a pesar de que ha acabado el periodo de alegaciones, suponemos por los recursos y la sentencia europea. 

El concurso de farmacias de Andalucía tiene fases restringidas, se premia a los rurales que llevan más de 10 años con 60 farmacias (ha habido 74 solicitudes). La sentencia del 1 de junio de 2010 no debería afectar a los tres concursos actualmente en marcha (Andalucía, Aragón y Baleares). Lo que si es cierto es que la Junta de Andalucía no ha baremado solicitudes por debajo de 72 puntos.

2.- ¿Por qué se ha legislado por la vía coercitiva del Decreto-Ley, y no por Decreto? Ahora será muy difícil recurrirlo, sólo el Tribunal Constitucional podrá tumbarlo. Se evita así el recurso Contencioso-Administrativo. Durante ocho años, este Decreto-Ley será “quasi” intocable, a pesar de que en apenas tres meses, habrá elecciones en Andalucía.

3.- ¿El Decreto-Ley 3/2011 abrirá una brecha entre los farmacéuticos rurales y los Colegios y Distribución? Podría ser. Es un tema preocupante, los rurales, a través de la SEFAR, ya han aplaudido este Decreto-Ley, ya que el 10% del ahorro revertirá en ayudas a la farmacia rural. Los Colegios, en contra, parece que desoyesen las alabanzas de una parte de los colegiados más desfavorecidos, a los que también representan.

4.-¿Cuánto se ahorrará si se aplicase la subasta a todo el arsenal terapéutico? Pensemos que se van a reducir el gasto farmacéuticos en 40 millones de euros con la subasta en sólo tres subgrupos (protectores gástricos, estatinas y antiagregantes plaquetarios).

5-. ¿Se comprometería la viabilidad de proyectos de I+D+i si se aplicase la subasta, no sólo a 3 subgrupos, sino a los 400 subgrupos existentes?

6.- La Consejera María Jesús Montero declaró que apuesta por el Modelo Mediterráneo ¿Realmente existe el modelo mediterráneo de farmacia? Ver vídeo.

7.- ¿El ahorro que supondrá este Decreto-Ley asegurará el pago a las farmacias siguiendo el calendario establecido? Eso nos han prometido.

8.- La propia Consejera calificó la subasta de “rompedora, responsable e innovadora”. ¿La imitarán otras CCAA? Murcia se ha apuntado también a esta la iniciativa para sus hospitales.

9.- ¿Se paralizará este Decreto mediante un recurso de inconstitucionalidad por parte del Presidente del Gobierno, lo que fulminaría este Decreto-Ley? Sólo Rajoy tiene la última palabra.

10.- ¿El Decreto-Ley 3/2011 coarta el criterio de libertad de prescripción del médico? Estamos en el limite de la línea roja, al igual que en el “catalogo de medicamentos” gallego de la Consejera Farjas. Sin embargo, este Decreto no afecta al precio del medicamento, que es competencia estatal.

11.-¿La farmacia andaluza queda obligada a entregar la “factura sombra” o “factura informativa”? ¿Se remunerará esta carga nueva carga administrativa? En todo caso, supondrá más burocracia para la farmacia.

12.- Ya que se adjudicará la molécula al mejor postor ¿cómo se garantizará que éste laboratorio tenga capacidad de abastecimiento para los ocho millones de andaluces?

13.- ¿No sería más inteligente un gran pacto a nivel nacional por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud?]]> Thu, 22 Dec 2011 +0200

En su designación se ha optado por una persona de marcado perfil político, y no por una experta en Gestión Sanitaria. Eterna ministrable, ha sabido mantenerse en primera línea desde el primer Gabinete de Aznar.

Procedente del aparato del partido, será la titular de un Ministerio muy desinflado, con la mayoría de las competencias cedidas a las CCAA, que se complementó con Servicios Sociales e Igualdad.

Su gran reto será conseguir el Pacto por la Sanidad, y en la oficina de farmacia:

1.- Acabar con los retrasos en el pago de la factura farmacéutica, que supone un fuerte deterioro de la calidad del servicio farmacéutico.

2.-Mantener la política de contención del gasto farmacéutico, sin que afecte a la prestación.

3.- Ordenar y homogeneizar los catálogos de genéricos, subastas de medicamentos y copagos autonómicos.

4.- Dotar de mayor contenido asistencial la oficina de farmacia desarrollando la cartera de servicios.

5.- Corregir el actual déficit de 17.000 millones en la sanidad mediante la participación de la iniciativa privada y nuevas formulas de gestión.

6.- Avanzar en el Decreto de Trazabilidad, de una urgencia inaplazable.

7.- Marcar la dirección del Orden de Precios de Referencia, para dotar de seguridad jurídica y estabilidad al sector.

8.- Pactar con oficinas de farmacia y distribución farmacéutica un acuerdo que garantice su servicio óptimo y viabilidad.

Todo ello en un entorno complejo de disminución de la presión fiscal. Ya en el discurso de investidura, el Presidente Rajoy prometió y anunció la exención por reinversión en la tributación de plusvalías (sistema que existía hasta 1.999), que resulta muy favorable para la fiscalidad de los traspasos de farmacias por el ventajoso tratamiento fiscal de los incrementos de patrimonio puesto de manifiesto en la transmisión de oficinas de farmacias.

Al contrario de otros países europeos, aquí el perfil del Ministro de Sanidad ha sido de lo más variado:

a) Médicos: Ana Pastor y Bernat Soria.

b) Economistas: Ernest Lluch, Julián García Vargas y Elena Salgado.

c) Abogados: José Antonio Griñán, Ángeles Amador o Romay Beccaria.

Otros de naturaleza diversa: Celia Villalobos, esposa de Pedro Arriola.  O Trinidad Jiménez, cuya baza era pertenecer a la Trilateral.

Que tenga mucha suerte.]]> Thu, 22 Dec 2011 +0200 Luis de Guindos, nuevo Ministro de Economía y Competitividad. Ministerio que tendrá gran influencia en la oficina de farmacia. Muchas decisiones sanitarias de anteriores Ejecutivos se diseñaban en el Ministerio de Economía.

Defensor de políticas no intervencionistas en las relaciones arrendaticias, sería una gran noticia para la farmacia si se replantease el “Decreto Boyer” y los plazos establecidos de contratos de arrendamiento de farmacias en prorroga forzosa, cuyo contrato expira el 2015. ¿Debe el Estado legislar el incremento del importe de alquiler tras el traspaso de una farmacia? ¿No deberían las partes, arrendador y arrendatario, ser soberanas para llegar a los acuerdos que estimen oportunos?.

Político liberal, partidario de abrir mercados y liberalizar para superar el ciclo contractivo de la economía. Una clara apuesta del partido conservador por el libre mercado y por la competencia.

Fue Director General de Defensa de la Competencia y posteriormente Secretario General de Defensa de la Competencia. Conocedor de las finanzas internacionales, trabajó para Lehman Brothers. Su dominio de idiomas le permitirá influir en las reuniones de Bruselas y en los pasillos del Ecofin.

Con la redacción actual, el limite máximo para los no propietarios es de ocho puntos. La SEFAC ya ha prometido recurrirlo por la discriminación que supone al farmacéutico comunitario adjunto. ¿Por qué en un concurso de acceso a oficinas de farmacia, se favorece la posesión de títulos de especialistas en áreas distintas a la actividad propia de estos establecimientos sanitarios?. Y es que, si debiera primarse alguna especialidad, sería aquella que tenga vinculación directa con el trato diario a pacientes, como es el caso de la especialidad en farmacia comunitaria

El Colegio de Farmacéuticos de Murcia ya presentó una enmienda a la totalidad y solicitó la devolución del Baremo, consideró insuficiente que se valore a 0,08 puntos cada mes trabajado como adjunto. De igual manera, el ejercicio rural de la farmacia en una localidad menor de 1.500 habitantes se valora con un máximo de dos puntos, lo que se considera insuficiente.

Este baremo dificulta sobremanera el acceso a las oficinas de farmacia en la región de Murcia a este colectivo, y sienta un precedente.

Desde Europa ya nos han recriminado que en nuestro país se diese prioridad a doctores, profesores de Universidad o discapacitados, sobre los farmacéuticos rurales o parados, al contrario de la filosofía que emana de Europa, como hemos comprobado en el reciente concurso abierto en Italia.

Para evitar la litigiosidad permanente se deberían observar las instrucciones que nos llegaron desde la sentencia de la Comunidad Europea.

Proyecto de baremo de puntuación para la adjudicación de oficinas de farmacia en la región de Murcia.]]> Mon, 20 Feb 2012 +0200

1.-Reducción de las cargas laborales: Por el radical abaratamiento del despido. La práctica totalidad de los despidos pasarán de los 45 a 20 días, salvo que el trabajador quiera pelear frente al juez una indemnización mayor.

El coste del despido también será cero para los contratos indefinidos durante el primer año. Las empresas de menos de 50 trabajadores (casi todas las farmacias) se beneficiarán de disponer del trabajador un año en periodo de prueba. 

2.- La adquisición de una oficina de farmacia será una inversión refugio para la oleada de despidos masivos de la industria farmacéutica, que ya no requieren permiso administrativo previo. El Gobierno ha cedido a las presiones de las multinacionales. Sólo Grecia tiene una medida similar.

3.- El desempleado que desee invertir en una oficina de farmacia cobrará la prestación por desempleo de una sola vez, simplificando el farragoso sistema actual de capitalización de desempleo, un mecanismo lento que nos exigía presentar el Plan de Empresa de adquisición de la farmacia, y que sólo preveía los gastos de establecimiento.

4.- El adquirente de la oficina de farmacia podrá cambiar el horario de la farmacia, incrementándolo si lo desea. Ahora el empresario puede modificar a su voluntad la jornada laboral, el horario y el sistema de evaluación del rendimiento.

5.- Se reducen los costes de explotación: La nueva legislación permite la reducción de sueldo a trabajadores cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Criterios muy vagos y elásticos, cargados de subjetividad.

6.- Se establece un contrato a tiempo parcial para jóvenes, se trata de un contrato flexible con un despido muy barato. Constituirá una buena herramienta para las farmacias menos pudientes  o rurales más desfavorecidas, que podrán disponer de mayor flexibilidad.

Además el sector privado tendrá más papel en la recolocación de parados. Asistiremos a la aparición de ETT´s y de empresas de recursos humanos especializadas que profesionalizarán más la mano de obra de nuestro sector.

La gran duda que me surge es ¿la reforma está destinada a mejorar la cuenta de las empresas o a acabar con el paro? 

Las relaciones laborales tienen una fuerte carga ideológica, la visión conservadora considera:

• Que por su imprecisión y poca claridad esta reforma no merecería una huelga sino que hay quién sugiere un cierre patronal.
• El mecanismo de subvenciones y deducciones en los contratos sólo sirve para aquellas empresas que estén en beneficios.
• Permitir hacer horas extras en contratos a tiempo parcial, podría suponer abrir la puerta a prácticas indeseables.
• Que el gobierno sigue por la senda intervencionista de siglos pasados.

Por el contrario, la visión progresista considera esta reforma el mayor ataque a los derechos de la clase trabajadora desde la Transición. Si bien el Estatuto de los Trabajadores de 1980 comenzó a liquidar los derechos, mediante el despido libre, la rebaja de indemnizaciones y los incrementos salariales según inflación:

• Las empresas pueden despedir con 20 días y un máximo de 12 mensualidades si hay “perdidas actuales o previstas” o “una disminución de las ventas por tres trimestres consecutivos”
• Se abarata el despido, de 45 días por año trabajado con el tope de 42 mensualidades, a 33 días con el máximo de 24 mensualidades, casi la mitad.
• Se abre toda una gama de bonificaciones para el empresario.
• Se establece que la farmacia pueda cobrar el 50% de la prestación por desempleo del trabajador durante 12 meses si lo contrata.
• Se mantienen las formas más precarias de contratación (contrato de aprendizaje) y el límite de 24 meses en el encadenamiento de los contratos tiene una importancia relativa, ya que se precariza todo el empleo.
• Las ETT´s pasan a tener un papel central como agencia de colocación, lo que supone una cierta “privatización” del INE
• Se endurece la lucha contra el absentismo laboral, dando mayor poder a las mutuas.

Si bien, viene a complicar el marco laboral, ahora se precisa de un buen asesoramiento antes de contratar. Ya teníamos 40 tipos de contratos, cada uno con legislación, subvenciones y deducciones diferentes entre los que podía optar la farmacia, ahora se requiere mayor conocimiento para optimizar los recursos humanos.

Por ello hay dos visiones de las relaciones laborales:

La neoliberal de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, por cuyas teorías obtuvo el Premio Nobel, que aboga por la flexibilidad, pero de resultados discutibles en el Cono Sur, Europa del Este, China y ahora en Europa.

La visión más progresista, considera que estas reformas atacan las conquistas históricas de la clase trabajadora en beneficio del capital.

El Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud debería permitir generar un ahorro que de 7.000 millones de euros. Es decir, en torno a un 10 por ciento del gasto sanitario público.

FARMACIA

Entre las principales medidas acordadas, se encuentran modificaciones en el sistema de aportación de los usuarios en las oficinas de farmacia. En primer lugar, el Gobierno excluirá a los desempleados de larga duración de pagar por los medicamentos recetados.

Se establecerá, en farmacia, un modelo equitativo “más justo” que tenga en cuenta la renta, donde “aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen”. En concreto, los ciudadanos con rentas iguales o mayores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40 por ciento, como hasta ahora, a aportar el 60 por ciento. Por su parte, los activos con obligación de tributación en el IRPF pagarán el 50 por ciento. Los activos que no tengan obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas deberán aportar el 40 por ciento.

En cuanto a los jubilados, los que tengan menor poder adquisitivo también estarán exentos de las aportaciones. Los pensionistas con rentas bajas pagarán el 10 por ciento, con un límite de ocho euros al mes.

La introducción de estas medidas, además, pondrá en valor el medicamento, España que es el segundo consumidor mundial de fármacos, destruye cada año 3.700 toneladas de medicamentos pagados, porque han caducado o no se han utilizado. Los expertos cifran este despilfarro en un 10 por ciento del gasto farmacéutico, por lo que el Ministerio calcula un ahorro de más de 1.000 millones. Para combatir estas prácticas, además, se adecuarán los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.

En materia de farmacia, además se han acordado otras medidas como la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, que permitirá un ahorro de 400 millones, y el impulso al uso de genéricos y fármacos de menor precio, que facilitará un ahorro adicional de unos 350 millones.

TURISMO SANITARIO

Por otro lado, el Pleno del Consejo Interterritorial ha acordado también adaptar correctamente a España la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud. El motivo es que se ha constatado que el SNS está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.

Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado. De este modo, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, ha señalado Mato.

CARTERA DE SERVICIOS

La reforma sanitaria garantizará, asimismo, una cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, que asegure que todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad.

En su reunión de hoy, el Pleno ha acordado categorizar esta cartera. El objetivo es gestionar la realidad asistencial, y la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia. De este modo, la cartera común de servicios tendrá las siguientes categorías:

1.      Cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

2.      Cartera común suplementaria. Incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.

3.      Cartera común de servicios accesorios. Incluirá las actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías. Por ejemplo, cosméticos para pacientes con enfermedades raras.

La Agencia de Evaluación de Tecnologías será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.  

Por otro lado, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.

RECURSOS HUMANOS

En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios. 

Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

PLATAFORMA CENTRALIZADA DE COMPRAS

Por otro lado, la plataforma centralizada de compras permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea. Esto supondrá ahorrar más de 1.000 millones. Las compras centralizadas ya se han aplicado en ciertos fármacos, como las vacunas de la gripe estacional.

La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido 14 comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías. 

FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL

La ministra también ha planteado a los consejeros la creación de un Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El objetivo es, además de superar las trabas burocráticas, garantizar la cohesión y la equidad en el SNS, mediante la dotación económica suficiente para cubrir los desplazamientos entre autonomías. Además, también quedan compensadas las autonomías cuyos servicios de salud atiendan a las personas desplazadas.

 ]]> Mon, 23 Apr 2012 +0200  

Sin embargo, el número de pensiones no contributivas supone sólo el 3,9% del total de pensionistas, por lo que su impacto será mínimo en la economía de la farmacia. En España hay 9.314.315 pensionistas, sólo 447.963 disfrutan de pensiones no contributivas.

¿Qué es una pensión contributiva?

Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos por ley establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Se trata de unas pensiones reducidas (unos 366 euros mensuales de media), el 80% se concedieron entre los años 1992 y 1996, al final del mandato socialista de Felipe González, a aquellos que por distintas razones no habían cotizado nunca a la Seguridad Social.

Aunque la ley era igual en toda España, en algunas comunidades se aplicó la Ley a raja-tabla; así se extendió su concesión en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En el año 1993 las pensiones no contributivas se incrementaron en Andalucía un 218 %,  hoy representan un 34% del total,  cuando su peso relativo es sólo un 15%, por tanto, los exentos de copago por ser beneficiarios de pensiones no contributivas no tienen una distribución homogénea en nuestro país.]]> Fri, 27 Apr 2012 +0200

El concurso de apertura de farmacias parece que avanza. El Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas ha informado que la apertura de nuevas farmacias se está tramitando sin obstáculos por el momento. Por ello, la Vocalía de Adjuntos convocó una reunión para tratar este asunto directamente con la Administración. María Eugenia Pérez Román, vocal de Adjuntos, el presidente del Colegio, Carlos Muñoz, y la secretaria María Luisa Rodríguez, mantuvieron un encuentro con Rodolfo Ríos, jefe de Servicio de Ordenación Farmacéutica de la Dirección General de Farmacia, que representaba los intereses de la Consejería de Sanidad.

Parece que Ríos explicó a los representantes de los farmacéuticos, que está recabando toda la información necesaria para poder dar traslado definitivo a la concesión de las nuevas farmacias. El jefe de Servicio indicó que de momento “tenemos que actualizar el censo poblacional a 1 de enero 2011, además de conocer con exactitud el número de camas turísticas para identificar las necesidades”. Asimismo, el representante de la Administración explicó que estas circunstancias han demorado el proceso. 

Respecto al borrador definitivo, siguiendo esta línea de actualizaciones, Ríos indicó que están revisando los distritos y secciones que hay que renovar. Sin embargo, si adelantó que dentro de dos  semanas esperan tener en su poder el borrador relativo al nuevo mapa completamente finalizado. De esta forma, podrán identificar las zonas con déficit de servicio. 
Una vez que haya pasado este plazo, el Colegio mantendrá un nuevo encuentro para contrastar la información que obra en manos de la Administración, con la que posee la entidad profesional. Por último, tan solo faltaría la firma de ratificación del director General y de la Consejería. 

También han informado de que ya se trabaja en el documento de baremación. 

La rentabilidad de las farmacias en Islandia no sólo no se visto reducida sino que ha aumentado. Islandia ha sido capaz de negociar el pago de la deuda impuesta por la oligarquía de los banqueros internacionales del Grupo Inter-Alfa en condiciones ventajosas.

Las políticas de austeridad impuestas por los países del norte, se deben acompañar de la creación y puesta en marcha de planes de estímulo para evitar la asfixia de la economía europea.

Así, instituciones globalistas supranacionales, como el Banco Central Europeo, Banco Mundial, Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya lo han percibido. Es notorio que el papel de la Troika en Portugal ha sido nefasto y no debería repetirse, (en especial se ha resentido la atención sanitaria y educativa). Aunque países necesiten la asistencia financiera de estas Instituciones de Gobernanza Global, no se deben desmantelar servicios básicos para la población.

El dogma sobre la austeridad no está funcionando y arrastra a los sistemas de protección social (oficina de farmacia incluida) a una posición muy comprometida.

Se establece un costoso y complejo sistema de gestión, con 7 tipos de recetas y 5 tipos de tarjetas sanitarias, clasificando farmacéuticamente a los españoles por su situación económica y laboral y no por sus enfermedades.

La novedad es que los pensionistas adelantarán el dinero, que las CCAA les reembolsarán, quizás, en un plazo máximo de seis meses. También pagarán parte de las prótesis y del transporte sanitario.

En nuestro país, donde 4.700.000 millones de pensionistas cobran menos de 600 euros mensuales, y con un 23% de la población en el umbral de la pobreza, poner el tope máximo de aportación en 100.000 euros genera hilaridad (apenas 240.000 españoles llegan a esta cifra), tal vez un guiño de cara a la galería para que se vea que los “ricos también pagan”.  Además se prevé la exclusión de más medicamentos.

Sin embargo, algunos consejeros ajenos al PP, como Rafael Bengoa, del País Vasco, considera que el “copago aporta sostenibilidad”, pero el impacto a corto plazo sobre la población es obvio: mayor morbilidad y mortalidad.

Contrasta la agresividad mostrada frente a los enfermos, ancianos y sin recursos, frente a la poderosa Industria Farmacéutica, a la que se le recorta de manera testimonial. Vivimos tiempos de corporatocracia.]]> Fri, 04 May 2012 +0200 Con los presupuestos de salud sometidos a fuertes presiones, las farmacias europeas contribuyen a la calidad y la rentabilidad de los sistemas de salud dada su:

Por nuestra experiencia, esto constituye una gran ayuda para los farmacéuticos, a la hora de comprar una nueva farmacia; lo único que le recomendamos es que sea muy riguroso en la tramitación y que se lo lleve alguien con experiencia. En estos tiempos de sequía financiera, es necesario seguir el Reglamento de una manera muy estricta, para evitar que, por algún error de forma, esta ayuda nos sea denegada.

Así se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 por 100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir.

Asimismo, se ha incrementado hasta el 80% el límite de pago único de la prestación por desempleo destinada a inversión para jóvenes de hasta 30 años de edad y de mujeres hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos, como es el caso de adquirir una oficina de farmacia y, por lo tanto, convertirse en empresario.

Por si fuese de su interés, le adjuntamos el Real Decreto 1975/2008, 28 de noviembre, sobre medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, publicado en el BOE el 2 de diciembre de 2008 (http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf). Y Así, como el Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales (http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf”

Esperamos que le haya sido de utilidad.]]> Mon, 09 Nov 2009 +0200 En virtud de la citada normativa no se admite la amortización contable pero sí fiscal, del fondo de comercio.

Consecuentemente, a pesar de  no estar condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, entre otros cambios de cuentas y dotaciones, fiscalmente, el titular farmacéutico cuando calcula la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se permite seguir deduciendo la amortización del fondo de comercio con el límite anual máximo de la veinteava parte del importe del mencionado activo inmaterial, esto es un 5%. Dichas cantidades deducidas minoran a efectos fiscales, el valor del fondo.

Así, las Oficinas de Farmacia que tenían registrado un fondo de comercio al cierre del ejercicio 2007 debieron tener en cuenta que además de comprobar al cierre del ejercicio 2008 si existió pérdida de valor y, por tanto, registrar la corrección del mismo con carácter irreversible, debieron derivar la amortización acumulada, hasta ese momento en la cuenta 2813, a la cuenta 1143 (Reserva por fondo de comercio) y, por supuesto, modificar la cuenta de activo del balance donde figuraba el fondo de comercio: de la 213 a la actual 204.

Así, con el fin de minimizar el impacto trimestral de dicha compra de existencias y redistribuirlo a lo largo del ejercicio, -ya que podríamos cuantificar pérdidas en un  pago fraccionado y cuantiosos beneficios en el siguiente, adelantando innecesariamente dinero al Erario Público-,  deberemos recurrir a los mecanismos contables (provisiones y ajustes por periodificación, entre otros) conforme al principio de prudencia, en relación a gastos ciertos sobre cuantías que en el momento de la previsión y la planificación, no se pueden conocer con exactitud.

Nótese que dependerá de si su facturación supera los 600.000 Euros o de si ésta es inferior, para que quede incluido en el régimen de Estimación Directa Normal o Estimación Directa Simplificada, respectivamente, y, en este último supuesto, la dotación a provisiones junto con los gastos de difícil justificación, no podrán ser superiores en suma, al 5% del rendimiento neto positivo.

Así, Las Normas de Contabilidad señalan entre estas causas, una depreciación de carácter reversible: la reducción de sus precios en el mercado.

Conforme al principio de prudencia contable y la Norma de Registro y Valoración 10ª del Plan General de Contabilidad de 2008, se establece que cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, tan pronto como este hecho sea conocido, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión contable de depreciación de mercaderías.]]> Sun, 15 Feb 2009 +0200

Dicho esto, desde un punto de vista civil y mercantil, existen fórmulas financieras de intervención en la Oficina de Farmacia en calidad de establecimiento mercantil, como son los préstamos personales participativos o no, y las Cuentas en participación, que canalizan la inversión en la misma.]]> Fri, 21 Aug 2009 +0200

En segundo lugar, en virtud del artículo 1438 del Código Civil, relativo al régimen de separación de bienes, ella puede tener derecho a una compensación a determinar por el Juez.

En uno u otro caso, por la jurisprudencia generada por la casuística relativa a la Oficina de Farmacia en torno al matrimonio, cabe decir que el Tribunal Supremo ha ratificado en numerosas ocasiones que el valor relativo a la Licencia administrativa es de origen privativo del Titular de la Oficina de Farmacia, porque requiere de título de Licenciatura en Farmacia.

Sin embargo, otros activos inmateriales, como el fondo de comercio, y materiales no corrientes, como el mobiliario y el local, si es de propiedad, u otros activos corrientes, conformados principalmente por las existencias, no gozan del amparo privativo del Titular farmacéutico y pueden entrar a compensar al cónyuge no farmacéutico, en valoraciones matrimoniales de disolución.

En otro orden de cosas, se tendrá en cuenta el incremento de valor experimentado por dichos activos desde el momento de la adquisición hasta el momento de la disolución matrimonial.]]> Thu, 25 Mar 2010 +0200

Por nuestra experiencia, también le recomendamos que los guarde, dado que en algún caso, si le piden que justifique (ante una inspección de sanidad), la compra de las unidades facturadas a los Organismos gestores, ha de presentar los albaranes, si aquí apareciesen las bonificaciones.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 19 de febrero de 2010, además de hacer referencia a las posibles connotaciones penales derivadas de las falsedades cometidas en un documento mercantil, como el albarán, se basa en una afirmación crucial: "la función probatoria del albarán no es la determinación de la fecha, sino acreditar la entrega y recepción de la mercancía."

Con estas premisas, el albarán es un documento que complementa civil y mercantilmente, a todos los efectos, a la factura, cuya regulación en la materia, se halla en el Código de Comercio, en la Ley 10/1985, de 26 de abril que estableció la obligación de empresarios y profesionales de expedir y entregar facturas por las operaciones que realicen,  el RD 1496/2003, de 28 de noviembre que aprobó el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y se modificó el reglamento del IVA  y el Reglamento comunitario 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio en relación al Código Aduanero Comunitario. Entre sus requisitos, las facturas deben contener la identificación del proveedor y comprador así como la fecha de la operación.]]> Mon, 17 Mar 2008 +0200 sometidos a autorización administrativa previa por parte del órgano competente en materia de ordenación farmacéutica.

Asimismo, dicha autorización sólo podrá concederse cuando el local propuesto se encuentre dentro de la misma Zona farmacéutica. Si tenemos en consideración la Orden de 15 de mayo de 2006 que delimita las Zonas farmacéuticas, en virtud de los apartados 3 y 7, ambos municipios que Vd. señala, pertenecen a Zonas farmacéuticas diferentes.

Por el contrario, si mediara el desistimiento voluntario del comprador, se desharía la operación de compraventa. En ese supuesto, Vd. se adueñará de dicha cantidad, por la que deberá tributar en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas relativo al ejercicio en que se firmó el contrato, como parte de la base de ahorro que determinará, entre otros, el incremento patrimonial obtenido.

Entendemos que la operación va a adelante y, por tanto, en la Declaración de Hacienda del 2.011 (que corresponderá al ejercicio 2010), se deberá imputar la ganancia patrimonial obtenida.]]> Thu, 18 Feb 2010 +0200

Asimismo, la autorización de una nueva oficina de farmacia se otorgará al farmacéutico que resulte con mayor puntuación entre los solicitantes, de acuerdo con el orden de criterios de selección que se regule por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.

Por lo tanto, si lo que desea es que se inicie un procedimiento de apertura para una nueva oficina de farmacia en su localidad, debería presentar un escrito dirigido al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, y, tras su examen, la Administración decidirá si incluirla o no en la próxima convocatoria.

En todo caso, el hecho de haber sido usted el que haya tenido la iniciativa, no le aportará ninguna ventaja. Se abrirá un concurso, y aquel candidato que obtenga una baremación más alta será el adjudicatario de esta oficina de farmacia en su localidad.]]> Mon, 05 Jul 2010 +0200

De conformidad con la consulta planteada, indicarle que el incremento porcentual del tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, no le es de aplicación.

De hecho, viene siendo un tema pacífico avalado por la Dirección General de Tributos, que la transmisión del local afecto a la actividad de Oficina de Farmacia, en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial esté sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Onerosas, no al Impuesto sobre el Valor Añadido, como Vd. indica.

Así se consigna, a modo ilustrativo y reciente, en la Consulta Vinculante V0888-09, de la Dirección General de Tributos de 27 de abril de 2009, según la cual, el artículo 7.5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados -Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre- de cuyo texto se infiere que queden sujetas las entregas de inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.]]> Sat, 12 Jun 2010 +0200  

En virtud de lo que plantea, se estará a la normativa de aplicación cuyas disposiciones, el Consistorio tenga por vigentes. En concreto a las Ordenanzas municipales que, en particular, atañen a la rotulación e iluminación y que por ende, afecten al urbanismo y al paisaje urbano en general.

Lo habitual es que el Ayuntamiento actúe en caso de inactividad de los particulares, bien imponiendo multas coercitivas, bien previo apercibimiento del interesado y a costa del mismo, ordenando incluso la realización de proyectos o estudios técnicos y urbanísticos que sean necesarios para el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actuación afectada.

La pasividad del administrado que obligue a la Alcaldía a intervenir puede conllevar la sanción de carácter específico independientemente de otras inherentes a la actuación que motiva su necesidad.

Normalmente, las acciones consistoriales, a través de requerimientos compelen al administrado ya a la legalización de la situación que da origen al expediente, o ya, en el caso de que ésta sea ilegalizable, a restituir los elementos físicos alterados a la situación originaria.

Otros grandes Ayuntamientos, como el de Madrid o Zaragoza,  también están en un proceso de reordenación de las  fachadas y cruces de las farmacias; de cara a unificar y, según ellos, mejorar el paisajismo urbano.]]> Tue, 27 Jan 2009 +0200 ganancia patrimonial para el transmitente consistente en la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión es imputable a la base del ahorro bajo el gravamen fijo del 18%.

Téngase en cuenta la previsión para el ejercicio 2010.

En relación al diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios:

En 2002 todavía estaba vigente la siguiente redacción del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, que fue suprimido por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2003:

Los contribuyentes que realicen actividades económicas y transmitan elementos afectos a las mismas podrán optar por tributar por las ganancias patrimoniales que se produzcan con arreglo a las normas de esta Ley, o por aplicar lo previsto en el artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para la reinversión de beneficios extraordinarios, en cuyo caso se integrará en cada período impositivo el importe total de la ganancia patrimonial imputable a ese período en la parte general de la base imponible.

En ningún caso será aplicable a estas ganancias patrimoniales la exención por reinversión prevista en el artículo 127 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.”

Ahora bien, el artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades fue, a su vez, derogado por la disposición derogatoria única, apartado 5 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2002.

Es decir, que la posibilidad de diferimiento de las rentas producidas como consecuencia de la enajenación de elementos del activo fijo material ya no existe para el supuesto de bienes que se transmitieron en el 2002 y ejercicios sucesivos. Respecto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, decirle que dicha exención dejó de existir ya en el ejercicio 2000.]]> Fri, 22 May 2009 +0200

Así también se indica expresamente que la Consejería competente en materia de salud, en cualesquiera de los supuestos de caducidad contemplados en dicho artículo 40, se reserva la potestad de autorizar una nueva Oficina de Farmacia en aquellos municipios, entidades poblacionales o unidades territoriales farmacéuticas donde se hubieran producido los mismos.

Dicha discrecionalidad, que goza como puede comprobarse de gran amplitud de miras, sólo aparece limitada por el procedimiento de adjudicación de nuevas Oficinas de Farmacia, regulado en el artículo 41, conforme al cual, se realizará de oficio mediante concurso público, en el que podrán participar los farmacéuticos que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y demás normas de desarrollo.

En definitiva se estará a la motivación de la convocatoria del concurso público realizada de oficio, con el fin de hallar los fundamentos de hecho y de derecho en aras a proceder a su impugnación, en plazo, primero en vía administrativa y, en su caso, agotada ésta, en vía contencioso-administrativa.]]> Thu, 23 Jul 2009 +0200
A esto habría que añadir si hay que hacer obra civil, en caso que el local no se encontrase con instalaciones generales actualizadas.

Nuestra recomendación, en primer lugar, es que tome en consideración los gastos fijos (principalmente la renta mensual o cuota hipotecaria, tanto si dispone del local, en régimen de arrendamiento o en propiedad, los sueldos y salarios, primas de seguros, servicios profesionales, gastos bancarios u otros) y haga una extrapolación a 6 y 12 meses. 

En segundo lugar, deberá ser capaz de hacer una previsión sobre los gastos variables, también a 6 y 12 meses, (consumos, existencias, suministros y demás) considerando el posible incremento en ventas que un buen estudio de viabilidad le permita.

Será importante que considere los apalancamientos y carencias que, tanto proveedores como entidades financieras, pudieren facilitarle.

En cualquier caso, le recomendamos, asimismo, que contrate algún tipo de producto financiero que pudiera cubrir las hipotéticas tensiones de tesorería derivadas de los citados incrementos de la actividad. 

Si confía en su buen hacer, en el transcurso de unos tres meses, podría ser capaz de confeccionar su propia Cuenta de Pérdidas y Ganancias real, previsional y a futuro, con el objetivo de tener una mayor orientación sobre la gestión. Ésta debería regularizarse en un plazo medio de 24 meses.]]> Sat, 15 Mar 2008 +0200

Civilmente, podrá limitar en mayor o menor medida la plena propiedad de los mismos, pero lo que sí podemos garantizarle es que existen fórmulas de inversión como los préstamos personales, participativos o no, y las cuentas en participación que permiten obtener excelentes rendimientos de capital mobiliario, con arreglo a los pactos que acuerden, sobre la Oficina de Farmacia.]]> Fri, 09 Oct 2009 +0200

Así pues, la hipoteca mobiliaria abarca el establecimiento mercantil (derecho de arrendamiento, instalaciones fijas o permanentes, nombre comercial, rótulo del establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual, máquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo), siempre que sean de propiedad del titular del establecimiento, en este caso la Oficina de Farmacia. Si mediar pacto, también se extenderá sobre las existencias.

Se otorga en documento público ante Notario y accede al Registro de Bienes Muebles de la provincia donde se ubica la Oficina de Farmacia.

Tenga en cuenta que para poder establecer la hipoteca mobiliaria de la oficina de farmacia, hemos de contar con el permiso expreso del arrendador, si el local no es de su propiedad.]]> Mon, 08 Mar 2010 +0200

1.- Se considerará VALOR DE ADQUISICIÓN al valor contable, teniendo en cuenta las amortizaciones que hubieran sido fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima, con independencia de su efectiva consideración como gasto. Se considerará como amortización mínima, la resultante del período máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso.

Se tendrán en cuenta también, los gastos y tributos necesarios en el proceso de su compra, en su día.

2.- Se considerará VALOR DE TRANSMISIÓN el precio de transmisión de la Oficina de Farmacia, teniendo en cuenta también los gastos y tributos satisfechos e inherentes a la misma.

En su consecuencia, teniendo en cuenta los cálculos preceptivos a realizar   con arreglo a lo indicado con anterioridad, aproximadamente y como mínimo, un 79% del precio recibido será para Vd. y un 21% para la Agencia Tributaria. ]]> Tue, 13 Jan 2009 +0200 Capítulo IV del Libro III de nuestro Código Civil y comprende los artículos 644 al 656.

Básicamente los supuestos de revocación hacen referencia a que el donante tenga, después de la donación, hijos, aunque sea póstumos o que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando hizo la donación.

Así también el donante puede revocar la donación cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél le impuso, o por causa de ingratitud del donatario, si éste cometiere delito contra la persona, honor o bienes del donante, o el donatario imputare delito al donante que diera lugar a procedimiento de oficio o acusación pública aunque no lo probase. ]]> Fri, 28 May 2010 +0200

¿Incluye este factor el local, es decir la disponibilidad jurídica del local pasa por la venta?, ¿se incluyen las existencias?, ¿qué otros pactos se albergan?

Por otro lado, ¿se trata de una ubicación privilegiada?, ¿puede tratarse de un caso de jubilación? En fin, podemos valorar un muy largo etc.

Es muy importante valorar los parámetros que permiten aplicar uno u otro coeficiente corrector (idiosincrasia de la Comunidad Autónoma, si se trata de farmacia urbana o rural, disponibilidad jurídica del local, si es única en el municipio, si atiende algún geriátrico, la distancia con respecto al Centro de Salud más cercano...) y, en particular, muchos más condicionantes que influyen positiva o negativamente en la fijación del precio de una Oficina de Farmacia.

En resumen, nuestro consejo no descarta ningún expediente de transmisión sin haber estudiado previamente los pros y los contras de cada operación de compraventa.

Por nuestra experiencia, sabemos que cada farmacia es única y eso se hace extensible a cada traspaso.

Respecto al método por coeficientes correctores, con arreglo a nuestro parecer, como hemos reiterado en alguna ocasión, consideramos este método idóneo a la hora de realizar tasaciones, en cuyo caso, se utiliza junto con el método de descuento de flujos de caja con el fin de hallar la rentabilidad y, en su consecuencia, realizar la media aritmética entre ambos.

A la hora de justificar la apreciación de dicho coeficiente corrector en la venta, nos remitimos al sentir del mercado y devenir de los acontecimientos en los distintos traspasos de Oficinas de Farmacia llevados a cabo a lo largo del transcurso de los años. ]]> Wed, 17 Jun 2009 +0200

Por ello, de la lectura pormenorizada de la norma se desprende que los cambios de ubicación sujetos a autorización administrativa sólo pueden concederse si se cumplen los requisitos relativos al módulo de población, distancias, localización para dotar de un mejor servicio a la población, siguiendo el procedimiento establecido y siempre que el local cumpla con los requisitos exigidos, entre ellos la superficie de 80m2.

Aún a expensas de la motivación que resolvió el Concurso de Nueva apertura, la interpretación normativa apuntaría a que el cambio de ubicación sólo podrá autorizarse dentro de la misma localización y sólo podría desvirtuarse, según nuestro criterio, si se colmase de jurisprudencia y, por tanto, criterios interpretativos judiciales que aclarasen los preceptos de aplicación.]]> Thu, 12 Nov 2009 +0200 Mon, 22 Dec 2008 +0200  

Se considera irrecurrible en casación la impugnación del cuaderno particional entre la que se incluye el activo y los rendimientos de una oficina de farmacia, en la liquidación de sociedad de gananciales, de conformidad con el Auto de 21 de octubre de 2008 del Tribunal Supremo que ratifica los Autos de 27 de julio de 2004, de 14 de septiembre de 2004, de 1 y 15 de marzo de 2005 y de 26 de abril de 2005.]]> Sat, 20 Dec 2008 +0200  

En atención a la consulta formulada y visto el sistema de transmisión existente ahora en Andalucía, conforme a la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, hay que tener en consideración, la limitación existente en el texto de la Ley para el farmacéutico que quiera transmitir la farmacia, y es que el traspaso de la totalidad o una parte indivisa de la oficina de farmacia, sólo podrá llevarse a cabo a favor de otro u otros farmacéuticos siempre que el establecimiento haya permanecido abierto al público durante un mínimo de cinco años, con la misma persona titular o cotitulares. 

En su artículo 47, apartado 1, establece que “la transmisión de la oficina de farmacia por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, estará sujeta a autorización administrativa que se realizará en las condiciones y con los requisitos de procedimiento que reglamentariamente se determinen”, este párrafo viene a colación por lo expresado en  la Disposición transitoria quinta de la Ley que estudiamos, “Normas aplicables en ausencia de reglamento. 

Por tanto, en tanto no se proceda a los desarrollos reglamentarios previstos en esta Ley, se aplicarán, en lo que no se opongan a la misma, las normas vigentes en cada materia” ¿Porqué nos parece especialmente interesante esto? Pues porque de ser así, entendemos que sigue vigente en esta materia, por no oponerse a lo dispuesto en la ley (al no haberse producido el desarrollo reglamentario aún), el artículo 14 de la Orden de 21 de noviembre del 1979, recoge lo siguiente “no se considerarán cesión, traspaso o venta….., los cambios de titularidad de Oficinas de Farmacia entre cónyuges, ni las transmisiones a título gratuito entre padres e hijos Farmacéuticos”. 

En definitiva, este tipo de cambios de titularidad, ni tendrían la limitación de los 5 años, ni se considerarían primera transmisión a los efectos de someterse en la siguiente venta al concurso público, (por no ser consideradas transmisiones) reiterando que será esto,  hasta que no se produzca desarrollo reglamentario que lo regule. El resto de transmisiones, esto es a terceros, y las producidas entre padres e hijos a título oneroso, para que puedan producirse, será requisito imprescindible que hayan pasado 5 años con el mismo titular al frente de la Oficina de Farmacia.

Sin otro particular, reciba un atento saludo.]]> Thu, 19 Feb 2009 +0200

De conformidad con la consulta planteada, indicarle que, como Vd. bien apunta, el plazo de las actuaciones en el procedimiento de inspección, efectivamente y tal y como se indica en la dicción del artículo 150 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, deberán concluir en el plazo de 12 meses contando desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.

Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas.

No obstante lo anterior, podrá ampliarse dicho plazo, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente.

b) Cuando, en el transcurso de las mismas, se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

Cabe, asimismo, apuntarle que los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, y deberá estar muy seguro, tal y como Vd. Apunta, que la Administración no ha interrumpido el transcurso de dicho plazo mediante algún tipo de interacción con Vd., es decir, alguna notificación de la que Vd. no es consciente y haya acusado recibo o por la que se haya procedido administrativamente por otros mecanismos de notificación (publicación en BOP, por ejemplo).

Por todo ello, si tal y como nos comenta, detecta algún tipo de irregularidad en el plazo de las actuaciones en el procedimiento de inspección, bien por el transcurso de los 12 meses, bien por la ausencia de motivación o notificación de la ampliación del mismo, nuestro consejo es que deposite su confianza en un Asesor fiscal que pueda acceder de forma inmediata al expediente a efectos de poder cerrarlo con las máximas garantías. Indicarle que, en este tipo de procedimientos, dicha causa es una de las más útiles y efectivas para impugnar la actuación administrativa.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier duda que pudiere surgirle.]]> Tue, 04 Nov 2008 +0200  

De conformidad con lo que Vd. plantea, apunta a la transmisión vía mortis causa de negocios familiares (una Oficina de Farmacia) y una actividad de arrendamiento de inmuebles. Si nos centramos en dicha transmisión le es aplicable la reducción del 95% sobre la base imponible, ya que, al parecer, se trata de adquisiciones mortis causa  que correspondan al cónyuge, descendientes o adoptados del causante, sobre los siguientes bienes de aplicación al caso que Vd. plantea, (Artículo 30 Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 31.12.1998), modificada por la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Tenga en cuenta que al valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una empresa individual o a una actividad profesional del causante, también se le aplica la reducción respecto a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge sobreviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes.

Por otro lado, las participaciones en entidades a las que les sea aplicable la exención regulada en el punto dos del apartado 8º del artículo 4 de la Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, por la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados por el importe de las deudas que se deriven y el valor del patrimonio neto de la entidad. A los efectos de la aplicación de esta reducción y en relación con el requisito establecido por el artículo 4.8.2 c) de la Ley 19/1991, la participación del causante en el capital de la entidad debe ser, al menos, del 5% computado de forma individual o del 20% conjuntamente con el cónyuge, los ascendientes, los descendientes o colaterales de segundo grado, sea el parentivo por consanguinidad, por afinidad o por adopción.

En cuanto a los requisitos de aplicabilidad se establece:

“El disfrute definitivo de la reducción establecida queda condicionado al mantenimiento del ejercicio de la misma actividad y de la titularidad y afectación de ésta de los mismos bienes y derechos, o sus subrogados con un valor equivalente, en el patrimonio del adquirente durante los 5 años siguientes a la fecha del devengo del impuesto, excepto en el caso de que este muriese dentro de este plazo”.

Asimismo le indicamos que a diferencia de otras Comunidades como la Castellano-Leonesa, donde se permite el mantenimiento de la inversión (aunque no de la actividad, es decir, cabe la posibilidad de transmitir la actividad y aplicar el capital obtenido en un producto financiero, por ejemplo, en un fondo de inversión, con la obligación de mantenerlo durante 10 años); por el contrario, resoluciones de la DGT catalana establecen que esta facultad no esté permitida, es decir, se trata de mantener el ejercicio de la misma actividad y de la titularidad y afectación de ésta de los mismos bienes y derechos (…) en el patrimonio del adquirente durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto.

Deseamos haberle servido de ayuda y agradecemos anticipadamente la confianza depositada en nuestro Gabinete. Atentamente,]]> Mon, 09 Feb 2009 +0200  

De conformidad con lo que Vd. plantea, desde el Gabinete López-Santiago entendemos que la nueva Ley 22/2007, de 18 de diciembre de Farmacia, de Andalucía no prevé ninguna disposición concreta acerca del fallecimiento del Farmacéutico.

Por este motivo, en virtud de la Disposición Transitoria Quinta de la misma norma y, por ende, el RD 909/1978 vigente, en concreto de su artículo 6, de aplicación al supuesto, al no reunir los herederos el requisito de Licenciatura en Farmacia y a excepción de la reserva de título, éstos tendrían la facultad para transmitirla en calidad de herencia yacente a cuyo frente se nombrará un Regente y en un plazo máximo de 18 meses.

En cuanto al adquirente, a favor de la cotitular –prima hermana suya- que, por otra parte, ostenta derecho de adquisición preferente y, en su defecto, un tercero siempre Licenciado en Farmacia, siguiendo las prescripciones de la nueva Ley 22/2007 en materia de transmisión de Oficinas de farmacia –artículo 47-.

Sin otro particular, deseamos haberle podido servirle de ayuda y agradecemos anticipadamente la confianza depositada en nuestro despacho.]]> Wed, 16 Jul 2008 +0200

Nos ponemos en contacto con usted para darle contestación a la consulta que nos plantea a través de nuestra página web, referida a las guardias en Castilla y León. La regulación de las guardias en su Comunidad Autónoma viene dada por la ORDEN de 2 de marzo de 1998, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se determinan los horarios mínimos oficiales de apertura, así como los criterios que deben regir para el establecimiento de guardias, urgencias y vacaciones de las oficinas de farmacia, en concreto, en el artículo 5 del citado texto.

Artículo 5.º  Organización de turnos de guardia.

1. Por su carácter de interés público, todas las oficinas de farmacia abiertas al público en la Comunidad de Castilla y León estarán obligadas a participar en los turnos de guardia.

2. Corresponde a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, previa propuesta de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos dentro de sus respectivos  ámbitos de actuación, autorizar los turnos de guardia de acuerdo a los siguientes criterios:

a) La organización de turnos de guardia tendrá  en cuenta las características geográficas, demográficas y sanitarias de cada municipio y/o Zona Básica de Salud, de forma que permita en todo momento garantizar la cobertura de las necesidades farmacéuticas de la población. Asimismo y para el supuesto en que queden cubiertos los turnos de guardia diurna o nocturna por el horario ampliado de las oficinas de farmacia que opten por encima de las jornadas y horarios señalados como mínimos, las restantes oficinas de farmacia de la Zona Básica de Salud o municipio podrán quedar exentas de la prestación de dichos turnos de guardia si así lo solicitan de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, a través de los respectivos Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

b) En las Zonas Básicas de Salud Urbanas la demarcación geográfica para organizar los turnos de guardia será el municipio donde están incluidas. Dicha organización de turnos deberá  ajustarse a lo siguiente:

En el turno de guardia diurna, una oficina de farmacia por cada dos Zonas Básicas de Salud Urbanas, salvo que el municipio se componga de tres Zonas Básicas de Salud, en cuyo caso corresponderán dos oficinas de farmacia.

En el turno de guardia nocturna, una oficina de farmacia por cada cinco Zonas Básicas de Salud Urbanas o fracción.

c) En las restantes Zonas Básicas de Salud la demarcación geográfica para organizar los turnos de guardia serán las propias Zonas Básicas de Salud. Dicha organización de turnos deberá  ajustarse a lo siguiente:

Tanto para el turno de guardia diurna como nocturna habrá, al menos, una oficina de farmacia en servicio de guardia en cada Zona Básica de Salud, salvo que dicha Zona cuente con una sola oficina de farmacia, en cuyo caso se permitirá  una organización con las Zonas Básicas limítrofes de forma que resulte garantizada la cobertura de las necesidades farmacéuticas de la población.

Dentro de dichas Zonas Básicas los turnos de guardia se organizarán entre las oficinas de farmacia existentes en el municipio donde esté ubicado el Centro de Salud o el Centro de Guardias o de Atención Continuada de la Zona, siempre que en dicho municipio haya al menos dos oficinas de farmacia. En caso contrario, se organizarán los turnos de guardia entre las oficinas de farmacia del municipio donde esté ubicado el Centro de Salud, de Guardia o de Atención Continuada de la Zona y los municipios colindantes, que preferentemente deberán distar menos de quince kilómetros de los indicados Centros Asistenciales.

Asimismo y dentro de las Zonas Básicas de Salud Rurales, la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, a petición del interesado cursada a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente, podrá  autorizar excepcionalmente la prestación de servicios de guardia de manera localizada en aquellas oficinas de farmacia de especial situación y condiciones, siempre que quede garantizada adecuadamente la atención farmacéutica urgente.

3. A los efectos previstos en el apartado 2 de este artículo, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos darán traslado de sus respectivas propuestas de turnos de guardia a la Dirección General de Salud Pública y Asistencia durante la segunda quincena del mes de octubre.

Recibidas las anteriores propuestas, la Dirección General de Salud Pública y Asistencia procederá  a su autorización o, en su caso, requerirá  su pertinente subsanación.

Producida su autorización, la Dirección General de Salud Pública y Asistencia comunicará  a los respectivos Colegios Oficiales de Farmacéuticos la decisión adaptada, para su aplicación efectiva a partir del 1 de enero del a o siguiente, que se considerar  prorrogada hasta su próxima y nueva autorización"

En cuanto a la zona Farmacéutica a la que pertenece su farmacia, puede saberlo atendiendo a la Orden de 10 de julio de 2008, que delimita para Ponferrada las cuatro zonas siguientes:

Z.F.U. «Ponferrada-I»

Límites urbanos:

• Municipio de Ponferrada. Río Sil (margen izquierda).

Municipios:

• Congosto.

• Molinaseca.

Z.F.U. «Ponferrada-II»

Límites:

• Al Norte: Límite del término municipal de Cubillos del Sil municipio

incluido en esta Zona Básica de Salud.

• Al Sur: Ferrocarril de RENFE.

• Al Oeste: C/ Julio Laredo, C/ Gregorio Peces Barba, continuando

por Avda. de la Constitución, Avda. Huertas de Sacramento hasta

el cruce con la Avda. de la Libertad, Avda. de Asturias, N-VI, A-6,

Carretera a Fabero (LE-711), límite con el término municipal de

Cabañas Raras.

• Al Este: El río Sil.

Localidades del municipio de Ponferrada:

• Compostilla.

• San Andrés de Montejos.

• Barcena del Bierzo.

Z.F.U. «Ponferrada-III»

Límites urbanos. Municipio de Ponferrada:

• Ferrocarril de RENFE, al Sur el Río Sil.

Municipio:

• Priaranza del Bierzo.

Localidad del municipio de Ponferrada: La Martina.

Z.F.U. «Ponferrada -IV»

Límites:

• Al Norte: Límite del término municipal de Cabañas Raras municipio

incluido en esta Zona Básica de Salud.

• Al Sur: Ferrocarril, C/ Julio Laredo, C/ Gregorio Peces Barba, continuando

por Avda. de la Constitución, Avda. Huertas de Sacramento

hasta el cruce con la Avda. de la Libertad.

• Al Este: La Avda. de Asturias, N-VI, A-6, Carretera a Fabero (LE-711).

• Al Oeste: Límite con el término municipal de Camponaraya.

Municipio:

• Cabañas Raras.

Localidades del municipio de Ponferrada:

• Fuentes Nuevas.

• Cuatrocientos.

• Columbrianos.

Entendemos que queda solucionada la cuestión que nos plantea. Reciba un cordial saludo.]]> Tue, 16 Sep 2008 +0200

Así, de cara a ilustrarle sobre el tema, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Noviembre de 2001, declara nula la constitución de un derecho de usufructo sobre una farmacia por no ser el Farmacéutico el usufructuario sino el nudo propietario e infringir el artículo 103.4 de la Ley General de Sanidad, de 25 de Abril de 1986, a cuyo tenor “sólo los Farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las Oficinas de Farmacia abiertas al público”. Ese dominio no puede ser desgajado en sus facultades para crear un derecho real limitado de goce que deje aquella propiedad vacía de contenido, porque el usufructo permitiría entonces al usufructuario poseer, dirigir y administrar el negocio sin ser Farmacéutico.

Ahora bien, dicho esto, creemos que la situación que Vd. describe hace referencia al estado de regencia de una Oficina de Farmacia, conforme al cual, tras el fallecimiento del Farmacéutico Titular, en virtud del artículo 29 y concordantes de la Ley 13/2001 de 20 de Diciembre de Ordenación Farmacéutica de Castilla León, en relación a la transmisión mortis causa , “los herederos o, en su caso, los legatarios, podrán transmitirla en el plazo máximo de dieciocho meses, durante los cuales estará al frente de la Oficina de Farmacia un regente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13, de la misma Disposición normativa”.]]> Thu, 15 Jan 2009 +0200

En segundo lugar, Vd. deberá hacer valer dichas obligaciones y, en su caso, el incumplimiento a través de la interposición de una demanda civil ante dicha jurisdicción y mediante Abogado y Procurador.

Dicho esto, respecto al valor probatorio de la servilleta, conforme al artículo 299 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, decirle que los medios de prueba admitidos en Derecho y en relación a los cuales se podrá hacer uso en juicio son:

1.    Interrogatorio de las partes.

2.    Documentos públicos.

3.    Documentos privados.

4.    Dictamen de peritos.

5.    Reconocimiento judicial.

6.    Interrogatorio de testigos.

También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

Cuando, por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores, pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

En su consecuencia, la servilleta podría ser considerada medio de prueba, aunque decirle que podrían no admitirla por irrelevante para la resolución de su petitum, -es decir, lo que Vd. ha solicitado del Juzgado-, de conformidad con el artículo 285 de la misma Disposición normativa, ya que el tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas.

Contra esa resolución sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.

De considerarla admitida como documento privado, hará prueba plena en el proceso, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique.

Por último, si la parte contraria, impugnare la autenticidad de dicho documento privado, Vd. podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Cuando del cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio impugnados, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo o comprobación serán exclusivamente de cargo de quien hubiese formulado la impugnación.

Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

Se estará pues al criterio judicial de cara a fundamentar su autenticidad y pertinencia para resolver el proceso.]]> Thu, 06 Aug 2009 +0200

a)    Los recursos propios de que disponemos a la hora de hacer frente a la adquisición de los bienes, además de las proporciones relativas a aquellos que, aunque de nuestra plena titularidad, se utilizarán como garantía con el objeto de obtener financiación.

Dicho esto, las entidades bancarias están financiando aproximadamente el 80% del precio de la operación de compraventa, teniendo en cuenta que Vd. deberá hacer frente también a los gastos.

En relación a ese 80%, el 60% de la financiación utilizará como garantía la Oficina de Farmacia y, en especial, el fondo de comercio de la misma. En cuanto al 20% restante, lo deberá constituir garantía suficiente de su propiedad, ya sean inmuebles o fincabilidad, ya sean muebles u otros activos, normalmente a través de la pignoración de fondos.

Con respecto a este parámetro, entendemos que Vd. se refiere a la posibilidad de que un tercero vincule sus propiedades como garante en la compra con el fin de que Vd. obtenga la citada financiación y que, además, esta operativa se realice a satisfacción de la entidad bancaria.

Cabe decir que ello, a priori, no supone inconveniente alguno desde el punto de vista civil y mercantil y quedará así consignado en la escritura de préstamo otorgada ante Notario, por lo que respecta a los derechos y obligaciones del fiador-avalista, con independencia de la negociación del condicionado económico llevado a cabo por el Banco o la Caja de Ahorros. Fiscalmente, si es necesario, deberá observarse documentalmente dicha vinculación.

b) En virtud del segundo parámetro, le aconsejamos que analice la rentabilidad de su inversión, es decir, la tasa interna de retorno en especial, y, en general, la viabilidad de la Oficina de Farmacia a la hora de obtener un rendimiento ordinario de la actividad económica e incluso la posibilidad de que se autofinancie.

Le aconsejamos también que valore la Oficina de Farmacia capitalizando el denominado EBITDA -earnings before interest, taxes, depretiations and amortizations- que viene a suponer el resultado efectivo y exclusivo de la actividad.

Deberá estudiar, asimismo, pormenorizadamente, el volumen de facturación, el hipotético margen sobre compras, el beneficio antes de impuestos que comprenda los gastos fijos y variables del negocio y otros aspectos de interés.

No obstante, por nuestra experiencia, pagar cuatro veces la facturación, sin capital propio, no lo vemos adecuado, desde un punto de vista de viabilidad, y le desaconsejamos la adquisición.]]> Sun, 05 Jul 2009 +0200

Así, tanto los Colegios Oficiales de Farmacéuticos con competencias administrativas delegadas, como las Consejerías o Departamentos de Sanidad, velan por los intereses del administrado y garantizan la transmisión.

Con ello, se impiden prácticamente la totalidad de las contingencias que pudieren acaecer, por ejemplo si pensamos que existe algún expediente administrativo abierto en la persona del vendedor que pudiera limitar o, en su caso, impedir la venta de la farmacia.

Dicho esto, la Oficina de Farmacia ha sido catalogada en numerosas ocasiones como una empresa por el Tribunal Supremo.

En este sentido, en el momento en que analizamos el contrato de compraventa de una Oficina de Farmacia, debe tenerse en cuenta que se trata de un contrato, el objeto del cual es un conjunto de bienes y derechos entre los que se incluye la Licencia Administrativa y el Fondo de Comercio, además de unas relaciones en ocasiones sumamente complejas y que no responden unitariamente a ninguna categoría contemplada en el ordenamiento jurídico español.

Como hemos aseverado en más de una ocasión, dicho proceso comporta la toma en consideración de regulaciones ajenas al mismo Derecho mercantil, es decir, Derecho laboral, Derecho fiscal, Derecho civil, Derecho administrativo y en su especialidad, Derecho farmacéutico.

En concreto, la transmisión inter-vivos, mediante la compraventa de una Oficina de Farmacia, conlleva la adquisición de la totalidad de su Activo pero no de su Pasivo, motivo por el que no es la verdadera compra directa de la empresa (ASSEAT DEAL), si consideramos que únicamente una persona física o entidades civiles pueden gozar de su titularidad.

Respecto a lo que Vd. apunta, en la fase de análisis de la farmacia a adquirir, (DUE DILLIGENCE), el futuro comprador, así como el profesional por él designado, acceden a la información y documentación precisa para la constatación de la situación económica y jurídica de todo tipo, analizando la situación contable, fiscal, laboral, administrativa y económica.

Se trata de hacer acopio de la situación real de la Oficina de farmacia y, en especial, de la determinación de las posibles incidencias futuras que puedan afectar de forma negativa.

En referencia a las prevenciones que hay que tener en cuenta (REPS & WARRANTIES) podemos arbitrar diversos frentes de análisis:

a) Comprobar la inexistencia de impedimentos legales para la transmisión de la farmacia, que incluye incluso documentos en que se estipule la renuncia a posibles derechos de preferencia legal.

b) Constatar la veracidad de la documentación económica, fiscal, laboral, contable y mercantil que se aporte para su examen, en la operación.

c) En el supuesto en que se transmita el local donde se ubica la Oficina de Farmacia, deberán describirse detalladamente los datos registrales, las cargas y los gravámenes que le afecten.

d) Supervisar la plantilla de trabajadores, especificándose expresamente la categoría, el sueldo, la antigüedad y el tipo de contrato laboral, en especial, incluso si existen otro tipo de beneficios o prestaciones complementarias.

e) Arbitrar la transmisión libre de cargas de la Oficina de Farmacia, en especial, hipoteca mobiliaria, afianzamientos o avales, que pesen sobre la Oficina de Farmacia, como establecimiento mercantil.

f) Dejar constancia de posibles activos inmateriales, marca, signos distintivos, en su caso, si éstos se traspasan.

g) Comprobar o eximir de responsabilidad al futuro comprador, de existir procedimientos administrativos o  judiciales en los que el titular o la Oficina de Farmacia se halle inmerso y que pudieren afectar a ésta.

h) Control de otros aspectos de vital trascendencia, pero como usted bien nos indica, forma parte de nuestro know-how.

El resto de documentos y aspectos a tratar en el contrato de compraventa de una Oficina de Farmacia no difiere de cualquier tipo de compraventa. Así se estipulará el precio, la forma de pago, la entrega de la posesión y otros.

Conviene aplicar condiciones resolutorias o suspensivas, en su caso, para protegerse del incumplimiento de las obligaciones asumidas, donde el comprador pueda elegir, dependiendo de la gravedad del vicio, entre resolver el contrato o, incluso, reducir el precio.

Obsérvese la obligación de saneamiento a la existencia de vicios que afecten a la totalidad o alguno de los elementos esenciales para la normal explotación.]]> Mon, 08 Sep 2008 +0200 A pesar de que, a fecha de hoy, no tenemos conocimiento que se haya producido ninguna inspección a farmacias por este tema, sí que le aconsejamos que acuda a un despacho profesional que le legalice, y registre la base de datos que posee con los datos personales de los clientes de su farmacia y óptica.]]> Tue, 10 Mar 2009 +0200

El momento actual de crédito, en todo el mundo, junto a las nuevas medidas sanitarias propuestas por el gobierno comportan que el panorama sanitario farmacéutico, económicamente hablando, ya no sea tan atractivo como en la fase expansiva del ciclo económico el pasado.

Si le sirve de referencia, insistimos, como mera referencia, las últimas ventas a que hemos asistido en esta Comunidad, han oscilado entre un coeficiente corrector de entre el 1,5 y 1,8 veces sobre la facturación anual.

Pero insistimos que no es un buen método de valoración, como criterio general el elevar las ventas anuales a un factor multiplicador.

Si la farmacia tiene una estructura de costes de acuerdo a la media, y no hay ninguna partida que se dispare, estos factores multiplicadores, al final nos dan una idea del valor actual de los flujos futuros de tesorería.

Por ello,  consideramos que este método no es el idóneo a la hora de realizar tasaciones de oficinas de farmacia y se utiliza, junto con el método de descuento de flujos de caja, con el fin de hallar la rentabilidad y, en su consecuencia, entre ambos, realizar una media ponderada o simplemente como referencia.

Es muy importante valorar los parámetros que permiten aplicar uno u otro coeficiente corrector (idiosincrasia de la Comunidad Autónoma, si se trata de farmacia urbana o rural, disponibilidad jurídica del local, si es única en el municipio, si atiende algún geriátrico, la distancia con respecto al Centro de Salud más cercano...) y, en particular, muchos más condicionantes que influyen positiva o negativamente en la fijación del precio de una Oficina de Farmacia.

La oficina de farmacia es al final una empresa, y como tal debe ser evaluada.]]> Thu, 05 Nov 2009 +0200

De conformidad con la consulta planteada, indicarle que, como Vd. bien apunta, el plazo de las actuaciones en el procedimiento de inspección, efectivamente y tal y como se indica en la dicción del artículo 150 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, deberán concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.

Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas. 

No obstante lo anterior, podrá ampliarse dicho plazo, por otro período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

Cabe asimismo apuntarle que los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho, y deberá estar muy seguro, tal y como Vd. apunta que la Administración no ha interrumpido el transcurso de dicho plazo mediante algún tipo de interacción con Vd. (es decir, alguna notificación de la que Vd. no es consciente y haya acusado recibo o por la que se haya procedido administrativamente por otros mecanismos de notificación (publicación en BOP), por ejemplo.

Por todo ello, si, tal y como nos comenta, detecta algún tipo de irregularidad en el plazo de las actuaciones en el procedimiento de inspección, bien por el transcurso de los 12 meses, bien por la ausencia de motivación o notificación de la ampliación del mismo, nuestro consejo es que deposite su confianza en un Asesor fiscal que pueda acceder de forma inmediata al expediente a efectos de poder cerrarlo con las máximas garantías. Indicarle que en este tipo de procedimientos dicha causa es una  de la causa para impugnar la actuación administrativa. 

En relación a la consulta planteada, trataremos de darle nuestra interpretación profesional, ya que lo que Vd. traslada no es tanto la regulación normativa sino los riesgos de su incumplimiento .

Así pues, el artículo 3 y 4 del Decreto 2530/1970 de 20 de agosto por el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, nos indica que el trabajador por cuenta propia o autónomo es aquél que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de este Régimen Especial, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

Por último y a mayor abundamiento, se incluyen en este Régimen Especial de Seguridad Social, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de Empresas individuales o familiares.

Dicho esto, como también Vd. indica, el titular de la Oficina de farmacia, por el mero hecho de serlo ya incurre en la obligación de estar dado de alta en el Régimen Especial de trabajadores autónomos. El hecho de que la Inspección de Trabajo actúe con mayor o menor diligencia no presupone la no obligatoriedad de dicha alta.

En cuanto al régimen sancionador del orden social por amplio y discrecional, ya que depende de la aplicación de Inspección, le trasladamos el amplio abanico más adelante, indicándole que el orden administrativo laboral o social no tiene competencias en el ámbito del orden administrativo sanitario y viceversa. A nuestro modo de ver, procedería una multa grave, con la obligatoriedad de ingreso extemporáneo de cuotas, recargo 20% e intereses de demora incluido.

Respecto a la interconexión de las bases de datos entre Administraciones, sabemos por experiencia que el alcance de la misma ha mejorado mucho desde el año 1995 pero desconocemos en profundidad la situación real en este momento, entre Régimen General y Régimen Especial, así como también el nivel de incompatibilidad que parece deducirse del empleo como funcionario público, de uno de los cotitulares, ya que éste se acoge a sus propios Estatutos.

Finalmente, en relación a la incumbencia o no del orden administrativo sanitario conforme al social-laboral, transmitirle el deber de colaboración y en detalle, Convenios concertados, entre Administraciones que recoge principalmente el Título I (artículos 4 a 10) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.]]> Sat, 12 Apr 2008 +0200

En su virtud, para poder participar del procedimiento y por ende, conocer del estado del expediente de traslado formalmente, conforme al artículo 31 de la citada normativa, Vd. debería considerarse “interesado” , cuyo concepto se desarrolla así:

“1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

C) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.”

Por tanto, Vd. sin haber iniciado el procedimiento debería acreditar algún derecho que pudiere resultar afectado por la decisión que en el mismo se adopte.

A la vista de nuestra experiencia, cabe decir, que la simple decisión consistente en la adquisición de una Oficina de Farmacia sin que el mero hecho de comprarla suponga la afectación del derecho en sí, no es suficiente.

Habitualmente la Administración sanitaria confiere la participación como “interesados” en el procedimiento administrativo de traslado, a los Farmacéuticos Titulares colindantes a la Oficina de Farmacia en cuestión, cuyos derechos –en este caso, el pleno dominio de la Licencia administrativa- les otorga tal condición.]]> Thu, 14 Jul 2011 +0200  

La Ley de Ordenación Farmaceutica de la Comunidad Valenciana, en concreto, su articulo 7, recoge las incompatibilidades del ejercicio profesional del farmacéutico. 

En este sentido, Artículo 7:

Régimen de incompatibilidades

Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general, él ejercicio profesional del farmacéutico o farmacéutica en la Oficina de Farmacia, en los centros, servicios o establecimientos regulados por la presente

Ley es incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos en los laboratorios o entidades que intervienen en la producción de medicamentos y productos farmacéuticos.

El ejercicio profesional del farmacéutico y farmacéutica en la Oficina de Farmacia en cualquiera de sus modalidades es también incompatible con:

a) La práctica profesional en los servicios farmacéuticos del sector sanitario o en un centro distribuidor de productos farmacéuticos.

b) El ejercicio profesional de la medicina, la odontología, la veterinaria, la enfermería y la fisioterapia.

c) El ejercicio de cualquier actividad que impida o menoscabe la presencia física obligatoria del farmacéutico

o farmacéutica en la Oficina de Farmacia, durante el horario de funcionamiento, sin perjuicio del régimen de

sustituciones, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, normativa aplicable y de desarrollo.

De conformidad con la consulta planteada,  el hecho de compatibilizar la titularidad de Oficina de Farmacia 

con la actividad docente a tiempo completo, debería estudiarse desde el punto de vista de la obligatoriedad de presencia.

En su caso, si existe posibilidad de contratar los servicios de un farmacéutico en régimen de sustitución.

Dado que el régimen de sustituciones está tasado en el artículo 11 deberá en su caso realizar la consulta a la Consejería de Sanidad :

Farmacéutico sustituto o farmacéutica sustituta: 

Es el que ejerce su actividad, en lugar del titular o regente, en una oficina de farmacia. 

Asumirá con carácter transitorio y mientras dure la sustitución, las funciones y responsabilidades del farmacéutico o farmacéutica titular, en los casos de:

1. Maternidad, accidente o enfermedad.
2. Designación o elección para el desempeño de asuntos públicos o de representación profesional.
3. Ausencias por asuntos propios.
4. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar o prestación social sustitutoria.
5. Realización de estudios de capacitación o especialización relacionadas con su actividad profesional.
6. Disfrute de vacaciones anuales.
7. Otros supuestos similares que reglamentariamente se establezcan.
8. Excepcionalmente, por razones estrictamente personales y acreditadas, previo informe de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad podrá autorizar la designación de un sustituto o sustituta.

También debería analizarse la contravención del régimen general y básico de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, en tanto que la actividad de asistencia farmacéutica es considerada en nuestro derecho como un servicio de interés público sujeto a limitaciones y exigencias para el caso de desempeñar una segunda actividad pública o privada, y la Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, una Resolución del Síndic de Greuges de Febrero de este año, que le adjuntamos, en la que se pronuncia sobre la incompatibilidad del farmacéutico titular y que redunda en los argumentos esgrimidos.

Por otro lado, desde el punto de vista de la categoría de profesor debería estudiar su estatuto como funcionario.

Dicho estatuto debe estar a su disposición en el centro (Universidad). Puede resultar que la incompatibilidad que le indican tenga que ver con la oposición concreta.

De cara a debatir este punto con el centro, le apuntamos también que la jurisprudencia entiende que no resulta aplicable el artículo 23.2 de la Constitución, ya que regentar como Titular una Oficina de Farmacia no supone ejercer un cargo público o una función pública, sino que es una variedad o modalidad del ejercicio profesional de los Licenciados en Farmacia.

Desde luego debe mantenerse que una Oficina de Farmacia es un establecimiento público sanitario, dado el interés público en la correspondiente dispensación de medicamentos por un profesional competente. 

Pero ello no significa ni que el Titular sea funcionario público o ejerza un cargo público, ni siquiera que estemos 

en presencia de un servicio público en sentido técnico jurídico según los principios y criterios que inspiran nuestro ordenamiento.

En este sentido entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 22 de Enero de 2004.

Sin otro particular, reciba un atento saludo,]]> Tue, 16 Nov 2010 +0200

De conformidad con lo acordado telefónicamente, le confirmamos que la relación dependiente laboral en una entidad farmacéutica, en este caso un laboratorio, conlleva una incompatibilidad directa con la titularidad de una Oficina de Farmacia.

A mayor abundamiento y como fundamentación jurídica: artículos 18 -Título VI del Régimen de Incompatibilidades- Ley 31/1991 de 13 de Diciembre de Ordenación Farmacéutica de Cataluña-, conforme al cual el ejercicio profesional del Farmacéutico en la Oficina de Farmacia, en cualquiera de sus modalidades, es también incompatible con la existencia de cualquier clase de intereses económicos en la fabricación de medicamentos y productos sanitarios.]]> Fri, 11 Dec 2009 +0200

En ese caso, deberá ser reducida en cuanto al exceso (lo que no obsta para que despliegue sus efectos en vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos), conforme al artículo 654 del Código Civil.

Ahora bien, la acción para interponer la donación inoficiosa ( y que se traiga a colación la farmacia si no cubrieron la legítima) ha sido objeto de muy diversas interpretaciones.

Según Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1984 no se fundamenta el fallo y aplica el problema: 

Queda claro que es un plazo de prescripción no de caducidad pero el plazo no es con seguridad de 15 años -acción personal conforme al artículo 1964 del Código Civil, sino que puede interpretarse de 1 año ex artículo 652 del Código Civil, 4 años ex artículo 1299 del Código Civil, y 5 años ex artículo 646 del Código Civil, de conformidad con la doctrina, entre otros autores Albaladejo .

Entendemos que la donación procede en 1998 y sólo han transcurrido 12 años y, por tanto, se estará al criterio del tribunal competente para tramitar la demanda por donación inoficiosa.]]> Mon, 21 Dec 2009 +0200  

Así pues, a colación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, respecto a los cambios de titularidad debe entenderse relativos a empresa, centro de trabajo y unidad productiva autónoma de una empresa. El efecto es el de perpetuar los contratos de trabajo y el traspaso de las obligaciones de un empresario a otro empresario y por ende, realizar una subrogación legal. Las características de la misma hacen referencia:

1.-Al cambio de titularidad empresarial o modificación subjetiva de la empresa o entidad empleadora.

2.-A la identidad de la empresa

3.-Al tracto directo

4.-A la voluntad de la transmisión ( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de Octubre de 1995)

5.-A la persistencia de la explotación (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de Noviembre de 1996) 

Contrariamente, la extinción del contrato de trabajo por cierre de la empresa, conforme al artículo 49.1.g del Estatuto de los Trabajadores, determina la indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.

De ahí que debamos entender que, el cambio de titularidad de la Oficina de Farmacia, en calidad de empresa -catalogada así por el Tribunal Supremo desde mitad de los años 50-, no extingue por sí misma la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica y en general cuantas obligaciones de protección social complementarias hubiere adquirido el cedente. 

Dicho esto, siguiendo nuestro parecer profesional, en el primer supuesto que Vd. plantea, entendemos que existe un despido improcedente previo a la transmisión de la Oficina de Farmacia que no afecta a la subrogación empresarial. El despido debería interponerse -salvo otros motivos en contra- como improcedente con derecho a indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

En el segundo supuesto de despido, el "cierre" por sí mismo no basta, debe acreditarse una causa, que como Vd. apunta, podría ser objetiva, económica, organizativa y de producción -en este caso pérdidas de la actividad- y acreditarla documentalmente, con el fin que pueda procederse a finiquitar la relación conforme a despido procedente con derecho a indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En cualquier caso, el trabajador peleará con total probabilidad la improcedencia del despido.

Solo podrá llevarse a cabo a favor de otro u otros farmacéuticos siempre que el establecimiento haya permanecido abierto al público durante un mínimo de cinco años, con la misma persona titular o cotitulares. Vd. según nos apunta ha cumplido este requisito.

En el caso de la compraventa, el transmitente comunicará a la Administración sanitaria las condiciones generales de la transmisión. Efectuada tal comunicación, la Administración le dará a conocer los nombres de los farmacéuticos inscritos en el registro de posibles adquirentes que tengan la mayor puntuación, según el baremo de méritos que se establezca, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, y con los criterios de los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Ley, si bien la valoración de la experiencia profesional se tendrá especialmente en cuenta cuando se hubiera desempeñado en municipios, ELA o EATIM, o núcleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de mil habitantes.

La transmisión, que se realizará a favor de aquel farmacéutico que teniendo la mayor puntuación acepte las condiciones y garantías exigidas por el transmitente, deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses.

Se excepciona de lo previsto en los párrafos anteriores de este apartado la primera transmisión onerosa de aquellas oficinas de farmacia que cuenten con autorización administrativa de funcionamiento a la entrada en vigor de la presente Ley, como es su caso y por lo tanto, no necesitará practicar dicha comunicación.

Igualmente, queda excepcionada de lo dispuesto en el apartado anterior la transmisión onerosa de una parte indivisa de la oficina de farmacia, si bien el farmacéutico transmitente no podrá transmitir su parte proindivisa de la oficina de farmacia durante los cinco años siguientes.

Normativa de aplicación, artículo 47, Ley 22/2007 de 18 de Diciembre de Farmacia de Andalucía.]]> Wed, 09 Feb 2011 +0200

Respecto a la donación, desde el punto de vista civil la transmisión es gratuita y no se establece contraprestación ni precio alguno. Se alude al Decreto-Ley 1/2010 de 9 de Marzo, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía que  en su artículo único, apartado tres-2, modifica en cuanto a los tributos cedidos, las adquisiciones “inter vivos” de empresas individuales y mejora las condiciones de adquisición.

Cabe decir, que si Vd. está dispuesta a mantener el  50% adquirido durante cinco años –se ha reducido dicho plazo de 10 años a 5-, se establece asimismo una mejora a practicar una reducción sobre la base imponible del 99% -se ha ampliado del 95% al 99%- para Vd. como sujeto pasivo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Ahora bien, conforme a la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en vigor, y en concreto de sus artículos 35 y 36 –siguientes y concordantes- que tratan de la ganancia patrimonial respecto a las transmisiones a título lucrativo,  cabe decir que el donante, tributará en cuanto a la base imponible del ahorro, al tipo impositivo del 19% hasta los primeros 6000 € y el resto al tipo impositivo del 21%.

Se tendrá en cuenta a efectos de ganancia patrimonial, la diferencia entre el valor de adquisición (valor neto contable) relativo al 50% de la Oficina de Farmacia y el valor de transmisión de dicho 50% computado a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la donación otorgada ante Notario. 

Se apunta también a la imposibilidad de realizar amortizaciones, en especial relativas al fondo de comercio y con ello, la imposibilidad de disfrutar de dichos beneficios fiscales.

Respecto a la compraventa, desde el punto de vista civil debe existir contraprestación o precio a satisfacer por el 50% de la Oficina de Farmacia y por ello, podrán realizarse dichas amortizaciones.

Respecto a la tributación dicho precio conformará el valor de transmisión a la hora de calcular el incremento patrimonial citado.]]> Fri, 18 Feb 2011 +0200

A raíz de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 8 de Mayo de 2000, la interpretación jurisprudencial aboga por la obligación farmacéutica de atención del paciente como usuario y detentor del derecho a la sanidad -muchas veces incluso en contra de los intereses económicos y de otra índole del Farmacéutico(a)-.

De acuerdo con el artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen”. 

En este sentido, el artículo 5, apartado uno, letra a) de la Ley 37/1992, establece que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que desarrollen actividades empresariales o profesionales, definidas en el apartado 2 del mismo artículo como aquéllas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Por su parte, según el artículo 84, apartado 3, de la Ley del Impuesto “tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, Comunidades de Bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al impuesto”.

Por consiguiente,

a)    la transmisión de la participación indivisa por uno de los comuneros no constituirá una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, al no realizarse por quien tiene la condición de empresario o profesional.

b)    Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 7.1.A) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que están sujetas a ese impuesto las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas. 

Desde luego debe mantenerse que una Oficina de Farmacia es un establecimiento público sanitario, dado el interés público en la correspondiente dispensación de medicamentos por un profesional competente. Pero ello no significa ni que el Titular sea funcionario público o ejerza un cargo público, ni siquiera que estemos en presencia de un servicio público en sentido técnico jurídico según los principios y criterios que inspiran nuestro ordenamiento.

Además dicha disposición estipula que en los casos en que se desee vender la Oficina de Farmacia tienen derecho de adquisición preferente, el Farmacéutico Regente, el sustituto y el adjunto.

Por tanto, tal y como Vd. indica, en la actualidad ostentaría tal derecho la Farmacéutica Regente, ya que Vd. no forma parte de la plantilla y tampoco está nombrado Adjunto -a efectos colegiales y de la Consejería-.]]> Wed, 11 May 2011 +0200

En este sentido, podrá comprobar que desde la publicación de la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica Andaluza no se ha producido desarrollo reglamentario de dicha norma. 

Por ello le remitimos a dicha Ley y al Real Decreto de 1978 -todavía en vigor y de aplicación- y que además regula los presentes parámetros. 

Al producirse el fallecimiento del Titular, la Administración Sanitaria otorga un plazo de caducidad para la Licencia Administrativa, de 18 meses, durante el cual debe producirse la transmisión de la citada licencia -puntualizamos, -no para la adjudicación de herencia- sino la transmisión a favor del Licenciado Farmacéutico -en este caso puede ser el descendiente (s)- pero también cualquier tercero. (Ello obliga a adjudicar la Farmacia o a adjudicar y vender o donar la Farmacia, respectivamente, dentro del citado plazo). 

Como se indica en los artículos transcritos puede abrirse un término de reserva de titularidad -si se están cursando estudios de Farmacia -y no se ha obtenido el Título de Licenciatura todavía. 

En otro orden de cosas, la figura de la regencia está pensada para sustituir al Titular de forma individual -Un Titular-Un regente- y el designado a efectos administrativos, ostenta derecho de adquisición preferente a regular en la transmisión de la Oficina de Farmacia. No obstante lo anterior, -como ya se apuntaba en el Orden de 17 de Enero de 1980-, y ante el atípico de que puedan ostentar dicho cargo 2 de los descendientes, deberá comprobar su autorización en la puesta en común con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, al efecto.

Normativa.-

______________________________________________________________________ 

Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por el que se regula el establecimiento, transmisión o integración de las oficinas de farmacia.

Artículo 6.

1. En los casos de fallecimiento del farmacéutico, no será de aplicación el plazo que señala el artículo 5.1, y la adquisición, cesión, traspaso o venta podrá realizarse en la siguiente forma:

• Si el heredero reúne los títulos necesarios para continuar al frente de la misma, puede seguir su explotación o enajenarla.
Si al tiempo de fallecer el farmacéutico titular de la farmacia su cónyuge o hijos estuvieran ya cursando estudios de farmacia y pretendan continuar el ejercicio profesional con la oficina de farmacia, podrá autorizarse la continuidad en el funcionamiento de la misma hasta que los expresados herederos terminen su carrera, cesando esta reserva la titularidad con la pérdida de dos cursos consecutivos o tres alternos.
• A favor del farmacéutico o farmacéuticos agregados o participes de la propia oficina de farmacia, a que se refiere el artículo primero, tres.
• A favor del farmacéutico o farmacéuticos colindantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.2, y reserva, en su caso, al hijo estudiante de farmacia, de la condición de farmacéutico agregado o participe.
• Y a favor de cualesquiera otro u otros farmacéuticos, siendo entonces de aplicación la oferta de opción o tanteo prevista en el artículo 5.2.

2. Alguna de las anteriores decisiones habrá de adoptarse por los herederos y formalizarse antes de transcurridos dieciocho meses, caducando en otro caso la autorización de la oficina de farmacia, procediéndose a su clausura. Durante el mencionado plazo, así como mientras dure la reserva de titularidad por estudios de farmacia del cónyuge o hijos, la oficina de farmacia podrá seguir funcionando siempre que, a su frente, figure un farmacéutico. 

Ley 22/2007 de 18 de Diciembre de Farmacia de Andalucía

Artículo 24. Farmacéuticos titulares, regentes, sustitutos, adjuntos y personal auxiliar.

1. Las condiciones, plazos y demás requisitos para la designación, nombramiento y ejercicio profesional del farmacéutico titular, regente, sustituto o adjunto de la oficina de farmacia se establecerán reglamentariamente. Igualmente, se establecerán los supuestos en que el adjunto puede pasar a desempeñar la función de sustituto.

2. Mediante desarrollo reglamentario se determinará el número de farmacéuticos adjuntos y de personal auxiliar, según el volumen de ventas, número de dispensaciones, tipos de actividades en la oficina de farmacia y régimen horario de los servicios. Dicho personal auxiliar estará en posesión del título oficial de técnico en farmacia.

3. El farmacéutico titular dispondrá, en su caso, de la colaboración del personal auxiliar necesario para llevar a cabo las funciones que tiene atribuidas en su oficina de farmacia y realizará, bajo la supervisión de un farmacéutico, las funciones propias de su titulación o habilitación profesional y aquellas que le sean encomendadas, siempre que no estén reservadas expresamente a ser desempeñadas por un farmacéutico.

4. Para la validez del nombramiento de cualesquiera de los farmacéuticos regentes, sustitutos o adjuntos que se contemplan en el presente artículo, deberá acreditarse la firma del correspondiente contrato de trabajo de acuerdo con la normativa laboral vigente, así como el alta en el régimen de Seguridad Social que proceda.

La contratación del personal auxiliar a que se refiere el apartado 3 de este artículo se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación laboral, debiendo constar, asimismo, su afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Orden de 17 de Enero de 1980- (Derogada).Artículo 6.

Los Farmacéuticos adjuntos y sustitutos tendrán la consideración de Farmacéuticos agregados, a efectos de lo previsto en los arts. 1.o, 3, 4.o, 3 y 6.o, 1, b), del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril.

Los Farmacéuticos regentes tendrán la consideración de agregados, a efectos de lo establecido en el artículo 4.o, 3, del citado Real Decreto y del 6.o, 1, b), del mismo, si en la fecha del fallecimiento del propietario de la Oficina de Farmacia de la que son regentes lo eran como Farmacéuticos adjuntos o sustitutos de la misma.]]> Tue, 05 Jul 2011 +0200 régimen general, como un trabajador más. Esta modalidad tiene la desventaja de que excluye la posibilidad de cotizar por desempleo en el caso de que el familiar conviva con el titular en el domicilio familiar. 

Para el supuesto de que el familiar fuera mayor de treinta años debería darse de alta como autónomo.

La cuestión que últimamente surge y que es necesario aclarar a raíz de las últimas novedades, trata de encuadrarlo, bien como familiar colaborador o bien como TRADE o autónomo económicamente dependiente.

Si el familiar va a trabajar de forma habitual  (no es una mera colaboración), utilizando bienes de la Farmacia y convive con el titular en el domicilio familiar deberá darse de alta como Familiar Colaborador.

Para ello deberá presentar en la oficina de la Seguridad Social correspondiente el modelo TA0521/2 (Solicitud de alta en el régimen especial de autónomos-Familiar colaborador del titular de la explotación).

A este modelo es necesario acompañar el libro de familia, el DNI y una copia del alta de hacienda –modelo 036.

Ahora bien, si atendemos al criterio del TRADE comprobaremos que difícilmente podrá encuadrarse en la Oficina de Farmacia como empresa, ya que para ello,  el familiar no debe convivir con el titular en el mismo domicilio y ejercer su actividad prácticamente en exclusiva para el titular (al menos el 75% de los ingresos que percibe provienen de él), pero además lo más complicado es que debe disponer de infraestructura productiva y materiales propios necesarios para el ejercicio de la actividad independientes de los del titular y asumir los riesgos de su actividad para encuadrarse en el Régimen de Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). 

Para ello debe comunicarse esta circunstancia al Servicio de Empleo correspondiente formalizando y registrando en el plazo de 10 días desde su celebración por escrito del correspondiente contrato de trabajo en el que debe incluirse entre otras cláusulas las relativas a identificación de las partes contratantes, determinación de los elementos que configuran al autónomo como TRADE, objeto, causa y duración del contrato, periodo de preaviso en caso de desistimiento o extinción el contrato o cuantía de la indemnización por extinción del contrato.

En virtud de la Ley 32/2010 en la cual se establece un sistema de protección por el cese de actividades de los trabajadores autónomos, desde Noviembre de 2010 ya pueden solicitar la prestación por desempleo que tendrá una duración máxima de 12 meses. En concreto, la duración de la prestación será en función de los periodos de cotización que los trabajadores hayan realizado en los 48 meses anteriores al cese de la actividad. Así mismo, como mínimo 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores al cese.

La prestación por desempleo se debe solicitar a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social correspondiente, ya que éste es el organismo al que le compete la gestión de estas prestaciones.

Requisitos de los trabajadores autónomos para solicitar la prestación por desempleo

• Cese de actividad total.
• Estar afiliado y en situación de alta. Se deben tener cubiertas las contingencias profesionales en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
• Tener cubierto el período mínimo de cotización, el cual está establecido en 12 meses por cese de actividad.
• Estar en situación legal de cese de actividad y disponible para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo de la correspondiente comunidad autónoma o el Instituto Social de la Marina.
• No haber cumplido la edad ordinaria para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, con la excepción de que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello.
• Estar al día en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha del cese de actividad no se cumpliera con este requisito pero se tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la protección, se podrán ingresar las cuotas pendientes en un plazo improrrogable de 30 días naturales o en los términos que establezca la ley. 

Por el tema fiscal que comentamos, simplemente se debe cursar el alta como "colaborador familiar" en la seguridad social, luego mensualmente se hace una nómina fijando la retribución con el fin de que la titular del negocio además pueda imputarla en sus gastos. Respecto a la retención se tendrá que practicar dependiendo de sus ingresos.

• vacaciones
• enfermedad
• deficiencias físicas o psíquicas transitorias,
• estudios relacionados con la profesión,
• cargos públicos,
• deberes militares
• u otras circunstancias análogas que impidan el desarrollo de sus funciones, 

en estos casos y para ello, podrá autorizarse el nombramiento de un Farmacéutico sustituto del titular o regente.

El Farmacéutico sustituto tendrá las mismas funciones, responsabilidades e incompatibilidades que los farmacéuticos titulares o regentes.

Asimismo, también se apunta a que no será necesaria la designación del Farmacéutico sustituto cuando la existencia de un cotitular o de un adjunto garantice debidamente la atención farmacéutica a la población.

La solicitud de designación de Farmacéutico sustituto deberá formularse a partir del momento en que se conozca o produzca la circunstancia que obliga a la desatención de la farmacia por el titular o regente, sin que en caso alguno se supere el plazo de cinco días. En todo caso, si no hay Farmacéutico adjunto, la farmacia permanecerá cerrada hasta la incorporación del farmacéutico sustituto. 

El Tribunal Supremo desde los años 50, -STS 24 de Enero de 1953-, no comparte la opinión de que la actividad empresarial que implica la explotación de la farmacia tenga una naturaleza extra-mercantil, que no pueda considerarse ganancial.

Así pues, existen justificaciones jurisprudenciales que hacen hincapié en las limitaciones administrativas en cuanto a licencia de apertura e instalación de farmacias, por la trascendencia que tal actividad tiene en orden a los intereses sanitarios generales de los ciudadanos.

Pero ello no obsta y no cabe ninguna duda de que en su desarrollo nos encontramos ante una actividad empresarial, que produce rentas y beneficios, y que el incremento del valor que obtenga durante la vigencia de la sociedad de gananciales tiene tal naturaleza conforme a lo establecido en los artículos 1360 y 1381 de nuestro Código Civil, y ha de incluirse en el inventario de bienes y derechos a liquidar entre los titulares de esa sociedad.

Luego también, en este sentido, cabe hacer referencia a supuestos en que la oficina tenía carácter privativo al haber sido constituida con anterioridad a la celebración del matrimonio. El Alto Tribunal (Tribunal Supremo) en reiteradas ocasiones ha afirmado que en ellas se realiza, con establecimiento abierto, una actividad comercial, consistente en la preparación y venta de productos medicinales con el lógico deseo de obtener una ganancia, así como en adquirir en los centros productores toda clase de específicos y géneros farmacológicos para igualmente conseguir un lucro en la reventa de los mismos, función esta propia del Código de Comercio, en cuanto va incluida en el concepto de actos mercantiles que define el artículo 325 del mismo.

El Tribunal ha argumentado, que las circunstancias de estar limitado el ejercicio de esta actividad negocial a las personas que se hallen en posesión del correspondiente título –en este caso de Licenciatura en Farmacia- no hacen perder el carácter de mercantil a la función que las mismas ejercen. Afirmación que queda reforzada por el hecho notorio de la venta en las oficinas de farmacia de distintas clases de productos no farmacológicos. Desde luego con independencia de que no deba entenderse que la farmacia en sí constituye un bien liquidable en el sentido de ser divisible entre los cónyuges, dada la exigencia de dicha titulación específica para poder estar al frente de ella, como por otra parte entiende como norma general el legislador al referirse a establecimientos comerciales y locales en que se ejerce la profesión por cualquiera de los cónyuges atribuyendo al interesado preferencia para que se incluyan en su haber (artículo 1.406 del Código Civil).]]> Mon, 08 Nov 2010 +0200 tras la reforma de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, la extinción del contrato por causas objetivas, en este caso, económicas, varía. Deberán concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 52 y 53, según nueva redacción.

Optar por dicho despido comporta –como ya venía ocurriendo- liquidar conforme a una indemnización de 20 días por año de servicio prestado por el empleado con un máximo de 12 mensualidades.

Ahora bien,

Por un lado, se ha reducido el período de preaviso para la comunicación del despido objetivo por causas objetivas-económicas a 15 días.

Por otro lado ya no es necesario acreditar de una forma tan detallada, tres ejercicios fiscales de pérdidas.

Sobre todo este hecho, comportaba en la mayoría de los supuestos la obligación de llegar, indefectiblemente, a un acuerdo con el trabajador. 

Actualmente, según redacción dada por el Estatuto de los Trabajadores, "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado" 

En él no se indica nada en relación a centros de salud que no estén todavía construidos.

Le recomendamos que apoye sus alegaciones en la interpretación de dichos preceptos normativos, incluida la jurisprudencia que pudiere aludir al antiguo Decreto 199/1997.]]> Fri, 14 Jan 2011 +0200

Existe esa situación, del período vacacional "asimilada a alta" con obligación de cotizar, tanto en régimen general como en régimen especial de trabajadores autónomos -en el que Vd. se incluye al ser titular de oficina de farmacia.

Por tanto, el hecho de compatibilizar su titularidad de oficina de farmacia con la actividad de analista clínico contraviene el régimen general y básico de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, en tanto que la actividad de asistencia farmacéutica es considerada en nuestro derecho como un servicio de interés público sujeto a limitaciones y exigencias para el caso de desempeñar una segunda actividad pública o privada, y la Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana -artículo 7, apartado 2 que Vd. apunta.

En este sentido, una Resolución del Síndic de Greuges de Febrero de este año, en la que se pronuncia sobre la incompatibilidad del farmacéutico titular y que redunda en los argumentos esgrimidos.

Resolución del Síndic de Greuges de 1 de Febrero de 2011

================ Ref. Queja no 103400 ================ (Asunto: Falta de respuesta a escrito de fecha 29/09/2009).

(S/Ref. Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. DGFPS/SOCM/JM/MNG/cp. C-15-2010).

Hble. Sr. Conseller:

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja de referencia formulada por D. (...), en calidad de vicepresidente de (...)

El autor de la queja en su escrito inicial, sustancialmente, manifestaba los siguientes hechos y consideraciones:

- Que en fecha 29/09/2009, dirigió escrito a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat Valenciana, en el que denunciaba determinadas situaciones que se producen en el sector de las oficinas de farmacia. Concretamente, refería circunstancias consistentes en que, en horario de apertura, la presencia del titular de la farmacia no se cumplía, ya que, en ocasiones, se simultaneaba este cargo con otro trabajo (como por ejemplo, profesor de universidad, o de institutos), que coincide plenamente con el horario de apertura de la farmacia.

- Que, como consecuencia de lo anterior, se aportaban como méritos estas actividades en los concursos para la adquisición de nuevas oficinas de farmacia.

- Que el escrito de 29/09/2009 no había obtenido respuesta expresa por parte de la Administración Sanitaria.

C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT.      Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00.    Fax 965 93 75 54 www.sindicdegreuges.gva.esAdmitida a trámite la queja, solicitamos informe de la Conselleria de Sanidad quien, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, nos comunicó en fecha 16/06/2010, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“En contestación su escrito sobre la queja de D. (...) por falta de respuesta al escrito de fecha 29/09/2009, le informamos que este escrito no fue contestado porque en él se insistía en cuestiones que ya habían sido aclaradas a D. (...) en repetidas ocasiones, tanto por correo electrónico, como por correo certificado, e incluso vía telefónica, como puede contrastarse en la documentación cuya copia se adjunta”.

Del contenido del informe dimos traslado al autor de la queja al objeto de que, si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo en el sentido, básicamente, de ratificarse en el contenido de su escrito inicial de queja.

Concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos la misma con los datos obrantes en el expediente. En este sentido, consideramos que, aunque íntimamente unidas entre sí, son dos las cuestiones a estudiar en esta queja:

Primera. Una cuestión de fondo en relación a las incompatibilidades de los titulares de las Oficinas de Farmacia.

Segundo, La falta de respuesta expresa al escrito dirigido por el autor de la queja en fecha 29/09/2009 (aspecto formal).

En relación a la primera cuestión, entendemos que la actividad de asistencia farmacéutica es considerada en nuestro derecho con los caracteres de un servicio de interés público. Esto supone que, en el ejercicio de su profesión, el/la farmacéutico/a está sujeto a unas limitaciones y exigencias para el caso de desempeñar una segunda actividad pública o privada.

El régimen de incompatibilidades se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, concretamente:

- Respecto a las actividades públicas, la Ley señala que el personal comprendido en su ámbito de aplicación “solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5 y 6 y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la Legislación Laboral”, añadiendo que “para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos; en todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público”.

- Respecto a las actividades privadas, la Ley en su Art. 12.2 dispone que "las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán

autorizarse cuando la actividad pública sea una de las anunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial". Por su parte, la disposición transitoria sexta establece que "lo previsto en el Art. 12.2 de esta Ley no será de aplicación a los farmacéuticos titulares obligados a tener oficina de farmacia abierta en la propia localidad en que ejercen su función". Estas previsiones normativas han sido calificadas como básicas.

En relación a las incompatibilidades de los titulares-propietarios de las oficinas de farmacia, sin perjuicio del régimen general al que hemos hecho referencia, debemos acudir a la Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana que en su artículo 7 (Régimen de incompatibilidades) establece:

“1. Sin perjuicio de las incompatibilidades vigentes con carácter general, el ejercicio profesional del farmacéutico o farmacéutica en la oficina de farmacia, en los centros, servicios o establecimientos regulados por la presente Ley es incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos en los laboratorios o entidades que intervienen en la producción de medicamentos y productos farmacéuticos.

2. El ejercicio profesional del farmacéutico o farmacéutica en la oficina de farmacia en cualquiera de sus modalidades es también incompatible con:

- - -

La práctica profesional en los servicios farmacéuticos del sector sanitario o en un centro distribuidor de productos farmacéuticos.

El ejercicio profesional de la medicina, la odontología, la veterinaria, la enfermería y la fisioterapia.

El ejercicio de cualquier actividad que impida o menoscabe la presencia física obligatoria del farmacéutico o farmacéutica en la oficina de farmacia, durante el horario de funcionamiento, sin perjuicio del régimen de sustituciones, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, normativa aplicable y de desarrollo”.

Por último, la disposición transitoria segunda de la ley valenciana realiza una mención especial a los farmacéuticos y farmacéuticas titulares al Servicio de la Sanidad Local.

A la vista de lo anterior, no hay duda de que existen limitaciones al ejercicio de una segunda actividad pública o privada por parte de los/as farmacéuticos/as titulares de oficinas de farmacia, por lo que en caso de incumplimiento deberán ser sancionados conforme al régimen disciplinario de aplicación. En este sentido el Art. 20.3 de la Ley de Incompatibilidades señala que “Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales”.

A la vista de lo anterior, entendemos que el autor de la queja ante un incumplimiento o irregularidad en materia de incompatibilidades por parte de farmacéutico/a con la oficina de farmacia deberá, si lo estima oportuno, dirigirse a la Conselleria de Sanidad a los efectos de que se aplique el régimen disciplinario.

Respecto a la segunda cuestión, de lo informado por esa Administración se desprende que “ ... al escrito de fecha 29/09/2009, le informamos que este escrito no fue contestado ...” En este sentido, pudiendo no ser la actuación descrita lo suficientemente respetuosa con los derechos del promotor de la queja, le ruego que considere los argumentos que seguidamente se indican.

Debe tomarse en consideración que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 42. establece la Obligación de resolver “la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Además, teniendo en cuenta cuanto antecede conviene recordar, a mayor abundamiento, que el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación posterior contenida en la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece que: “el plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulan por los interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de 3 meses.”

El derecho a obtener una resolución sobre lo peticionado a la Administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo. Claramente lo formula la exposición de motivos de la citada Ley “el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado”.

La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de los que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo.

La obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley y según los principios garantizados por la Constitución española en su artículo 9.3.

En virtud de todo cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas en punto a la defensa y efectividad de los derechos y libertades comprendidos en los Títulos I de la Constitución (arts. 9.3, 15, 43 y 47) y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, estimamos oportuno RECOMENDAR a la Conselleria de Sanidad que, en situaciones como la analizada, extreme al máximo los deberes legales que se derivan de los artículos 42 y siguientes de Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, le SUGIERO que, a la mayor brevedad, dé respuesta expresa al escrito del autor de la queja de fecha 29/09/2009.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta la citada recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el Art. 29 de la Ley 11/1988.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión a esta Institución del preceptivo informe, le saluda atentamente.

José Cholbi Diego Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.]]> Thu, 02 Jun 2011 +0200

No se trata tanto de un tema normativo concreto, es decir, que figure en un precepto legal determinado, sino de una regulación amplia, que se deja margen de discrecionalidad a la Administración Sanitaria para que organice el servicio.

De no mediar acuerdo, entonces se judicializa como podría ser su caso.

Llegados a este punto, se enfrentan los intereses profesionales del farmacéutico(s) y el interés público. 

En ese caso, prima el interés público y así lo ratifican los Superiores de Justicia y el Supremo. 

Lo que Vd. plantea trata de una inversión que requiere de la obtención de beneficios. Por ello, las fórmulas más habituales en farmacia, a nivel de gestión fiscal, son el préstamo participativo y las cuentas en participación. Las diferencias entre ambos contratos, básicamente, difieren en que, mediante el primero, el inversor no participa en las pérdidas, hecho que sí ocurre en la inversión canalizada a través de las cuentas en participación. En ambos tipos de contratos se pacta un porcentaje a percibir por el inversor en función de los beneficios obtenidos por la farmacia. La retribución de este porcentaje de beneficios que percibe el inversor, debe declararlos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimiento de capital mobiliario. Para el prestatario o partícipe gestor, según el caso, el beneficio satisfecho al prestamista o cuenta-partícipe (inversor) supone un gasto deducible para la actividad.

En relación a la tributación indirecta la constitución del contrato de cuentas en participación genera impuesto de transmisiones patrimoniales en la modalidad de operaciones societarias al 1%.

Respecto a la titularidad-propiedad de la Oficina de Farmacia se estará al régimen de incompatibilidades para conocer si su actual actividad le permite disfrutar del dominio y de la propiedad de la farmacia.

- Aquellos autorizados por un aumento estacional de la población en una zona determinada. El período de funcionamiento será el que determine su resolución de autorización.
- Aquellos autorizados como consecuencia del cierre de la única oficina de farmacia existente en un municipio.

Por tanto, en relación al artículo 4, los botiquines que estén vinculados a una Oficina de Farmacia que se clausure por cualquier causa, quedarán vinculados automáticamente, y de manera transitoria, a la Oficina de Farmacia más cercana al botiquín en tanto no se resuelva la nueva autorización de dicho botiquín.

De ahí que, a diferencia de los botiquines ya vinculados a la entrada en vigor de dicho Decreto en Agosto de 2003, cuya vinculación puede renunciarse, conforme establece expresamente la Disposición Transitoria Primera, la idiosincrasia de los botiquines temporales, desde nuestro punto de vista comporta la aplicación estricta de la norma y en su consecuencia, no cabría la renuncia.

De ese modo, solo cabría la desvinculación, cuando se resuelva la autorización del botiquín en cuestión, conforme al artículo 4, de conformidad con el artículo 14, de proceder un cambio de titularidad de la Oficina de Farmacia o, finalmente, de proceder el cierre del botiquín en cuestión, en virtud del artículo 15. 

Normativa.- Decreto 95/2003 de 21 de Agosto por el que se establece el procedimiento de autorización, condiciones y régimen de funcionamiento de los Botiquines en la Comunidad de Castilla y León. 

CIERRES DE BOTIQUINES.

Artículo 14. Cambio de titularidad.

La transmisión por cualquier causa de la Oficina de Farmacia a la que haya sido vinculado un botiquín con arreglo al presente Decreto, llevará aparejada automáticamente la transmisión de éste.

Artículo 15. Supuestos de extinción de la autorización.

Son causa de extinción de la autorización del botiquín:
1. La apertura de una oficina de farmacia en el municipio o entidad local menor donde está ubicado.

2. Cuando desaparezcan las causas que motivaron la autorización del mismo.

3. La finalización del período estacional para el que fue autorizado.

Artículo 16. Procedimiento de clausura.

En el supuesto de extinción de la autorización de un botiquín según lo dispuesto en el artículo 15, la Dirección General de Salud Pública y Consumo, tras la oportuna instrucción del expediente, resolverá el cierre del botiquín. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Los botiquines que a la entrada en vigor de la Ley 13/2001 de 20 de diciembre de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León estuviesen vinculados a una oficina de farmacia, mantendrán su vinculación a ésta salvo renuncia del farmacéutico responsable.]]> Wed, 26 Oct 2011 +0200

En relación a la solicitud de préstamo, la oficina de farmacia, como establecimiento mercantil, puede servir de garantía en cualquier financiación, incluso utilizando la hipoteca mobiliaria. 

El hecho de que no pueda transmitirse durante los tres primeros ejercicios, puede ser condicionado por la entidad financiera, pero no es un obstáculo para que sus activos (materiales: instalaciones, mobiliario y demás) e (inmateriales: fondo de comercio y licencia administrativa) se valoren y sirvan de garantía real en la operación de financiación.  

En relación a lo anterior, nuestra firma realiza tasaciones de oficinas de farmacia. Adjunto le remitimos un modelo de encargo profesional. 

El plazo para su realización (que conlleva haber solicitado documentación económica y jurídica para su estudio y preparación) oscila entre unos 10-15 días.

En cuanto a los métodos utilizados, éstos hacen referencia a:

a) El método clásico en el sector de la compraventa de oficinas de farmacia que utiliza coeficientes correctores sobre el volumen de facturación.

b) El método de descuento de flujos de caja que conlleva la utilización de prima de riesgo y observa la rentabilidad y el retorno de la inversión. 

Nuestra experiencia nos ha indicado que ambos son preceptivos y complementarios, ya que una visión un tanto aleatoria del mercado puede ser corregida por una visión más aséptica relativa a la rentabilidad que opera en la mayoría de las valoraciones sobre cualquier tipo de empresa. 

Normativa.-

Ley 19/1998 de 25 de Noviembre de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid

Artículo 38. Transmisión inter vivos.

En relación a la primera cuestión, la transmisión inter vivos de una Oficina de Farmacia, tal y como Vd. apunta, puede llevarse a cabo, mediante donación o mediante compraventa.

A priori lo más importante es dilucidar si mediará precio entre el transmitente y el receptor de la farmacia. Se trata, por un lado, de que exista una verdadera compraventa y evitar que exista una donación “simulada”, si realmente el pago diferido oculta la intención de no satisfacer ningún desembolso económico; y por otro lado, consiste en valorar el beneficio fiscal de la amortización del fondo de comercio –el activo no corriente inmaterial- de mayor trascendencia.

Es decir, si se decide otorgar una donación, no podrá amortizarse fiscalmente, a razón de entre un 5%-7,5%/anual, el valor de dicho fondo de comercio.

A raíz de lo anterior, respecto a la tributación, la farmacia transmitida mediante compraventa tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sin embargo, la farmacia transmitida mediante la donación tributa en dos impuestos: también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y además en el Impuesto sobre Donaciones. Aunque su incidencia sea mínima, ambas liquidaciones deben estudiarse.

En otro orden de cosas, aún a pesar de que el supuesto trata de dos Oficinas de Farmacia y ello facilita el expediente sucesorio, asimismo debe estudiarse la compensación entre los herederos, de existir un exceso de adjudicación de bienes, con el fin de desvirtuar una donación inoficiosa.

Es decir, considerar qué bienes se traerían a colación a la herencia y sobre todo con qué valores. Una vez tratada la masa colacionable, debe apreciarse la circunstancia en virtud de la cual, por ejemplo, una de las farmacias fuese de mayor valor y ésta se adjudicase al heredero farmacéutico. De ahí que deba evaluarse en su consecuencia, la viabilidad de los pagos a realizar por el farmacéutico titular de la farmacia: si satisface la compraventa con pago diferido y debe compensar a su hermano no farmacéutico, en su caso.

Por último, otro de los temas a analizar es el que tiene que ver con la disponibilidad jurídica del local donde se ubica la Oficina de Farmacia (en arrendamiento, usufructo, propiedad, cesión gratuita, entre otros). 

Por tanto, en conclusión sobre la primera de las cuestiones, es necesario elaborar un informe previo sucesorio y fiscal, de la situación que contenga el consentimiento de las partes implicadas. El hecho de tomar una decisión en la transmisión puede obedecer a temas fiscales y de giro de la Oficina de Farmacia y no tanto a temas familiares de decisión subjetiva de los padres. En cualquier caso debe comprenderse y consentirse.

Respecto a la segunda cuestión que Vd. plantea, el documento de Cuentas en Participación tiene que ver con la gestión de los beneficios y pérdidas de la Oficina de Farmacia, entre otras fórmulas como el préstamo personal o préstamo personal participativo. El citado contrato en ningún caso interfiere en la propiedad-titularidad de la Oficina de Farmacia.

Es decir, por sí mismo, no alcanza a cubrir la propiedad de la farmacia. Le recordamos que un farmacéutico solo puede ser titular o cotitular de una Oficina de Farmacia –por lo que el título de farmacéutico de su hermano estaría ocupado, y la copropiedad actualmente solo puede ser llevaba a cabo mediante la Sociedad Civil Particular o la Comunidad de Bienes.

Le remitimos a otros de nuestros artículos que versan sobre el contrato de Cuentas en Participación y sociedades civiles, en farmacia.

La consideración como gasto deducible de la amortización del fondo de comercio se regula en el artículo 11 apartado 4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que como hemos apuntado exige, entre otros requisitos que el fondo de comercio se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso, es decir que se haya pagado efectivamente el traspaso de la farmacia.

La amortización fiscalmente deducible tendrá como límite anual máximo la veinteava parte del valor de adquisición del fondo de comercio, valor que deberá estar específicamente determinado en la escritura de compraventa. Asimismo es posible acelerar la amortización de dicho activo inmaterial, hasta un 7,5% anual.

En relación a la amortización de los gastos de primer establecimiento que Vd. apunta, desaparecieron con el nuevo Plan General de Contabilidad y deberán contabilizarse en la cuenta de resultados como gastos del ejercicio en que incurran.]]> Mon, 07 Nov 2011 +0200 Para obtener el Valor de Transmisión, al que Vd. se refiere, el cálculo conlleva la siguiente operación: precio de la compraventa satisfecho en su día, al que deberemos añadir los gastos que conllevó la operación de compra, todos ellos actualizados conforme a los criterios de la Agencia Tributaria, y añadiremos el valor de las reformas realizadas en el farmacia objeto de transmisión, así como de cualquier inversión en activo fijo. Una vez obtenido el valor resultante, sustraeremos las amortizaciones practicadas en los activos (ya sean materiales: mobiliario, instalaciones, enseres por ejemplo) ya sean inmateriales (fondo de comercio, por ejemplo).]]> Sun, 13 Nov 2011 +0200

Así a la hora de interpretar la legislación el Tribunal Supremo en numerosas sentencias ha primado la atención farmacéutica por encima de los intereses económicos de los farmacéuticos.

Por ejemplo, a título ilustrativo la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 1985, de conformidad con la cual el Alto Tribunal se pronuncia conforme a que la normativa pretende coordinar el interés público y los intereses profesionales de los farmacéuticos.

Dicho, esto de conformidad con el artículo 1377 del Código Civil, en relación a la administración de la sociedad de gananciales, decirle que para realizar tal acto de disposición a título oneroso requiere del consentimiento de ambos cónyuges.

Ahora bien, si como Vd. indica, la compraventa de la Oficina de Farmacia se hizo a título privativo, es decir, aún estando casada en régimen de gananciales, el bien se adquirió con caudal no común, 

sino suyo propio, ello debería reflejarse en la escritura de venta y de esa forma no se precisaría el consentimiento del esposo.

A mayor abundamiento, este hecho debería haberse reflejado por medio de Capitulaciones matrimoniales, situación que no nos consta de su consulta. 

Hasta aquí, queda claro, que el bien sería considerado única y exclusivamente privativo. 

Sin embargo, si, pudiera demostrarse que, por ejemplo, fue adquirido con caudal común ganancial, o se ha invertido en él -la Oficina de Farmacia, como empresa-, dinero de origen ganancial, cabe la posibilidad de valorar ciertas partidas del Activo de la Oficina de Farmacia como gananciales, (especialmente, fondo de comercio, local si es de propiedad y existencias).

En ese caso, aunque en origen el bien fuere considerado privativo, el otro cónyuge podría reclamar sus derechos gananciales en la empresa y exigirse por tanto, el consentimiento para la venta.

Por nuestra experiencia, el Notario, ante posibles dudas atribuidas al origen e inversión de los bienes con caudal común ganancial, exigirá el consentimiento del esposo.]]> Wed, 23 Nov 2011 +0200

Fiscalmente, le recomendamos que configure una Sociedad Civil Particular. 

A diferencia de la Comunidad de Bienes, el porcentaje de propiedad, no tiene por qué coincidir con el porcentaje atribuido de beneficios obtenidos en el rendimiento bruto de la farmacia. 

Ello permite que, a título de ejemplo, él pudiera ser propietario del 25% de la Oficina de Farmacia y dado que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su hijo, tendrá un tipo marginal inferior que el suyo, pueda atribuirse un porcentaje mayor de beneficios (por ejemplo un 50%), con el fin de que Vd. tenga un menor pago de impuestos. 

En cuanto a la forma de transmisión le recomendamos que transmita el porcentaje deseado mediante compraventa, por dos razones: la donación, por un lado, no permite la amortización del fondo de comercio, y por otro lado, desdobla la tributación (debe liquidarse el Impuesto sobre Donaciones -aunque sea mínimo-, además del Impuesto sobre la Renta). 

Ello conlleva que se satisfaga un precio por la participación de la farmacia y que si puede ser, se liquide en período diferido en el tiempo para que pueda pagarlo su hijo con el rendimiento de la farmacia.

Esta misma fórmula, permitirá a su hijo, a futuro, comprar el porcentaje restante de su propiedad y Vd. con el dinero obtenido podrá compensar  a su otra hijo, o si fuere necesario, dejarlo estipulado así, en su   testamento. Es decir, en vida se ha arbitrado la compra por uno de sus hijos de la Oficina de Farmacia por el valor que acorde fiscalmente y así Vd. ha hecho este patrimonio líquido con el objetivo de compensar a ambos equilibradamente por igual.

La tributación actual de la venta de la Oficina de Farmacia, se obtiene de la siguiente forma (precio de venta -gastos por la venta -valor neto contable de la farmacia). Sobre dicha ganancia patrimonial se pagará un 19% de los primeros 6000 Euros y el resto se pagará a razón del 21%. 

Por último, a raíz de sus dudas sobre la cobertura de la prestación farmacéutica, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2005 de 13 de Julio de Ordenación Farmacéutica de Canarias, la presencia física, en la Oficina de Farmacia, del titular o de, al menos, uno de los cotitulares de la autorización propietario al menos del 25% de la Oficina de Farmacia o, en su caso, del sustituto o regente, es obligatoria para el ejercicio de las funciones establecidas, dentro del horario de atención al público que se establezca. 

En dicha regulación se observará tanto la incompatibilidad como el plazo de la reserva del puesto de trabajo en cuestión. 

Respecto al régimen de regencia solo cabe en caso de fallecimiento del titular de la Oficina de Farmacia.

Respecto al régimen de sustitución se está a lo dispuesto en la Ley 5/1999 de 21 de Mayo de Ordenación Farmacéutica para Galicia, y en concreto al artículo 13, conforme al cual cuando el titular haya de ausentarse por circunstancias excepcionales y temporales debidamente justificadas, como vacaciones, enfermedad, deficiencias físicas y psíquicas transitorias, estudios relacionados con la profesión, cargos públicos, deberes militares y otras circunstancias análogas que impidan el desarrollo de sus funciones, la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales podrá autorizar el nombramiento de un farmacéutico sustituto de dicho titular. 

En su consecuencia, el citado régimen de sustitución no está previsto para cubrir una situación de excedencia laboral.

En relación a la edad límite de 70 años, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ordenación Farmacéutica 5/1999 de 21 de Mayo, entendemos que se refiere a la caducidad de la autorización de la licencia, conforme a la cual las autorizaciones de funcionamiento de Oficinas de Farmacia caducarán al cumplir el farmacéutico a cuyo nombre se extienda la autorización, 70 años de edad. En este caso, con un mes de antelación a que se produzca la caducidad, el farmacéutico tendrá que comunicar esta circunstancia a la delegación provincial de la Consellería de Sanidad correspondiente para proceder al cierre. De no comunicarlo, se iniciaría expediente de cierre, sin perjuicio de las responsabilidades a que pudiera dar lugar de no hacerlo. Sin embargo, este cierre no se produciría cuando el titular hubiese ejercitado su derecho de transmisión de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Farmacéutica.

A mayor abundamiento, los tribunales han interpretado que, en la medida que las funciones de titular de la farmacia vienen establecidas en la Ordenación Farmacéutica y dado que dicha legislación, obliga a la presencia y actuación profesional de un farmacéutico debidamente colegiado como requisito imprescindible para la actividad, que comporta la dedicación personal permanente y presencial del farmacéutico, hay que entender que el titular de farmacia realiza una actividad por cuenta propia que requiere una prestación de trabajo personal indelegable y por lo tanto, incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 14 de Julio de 2009* que resuelve la inadmisión de la casación de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de Septiembre de 2008.

En virtud de lo anterior, y respecto al ejercicio de la profesión con cierta edad, como sustituto o gerente, citar como fundamento jurídico, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2011, que declaró inconstitucional el veto a los mayores de 65 años a la adjudicación de Oficina de Farmacia en Galicia.

La incongruencia denunciaba que los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años que se encontraban ya ejerciendo la profesión pudieran seguir haciéndolo, pero se les privaba de la posibilidad de ser titulares de su propia farmacia. Se trataba, por tanto, a juicio del Constitucional, de una limitación que no estaba relacionada con la capacidad para el ejercicio de la profesión o con los méritos de los solicitantes.]]> Wed, 09 Nov 2011 +0200

A mayor abundamiento y como fundamentación jurídica: artículo 47 -Título VIII del Régimen de Incompatibilidades- Ley 4/1999 de 25 de Marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón-, conforme al cual el ejercicio profesional del farmacéutico en la Oficina de Farmacia, en cualquiera de sus modalidades, es incompatible con el ejercicio de la función pública.

Respecto al segundo planteamiento, desde Gabinete López-Santiago y por nuestra experiencia, dicha incompatibilidad manifiesta tiene arraigo en todas las Comunidades Autónomas, aunque lo cierto es que no en todas las provincias se sigue el mismo control para su cumplimiento, por parte de la Administración, así como tampoco las diferentes Leyes de Ordenación Farmacéutica en las distintas Comunidades Autónomas lo prevén expresamente. Ello no quiere decir que de la interpretación de la norma quepa deducir dicha incompatibilidad.

Por último, en relación al régimen de sustitución de un titular de Oficina de Farmacia y en este sentido, el artículo 8 de la citada Ley de 4/1999 de 25 de Marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón, indicarle que está previsto para determinados supuestos tasados en la norma ( a título ilustrativo y en especial en la Comunidad de Aragón, enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, elección a cargos públicos o representativos, vacaciones, y estudios) y en su consecuencia, no se extiende a la incompatibilidad en que incurre el farmacéutico, en el doble desempeño de funciones, que está expresamente prevista en la misma Ley de Ordenación Farmacéutica.

Sin otro particular, reciba un atento saludo.

Normativa.-

Ley 4/1999 de 25 de Marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón

Artículo 47. Régimen de Incompatibilidades.

1. El ejercicio profesional del Farmacéutico en los establecimientos y servicios de atención farmacéutica regulados en la presente Ley es incompatible con la existencia de cualquier clase de interés económico en la fabricación de medicamentos y productos sanitarios.

2. El ejercicio profesional del Farmacéutico en la oficina de farmacia, en cualquiera de sus modalidades, será incompatible con:

1. El ejercicio profesional en cualquier servicio farmacéutico del sector sanitario, Atención Primaria, servicio de farmacia hospitalaria o centro elaborador o distribuidor de medicamentos de uso humano.
2. El ejercicio clínico de la medicina, la odontología y la veterinaria.
3. El ejercicio de la función pública.
4. Cualquier otra actividad profesional que impida la presencia física, con carácter general, del Farmacéutico en horario de atención al público.

3. Será incompatible el ejercicio profesional del Farmacéutico en más de uno de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica regulados en la presente Ley, salvo en los botiquines y depósitos de medicamentos.

Artículo 8. Titularidad.

1. Sólo los Farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia. Cada Farmacéutico sólo podrá ser propietario y titular, o copropietario y cotitular, de una única oficina de farmacia. La adquisición de la condición de cotitular en la autorización administrativa conlleva necesariamente la condición de copropietario, y viceversa. La titularidad de la autorización administrativa y la propiedad de una oficina de farmacia son condiciones unívocas e indivisibles.

2. Será necesaria la designación de un Farmacéutico regente en los casos de fallecimiento, incapacitación o declaración judicial de ausencia del titular. En estos supuestos, el Farmacéutico regente asumirá las funciones, responsabilidades e incompatibilidades que le correspondan al Farmacéutico titular.

Se establecerá reglamentariamente el procedimiento de autorización, duración, designación y nombramiento de Farmacéuticos regentes de las oficinas de farmacia.

No será necesaria la designación del Farmacéutico regente cuando la existencia de un cotitular garantice debidamente la atención farmacéutica a la población.

3. Con carácter temporal y para supuestos excepcionales en que el Farmacéutico titular o regente no pueda desempeñar sus funciones serán nombrados Farmacéuticos sustitutos para atender a supuestos de enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, elección a cargos públicos o representativos, vacaciones, estudios y otros supuestos que puedan darse, en la forma en que reglamentariamente se determine.

El Farmacéutico sustituto tendrá las mismas funciones, responsabilidades e incompatibilidades que los Farmacéuticos titulares o regentes.

No será necesaria la designación del Farmacéutico sustituto cuando la existencia de un cotitular garantice debidamente la atención farmacéutica a la población.

4. El titular o titulares, o en su caso el regente o sustituto de una oficina de farmacia, bien por razón de necesidad o mejora del servicio farmacéutico o como consecuencia del volumen de actividad, régimen de horarios o cualquier otra circunstancia, deberá contar con la colaboración de Farmacéuticos adjuntos que desarrollarán las funciones señaladas en el artículo 7 de esta Ley, bajo la dirección del Farmacéutico titular, regente o sustituto.

El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente las circunstancias y condiciones precisas en las que sea obligatoria la contratación y presencia de los Farmacéuticos adjuntos necesarios para garantizar la adecuada asistencia a los usuarios.

En todo caso, será obligatorio el nombramiento de un Farmacéutico adjunto en aquellos supuestos en los que el Farmacéutico titular o regente hubiera cumplido la edad de setenta años.

5. El titular, regente o sustituto se responsabilizará de la adecuada formación del personal ayudante o auxiliar.

Artículo 9. Presencia y actuación profesional del Farmacéutico.

1. La presencia y actuación profesional en la oficina de farmacia de al menos un Farmacéutico colegiado, incluido en algunos de los supuestos regulados en el artículo 8 de esta Ley, es un requisito inexcusable para llevar a cabo las funciones establecidas en el artículo 7 de la presente norma, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El carácter permanente de la asistencia farmacéutica que se preste a la población a través de las oficinas de farmacia se garantizará, oídos los colegios profesionales y en coordinación con el resto de servicios sanitarios de zona de salud, durante todas las épocas y días del año, mediante la correspondiente ordenación por la Administración sanitaria, en relación con los horarios de apertura y cierre al público, turnos de servicio de urgencia, cierre temporal o definitivo, voluntario o no, de las mismas, así como las vacaciones arbitrándose las medidas necesarias para su difusión y general conocimiento por la población usuaria.

3. La presencia física del Farmacéutico titular, regente o sustituto será obligada dentro del horario mínimo de atención al público que se fije reglamentariamente, el cual dirigirá y será responsable personal y profesionalmente de todas las actuaciones realizadas en su oficina de farmacia.

4. El personal sanitario que preste servicio en la oficina de farmacia deberá estar identificado por medio de una placa, fácilmente visible para el público, en la que conste el nombre y su condición profesional.]]> Mon, 13 Feb 2012 +0200  

El actual propietario de esa farmacia, si tiene reconocido este derecho, antes de venderle el local a una tercera persona debe ofrecérselo al actual arrendatario.

Para poder ejercitar este derecho es necesario que el propietario haya comunicado fehacientemente la decisión de vender dicho local, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión.

Esta decisión de venta por parte del propietario ha de ser un proyecto de venta definitivo, y no quedarse en una mera intención o promesa de venta.

El inquilino tiene de plazo para ejercitar este derecho 30 días naturales desde el día siguiente a la comunicación realizada por el propietario.

Los efectos de la notificación caducan a los 180 días naturales siguientes a la misma, pudiendo el propietario, tras este periodo, iniciar de nuevo la propuesta de venta.

Además hay establecido un derecho de retracto, en caso de que se hayan obviado las comunicaciones entre las partes.

Si el propietario hubiera vendido el local, y no hubiera puesto en conocimiento del inquilino la propuesta de venta del local, o esta comunicación hubiera sido incompleta, con omisión de las condiciones esenciales de dicha transmisión, así como si el precio efectivo de la compraventa resultare inferior o menos onerosas las condiciones esenciales a las notificadas al inquilino, éste tiene el derecho de adquirir el local del comprador, reembolsando el mismo precio de la venta y los gastos necesarios  satisfechos en el local vendido.

Para ejercitar este derecho el inquilino tiene de plazo 30 días naturales desde la notificación que el nuevo adquirente del local ha de hacer al inquilino reflejando las condiciones esenciales en las que se efectuó la compraventa, pasados los cuales caducará este derecho.

El ejercicio de estos derechos por parte del inquilino tiene una serie de límites. Uno de ellos es el caso de que el local arrendado perteneciera también a otro propietario, es decir un condueño, éste tendrá entonces preferencia para ejercitar estos derechos.

Otro ejemplo es el caso de que el propietario hubiera establecido con otra persona un pacto en virtud del cual se concede la opción a adquirir el local en un plazo máximo de cinco años, debiendo tal pacto estar inscrito en el Registro de la propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

En cuanto a la opción de compra, una vez inscrita en el Registro de la Propiedad puede hacerse valer contra cualquier titular registral posterior y en caso de ser ejercitada, extingue las cargas reales inscritas posteriormente. Por consiguiente, su eficacia es frente a todos, erga omnes,  no sólo contra el firmante en el contrato privado.]]> Mon, 05 Mar 2012 +0200  

En una ruptura matrimonial habitualmente se genera una pensión compensatoria a favor del cónyuge no farmacéutico. Se suelen alegar razones para considerar que la situación económica debe continuar siendo la que se disfrutaba antes de la separación y el divorcio, en constante matrimonio, entre cuyo patrimonio se encontraba una farmacia. Con la pensión compensatoria, se trata de perseguir un equilibrio en la situación económica habida durante la convivencia conyugal y compensar al cónyuge más desfavorecido.

No obstante lo anterior, el reconocimiento de la pensión compensatoria en un juicio de separación no es un obstáculo para declarar posteriormente su extinción en el pleito de divorcio.

Hemos estudiado los autos del Supremo en los que se ha acreditado que la cónyuge que disfrutaba de la pensión compensatoria, había solicitado una excedencia y trabajaba como auxiliar de farmacia en Villaviciosa de Odón, mediante contrato fijo, además de estar capacitada para cualquier otro trabajo. 

Según la doctrina se permite que en el juicio de divorcio se analicen de nuevo las circunstancias que fueron tratadas en el juicio de separación. Las medidas adoptadas, por tanto, no deben instaurarse como definitivas ni son vinculantes.

Por ejemplo, muchas veces como en el supuesto de análisis ocurre, en el momento de la separación los hijos son menores de edad y quedan a cargo de la madre. Sin embargo en el momento del divorcio ya gozan de total independencia y no precisan de cuidado materno ni dedicación.

Tal y como sentencia el Supremo, “el reequilibrio de la pareja no significa, según la doctrina, igualdad de patrimonios, sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma, en la posición económica que le corresponda según sus propias aptitudes y capacidades para generar recursos económicos”.

De ahí que el requisito que deba probarse para suspender el pago de dicha pensión compensatoria se base en el cese del desequilibrio económico que la motivó, ya que no se trata de una renta vitalicia.]]> Sun, 04 Mar 2012 +0200  

Si Vd. impugna estas cláusulas ante un Juzgado de lo Civil, el juez que declare la nulidad podrá moderar los derechos  y obligaciones de Vd. y de la promotora en el contrato.

Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de Noviembre de 2011 a raíz de la interpretación de la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores.]]> Tue, 13 Mar 2012 +0200

Se incluye en las mismas a las bajas por enfermedad común de duración inferior a los 20 días, sin tener en cuenta la tasa de absentismo de la empresa (tal y como sucedía hasta ahora en que se necesitaba que esta fuese superior al 2,5%).

Sólo los intereses financieros satisfechos en la adquisición de una Oficina de Farmacia son deducibles.

Es decir, los gastos que pueden deducirse cuando se concierta un préstamo para la adquisición de una Oficina de Farmacia, son aquéllos relativos a los intereses financieros satisfechos por dicho préstamo. La partida deducible en la Cuenta de Resultados, es la de gastos financieros (grupo 66).

Por tanto, aunque las cantidades queden aplazadas de pago y sean satisfechas con cargo al rendimiento de la farmacia, el dato crucial para su imputación como gasto en la Oficina de Farmacia, es conocer si se han pactado intereses en el préstamo que sean objeto de deducción en concepto de gastos financieros. Si es así, sólo la cantidad consistente en intereses será deducible.

Sin otro particular, agradecemos anticipadamente la confianza depositada en nuestro despacho y le recordamos que la consulta puede ser seleccionada para su publicación en nuestra página web previa protección de datos de origen personal. Atentamente.]]> Tue, 17 Apr 2012 +0200

Así,  la Dirección General de Tributos ha venido considerando excluir de la relación laboral los trabajadores familiares siempre que convivan con el empresario, que tendrán la consideración de trabajadores por cuenta propia. En este sentido, se considerarán así salvo que se demuestre su condición de trabajadores por cuenta ajena, vinculados al titular de la farmacia, por una relación laboral con las notas definidoras de: voluntariedad, remuneración, amenidad y dependencia.

De todas formas, la Dirección General de Tributos considera que la naturaleza laboral y las circunstancias específicas que concurren en los servicios prestados en cada caso concreto, son ajenas a las competencias del Centro Directivo y el farmacéutico deberá poder efectuar su acreditación por medios de prueba válidos en derecho, aunque no se dice nada más al respecto.

De ahí que si la Dirección General de Tributos no se pronuncia, la regla general sea que el trabajador autónomo en calidad de familiar colaborador no se compute a efectos del cálculo de la plantilla media.

Respecto al tema de la reducción de jornada, el cálculo de la plantilla media debe realizarse computando al trabajador por la jornada contratada, con independencia de que de forma temporal pueda gozar del derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijo.

En este sentido, la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 11 de julio de 2011. ]]> Mon, 23 Apr 2012 +0200  

Tanto el Decreto 7/2001 de Ordenación farmacéutica de Cantabria, como el Decreto 7/2003 establece que el plazo para poder vender la farmacia es de 10 años, tanto si el origen de la propiedad fue por compraventa como por nueva apertura; este requisito es el que debe cumplir.
La ley dice que no se podrán transmitir desde el momento en que su titular o cotitular hayan presentado solicitud de autorización de otra oficina de farmacia, lo que es distinto a participar en un concurso de apertura sin haber resultado adjudicatario de una nueva farmacia.

En el caso de que resultase adjudicatario, si que la autorización originaria de la oficina de farmacia de la que actualmente es propietario decaería automáticamente, así como el derecho de transmisión de la misma.]]> Fri, 27 Apr 2012 +0200

Respecto a la escritura de compraventa de Oficina de Farmacia, la tributación es independiente del precio.

En virtud del artículo 7.1 de la Ley de IVA, la compraventa se halla no sujeta a IVA y en virtud del artículo 7.5 del texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,  y tampoco se halla sujeta a este impuesto. En la escritura se ha de hacer una manifestación tributaria en este sentido.

No liquida Actos Jurídicos Documentados porque no se inscribe la escritura pública de compraventa. Es decir se liquida pero está no sujeta al impuesto.

Se suelen hacer dos copias auténticas en la notaría, liquidando y tramitando una ante Colegio de Farmacéuticos y Sanidad.

Respecto a la escritura de compraventa del local, se renuncia a la exención de IVA y por tanto, al comprar una Sociedad Limitada, sujeta a régimen general , la parte vendedora recibirá de la compradora el pago de este IVA para ingresarlo en la Agencia Tributaria.

También se hará una manifestación tributaria en la escritura pública en este sentido. Es muy importante que no se liquide por tanto por ITP.

En primer lugar aquel que regule los pactos internos entre ambos. Además será necesario que opten por alguna fórmula que canalice los beneficios ordinarios de la gestión de la farmacia y los beneficios extraordinarios en caso de venta de la farmacia, a su favor. En este sentido deberá analizarse si un préstamo personal participativo o no, se adapta a su situación financiera, así como si se ajustan más unas cuentas en participación.

La tributación es muy importante en estas figuras, de ahí que pueda optarse por otras vías, como las de facturación si Vd. es administradora de alguna entidad mercantil. En otro orden de cosas será necesario adaptar las capitulaciones matrimoniales en su relación, arbitrar algún tipo de poder de gestión o de venta y otorgar disposiciones testamentarias que regulen específicamente la Oficina de Farmacia en todos los casos, tanto inter vivos como mortis causa.

Todo el equipo de nuestro Gabinete está a su disposición, por si desea alguna aclaración adicional. ]]> Mon, 23 Apr 2012 +0200 Destacamos también el escaso papel del Colegio de Farmacéuticos de Andorra, ya que el Ministerio de Salud paga directamente las recetas a las farmacias, obviando la tramitación del Colegio.
Existe una propuesta de Ley de inversiones extrangeras que parece que podría liberalizar la propiedad de farmacias en Andorra, pero se trata de un tema recurrente y de incierto final. Si la venta de su farmacia la quiere hacer en estos momentos, los inversores sólo van a tener en cuenta la realidad legislativa actual.
Quedamos a su disposición por si precisa de nuestros servicios para intermediar en la venta de su farmacia. Tenemos experiencia en transmisiones de farmacia en Andorra.

Legislación]]> Mon, 07 May 2012 +0200

a)    Por la apertura de la farmacia o cambio de titularidad.

b)   Las rutinarias (cada vez más espaciadas por falta de medios)

c)    Aquellas originadas a raíz de una denuncia. 

El aspecto clave es que el titular se encuentre en la farmacia en el momento que llega el inspector, lo contrarío no resulta estético.

El inspector tiene derecho a revisar toda la documentación sanitaria, en especial de estupefacientes, psicótropos, termolábiles, de estricto control médico, así como condiciones de higiene y almacenaje y cumplimiento de la normativa respecto a la existencias mínimas. También podrá tomar muestras si lo considera necesario.

Hay que facilitar la labor inspectora con total disponibilidad y colaboración, permitiendo el acceso a cuentas dependencias desee inspeccionar.

Algunos inspectores son especialmente rigurosos en comprobar que no existen cupones-precintos desprendidos del envase original, que no haya recados de entregas a domicilio ni medicamentos en la zona abierta al público.

Además los caducados deberán colocarse en lugar apartado y señalizado;  las cajas de origen y embalajes de medicamentos no pueden tocar directamente el suelo, por higiene y para evitar humedades.

Los Colegios de Farmacéuticos también llevan a cabo visitas de inspección preparatorias a título informativo, previas a la oficial, verificando que se cumple la normativa.

Tradicionalmente en la visita de apertura se preparaba un refrigerio para agasajar el inspector. Es una costumbre en desuso, y que le resulta incómodo, dado que compromete su acción inspectora.]]> Thu, 15 Apr 2010 +0200 Mon, 20 Feb 2012 +0200 Mon, 07 Jun 2010 +0200 Thu, 24 Mar 2011 +0200 Mon, 15 Mar 2010 +0200 Mon, 15 Feb 2010 +0200 (Ratio de venta 1,8)]]> Sat, 15 May 2010 +0200 Mon, 15 Feb 2010 +0200 Fri, 14 Oct 2011 +0200 Mon, 15 Aug 2011 +0200 Wed, 16 Nov 2011 +0200 Ratio de venta: 1,5.]]> Thu, 15 Jul 2010 +0200 Sat, 15 May 2010 +0200 Mon, 06 Jun 2011 +0200 Thu, 15 Jul 2010 +0200 Tue, 10 May 2011 +0200 Mon, 05 Dec 2011 +0200 Fri, 15 Jul 2011 +0200 Mon, 20 Jun 2011 +0200 Mon, 02 May 2011 +0200 Thu, 16 Jun 2011 +0200 Fri, 15 Jul 2011 +0200 Wed, 23 Nov 2011 +0200 Tue, 07 Feb 2012 +0200 Mon, 07 Nov 2011 +0200 Thu, 10 Nov 2011 +0200 Fri, 10 Feb 2012 +0200 Fri, 25 Nov 2011 +0200 Fri, 25 Nov 2011 +0200 Mon, 19 Dec 2011 +0200 Oportunidad para desarrollar la carrera profesional en una gran ciudad con una reducida inversión.]]> Mon, 12 Mar 2012 +0200 Mon, 19 Dec 2011 +0200 Gran local-vivienda en régimen de alquiler. Libre de personal. Atiende a un total de 400 habitantes. Gestión tradicional y horario convencional. Condiciones óptimas para su adquisición dados sus bajos costes de explotación. Susceptible de acogerse a la bonificación establecida en el Real Decreto 9/2011. Alto porcentaje de ventas a la Seguridad Social.]]> Fri, 23 Dec 2011 +0200 Venta por jubilación. ]]> Mon, 16 Jan 2012 +0200 ]]> Tue, 17 Jan 2012 +0200 Fri, 17 Feb 2012 +0200 El precio indicado incluye el inmueble (con farmacia y vivienda).]]> Sat, 18 Feb 2012 +0200 Tue, 13 Mar 2012 +0200 Wed, 21 Mar 2012 +0200 Tue, 27 Mar 2012 +0200 Wed, 28 Mar 2012 +0200 Thu, 29 Mar 2012 +0200 Tue, 17 Apr 2012 +0200 Bien comunicada con poblaciones de mayor entidad y con Madrid capital. Amplio local-vivienda en régimen de propiedad, reformado, informatizado y acondicionado para un óptimo servicio. Sobre el local y la vivienda el titular ofrece diversas posibilidades, entre ellas un arrendamiento razonable. La farmacia cuenta con un empleado experimentado. Horario convencional. Bajos costes de explotación. Atractivo ratio de venta. Excelente oportunidad.]]> Mon, 23 Apr 2012 +0200 Amplio local en alquiler, perfectamente diseñado y acondicionado, con una amplísima fachada. Zona residencial en expansión muy agradable, junto a colegios y equipamientos culturales. Libre de guardias. Horario de ocho horas.]]> Mon, 30 Apr 2012 +0200 Fri, 04 May 2012 +0200 Wed, 09 May 2012 +0200